La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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domingo, 25 de octubre de 2015

Paso de los Toros: Estado homenajeó a mujeres ex - presas políticas.

Representantes de la Comisión Especial de la Ley 18.596 junto a la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Tacuarembó, colocaron placa recordatoria, en la seccional 3ª de Policía de la ciudad de Paso de los Toros, en memoria a las 157 expresas políticas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que resistieron las imposiciones de la dictadura durante los años 1972 a 1985.

Tomado de: www.presidencia.gub.uy


Ante casi un millar de personas que llegaron de distintos lugares del interior del país, la Comisión Especial de la Ley Nº 18.596, junto a la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad, colocaron una placa de homenaje que señaliza el lugar donde se practicó terrorismo de Estado durante los años 1972 a 1985. La placa se colocó en la seccional 3ª de la ciudad de Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº 1”, donde se recluyeron a 157 ex-presas políticas.


El homenaje se realizó en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. La solicitud de colocación de esta placa recordatoria se originó entre un grupo de vecinos locales y tras el acto, algunos testimonios recorrieron parte del lugar en el que estuvieron detenidas. 


En declaraciones a la Secretaría de Comunicación, Giovanni Rotondaro,  miembro de la Comisión de Reparación, expresó que “identificar aquellos sitios donde se efectuaron torturas y "sacarlas a la luz”, es parte de la política de memoria que debe afrontar el Estado”.

Rotondaro indicó que, en cuanto al acto de reconocimiento, un grupo de ex-presas políticas de Paso de los Toros efectuaron la solicitud ante la Comisión Especial de Reparación, que resolvió acompañar y apoyar  la colocación de una placa que identifica el lugar como sitio de  detención de terrorismo de Estado.

Asimismo, destacó el trabajo de la Comisión, que implica una gestión en territorio, con los solicitantes y con las distintas autoridades implicadas, "porque la mayoría de éstos recintos son parte o fueron parte de los ministerios de Defensa o Interior”.  

El funcionario, informó que el próximo reconocimiento se realizará el 6 de diciembre, en Fray Bentos, al doctor Vladimir Roslik, detenido por efectivos militares en el año 1984; y por otro lado, en la ciudad de Mercedes, donde el homenaje será para detenidos y desaparecidos locales. 

Por su parte, Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, declaró: “Identificar lugares que no estaban reconocidos es un avance importante, que cumple con todos los cometidos indicados en el decreto que crea el grupo de trabajo 'Por verdad y justicia', con quienes estamos trabajando desde que se inició esta administración”.

Wschebor enfatizó en la importancia de “acelerar, avanzar y estimular todas aquellas iniciativas que permitan trabajar en los aspectos vinculados a la memoria histórica”.

Sobre la acción de realizar un señalamiento de sitios que en el pasado fueron emblemáticos en lo que hace al terrorismo de Estado, señaló la importancia de explicar los hechos a las nuevas generaciones. “En esta ocasión, señalamos, acá fue un sitio de tortura, de encarcelamiento, un sitio de detención”.

La directora enfatizó la importancia de reconocer estos sitios en el interior del país, y consideró que refieren no solo al aspecto masculino de la represión, sino al femenino. “ Vamos sabiendo más sobre los lugares desconocidos y, vamos sabiendo más, sobre la represión a ciertos actores que muchas veces no son tan visibilizados, en genera,l se conoce menos la represión hacia las mujeres que hacia los hombres”, indicó.

Asimismo, Wschebor subrayó que aún el Uruguay está "en falta" y qué “hay un gran problema con ésta política de “construcción de memoria” que radica en que aún hay muchos silencios, muchas cosas que no se saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene que trabajar”. 

La directora recordó que no en vano existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Uruguay aún está en falta. "Tenemos que avanzar y hay un terreno grande por recorrer" sostuvo. 

En este sentido, indicó que muchas veces se entienden los procesos de reparación como procesos de retribución económica, “cuando tienen que ser integrales  y por eso tenemos que saber lo que pasó”, finalizó.

La Comisión Especial de la Ley 18.596 está integrada por representantes de los ministerios de Educación y Cultura (MEC), de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF) junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de ex Presos Políticos de Uruguay (Crysol).

Formaron parte de la oratoria, el historiador Gustavo Guerrero, Giovanni Rotondaro, miembro de la Comisión de Reparación y la ex presa política Lilián Díaz. En el marco, de este acto, también se realizó una mesa redonda, referida a políticas de memoria y sobre la reparación simbólica, en la que participaron ciudadanos locatarios, autoridades y testimonios. 

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Prof. Gustavo Guerrero de la Comisión de Memoria y

Contra la impunidad



Prof. Giovanni Rotondaro haciendo uso de la palabra en nombre del Ministerio
 de Educación (MEC)



Ex - presa política Lilián Díaz  hablando a nombre de las homenajeadas




Placa en homenaje en la puerta de la Seccional 3ª de Paso de los Toros


Chela Fontora y Lila Cornalino




Alejandra Epíscopo con el Diputado Saúl Aristimuño y Sra.



Delegación salteña junto con Angel Rocha




Prof. Gustavo Guerrero, María Elia Topolanski y Susana Carli



Glenda Rondán, Directora de los Centros MEC



Don Oscar Melián, isabelino, ex - preso político y expresidente de ONAJPU


Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia






Vista parcial de la concurrencia



Vista parcial de la concurrencia




Espectáculo artístico en el Parador Municipal en la tarde




Mesa Redonda en el Parador Municipal en la tarde.




Crysol expresa su agradecimiento al Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC) y a la Secretaría de DDHH para 

el pasado reciente de la Presidencia de la

República por su apoyo y colaboración para 

la exitosa concreción de la actividad.

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XXI Congreso Nacional de ONAJPU: importante resolución sobre el pasado reciente



Mesa de ONAJPU que presidió la sesión plenaria. Al centro
Oscar Melián,  Presidente saliente de la organización.


En el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU, la dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad.

El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los sectores más reaccionarios, para impedir los cambios y las transformaciones de fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos.

Ante la crisis estructural del país desde 1955, comenzó a gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos,  reprimir al movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de contenido la institucionalidad democrática y a restringir las libertades.

La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.

Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una cruel política represiva que dejó como saldo más de 200 detenidos desaparecidos, centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles de uruguayos obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.

A 30 años del retorno a la vida democrática aún resta transitar un importante camino para fortalecer y profundizar la democracia. Habiéndose restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831, el poder judicial ha recuperado su independencia.  

No existen obstáculos legales de ningún tipo para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para que ellas no vuelvan a repetirse. Los imputados de dichos delitos, que desde el Tribunal Internacional de Nuremberg son crímenes de Lesa Humanidad,  deben seguir siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

El XXI Congreso Nacional de Onajpu resuelve:

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados ante graves violaciones a los derechos humanos reclamamos:

1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda. 

2) Implementar de manera inmediata  la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas.

3) Adoptar al más alto nivel la decisión de aplicar el Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.

4) Respaldar la iniciativa de erigir un Monumento Nacional de homenaje a todas las víctimas de la dictadura y de compromiso con la libertad, la democracia y el Nunca Más terrorismo de Estado.

5) Expresar  explícitamente su apoyo a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas gubernamentales.

6)  Solicitar el envío a la mayor brevedad por  parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en setiembre del año pasado con respecto a las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento y pedir al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia que se expida al respecto en forma perentoria en tal sentido.


 7) Expresar  su pleno apoyo y respaldo a Madres y Familiares de Detenidos y su inclaudicable lucha por encontrar los restos de todos los uruguayos detenidos desaparecidos.

Piriápolis, 23 de octubre de 2015

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jueves, 15 de octubre de 2015

Sueño con serpientes

El MI “no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el asesinato de Pascaretta.

La diaria - 15 10 15 - Por Angelina de los Santos

Hay quienes desaparecen, y otros que son desaparecidos. Hay quienes ocultan o no ponen empeño en encontrar, y otros que no se cansan de buscar. Entre estos últimos está el Observatorio Luz Ibarburu, colectivo que realiza un seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, y que este martes comunicó que el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio del Interior (MI), “no pudo localizar” a 13 militares retirados que fueron citados el 17 de julio por la jueza Beatriz Larrieu por la causa de Humberto Pascaretta, asesinado el 4 de junio de 1977 después de haber sido torturado y secuestrado por agentes de la Compañía de Contrainformación del Ejército. 
Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta. Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita al Equipo Auxiliar, dirigido por María Stella González, tampoco da respuestas, porque no da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y miércoles- delata la “ineficacia” del Equipo, más aun si se consideran los casi tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El hecho también “hace ilusoria a la Justicia”. 
“El resultado es que se perdió todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta audiencia pase a diciembre”, agregó. En ese sentido, también dijo que es previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y dilatan aun más los procesos”, señaló.
Desde la fiscalía, Tellechea aseguró no entender cómo los militares retirados “desaparecen de la faz de la Tierra”, porque evidentemente “en algún lugar están”. Explicó que habrá que reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas, quien escribió el libroMemorias de un ex-torturado, también responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos Calcagno, lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno, Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el comunicado.
Según explicó Chargoñia, la denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional 1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los crímenes de referencia”. En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa “no se cumplen”, aseguró Chargoñia.
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viernes, 9 de octubre de 2015

Verde

Gregorio Álvarez lleva 80 días internado y se demora el tribunal de honor.

La diaria – 8 10 15 – Por Ricardo Scagliola

El ex dictador Gregorio Goyo Álvarez, que en junio sufrió un accidente cardiovascular, ya lleva 80 días internado en el Hospital Militar. Fue ingresado el 18 de junio con un cuadro de parálisis, luego de que sus compañeros de cárcel lo encontraran en el piso del patio del Centro de Reclusión Nº 8, más conocido como Domingo Arena, convulsionando. 
La estadía en el hospital se hizo larga; la razón principal es que el ex dictador -que el 26 de noviembre cumplirá 90 años- no puede regresar a la cárcel para violadores de los derechos humanos, donde no estarían dadas las condiciones mínimas para cuidar su salud, explicaron fuentes militares ala diaria. Sin embargo, en declaraciones que realizó a Montevideo Portalpoco después de sufrir el ACV, el propio Álvarez reconoció encontrarse “bastante bien”. “No fue nada grave”, dijo. Sus allegados, sin embargo, aducen problemas de estabilidad y falta de equilibrio.
Todo apunta a que el ex dictador no volverá a Domingo Arena. “Ya no hay nada de él en la cárcel; fueron los familiares y sacaron todo”, comentó una fuente. Su abogado, Pedro Montano, pidió en varias oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y cuestiones de salud.
La internación de Álvarez demora la concreción de la decisión del gobierno pasado de someter al ex dictador a un tribunal de honor. La resolución, adoptada en enero de 2014, lleva la firma del ex presidente José Mujica y del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y se ampara en un decreto que el mismo Gregorio Álvarez aprobó cuatro días antes de abandonar el gobierno, el 8 de febrero de 1985. 
Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la imprenta del Ejército. “Hay una ley fría como una navaja, que dice que un oficial militar que tenga sentencia firme debe pasar a un tribunal de honor”, explicó en su momento Fernández Huidobro, quien evitó opinar sobre el tema y aseguró que es un procedimiento “mecánico”.
El juez Luis Charles procesó con prisión al ex dictador en 2007. Dos años más tarde, fue condenado a 25 años de penitenciaría como autor responsable de 37 delitos de “homicidio muy especialmente agravado”, por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. “Es imposible tomarle la declaración porque tiene una parálisis y ni siquiera responde a lo que se le pregunta”, explicaron las fuentes militares consultadas por la diaria
El ministro de Defensa sostuvo que “es muy difícil” realizar el procedimiento. Según establece el código militar, los tribunales de honor deben ser integrados por oficiales retirados de similar jerarquía. En este caso serán Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, todos ellos ex comandantes en jefe del Ejército durante el mandato de Tabaré Vázquez.
Además de Álvarez, serán sometidos a tribunales de honor el capitán de fragata (R) Juan Carlos Larcebeau, los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente y JorgePajarito Silveira. En un oficio, la Suprema Corte de Justicia confirmó que todos ellos tienen “sentencia firme”. Si bien Fernández Huidobro cumplió con el procedimiento por aquello de la “ley fría como una navaja”, el ministro explicó a la diaria que “filosóficamente” está en desacuerdo con los tribunales de honor. “Han servido nada más que para cobrar cuentas entre ellos o para sancionar a alguien por lo que hizo. Se supone que juzgan el honor, pero aplican una de las sanciones más graves, que es el pasaje a reforma”, reflexionó. 
En el caso de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, los tribunales de honor juzgarán su “conducta moral” y su “comportamiento ético”. Si concluyen que un militar no representó a las Fuerzas Armadas con “honestidad y ética profesional”, se les puede aplicar la sanción más dura, que implica la pérdida de la condición militar, el derecho de uso del uniforme, la pertenencia a círculos sociales o la atención en el Hospital Militar. La jubilación (nunca la esperanza) es lo último que se pierde para los de verde oliva: aun pasando a “situación de reforma”, los militares la siguen cobrando a través de sus familiares.
Según señala el decreto firmado por Gregorio Álvarez en su artículo 27, “todo militar debe ser un ciudadano ejemplar; por ello incumbe, más que a cualquier otro, respetar las leyes del país, acatar la autoridad civil y dar prueba de urbanidad en el trato social”.

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jueves, 8 de octubre de 2015

La aventura de leer

El pasado martes 6 se  llevó a cabo
en la sede de Crysol
la primera charla sobre el Quijote
a cargo de Marcelo Estefanell


para ver el video de la misma hay
que  hacer doble click en el link de abajo






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viernes, 25 de septiembre de 2015

Vivir para contarlo

Testificó en Roma el maestro paraguayo que descubrió los archivos del Cóndor.

La diaria - 25 9 15 - Nadia Angelucci desde Roma, Italia.

María Bellizzi, de 91 años y madre de desaparecido.
Foto: Patricia Alvares, Efe (archivo, agosto de 2015

Se reanudó ayer en Roma el juicio por el Plan Cóndor, iniciado en marzo después de más de diez años de acumulación de pruebas por parte del fiscal Giancarlo Capaldo y de su sustituta Tiziana Cugini. El juicio tiene más de 30 imputados y más de 40 víctimas latinoamericanas con ciudadanía italiana. El único imputado que no es juzgado en ausencia es Jorge Néstor Tróccoli, uruguayo, que reside en Italia desde que se fugó del país, en 2007, cuando la Justicia uruguaya lo citó a declarar.
La audiencia de ayer empezó con un largo debate sobre las listas de testigos admitidos a declarar y el nuevo calendario de las audiencias. En la última audiencia de julio, la jueza Evelina Canale había comunicado la necesidad de armar un nuevo calendario y de reducir a 50% las listas de testigos; convocó a las partes a limitarse a testigos que “puedan aportar pruebas directas sobre los casos en examen”. Ayer, el abogado Fabio María Galiani, defensor del Estado uruguayo, advirtió que se requiere conocer con tiempo las citaciones para poder organizar de la mejor manera el trabajo y los traslados de las personas. La Corte ordenó a la fiscal Cugini presentar en la audiencia de hoy un nuevo calendario que tenga en cuenta todas las instancias.
“Estoy aquí para contar lo que viví, vi y oí en los centros de torturas paraguayos entre 1974 y 1977”. Martín Almada, que en 2002 ganó el Premio Nobel Alternativo por el descubrimiento del Archivo del Cóndor, fue el primero de los testigos que declaró ayer. Paraguayo, maestro de escuela primaria, seguidor de la metodología libertadora de Paulo Freire, presidente de los maestros en su país en los años 70, fue secuestrado en Asunción el 26 de noviembre de 1974. Un vehículo rojo, que era un centro de tortura móvil, como él mismo señaló a la Corte, lo secuestró en la calle junto a su sobrino. 
Los dos terminarían en dos centros distintos; el sobrino perdió un ojo en la tortura. Almada terminó su viaje delante de un grupo de militares, una especie de tribunal compuesto por militares paraguayos, brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos y uruguayos, que atormentaban a sus víctimas con la cara descubierta. Sufrió 30 días de tortura y se enteró de que también su esposa había sido secuestrada. A ella le hacían escuchar su tormento hasta que un día le entregaron su ropa ensangrentada. En otro momento le dijeron que su esposo había muerto y que tenía que ir a recoger el cadáver; a la mujer le dio un infarto. A los tres años, una campaña internacional impulsada por Amnistía Internacional y el Comité Mundial de Iglesias y Organizaciones de Derechos Humanos logró sacar a Martín Almada de aquel infierno. Se exilió en Panamá y después en París. Dos preguntas quedaron en su mente: por qué fue torturado por militares extranjeros y cómo murió realmente su mujer (le dijeron que se había suicidado). 
Eso fue el empuje que lo llevó, después de 15 años de investigaciones, a encontrar el Archivo del Cóndor en Paraguay, conocido como “El archivo del terror”. La pista surgió del examen y seguimiento de una revista policial y de noticias y informaciones que le llegaban por fuentes reservadas. En 1992 solicitó ante el juez José Agustín Fernández el allanamiento del Archivo de la Policía. Mientras se gestionaba su pedido fue contactado por una mujer que declaró que los papeles que él estaba buscando no estaban en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad. La comitiva judicial llegó a la Sección Producciones de la Policía Nacional en Lambaré a las 11.00 el 22 de diciembre de 1992 y encontró alrededor de tres toneladas de documentos relacionados con el operativo Cóndor. 
Algunos de ésos fueron presentados ayer en el Aula búnker de Roma. “Hay miles de fotografías -dijo Almada-, documentos que atestiguan la coordinación de Estados Unidos en toda la operación, invitaciones a reuniones, fichas descriptivas con referencias personales y declaraciones obtenidas y redactadas en los cuartos de tortura; hasta documentos que establecían lo que tenían que comer los detenidos y lo que le tocaba a la tropa presente en el centro. Y un documento que tenía como título: “Como mantener en vida un torturado”. Ese documento, relató Almada, desapareció misteriosamente del archivo.
“Cuando descubrimos el Archivo del Cóndor teníamos miedo de la reacción de los militares y sabíamos que los documentos necesitaban una protección para evitar que alguien pudiera entrar y sacar de allí documentaciones e informes. Así golpeamos las puertas de todas las embajadas, pero nadie abrió. Después vino la Embajada de Estados Unidos y nos ofreció asistencia técnica. La rechazamos, pero la Corte Suprema de Paraguay firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de la embajada estadounidense y hoy nuestro archivo está en estas manos. Estamos muy preocupados por eso”, dijo Almada a la diaria
Entre los documentos hay una carta del general Manuel Contreras Sepúlveda (uno de los imputados del juicio, fallecido en agosto de 2015) al general paraguayo Guanes Serrano que tiene como título “Primer encuentro de trabajo de inteligencia nacional”; el “pre Cóndor”, le llama Almada. Contreras indicaba las instalaciones de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) como el cuartel general para la centralización de la información sobre personas y organizaciones “conectadas con la subversión”, algo similar a una Interpol dedicada a la subversión.
“El Cóndor ha tenido dos movimientos: por un lado, una cara más tranquila, en Brasil, Bolivia y Paraguay, donde la izquierda ya estaba derrotada, y por el otro, una cara implacable en Argentina, Chile y Uruguay, donde había grandes movilizaciones y organizaciones, y por eso el mismo Kissinger [Henry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos] ordenó cortar cabezas”, sostiene Almada. 
Agrega que aún estamos en las garras del Cóndor, que sigue actuando bajo otra forma: “Esa operación tiene tres etapas: la primera, el pre Cóndor, empieza en 1964 y se desarrolla en Brasil, después viene la fase multilateral que empieza en 1975 en Santiago de Chile. Ahora el Cóndor sigue volando por medio de la Conferencia de los Ejércitos Americanos que se reúne cada dos años, en noviembre, en un país diferente, y prepara listados de subversivos de América Latina. Esa operación significó la eliminación de fronteras para la eliminación de gente que tenía un pensamiento diferente. Dejó más de 100.000 víctimas en el Cono Sur de América Latina. Una bomba atómica que hizo sus víctimas entre los dirigentes sindicales, los estudiantes, los artistas, los profesores, los religiosos, los abogados, los médicos, los intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó entre 1975 y 1985”.

En el origen
La uruguaya María Bellizzi, acompañada por su hija Silvia, relató en la audiencia la desaparición de su hijo Andrés Humberto. En las pantallas del Aula pasaron las fotos en blanco y negro de la familia antes de la tragedia. A los 91 años atravesó el océano para decir “que hace 40 años que lo estamos buscando, y ya no creemos más en los cuentos de hadas. Sabemos quiénes son los responsables y sabemos que eso, a pesar de que la Corte sólo quiera pruebas, es también un juicio político”. Bellizzi fue una de las uruguayas con ciudadanía italiana que en 1999, junto con Luz Ibarburu, Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y Cristina Mihura, presentó ante el fiscal Capaldo la denuncia que dio origen al juicio.
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miércoles, 23 de septiembre de 2015

Luis Batalla: un crimen de Lesa Humanidad impune







El próximo Sábado 26 de Setiembre, la Comisión Especial de la Ley 18 596, a solicitud de un grupo de familiares y de ex – presos políticos de la zona, procederá a colocar una placa en homenaje a Luis Batalla  frente al cuartel en que fuera asesinado en mayo de 1972.

Luis Batalla integra la larga lista de uruguayos que murieron mientras eran interrogados por las Fuerzas Armadas luego que se instaurara el Estado de Guerra interno y, violando las disposiciones constitucionales, se dispusiera la competencia de la justicia militar para delitos propios del código civil.

Siendo militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrante del Frente Amplio, fue detenido junto a decenas de olimareños el 25 de mayo. Al otro día su cuerpo fue entregado a sus familiares. Su asesinato fue denunciado en el Parlamento por el diputado de dicho sector el Dr. Daniel Sosa Díaz en su momento.

Hasta el momento, a 43 años de ocurrido, la causa judicial que debe  establecer la verdad de lo ocurrido para identificar a los responsables y sancionarlos se encuentra paralizada, aunque los autores materiales del crimen han sido individualizados y son ampliamente conocidos en la zona.

La decisión de la Comisión Especial de la Ley 18 596 de rendir a homenaje a Luis Batalla colocando una placa frente al Batallón 10 de Infantería, se encuadra en lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de dicha norma.

Según el Artículo 7, el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo por las violaciones a los derechos humanos. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado.

El Artículo 8 señala que en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos. Al mismo tiempo podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos. 

Aprobada en setiembre de 2009 y conocida como ley de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado,  la  ley 18 596 se aprobó durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, en base a un proyecto que presentó Crysol con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena. Significó, más allá de sus insuficiencias, un importante paso en el camino de afirmar la normativa de DDHH y de cumplir, en parte, con las obligaciones de Uruguay en base a lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

La Comisión Especial de la Ley 18 596 está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que preside la misma, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.

Militares y civiles

Si bien algunos civiles han sido procesados hasta el momento por su participación directa en las graves violaciones a los derechos humanos, las investigaciones judiciales se han enfocado básicamente en los militares, no por haber seguido la carrera de las armas, sino porque fueron precisamente ellos quienes jugaron un rol protagónico y decisivo en ellas. Han gozado,  además,  de todas las garantías del debido proceso, tal como corresponde.

Durante el terrorismo estatal, casi 200 casos  de ciudadanos detenidos desaparecidos se han constatado hasta el momento, encontrándose los restos de 13 solamente. Más de 200 personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales, en la tortura o en los centros de reclusión. La prisión masiva de ciudadanos, asociada a la tortura, que incluyó los abusos sexuales, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para aterrorizar a la población y mantenerse en el poder.

Todos los procesados hasta el momento, han sido condenados en base a pruebas documentales, algunas de ellas elaboradas en su momento por las propias fuerzas armadas, como en el caso del Gral. ® Pedro Barneix y el Cnel. ® José Puigvert y de testimonios múltiples, de víctimas sobrevivientes del horror y de integrantes de los mismos servicios represivos, tanto en Uruguay como en Argentina, Paraguay y Chile.

Suprema Corte de Justicia: los crímenes NO prescribieron

Castigar a quienes asesinan, rapiñan, estafan, violan o siendo funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH es imprescindible, entre otras razones, para evitar que vuelvan a reiterarse, para evitar la justicia por mano propia, para asegurar la paz social y también para desalentar dichos comportamientos sociales.

En nuestra democracia, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, es obligación del Poder Judicial, con el auxilio de la policía,  investigar,  esclarecer y sancionar los delitos que se cometen. Es obligación pero al mismo tiempo potestad exclusiva y monopólica. El adecuado funcionamiento de la justicia es sinónimo de libertad, de garantías ciudadanas y de sistema democrático. La calidad de la democracia se asienta en un poder judicial independiente, eficaz y eficiente  que asegure el derecho de todos los ciudadanos.

Aunque los editorialistas de El País y el Observador no se han dado por enterados, la Suprema Corte de Justicia ya ha sentenciado que  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no debe computarse a los efectos  del cálculo prescripcional de los delitos cometidos durante el período del terrorismo estatal. La vigencia de la Ley 18 548 fue un obstáculo insalvable para que el Ministerio Público pudiera cumplir con su cometido y para que las víctimas pudieran ejercer sus derechos. Son, además, crímenes de Lesa Humanidad  desde el Tribunal de Nuremberg al cual el país adhirió.

Para que las graves violaciones a los DDHH no vuelvan a ocurrir, el Estado tiene que sancionar a todos quienes participaron en ellas. Es una apuesta al presente y también al futuro del país. Para afirmar plenamente el Estado de Derecho y asentar una sólida democracia.

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Opinando Nº 11 – Año 4 – Miércoles  23 de setiembre de 2015



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martes, 15 de septiembre de 2015

Belela, la grande

Hizo del dolor su fuerza

La diaria - 15 - 09 - 15 - Por Ricardo Scagliola


Foto: Nicolás Celaya

Como a casi todas las cosas que hace, a ésta tampoco le dio publicidad. Muy a su pesar, la foto atravesó la cordillera en un mensaje de Whatsapp. En la foto, los dos sonríen a la cámara (el celular). Él arrima su mentón a la cabeza chiquitita de esa mujer grande. Ella luce una sonrisa de Gioconda, como si hubiera nacido para estar ahí. Brillan, fundidos en un abrazo protector. El fondo los delata: se abrazan en el Patio de los Cañones de La Moneda. Se conocieron una semana antes, en un piso del Palacio Lapido, en el centro de Montevideo, en una de esas veladas hermosas de las que es capaz esta ciudad con nombre de televisor. Se reencontraron en el homenaje a Salvador Allende que Michelle Bachelet le realizó al abuelo de Alejandro, en el mismo lugar donde hace 42 años una ráfaga de pólvora y bombazos terminó con el gobierno de Unidad Popular.
Un día antes, Belela Herrera había sido homenajeada por su aporte solidario durante la dictadura de Pinochet. Un papiro con su nombre bordado en letras de oro y acompañado de un clavel, atado con los colores de la bandera chilena, le fueron entregados por la propia Bachelet y su canciller. La ceremonia puede descargarse en internet. Hay que ver el aplauso que le dedicaron, y que ella respondió con un beso que lanzó al aire como una promesa.
Unos días antes, durante una entrevista que Alejandro Fernández Allende concedió a Lento, decía, sobre otro tema, pero acertando en el pulso inminente de Belela: “Para nosotros, los 11 de setiembre no son un día más”. “Vi el horror inimaginable, a miles de personas asesinadas o huyendo de la tortura y la desaparición. Sentí dolor en las entrañas”, confesaba sobre su propia reconversión de la adversidad en motor esta mujer que llegó a Chile acompañando a su marido, César Charlone, embajador de Uruguay en ese país y que se encontró con el peor costado del horror.
Y es exactamente ahí donde ella emergió como lección o como faro. Hizo del dolor su fuerza, y de su fuerza su paciencia. Tuvo el objetivo transparente de salvar la vida con apenas un Fiat 600 y un mandato, el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: proteger a los refugiados.
Cuando uno habla de Belela Herrera habla de las vidas rescatadas de Anatole y Victoria Julien, y de decenas de uruguayos anónimos y de otros tantos de muchas nacionalidades que pudieron zafar de la barbarie y que no existirían para ninguno de nosotros si no fuera por su mano solidaria. Muchas de estas historias aparecen relatadas en el libro Chile roto, que publicaron en 1993 Graciela Jorge y Eleuterio Fernández Huidobro, y que sirvió también para homenajear a otros héroes poco reconocidos, como Julio Baráibar.
Belela lo hizo, según ha dicho en varias ocasiones, “con compromiso y compasión”, citando a Luis Perico Pérez Aguirre. “¿La compasión qué es? Es eso: es trabajar con pasión”, explica ella, didáctica, moviendo sus manos como para redondear el concepto.
Esa misma compasión nos trajo, rescatados de los antros del mundo, a presos sin condena del infierno de Guantánamo, que probablemente nunca hubiesen visto la luz y amortiguado en algo su drama si no fuese por los llamados telefónicos, insistentes, porfiados, irreverentes, de Belela, que aquella noche los esperó a las tres de la mañana en la base aérea de Carrasco y que, durante la acampada frente a la Embajada de Estados Unidos, iba todas las tardes a llevarles té y galletitas para que pudieran pasar el mal trago tomando algo caliente.
Con ella el país empezó a rever el derecho al refugio, el más humanitario de todos los derechos, en el sentido más literal: lo está volviendo a ver. Y si lo ve es porque Belela nos ha obligado a enterarnos de que este derecho no es abstracto aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de pantallas o relacionado con distintos poderes. Así llegaron al país cientos de refugiados sin notas de color ni aparición en los informativos. Fue, otra vez, su voz la que alertó una y otra vez al gobierno de lo que al final terminó ocurriendo: la mediatización de los refugiados resta.
Por algo, en esa ley que redactó allá por 2006, durante su pasaje por la cancillería (la 18.076, del Derecho al Refugio y a los Refugiados), “impone” al Estado, en su capítulo quinto, artículo 10, respetar el principio de confidencialidad. Había que verla a Belela, angustiada, el día que las familias sirias fueron recibidas con cámaras y flashes.
Viene a cuento porque es la actitud lo que la envuelve como un aura. Uno la observa, tratando de descifrar qué es lo que la hace tan alta, tratándose la suya tan evidentemente de una estatura moral.
Las andanadas xenofóbicas contra los refugiados caen tan bajo, entre otras cosas, por el choque con la estatura moral de Belela. Es como si Uruguay presenciara en directo la escenificación de lo alto y lo bajo. Lo bajo son el fracaso de la Justicia, la falta de solidaridad por los motivos que fueren, la incapacidad de apelar al sentido común. Lo alto es Belela.
Una señora autoarrancada de la placidez y el confort de una embajada para internarse en parajes perdidos, en escondites del horror, en historias de un dolor intransferible. Esa señora es la que ahora viene a decirle a la sociedad uruguaya que lo que se creía que era el reino de la solidaridad, la Suiza de América de los derechos humanos, aún tiene mucho que hacer para desprenderse de otro mundo, mucho más abismal, incrustado en cierta herencia de la dictadura.
Puede cambiar el aumento de la lente o la posición de los prismáticos, pero de lo que sigue hablando hoy Belela Herrera es de los derechos universales. “Hermoso sería imaginar un mundo con muchas Belelas y más hermoso todavía sería que ese mundo fuera real, verdadero, visible y escuchado a pesar de todos los pesares. El buen toro de lidia se crece en el castigo, según escuché decir en tierras ibéricas; y mucho más se crece cuando el toro resulta ser tora, hembra más valiente y porfiada que todos los machos juntos”, escribía con razón Eduardo Galeano. “Belela, la grande”, la describe el texto que acompaña la foto que llega por Whatsapp desde el otro lado de la cordillera. El remitente sabe de grandezas.
Escribir en un diario es un privilegio y una profesión, un servicio a quien nos lee. El trabajo del periodista es sumar a lo que el público ya conoce. Ahora, mientras se teclea, suena imposible. O casi. ¿Qué se puede agregar a esas tres palabras separadas por una coma? Hay ocasiones en que los acontecimientos nos superan. Nos revelan, a su manera, la limitación de nuestros recursos.
Y otra vez no dejan de asombrar esa mujer y ese atributo que la vuelve alta: su temple, su conexión con una causa de profundidades insondables. En esas aguas interiores, ella se pone en contacto con su propio motor, que es el de la dignidad con mayúscula. La certeza sorprende, abomba, conmueve: Belela Herrera es la templanza. De eso están hechas todas las civilizaciones. Sin eso no se construye nada.
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Presidente de todos

Se inauguró en Goes la plaza José D'Elía, “padre de la unidad del movimiento sindical”

La diaria - 15 09 15


Inauguración de la plaza José D'Elía, ayer, en Goes. Foto: Iván Franco

El espacio público ubicado entre las calles Juan José de Amézaga, Ramón del Valle Inclán, Libres y Porongos pasó ayer a denominarse plaza José D'Elía, en homenaje al histórico dirigente sindical, fallecido en enero de 2007.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo tras la inauguración que Pepe D'Elía fue “una especie de maestro de ética” y “uno de los tipos más importantes del país, respetado por todo el mundo”. “Terminó viviendo con su hija porque la pensión no le daba para vivir. Para mí fue un segundo padre que me enseñó muchas cosas, sobre todo valores”, agregó.
D'Elía se afilió a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria en 1940 y participó en el proceso de unificación sindical que desembocó en la creación de la CNT como central única, de la que fue presidente a partir de 1966. Miembro del Partido Socialista desde 1934 y cofundador de la Juventud Socialista del Uruguay (tenía el carné número 1), fue candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio en 1984, como compañero de fórmula de Juan José Crottogini.
“Construyó, junto con los de su generación, una lógica de altísimo valor para el movimiento sindical, de contacto con la academia, la cultura, el arte, el deporte. Generó un arco de alianzas muy fuerte”, expresó el actual presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. D'Elía “siempre tenía un as debajo de la manga” y “si llamaba a cualquier persona de la escena nacional, lo atendía sin problemas”, agregó. Pereira también destacó el rol de D'Elía en la resistencia a la dictadura y en la reorganización del movimiento sindical en los años 80. “D’Elía fue el padre de la unidad del movimiento sindical. No es una paternidad menor”.
En la inauguración estuvieron también los ex intendentes de Montevideo Ana Olivera y Mariano Arana, el cardenal Daniel Sturla y legisladores y dirigentes sindicales.

Pereira anunció que se mantendrán conversaciones con los intendentes para que “en todo el país haya una referencia de magnitud” a D'Elía, y recordó que la ruta 101, en Canelones, fue recientemente rebautizada en su homenaje.
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Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

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Celebración del Día del Liberad@ 2013

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30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



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Día del Liberad@

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Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

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Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

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Abril de 2010

Vocal

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Vicepresidente

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Tesorero

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Secretario

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Presidente

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