Una gran mentira al desnudo

Los militares ya fueron reparados

 

 

 

Desde hace muchos años, los defensores de los terroristas de Estado vienen propalando a los cuatro vientos que las víctimas de la violencia no estatal no fueron reparadas. Una editorial del matutino El país de fecha de 2017 señalaba: “Nunca hubo reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos (y para sus familiares) durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”. Tal cual, un mentiroso contumaz. 

 

Foto de El País.

 

La ley 14 106 ya los reparó

 

Desde hace años existen leyes en nuestro país que atienden la situación de los funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio. Una realidad preocupante desde que existe el delito. 

 

La vida humana es única e irrepetible. No tiene valor monetario. En lo referido a los militares fallecidos en actos de servicio en el período predictatorial y dictatorial propiamente dicho, se ha ocultado, de manera intencionada que los mismos ya fueron reparados. Mientras Yamandú Fau era ministro de Defensa Nacional, del segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, hubo un pedido de informes al respecto y así fue constatado.

El Artículo 115 de la Ley 14106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. En ese momento las Fuerzas Armadas formaban parte del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, y en buena medida ya cogobernaban. Para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal de diferentes formas, discriminando al personal subalterno de los oficiales.

“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (u$s 85.000.- a valores actuales).

 

B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (u$s 75.000.- a valores actuales).

 

Alimentar la Teoría de los dos demonios

 

Mediante este proyecto de ley, los sectores más conservadores de la sociedad, en alianza con los nostálgicos del terrorismo de Estado, pretenden alimentar y revitalizar la perimida teoría de los dos demonios para explicar el proceso histórico vivido en Uruguay desde el 13 junio de 1968. De manera indirecta, pretenden quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos. Incluso, por las declaraciones formuladas en diferentes medios, pretenden asentar en la conciencia ciudadana que tienen la misma importancia jurídica las conductas de los particulares que las de los funcionarios del Estado.

No se puede equiparar la conducta de los particulares

Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace unos meses en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.

Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.

La violencia fue generada desde el poder

 

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, por lo mismo, una pesada mochila. La dictadura cívico militar fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.  

Opinando N° 3 – Año 12 – Jueves 16 de febrero de 2023

A toda la ciudadanía

 

 

¡Ya fueron reparados!

 

Ante elcomienzo deltratamiento del proyecto de Ley aprobado en el Senado, al margen de las tradiciones democráticas de Uruguay, y ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo en la Cámara de Representantes señalamos.

 

1) Comprendemos el legítimo sentimiento de las personas que tienen familiares fallecidos. La inmensa mayoría de las personas que se invoca asistir económicamente en el proyecto de ley ya fueron reparadas. En el caso de los militares, a través del Artículo 115 de la Ley 14 106 del 13 de marzo de 1973, se otorgó, para los familiares de los oficiales fallecidos 85.000 dólares y 75.000 dólares para el personal de tropa (a valores actuales).

 

Los familiares de los funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio han sido contemplados de acuerdo a las diferentes leyes que en tal sentido tiene nuestro país.

 

2) El proyecto de ley presentado por la coalición gubernamental, es una operación publicitaria y mediática, orquestada por los sectores más conservadores y nostálgicos de la sociedad, para alimentar la teoría de los dos demonios como explicación del proceso histórico uruguayo, exculpando a los responsables directos y ocultar, ante los ojos de la ciudadanía, la gravedad del terrorismo de Estado.

 

3) La implantación de las Medidas Prontas de Seguridad por parte de Jorqe Pacheco Areco el13 de junio de 1968 es elpunto de inflexión histórico que condujo a la dictadura y al terrorismo de Estado, aunque existen episodios de violencia política anteriores a dicha fecha. A través de ellas los dueños del poder, ante la crisis económica estructural, comenzaron a instrumentar un plan de ajuste, recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pretendieron destruir a la recién creada Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y eliminar cualquier oposición a dicho programa.

 

4) La Comisión de Constitución, Códigos, Leyes generales y Administración de la Cámara de Representantes debe consultar al Departamento Jurídico de la Cámara y recibir, sin restricciones, a todas las organizaciones que deseen expresar sus puntos de vista tal como se ha hecho siempre desde el retorno a la democracia.

 

 

 

Montevideo, 15 de febrero de 2023

Omisa justicia para los Fusilados de Soca

A cuarenta y ocho años de los sucesos, a más de treinta y siete del retorno a la democracia y a once de la anulación de la Ley de Caducidad, no hay un solo procesado en una causa que involucra a las primeras acciones represivas fuera del territorio nacional. (*)

Foto de La Diaria

El asesinato en el verano de 1974 de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo, quién cursaba un avanzado embarazo, y de Graciela Estefanel, fue brutal y estremecedor. En Francia, había sido asesinado el coronel Ramón Trabal ex jefe de inteligencia militar durante 1972 y uno de los supuestos autores de los Comunicados 4 y 7. 

Estos cinco uruguayos, luchadores sociales y políticos que se encontraban exiliados en la Argentina, junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían luego de instaurada la dictadura en Uruguay. Juan Domingo Perón había fallecido y la Triple A, actuando desde el Ministerio de Bienestar Social de Jóse López Rega, comenzaba a causar estragos entre la militancia de izquierda. 

Julio Abreu, luego de semanas, fue liberado en suelo uruguayo y amenazado de muerte para que no brindara testimonio. Durante mucho tiempo permaneció vigilado por los servicios de Inteligencia. Su testimonio, a principios de este siglo, fue decisivo para arrojar luz sobre lo ocurrido. 

El operativo de los comandos uruguayos se llevó a cabo en los primeros días del mes de noviembre de 1974. Fueron secuestrados un sábado al mediodía. Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, las Fuerzas Armadas (FFAA) los trasladó en secreto a Uruguay, los volvió a torturar, durante varios días, en la Casa de Punta Gorda. De acuerdo a las pericias forenses, fueron ametrallados en la zona en que fueron encontrados sus cadáveres. 

Un crimen de Estado 

La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable. El asesinato de los secuestrados fue decidido en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral ® Grego

rio Alvarez. 

El horrendo crimen fue un supuesto acto de represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal. 

Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos. Desde hace unos años, de manera privada se han realizado importantes hallazgos para esclarecer lo sucedido. Desde que en febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) presidida por el juez Jorge Ruibal Pino, sancionó a la Dra. Mariana Mota y a apartó del área penal, es notable la falta de involucramiento real del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar en nuestro país: el Poder Judicial. 

La justicia en deuda 

Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar, aunque la Ley de Caducidad ya no sea un impedimento legal, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, algunos de los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto. 

La investigación criminalística, con todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda, es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. 

Políticas de Estado integrales 

El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo, fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad fue un gran acierto. Su desempeño, desde sus inicios, ha sido un elemento determinante para promover todas las causas. 

El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe dejar de tolerar las mil y una artimañas que en forma permanente emplean los presuntos delincuentes para enlentecer las causas. Debe aceptar, como lo señalan los organismos de DDHH, que desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos son “crímenes de Lesa Humanidad”. 

Debe generar, además, las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe rechazar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de nuestro país. 

La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos, como pilares de la convivencia ciudadana, para dignificar la vida humana. El viernes concurriremos al Memorial de los Fusilados de Soca a homenajear a las víctimas pero también será un acto militante para seguir avanzando por Verdad, Memoria y Justicia.

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(*) Silencio Roto. Los fusilados de Soca, un crimen de Lesa Humanidad. Editorial Fin de Siglo.

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 Opinando N° 21 – Año 11 – Miércoles 13 de diciembre de 2022