La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Teléfono: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de Martes a Jueves de 15:00 a 18 horas. Cuota social: $ 330.-

lunes, 7 de octubre de 2013

La biología lo permite

Relator de la ONU: “Es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran”

La diaria - 7 10 13 - Por Lourdes Rodríguez



Relator de la ONU, Pablo de Greiff. Foto de Pablo Rincón


La primera visita oficial del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, culminó el viernes con la presentación de un informe preliminar* con recomendaciones y observaciones al Estado uruguayo. La versión final será elevada al Consejo de Derechos Humanos en setiembre de 2014.

El nombre de la relatoría enumera los cuatro pilares de la Justicia Transicional (JT). No es un tipo de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La visita de De Greiff tuvo como cometido evaluar las medidas adoptadas por Uruguay con relación a la última dictadura en cada uno de los cuatro pilares. Desde el inicio de su estadía, el 30 de setiembre, mantuvo encuentros con organizaciones vinculadas al tema así como con actores de los tres poderes, incluyendo al presidente José Mujica; los ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De Greiff admite que hubo avances, pero señala que Uruguay “tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente” y entiende que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la SCJ”. Además llamó la atención sobre el hecho de que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas realizadas a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo, para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán”.

-De la lectura de su informe podría interpretarse que la Justicia es, de los cuatro, el pilar más debilitado. ¿Es correcto?

-Mi intención no era hacer un énfasis en alguno de los pilares. Desde el principio he intentado insistir en la importancia de los cuatro pilares. Cada área es asunto de derechos, no se hace en términos de favores o solidaridad con nadie. Hay experiencia internacional como para poder afirmar que las medidas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas como parte de una política integral. En Uruguay se le ha prestado muchísima más atención a la vía judicial que a cualquiera de las otras tres y sería conveniente establecer un mejor balance entre las diferentes medidas. Una recomendación muy fuerte es establecer mecanismos de esclarecimiento que beneficien a un grupo muy grande de víctimas -el más grande que tiene este país-, que son las víctimas de la detención y la tortura. No se reduce a una cuestión de números, pero si se quiere entender bien el fenómeno es muy importante establecer mecanismos de esclarecimiento que tomen muy en serio y que le presten mucha más atención a estas víctimas. No es un argumento para prestarles menos atención a las víctimas de desaparición y sus familiares, es en favor de darle más atención a un grupo de víctimas que ha sido relativamente desatendido.

-Usted llamó la atención sobre las recientes decisiones de la SCJ. Cancillería anunció que el traslado de Mariana Mota será incluido en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿También debería incluir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la Ley de Caducidad?

-En este momento quiero abstenerme de hacer recomendaciones a la cancillería sobre qué incluir, pero hago una observación general. El EPU funciona mejor en la medida en que los temas más sustantivos y que generan precisamente más retos, son incluidos como parte de la agenda. El sistema está diseñado como un mecanismo mediante el cual los diferentes estados pueden apoyar a otros en temas de importancia fundamental del cumplimiento de las obligaciones con respecto a derechos humanos. Por lo tanto, hacer una agenda amplia pero que seleccione muy bien los temas de discusión mejora el mecanismo.

El relator

Asumió el cargo en mayo de 2012. Desde 2001 es director de Investigaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. Es autor de numerosos artículos sobre los procesos de transición hacia la democracia, la teoría democrática y la relación entre moralidad, política y Derecho; ejerció como docente de Filosofía en universidades de Europa y América; y realizó asesorías a gobiernos y ONG vinculados a Justicia Transicional, cuestiones de género y vínculos entre la Justicia, la seguridad y el desarrollo.

-Imaginemos un escenario en que los cuatro pilares funcionan plenamente. ¿Cómo puede operar el Estado frente al silencio de los victimarios?

-Las normas de derecho se aplican en forma igual para todos los ciudadanos. Dentro de procesos judiciales no se puede obligar a nadie a hablar o a autoincriminarse, por lo tanto hay un límite del Estado. Pero creo que un aumento en la eficacia de la capacidad investigativa del Estado aumenta la posibilidad de que se conozca la verdad acerca de hechos que conciernen a individuos que se rehúsan a hablar. Además, hay mecanismos no judiciales, incluyendo comisiones de verdad, que en algunos casos han logrado obtener información acerca de hechos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con y sin la colaboración directa de los perpetradores.

-Al tratarse de hechos recientes, es habitual que sus protagonistas se conviertan en integrantes de gobierno y, por lo tanto, en representantes del Estado. ¿Cómo juega esto teniendo en cuenta que éstos son los actores que deben diseñar las políticas que usted menciona?

-Es importante establecer una diferencia entre la participación y la membresía de grupos -aun de grupos armados en conflictos- y la responsabilidad por perpetrar serias violaciones a los derechos humanos. Es cierto que muchas transiciones negociadas se constituyen por gobiernos mixtos, es decir, que tienen participación de antiguas fuerzas en conflictos, pero eso no quiere decir que ésos sean individuos que hayan tenido participación directa en la violación de derechos humanos. La tendencia legal es que hay ciertas categorías de violaciones que no merecen la amnistía, y la imposibilidad de amnistiar ese tipo de crímenes hace difícil, por lo menos a corto plazo, la participación directa [en los gobiernos] de individuos responsables por la comisión de esas categorías de crímenes. Estos cuatro pilares no impiden en absoluto la conformación de gobiernos de unidad nacional ni la participación en la vida política de forma prospectiva de agentes que participaron en contiendas aun armadas, bajo la asunción, por supuesto, de que no son directos responsables de violaciones a los derechos humanos.

-En el caso de Uruguay, la teoría de los dos demonios es sostenida por algunos de los protagonistas de los hechos del pasado reciente que ocupan cargos de gobierno claves en la formulación de medidas de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.

-Conlleva cierto peligro asumir que un conflicto armado legitima cualquier comportamiento. Aun en contextos de guerra hay normas que no se pueden violar. Uruguay no estuvo en situación de guerra. Pero la teoría de los dos demonios parece sugerir que las consecuencias de haber participado en la insurgencia, puesto que eran predecibles, no merecen atención especial, y yo creo que ése es un debate que sería saludable dar, porque aún en situación de conflicto, la tortura, por ejemplo, es ilegal.

-Mujica sostiene que el tema de la dictadura acabará “cuando se mueran todos”. Procesos como el franquismo contravienen esas palabras. ¿Cómo aborda la JT la herencia generacional?

-Tuve la ocasión de discutir esto con el presidente. Esa posición conlleva un problema y es que asume que los comportamientos no dejan rastros en las instituciones ni en los individuos que sobreviven. 

Para prevenir la repetición de los hechos es que se aspira a que haya cierto efecto en la transformación de convicciones individuales, sociales e institucionales acerca de lo que es aceptable y lo que no. 

La alternativa, que es no hacer nada o concentrar los esfuerzos sólo en un pilar, ha demostrado que no es suficiente para hacer que la gente olvide. Para la transformación de las prácticas institucionales como de los posibles traumas culturales de quienes sobreviven es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran.

-Tuvo la oportunidad de visitar el Batallón 14. ¿Qué impresiones se lleva?

-Escuchar de las condiciones en las cuales los cuerpos fueron enterrados es una expresión bastante concreta de lo que venimos hablando. Me resultó increíblemente conmovedor.

---------



sábado, 5 de octubre de 2013

La Corte amenaza el progreso de la justicia

Relator de ONU dijo que la Corte amenaza progreso de la Justicia

El Observador - 5 10 13

De Greiff señaló que la SCJ adopta posiciones que despiertan “alarma”



Pablo de Greiff se reunió con Mujica
"Lo que está en juego no es poco”, advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 


De Greiff presentó ayer su informe acerca de Uruguay, en el que criticó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “amenazar” con sus decisiones “las posibilidades de progreso en el área de la Justicia”.

“Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, advirtió. Según De Greiff, en los últimos 30 años hubo “poco progreso y en todo caso no constante” en cuanto a verdad y justicia en Uruguay.

El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar no son considerados delitos de lesa humanidad. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional”, advirtió el relator.

“La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo” que “han llegado a conclusiones diferentes”, dijo De Greiff.

“Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas”, expresó.

Mota y Gelman, presentes

De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, y la jueza Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno Civil. 

En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del traslado de esta magistrada. “Es un caso visible no solo en Uruguay, sino internacionalmente”, aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe establecer “mecanismos institucionales” y “normas” que permitan regular los traslados de los jueces.

El relator también criticó a todo el sistema judicial, por “su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal”.

La naturalización de la tortura

En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la dictadura. “El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta”. El grupo Plenaria Memoria y Justicia denunció casos de tortura a manifestantes en las tradicionales marchas de agosto.

De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a “presentar información requerida” y a “cumplir con las obligaciones legales”. En setiembre de 2012, Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió. 

A su vez, el relator advirtió que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas  de seguridad”.

Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia. “En Uruguay se procesó penalmente a un expresidente electo (Bordaberry) y un expresidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó. Durante su visita en Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en setiembre de 2014.

--------------









lunes 7 de octubre a las 19:00 

en la Sala Cassinoni 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 

Magallanes 1577 esquina Uruguay

Montevideo.

Participan:

*Dra. Francesca Lessa (Universidad de Oxford, autora);

*Profesor Carlos Demasi (CEIU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación);

*Profesor Aldo Marchesi (CEIU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación);

*Profesora Marisa Ruiz (CEIL, CEIL) / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).

--------

Relator de ONU cuestiona a la Suprema Corte

Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisiones de Corte Suprema


La república - 5 10 13


Un relator de la ONU llamó el viernes a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados, y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.


Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.

“El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos”, sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.

“Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, añadió. “No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.

“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el relator. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”.

A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.

“Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas”, sostuvo.

El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró “llamativo” que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.

“Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región”, indicó. “Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido”, añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.

Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

--------



Cancillería enfrenta a la SCJ

Caso Mota y Batallón 13  Cancillería enfrenta a la scj 

Brecha - 4 10 13


La cancillería uruguaya decidió dejar en evidencia a la Suprema Corte de Justicia (scj) ante la onu por el caso del traslado de la jueza Mariana Mota (removida el 15 de febrero, cuando debía decidir en cerca de 50 causas de graves crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura). El anuncio del canciller Luis Almagro cayó como un balde de agua fría en la Suprema Corte, que hasta el momento no ha recibido un revés tan directo por parte del Poder Ejecutivo.

Si bien es conocida la mirada divergente del gobierno y de la scj en este tipo de casos, ahora la situación parece ingresar en un campo de mayor tensión. De hecho, es la cancillería la que debe dar la cara a la hora de enfrentar a organismos internacionales que requieren la adopción de medidas de Estado acordes al derecho internacional de derechos humanos. 


Almagro ya había mostrado su disgusto por decisiones de la corporación que han desatendido el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, aun cuando la Corte Interamericana (cidh) insistió en que la scj uruguaya debía rever sus posturas y resolver que los delitos cometidos bajo terrorismo de Estado constituyen crímenes de lesa humanidad.


Con ese asunto abierto ante la cidh, Almagro decidió jugar sus cartas con mayor agresividad institucional, por cuanto incluirá el caso de Mota en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la onu (febrero de 2014).


También deberá exponer sobre los avances en cuanto a los temas vinculados a la desaparición forzada de personas y la responsabilidad que le cabe al Estado. En ese sentido, se mantienen buenas expectativas de que las nuevas excavaciones en el Batallón 13 por parte del equipo de arqueólogos a cargo de José López Mazz determinen hallazgos de restos de detenidos desaparecidos.



Los trabajos se realizan con base en información cotejada entre planos y testimonios de personas que en estos últimos tiempos se han acercado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente o, incluso, ante el propio antropólogo, dijeron a Brecha fuentes oficiales.

Se cuenta con testimonios de ex soldados, cuyos nombres se mantienen en el anonimato por razones de seguridad, que han señalado lugares donde se habrían enterrado cuerpos.

------

Un padre de 83 años ante el hallazgo de los restos de su hijo

Brecha - 4 10 13

Otra familia de un detenido desaparecido uruguayo en Argentina pudo confirmar la crueldad de la represión regional que terminó con la vida de un joven de 22 años, integrante de la Juventud Peronista. Su nombre era Heber Eduardo O’Neill Velázquez. 


“Yo sabía que vivo a mi hijo no lo iba a encontrar, pero al menos estos huesitos que aparecieron en Argentina me dejan la tranquilidad de que, después de 37 años de búsqueda, y al final de mi vida, puedo saber la verdad.” 

Ever O’Neill tiene 83 años y vive en Rocha, donde atendió la llamada de Brecha. Con hablar sereno, de frases cortas y largos silencios, reflexionó de esta manera ante el hallazgo de los restos de su hijo, Heber Eduardo O’Neill Velázquez, desaparecido en Buenos Aires en 1977. Y agradeció el trabajo de técnicos y autoridades de Uruguay y Argentina que colaboraron en todos estos años. 


En los últimos tiempos mantuvo una comunicación constante con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y en las últimas semanas, consciente de la fragilidad de su salud pero sin que sus fuerzas amainaran en la lucha, le confió a uno de sus miembros que no quería morir sin encontrar a su hijo.


El lunes 30 de setiembre recibió esa llamada que de alguna manera él siempre esperaba: ahora puede llorar a su hijo muerto.


Eduardo O’Neill tenía 22 años cuando el 18 de enero de 1977 fue detenido “en el trayecto de su reparto de vino, en una plaza ubicada entre las calles Estomba y Montenegro, barrio La Paternal” de la ciudad de Buenos Aires, según consta en la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos ordenada en 2006 por la Presidencia de la República. 


Lo encerraron en la comisaría número 39 y luego fue trasladado al centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. El 18 de febrero de ese año, “en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas, es conducido al centro clandestino de detención El Vesubio”, señala el documento. 


Celmar Alves Heredia, otro joven detenido en aquellas circunstancias, brindó testimonio ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, en audiencia que el 8 de agosto de 1978 se desarrolló en París: “(...) Momentos más tarde Eduardo O’Neill es liberado, se le entregan objetos personales y se le hace firmar el libro de salidas. Luego es llevado a un calabozo donde se lo escucha gritar momentos después: ‘No firmen ningún tipo de papel, esto es una trampa, no van a ser liberados’. Al escucharlo, los guardias entran en su celda y comienzan a golpearlo (...)”, declaró.


Este hecho es atribuido a “policías uniformados pertenecientes a la Seccional número 39 de la Policía Federal. Según la circular número 12 del sijau, la seccional estaba a cargo del comisario Carvallo”.


La familia O’Neill comenzó a buscarlo de inmediato por comisarías e instituciones del gobierno argentino, sin resultado. Obteniendo mentiras en cada organismo al que se presentaban. 

Un parte diplomático describe: “Con fecha 15 de agosto de 1978 su padre señor Heber Germán O’Neill García denuncia su desaparición ante el señor ministro de Relaciones Exteriores” de la República Argentina. Y entre los documentos que se acopiaron para la investigación consta un ejemplar de Compañero, periódico del Partido por la Victoria del Pueblo, fechado el 1 de setiembre de 1978, que bajo el título “¿Dónde están?” registra su nombre en la “nómina de uruguayos vistos en prisión en Buenos Aires, en fecha 18 de enero de 1977”. 


Por “Oficio confidencial número H3-2/978 (2255), de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, fechado en Buenos Aires el día 17 de octubre de 1978” se informa que según la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina “el día 21-I-977 fue procesado por actividades subversivas” con intervención del “Consejo de Guerra Estable número 1” a donde fue “remitido” el detenido el “día 28-I-977”.


Pero al solicitarse información a ese organismo de la dictadura, se obtuvo por respuesta la siguiente: “En mi carácter de presidente del Consejo de Guerra Especial Estable número 1/1, tengo el agrado de dirigirme al señor cónsul a los efectos de informarle que en este Consejo de Guerra no existe ningún antecedente relacionado con el ciudadano uruguayo Heber Eduardo O’Neill Velázquez”.


Desde entonces Ever soportó obstáculos de toda índole, pero no claudicó en la búsqueda de su hijo, quien dejaba una hija pequeña, Yamila, quien ahora también podrá dar sepultura digna a los restos de su padre. La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ha comenzado los contactos para cumplir con los pasos del sepelio que decida la familia. Las investigaciones penales tomarán en cuenta esta nueva información que puede servir como prueba para eventuales acciones contra criminales de lesa humanidad.


Se trata de un caso de coordinación represiva regional, como los que se practicaban bajo el Plan Cóndor. Ya en su momento, al pedir la condena de varios criminales militares uruguayos, la entonces fiscal Mirtha Guianze se había referido al caso de O’Neill para significar cómo se daba la coordinación del aparato represivo y cuál era la actitud del gobierno uruguayo: “No admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones-desapariciones, y aun brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos”, aseveró.


Durante el gobierno de facto, el Ministerio de Relaciones Exteriores integraba el Consejo de Seguridad del Estado. En función de ello, una de las tareas primordiales de la Unidad de Derechos Humanos era servir de enlace y de ejecutor de las políticas que diseñaba el Servicio de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en particular del Departamento II, Exterior. Cuando la reapertura democrática, en 1985, se localizaron diversos archivos con abundante información sobre lo que el Servicio de Información de Defensa ordenaba trasmitir al exterior en relación con los desaparecidos. Muchos de estos documentos revestían la autodenominación de “secretos”.


“Así, por ejemplo –explicaba la fiscal Guianze–, en el caso de Heber Eduardo O’Neill, detenido desaparecido en la República Argentina, existía un ‘memo’ secreto que informaba, mucho tiempo después de su desaparición, que dicho ciudadano estaba vivo, en la República Argentina, a disposición del ‘Tribunal de Guerra’ argentino”, señaló. Durante la dictadura esta información integró un amplio archivo guardado en la cancillería. 


La fiscal recordó que “en los estertores del gobierno autoritario se dio orden de destruir dichos documentos, pero la misma no se ejecutó” y que “los documentos referidos se hallaban en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores”, según surge textualmente de un informe confidencial firmado el 3 de mayo de 1996 por la abogada Silvia Izquierdo, del Departamento de Derechos Humanos de la cancillería. 

-------

viernes, 4 de octubre de 2013

Relator de ONU advierte a Uruguay

OBSERVACIONES PRELIMINARES REALIZADAS POR PABLO DE GREIFF


Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisión de Suprema Corte


El país digital - 4 10 13


Un relator de la ONU llamó este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.


Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró este viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.

"El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos", sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.

"Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente", añadió. "No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa".

"Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia", advirtió el relator. "Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional".

"Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas", sostuvo.

El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró "llamativo" que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.

"Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región", indicó. "Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido", añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.

Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

-----------


Informe preliminar sobre DDHH


Curva peligrosa


El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad justicia y reparación Pablo De Greiff, advirtió que “nada amenaza más las posibilidades de progreso en el área de Justicia” que el “cambio de rumbo” adoptado por la SCJ. De Greiff valoró la creación de la INDDHH como “uno de los grandes logros” en materia de protección de los DDHH.


Montevideo Portal 4 10 13


El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, Justicia y Reparación Pablo De Greiff expresó su agradecimiento para con el gobierno uruguayo por haber facilitado reuniones con las diferentes instituciones de los poderes del Estado, además de organizaciones civiles vinculadas a los DDHH.

En su presentación de las observaciones preliminares, De Greiff, manifestó que el país está comprometido con el respeto a los DDHH y en los últimos 10 años se han acelerado las iniciativas para avanzar en la materia, pero advirtió que hay que preguntarse si se está realizando en forma suficiente.

En ese sentido, hizo mucho hincapié en que los nuevos diseños institucionales, deben ir acompañados de los recursos suficientes para que no sean solo “instituciones en el papel” y puedan ejercer sus funciones.

En ese sentido recomendó “darle todo el apoyo que sea necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, uno de los grandes logros en materia de protección de los últimos años”.



De Greiff recordó que Uruguay es el país con más detenidos y torturados per cápita, señalando que es necesario además de fortalecer los esfuerzos por conocer la verdad de los detenidos desaparecidos aumentar la atención de las víctimas de detención y tortura, incluyendo los casos de abuso sexual contra hombres y mujeres.

“No se trata de revanchismos, sino de crear bases sólidas para el respeto a los DDHH”, señaló De Greiff.

Otro de los temas tratados fue el acceso a los archivos de la dictadura, donde encontró dificultades, particularmente en los documentos de las Fuerzas Armadas: “Queda todavía camino por recorrer en este último campo, pues no se cuenta con todos los archivos relevantes especialmente de las Fuerzas Armadas, que, vale decirlo como todos los otros son propiedad y deberían estar abajo el control de la nación”.

El relator especial de Naciones Unidas, señaló también su preocupación por lo que calificó como “un cambio de rumbo” por parte de la Suprema Corte de justicia, luego que en 2009 determinara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray.

“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de Justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia. Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”, señaló, agregando que la decisión de la Corte que considera “inconstitucionales los artículos 2, 3, y 4 de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y en el curso de la decisión adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en distintas partes del mundo”.

Al ser consultado por el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil, De Greiff señaló que el caso es conocido internacionalmente y fue un tema “recurrente” en las charlas con las diferentes instituciones y organizaciones con las que conversó, pero declinó hacer cualquier tipo de consideración específica sobre el tema.



Delegación de Crysol que el domingo 29 se entrevistó con
el Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia,
la reparación y las garantías de no repetición. De izquierda a
derecha: Uberfil Martínez, Chela Fontora, Pablo de Greiff,
Gastón Grisoni, Amanda Flores y Baldemar Tarocco.




Historias devueltas

Ministerio del Interior entrega archivos de inteligencia a Secretaría de Derechos Humanos.

La diaria - 4 10 13

El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, el ministro del Interior (MI), Eduardo Bonomi, la coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Álvaro Rico, firmaron ayer un acuerdo para que los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) pasen a custodia civil.

El convenio establece que ese ministerio entregará a la Secretaría de Derechos Humanos los documentos originales del archivo histórico de la DNII-Departamento III, los expedientes de la Justicia Militar y del Supremo Tribunal Militar “depositados en el archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica -Sección Legajos y Prontuarios”, y los archivos “con documentación sobre la situación de los derechos humanos en la historia reciente del Uruguay, depositados en Jefaturas de Policía del interior del país, inicialmente en Salto, Soriano y Tacuarembó”. 

También establece la entrega a la Universidad de la República (Udelar) de “las colecciones de diarios, semanarios, revistas editadas y material de estudio y propagandístico de circulación legal, ilustrativos de la época histórica, que se hallen depositados en el Archivo de la DNII”.

Este acuerdo amplía “el horizonte de la investigación histórica del período dictatorial que sufrió el país” y garantiza “el acceso responsable -de las víctimas y familiares de las víctimas- a la información contenida en esos archivos”, añade el MI.

La digitalización y procesamiento de la documentación serán financiados por el MI y la Udelar, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos gestionará la inclusión de los archivos en el programa Memoria del Mundo, de UNESCO, como parte de las obligaciones asumidas.

Rico dijo a la diaria que los documentos en papel se van a “localizar” en la Secretaría de Derechos Humanos y serán digitalizados “para su mejor preservación” y organizados “con criterios archivísticos”, porque ahora “están organizados bajo criterios policiales”. 

Una copia del material digitalizado volverá al MI y otra tendrá como destino la FHCE. Rico explicó que el archivo de Policía Técnica está conformado básicamente por expedientes, pero el de la DNII contiene “material de las organizaciones políticas, principalmente de izquierda, que en su momento fue incautado por los servicios policiales” y con la “vuelta de los años es prácticamente el único lugar donde se han conservado”, agregó el historiador. 

Esos archivos incluyen documentos de las direcciones políticas clandestinas, volantes que “se tiraron en ese período”, prensa clandestina de las organizaciones, informes, documentos enviados por dirigentes en el exilio, folletos y hasta banderas y símbolos, todo fruto de las requisas de las sedes y locales partidarios, indicó Rico.

Si bien los historiadores que han trabajado junto a la Secretaría de Derechos Humanos ya tuvieron acceso a unos 14 archivos, entre ellos los de la Policía, no han tenido la misma suerte con la información que puede estar conservada en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional. De hecho, se desconoce si existe material de archivo en poder de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado, dependencia de ese ministerio y que coordina los departamentos de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

----------

miércoles, 2 de octubre de 2013


En dictadura

Experto de ONU destaca avances en investigación a violaciones a DD.HH. en Uruguay

La República - 2 10 13 



El presidente de la República, José Mujica, se reunió con el experto en justicia transicional de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, con quien analizó los avances de Uruguay en materia de investigación sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Greiff destacó el “interés del Uruguay y los retos pendientes”.

Mujica se reunió este martes en la Torre Ejecutiva con el experto en justicia transicional de ONU, Pablo de Greiff, quien visita Uruguay desde el 30 de septiembre hasta el próximo 4 de octubre.

El cometido de la visita de Greiff a nuestro país es “evaluar” las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar entre 1973 y 1985.
Greiff relató que con el Presidente Mujica hablaron de: “libertad, justicia, reparación y garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos”.

También remarcó que Uruguay “tiene interés en el tratamiento de esos problemas y algunos retos pendientes”.

Reconoció que también hablaron de asuntos internacionales, de las operaciones de paz que desarrolla Naciones Unidas y el proceso de paz en Colombia, en virtud de que Uruguay se ofreció como sede de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla colombiana.
En la reunión estuvieron presentes: Graciela Jorge y Eduardo Pirotto en representación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

Informe sobre DD.HH ante ONU

Por otro lado el  canciller, Luis Almagro, aseguró días pasados que el informe que Uruguay deberá presentar para Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que se realizará en febrero de 2014, deberá incluir los temas de desaparición forzada y la responsabilidad del Estado, y el traslado de la jueza Mariana Mota, ya que tenía más de 55 causas de delitos de lesa humanidad.

El secretario de Estado dijo que entiende oportuno “incorporar” al informe los temas de “desaparición forzada y la responsabilidad del Estado”.

Almagro agregó que también deberá incluirse la “reforma de los códigos penales”,  también deberá constar el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, ya que tenía en carpeta más de 55 causas de delitos de lesa humanidad”.
-------- 

Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni