La República. Lunes 26 de julio de 2010.Por Constanza Moreira |*|
El lunes pasado el Partido Colorado realizó un acto conmemorativo de los veinticinco años del retorno a la democracia. En el clima de "unidad nacional" instalado recientemente, a propósito de la apertura del actual gobierno a la participación de blancos y colorados en entes y organismos del Estado, no faltaron las referencias a la característica dialogal, negociadora, partidocrática y acuerdista de la vieja democracia uruguaya. Una característica que bien puede ser elogiada o criticada, alabada como amortiguadora o denunciada como freno del cambio. Pero en esa circunstancia, y a la vista de los convocantes, esta fue largamente festejada.
La consigna del "cambio en paz", empero, tiene un sabor amargo, especialmente para la izquierda, y no deberíamos celebrarla sin más. La idea del cambio en paz no es inocente. Lleva escrito, como en el reverso de una medalla, un mensaje inequívoco acerca de la "superación" de la guerra de hermanos contra hermanos. Indica la probable existencia, a la salida de la dictadura, de un cambio que no fuera "en paz" sino en hipótesis de conflicto. Un cambio conducido por "los otros": ¿la izquierda revanchista? Pues la idea del cambio en paz interpela inevitablemente a la izquierda.
Así, el Partido Colorado parece recordarnos, una y otra vez, que fue la izquierda la que instaló la lógica de la guerra para impulsar los cambios. La guerra, el conflicto, se opone a la paz, la democracia. No podría haber una historia peor contada. Si existe ideología (una suerte de "falsa conciencia" sobre la realidad, que es tanto más poderosa cuanto más la falsea, pues vuelve a los ciudadanos ciegos, torpes, inoperantes, y últimamente incapaces de cambiarla), esta se vuelve transparente, inequívoca, en la idea del "cambio en paz".
Para empezar, y vale la pena repetirlo una y otra vez, la dictadura uruguaya no tiene su origen en ninguna guerra, a menos que llamemos por tal a, por ejemplo, la lucha de los trabajadores para defender y proteger sus salarios y derechos frente a la represión que con inusitada dureza se había instalado en el país como resultado de la larga crisis de estancamiento de fines de los cincuenta y de las desastrosas soluciones que se buscaron para superarla (la liberalización comercial y financiera, entre otras "curas", salida que también se intentó, con iguales pésimos resultados, en los noventa). La militarización de las fábricas, o del propio conflicto bancario, la matanza de estudiantes en las manifestaciones, dan cuenta de esa violencia. No era una violencia "fratricida" sino una violencia dirigida políticamente contra los intereses organizados de las clases populares que entonces, como ahora, pagaban siempre los costos del ajuste.
El golpe de Estado sólo fue dado al final, como la crónica de una muerte anunciada. Antes, se había ilegalizado partidos y organizaciones, se había intervenido la Universidad, se había extendido la práctica de la prisión sin debido proceso y la tortura en las cárceles era moneda corriente en nuestro esquema de represión policial. El golpe de Estado terminó por barrer el resto de la institucionalidad que quedaba. Y aunque hubo ensayos autoritarios más profundos, como el de Juan María Bordaberry (que pretendía suprimir a los partidos políticos, como recuerda María Elena Laurnaga en su artículo último de "Caras y Caretas"), o intentos de ordenar la transición con manu militari (como el plebiscito de 1980) que no cuajaron, lo cierto es que poco podemos festejar de la forma en que transitamos a la democracia, salvo el hecho de que, finalmente, la democracia fue restaurada. Y menos aún, para la izquierda, el formato que asumieron las elecciones de 1984.
El slogan del cambio en paz traía otras ideas de contrabando. La primera, era la de que sólo el Partido Colorado sería capaz de conducir los destinos de esta nueva aventura democrática uruguaya, como lo había hecho en las dos eras democráticas anteriores (1904-32; 1942-73), aun cuando los dos golpes de Estado eran, claro está, obra del Partido Colorado, o de fracciones del mismo. La segunda era que la vuelta a la democracia entrañaba ciertas renuncias. Sobre ello abundaron los discursos de Sanguinetti y de Lacalle el lunes pasado. Por ejemplo, la renuncia a instaurar un estado de derecho "pleno"; ni siquiera una democracia plena.
La equiparación en los discursos de estos ex presidentes del reintegro de los funcionarios públicos, con la liberación de los presos y la aprobación de la Ley de Caducidad, es sólo (y nada menos que): ideología, "falsa conciencia". Porque...los funcionarios públicos, ¿qué habían hecho de malo para ser despedidos además de militar en sus gremios, o en sus organizaciones políticas? Y los presos, ¿no habían ya pagado lo suficiente? (especialmente aquellos que fueron liberados recién en democracia). Es más, ¿no habían sido ellos mismos violados en sus derechos, en su integridad, en su moral, en la esencia misma de lo que hace humano a un ser humano? Y la amnistía a los militares, ¿podía equipararse a eso? No, de ningún modo. Ellos habían sido los responsables del terror, y eran amnistiados, porque a diferencia de los presos y de los funcionarios públicos, aún tenían el poder. Tanto poder como para imponer las condiciones de la restauración democrática.
Los presos, en cambio, o los funcionarios públicos, no tenían ningún poder. Sólo fueron liberados o restaurados en sus derechos, porque el propio estado de derecho lo exigía. Igualar estas tres leyes, o igualar a los presos en la dictadura, las Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos es un desmán político y ético. Un equívoco jurídico y normativo que ningún análisis serio toleraría. Pero su función no es ser veraz sino ser eso: pura y sola ideología.
La amnistía a los militares no fue sólo practicada en Uruguay, sino en varios países del continente que sufrieron dictadura. Las dificultades que experimentaron nuestros países para restaurar la democracia dejaron a los ciudadanos merced a la hechura de una transición en la que los militares salientes, y sus aliados civiles, pisaron fuerte, o muy fuerte. Chile es un buen ejemplo de ello. Y Brasil. Y Argentina. La renuncia a juzgar a los militares habida cuenta del frágil equilibrio de la transición, fue un pacto no dicho en la mayor parte de los casos. En el nuestro tuvo nombre: se le llamó "pacto del Club Naval". Y allí se negociaron los términos de la transición.
De ese pacto emana, entre otras cosas, la exposición de motivos de la Ley de Caducidad. Pero ello no es un pacto. Los pactos, como señala toda la teoría contractualista desde Hobbes en adelante, sólo se hacen entre iguales. No pueden hacerse entre partes notoriamente desiguales. Porque un pacto de un débil con alguien notoriamente más poderoso, puede interpretarse como hecho bajo amenaza o coerción. Y la esencia del pacto es ser hecho libremente.
No hay pacto sin consentimiento voluntario, y sin libre voluntad. Toda la teoría contractualista se basa en la idea de que los pactos que dan origen a la democracia son pactos hechos entre los ciudadanos, para confiar el gobierno a quien ellos elijan libremente.
La democracia uruguaya no tuvo origen en un pacto entre iguales. No eran iguales los que pactaban: un Frente Amplio con su principal líder preso, los blancos con su principal líder proscrito (Wilson Ferreira Aldunate), los colorados que se posicionaban como los favoritos para alzarse con el siguiente gobierno y los militares que ponían condiciones. Eso no fue un pacto en condiciones de igualdad. Fue un pacto entre desiguales. Y del que además, faltaba el elemento fundante de los pactos: el pueblo, el soberano.
¿Podemos celebrar esa salida democrática? No, nunca, de ninguna manera. La democracia siempre puede celebrarse. Pero nunca la forma limitada, precaria y con restricciones en que se dio. Por supuesto que puede argumentarse que no había manera, que las condiciones no estaban dadas para otra cosa, que la "lógica de los hechos" obligaba a buscar salidas "responsables" y no principistas. ¿No fue eso lo que se argumentó para el voto amarillo, que nos dejó el lastre de una deuda con los derechos humanos que hoy, veinticinco años después, seguimos pagando? Puede argumentarse, pero no celebrarse. Y menos compartirse.
La idea del cambio en paz como opuesta a la idea de un cambio con conflictos es una vieja idea conservadora, tan vieja como los tiempos. No hay cambio sin conflicto, sin adrenalina, sin desafíos, sin rupturas. No precisábamos paz a la salida de la dictadura, sino, justamente cambio.
|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA
lunes, 26 de julio de 2010
domingo, 25 de julio de 2010
La Cancillería impulsa proyecto para anular la Ley de Caducidad
Caso Gelman. El Estado quiere evitar sanción de la OEA por incumplir normativa internacional.
El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.
La República. Domingo 25 de Julio de 2010. Por Marcelo Bustamante.
De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.
En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña.
Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.
El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.
El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.
Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.
Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.
Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución.
Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.
Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.
El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.
La República. Domingo 25 de Julio de 2010. Por Marcelo Bustamante.
De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.
En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña.
Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.
El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.
El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.
Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.
Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.
Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución.
Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.
Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.
sábado, 24 de julio de 2010
Rechazan indulto a condenados en Chile por violar DDHH
Ni dios permita
Montevideo Portal. 24.07.2010
Amnistía Internacional rechazó la posibilidad de un indulto a los condenados en Chile por cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien la Iglesia Católica había hecho un pedido en ese sentido quedó sin efecto por considerarlo que es contrario al derecho.
La Iglesia pidió al gobierno chileno la absolución a los condenados por violaciones a los derechos humanos, con motivo del Bicentenario de Independencia del país, pero Amnistía Internacional dejó sin efecto este reclamo.
"Cualquier propuesta que anule o declare sin efecto una condena tras una investigación y un proceso judicial justo es contrario al derecho internacional", señaló la agrupación internacional en un comunicado.
AI considera, además, que la propuesta de indulto presentada por la Iglesia al gobierno "no refleja las obligaciones internacionales en derechos humanos contraídas por Chile", dijo a Efe el director de la organización internacional en Chile, Sergio Laurenti.
Laurenti señala que la propuesta de la Conferencia Episcopal de Chile propone dar pasos de clemencia, y se pregunta de qué manera se puede avanzar en ese sentido sin afectar la protección internacional de los derechos humanos.
En este sentido, AI recuerda al gobierno su responsabilidad de sancionar los crímenes establecidos en el derecho internacional con penas acordes a la gravedad del hecho, de acuerdo con los estándares establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile como la Convención Contra la Tortura.
Durante los años del gobierno militar (1973-1990) miles de personas fueron asesinadas, torturadas y sometidas a desapariciones forzadas por integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas y los servicios de seguridad.
Desde 1998, más de 400 personas han sido procesadas por estos crímenes y sólo 63 se encuentran actualmente en prisión. "El Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que cumplen sentencias por estos crímenes proporcionan la verdad sobre lo que les ocurrió a las víctimas", añade el comunicado.
Además, AI considera que otorgar indultos como respuesta a las condiciones "inaceptables" de reclusión es una "solución inadecuada" a un problema que requiere de políticas públicas que garanticen que las condiciones carcelarias cumplan con los estándares requeridos.
"Chile debería celebrar su Bicentenario demostrando su compromiso para proporcionar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y recordando la deuda pendiente con todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar", dijo la organización.
Fuente: EFE
Montevideo Portal. 24.07.2010
Amnistía Internacional rechazó la posibilidad de un indulto a los condenados en Chile por cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien la Iglesia Católica había hecho un pedido en ese sentido quedó sin efecto por considerarlo que es contrario al derecho.
La Iglesia pidió al gobierno chileno la absolución a los condenados por violaciones a los derechos humanos, con motivo del Bicentenario de Independencia del país, pero Amnistía Internacional dejó sin efecto este reclamo.
"Cualquier propuesta que anule o declare sin efecto una condena tras una investigación y un proceso judicial justo es contrario al derecho internacional", señaló la agrupación internacional en un comunicado.
AI considera, además, que la propuesta de indulto presentada por la Iglesia al gobierno "no refleja las obligaciones internacionales en derechos humanos contraídas por Chile", dijo a Efe el director de la organización internacional en Chile, Sergio Laurenti.
Laurenti señala que la propuesta de la Conferencia Episcopal de Chile propone dar pasos de clemencia, y se pregunta de qué manera se puede avanzar en ese sentido sin afectar la protección internacional de los derechos humanos.
En este sentido, AI recuerda al gobierno su responsabilidad de sancionar los crímenes establecidos en el derecho internacional con penas acordes a la gravedad del hecho, de acuerdo con los estándares establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile como la Convención Contra la Tortura.
Durante los años del gobierno militar (1973-1990) miles de personas fueron asesinadas, torturadas y sometidas a desapariciones forzadas por integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas y los servicios de seguridad.
Desde 1998, más de 400 personas han sido procesadas por estos crímenes y sólo 63 se encuentran actualmente en prisión. "El Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que cumplen sentencias por estos crímenes proporcionan la verdad sobre lo que les ocurrió a las víctimas", añade el comunicado.
Además, AI considera que otorgar indultos como respuesta a las condiciones "inaceptables" de reclusión es una "solución inadecuada" a un problema que requiere de políticas públicas que garanticen que las condiciones carcelarias cumplan con los estándares requeridos.
"Chile debería celebrar su Bicentenario demostrando su compromiso para proporcionar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y recordando la deuda pendiente con todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar", dijo la organización.
Fuente: EFE
Gobierno teme sanción internacional si no modifica la normativa
Cancillería enviará proyecto para eliminar la ley de Caducidad
Últimas Noticias: Sábado 24 de julio de 2010.
La Cancillería enviará al Parlamento un proyecto de ley para anular la ley de Caducidad. El canciller Luis Almagro advirtió ayer a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio que Uruguay corre el riesgo de recibir una condena internacional.
“Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió ayer el canciller Luis Almagro durante una reunión sostenida en la Torre de los Profesionales con legisladores del FA.
El ministro, junto al subsecretario Roberto Conde, se reunió con los integrantes de la izquierda en las Comisiones de Relaciones Internacionales de ambas Cámaras y del FA para abordar temas de integración y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país mantener la vigencia de la norma.
Almagro recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de María Claudia García de Gelman. En ese sentido, instó a los legisladores a avanzar en la búsqueda de caminos de entendimiento para conseguir la eliminación de la ley de Caducidad.
Por otra parte, fuentes del gobierno aseguraron a Ultimas Noticias que desde el Ministerio se trabaja en la elaboración de un proyecto de anulación para enviar al Parlamento. Si bien la figura de la anulación no existe desde el punto de vista jurídico, tanto la Cancillería como el FA pretenden avanzar sobre un proyecto que anule la norma y la declare inexistente.
La izquierda aspira a generar una figura diferente a la derogación, que no tiene carácter retroactivo. Si se deroga la norma, los militares que no fueron procesados porque se ampararon en la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedarían impunes.
Pese a tener diferencias internas respecto a la lectura que debe hacerse del fracaso en los plebiscitos de derogación, el FA está encaminado en generar un proyecto que aborde el tema a nivel parlamentario. El mes pasado la Mesa Política conformó una comisión integrada por legisladores de todos los sectores con representació n parlamentaria y las bases, que comenzaron a trabajar sobre tres propuestas básicas elaboradas en forma respectiva por los diputados Felipe Michelini (NE) y Carlos Cotiño (PVP) y por el abogado Oscar López Goldaracena (1001). La intención de los representantes de la izquierda es avanzar sobre un texto para enviar al Parlamento y la Cancillería comparte la idea.
Almagro destacó ayer en el encuentro que la ley de Caducidad es uno de los pocos temas en materia de Derechos Humanos que generan críticas desde el exterior y dijo estar “preocupado” por el tema de la “impunidad en general y del caso Gelman en particular”. El tema está en la agenda política del gobierno desde comienzos de este mes, cuando el canciller informó al Consejo de Ministros sobre la necesidad de derogar la ley de Caducidad para responder a las demandas internacionales.
La Cidh sostuvo en su reclamo que mientras la Ley de Caducidad siga vigente, Uruguay estará en falta con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que reclamó que se la deje sin efecto con el argumento de su incompatibilidad con la normativa ratificada por el país, que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
El 5 de este mes, Almagro adelantó al presidente José Mujica la necesidad de respaldar las acciones parlamentarias para eliminar la norma y hubo coincidencia en la búsqueda de medidas complementarias, como la conformación de una reparación integral para los familiares de los desaparecidos y la instalación de un “Museo de la Memoria” en el edificio donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército.
Últimas Noticias: Sábado 24 de julio de 2010.
La Cancillería enviará al Parlamento un proyecto de ley para anular la ley de Caducidad. El canciller Luis Almagro advirtió ayer a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio que Uruguay corre el riesgo de recibir una condena internacional.
“Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió ayer el canciller Luis Almagro durante una reunión sostenida en la Torre de los Profesionales con legisladores del FA.
El ministro, junto al subsecretario Roberto Conde, se reunió con los integrantes de la izquierda en las Comisiones de Relaciones Internacionales de ambas Cámaras y del FA para abordar temas de integración y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país mantener la vigencia de la norma.
Almagro recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de María Claudia García de Gelman. En ese sentido, instó a los legisladores a avanzar en la búsqueda de caminos de entendimiento para conseguir la eliminación de la ley de Caducidad.
Por otra parte, fuentes del gobierno aseguraron a Ultimas Noticias que desde el Ministerio se trabaja en la elaboración de un proyecto de anulación para enviar al Parlamento. Si bien la figura de la anulación no existe desde el punto de vista jurídico, tanto la Cancillería como el FA pretenden avanzar sobre un proyecto que anule la norma y la declare inexistente.
La izquierda aspira a generar una figura diferente a la derogación, que no tiene carácter retroactivo. Si se deroga la norma, los militares que no fueron procesados porque se ampararon en la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedarían impunes.
Pese a tener diferencias internas respecto a la lectura que debe hacerse del fracaso en los plebiscitos de derogación, el FA está encaminado en generar un proyecto que aborde el tema a nivel parlamentario. El mes pasado la Mesa Política conformó una comisión integrada por legisladores de todos los sectores con representació n parlamentaria y las bases, que comenzaron a trabajar sobre tres propuestas básicas elaboradas en forma respectiva por los diputados Felipe Michelini (NE) y Carlos Cotiño (PVP) y por el abogado Oscar López Goldaracena (1001). La intención de los representantes de la izquierda es avanzar sobre un texto para enviar al Parlamento y la Cancillería comparte la idea.
Almagro destacó ayer en el encuentro que la ley de Caducidad es uno de los pocos temas en materia de Derechos Humanos que generan críticas desde el exterior y dijo estar “preocupado” por el tema de la “impunidad en general y del caso Gelman en particular”. El tema está en la agenda política del gobierno desde comienzos de este mes, cuando el canciller informó al Consejo de Ministros sobre la necesidad de derogar la ley de Caducidad para responder a las demandas internacionales.
La Cidh sostuvo en su reclamo que mientras la Ley de Caducidad siga vigente, Uruguay estará en falta con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que reclamó que se la deje sin efecto con el argumento de su incompatibilidad con la normativa ratificada por el país, que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
El 5 de este mes, Almagro adelantó al presidente José Mujica la necesidad de respaldar las acciones parlamentarias para eliminar la norma y hubo coincidencia en la búsqueda de medidas complementarias, como la conformación de una reparación integral para los familiares de los desaparecidos y la instalación de un “Museo de la Memoria” en el edificio donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército.
viernes, 23 de julio de 2010
Detalles sobre los fusilamientos a presos políticos en la UP1 de Córdoba
“No me mires que te voy a matar”
El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía “de la Penitenciaría”.
Página 12. Viernes 23 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan
“Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear.”
Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo “por los medios”, pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel “Gato” Gómez “de la Penitenciaría”.
Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. “Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía.” Eran las siete de la tarde. “Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas.”
La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante “no sé cuántos días” mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.
La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. “Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí”, dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.
Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. “La relación con el servicio penitenciario era muy buena”, dijo. “Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más.”
El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. “Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar.” El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.
“Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más.” Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. “Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos.” Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.
El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. “Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez.”
Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. “Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento.”
Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.
Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.
El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía “de la Penitenciaría”.
Página 12. Viernes 23 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan
“Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear.”
Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo “por los medios”, pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel “Gato” Gómez “de la Penitenciaría”.
Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. “Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía.” Eran las siete de la tarde. “Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas.”
La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante “no sé cuántos días” mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.
La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. “Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí”, dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.
Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. “La relación con el servicio penitenciario era muy buena”, dijo. “Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más.”
El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. “Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar.” El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.
“Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más.” Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. “Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos.” Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.
El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. “Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez.”
Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. “Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento.”
Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.
Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.
jueves, 22 de julio de 2010
Los deberes
La Diaria. Jueves 22 de julio de 2010. Por Lourdes Rodríguez.
Ejecutivo decidirá por segunda vez si el caso de Julio Castro está incluido en la Caducidad.
El homenaje por los 33 años de la desaparición forzada del maestro y periodista Julio Castro, que se realizará la semana próxima, llega con la decisión del juez Juan Carlos Fernández Lecchini de consultar al Ejecutivo sobre si el caso sigue amparado por la Ley de Caducidad. Así lo entendió el 5 de setiembre de 1989 el entonces presidente Julio María Sanguinetti, cuando ya se sabía que la historia basada en que Castro se fue del país en un avión había sido un invento de la dictadura.
Se abre camino
El grupo de trabajo designado por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para definir qué hacer con la Ley de Caducidad sesionó nuevamente el martes. A la decisión unánime de acabar con los efectos de la norma tomada en la primera reunión hace más de un mes, se suma la de concentrar los esfuerzos en enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de que se concrete la primera y única audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García de Gelman.
Esa instancia todavía no está fijada pero se sabe que el próximo período de sesiones es entre el 4 y el 9 de octubre en Ecuador y que podría tratarse el caso. Hace tres semanas, el canciller Luis Almagro expuso sobre el tema en el consejo de ministros, que definió que “es el momento de que trabaje el Parlamento”, recordaron en diálogo con La diaria fuentes de la comisión. “Vamos por buen camino a alcanzar rápidamente a un consenso”, indicaron. La comisión vuelve a reunirse en 15 días.
La abogada de la familia de Julio Castro, Rosario Fernández, pidió a fines de octubre de 2009 que se desarchivara el expediente en virtud de los nuevos elementos surgidos del trabajo realizado en la Comisión para la Paz en 2000 y de la información publicada en la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, editada por la Presidencia de la República (2007). La solicitud a la Justicia estuvo motivada por la derrota del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad.
La fiscalía actuante, a cargo de Mirtha Guianze, envió un oficio a Fernández Lecchini para el diligenciamiento de las nuevas pruebas, que permitieran elevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar adelante con la investigación porque la causa está amparada por la norma en cuestión.
La denuncia por la desaparición forzada de Castro fue presentada el 28 de junio de 1985 ante el Juzgado Letrado de 1ª instancia, pero el juez penal a cargo en aquel entonces, Jorge Ruibal, no pudo continuar con las actuaciones tras la sanción de la ley, en diciembre de 1986.
El caso quedó amparado en forma implícita hasta el 5 de setiembre de 1989, cuando Presidencia informó a la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se encontraba contemplado. Sanguinetti encomendó a la Jefatura de Policía de Montevideo una “investigación urgente” para el “esclarecimiento de estos hechos”. Las conclusiones llegaron el 13 de noviembre de ese año, e insistían en que Castro había dejado el territorio uruguayo voluntariamente en el vuelo 159 de Pluna, con destino a Buenos Aires.
Esa versión ya había sido publicada por el diario El País el 4 de octubre de 1977, dos meses después del secuestro del maestro, en base al Comunicado Nº 36 de las fuerzas conjuntas. La información fue desmentida desde el otro lado del río por un oficio de Interpol fechado en noviembre de ese año. A su vez, la versión del periodista Ruben Cotelo (fallecido), quien viajó en ese vuelo, terminó de echar por tierra esa posibilidad. Según su testimonio, Castro no estaba en aquel avión.
En 2000 la Comisión para la Paz consideró “confirmada” la denuncia sobre la desaparición “porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes”. Además del de Cotelo resultan centrales los testimonios ya documentados del ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, quien confesó ser uno de los secuestradores, y del periodista brasileño Flavio Tabárez (fallecido), quien permaneció detenido en La Casona de Millán junto con Castro.
Para mañana el Movimiento de Educadores por la Paz convocó una conferencia de prensa en la Casa del Maestro para dar cuenta del avance de la investigación. Víctor Brindisi, integrante de la organización, adelantó a la diaria que tramitaron una entrevista con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, para pedirle la exclusión del caso a la luz de los nuevos elementos. “Por ahora, los comentarios son favorables”, señaló Brindisi. Si así lo entiende el Ejecutivo, se trataría del tercer caso apartado de la Ley de Caducidad en este gobierno después del de Roberto Gomensoro Josman y el de Mary Elena Gil Rodríguez.
El 30 de julio se realizará un homenaje en el Museo Pedagógico a 33 años de su desaparición, instancia en la cual se darán a conocer fragmentos de textos inéditos del maestro.
Ejecutivo decidirá por segunda vez si el caso de Julio Castro está incluido en la Caducidad.
El homenaje por los 33 años de la desaparición forzada del maestro y periodista Julio Castro, que se realizará la semana próxima, llega con la decisión del juez Juan Carlos Fernández Lecchini de consultar al Ejecutivo sobre si el caso sigue amparado por la Ley de Caducidad. Así lo entendió el 5 de setiembre de 1989 el entonces presidente Julio María Sanguinetti, cuando ya se sabía que la historia basada en que Castro se fue del país en un avión había sido un invento de la dictadura.
Se abre camino
El grupo de trabajo designado por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para definir qué hacer con la Ley de Caducidad sesionó nuevamente el martes. A la decisión unánime de acabar con los efectos de la norma tomada en la primera reunión hace más de un mes, se suma la de concentrar los esfuerzos en enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de que se concrete la primera y única audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García de Gelman.
Esa instancia todavía no está fijada pero se sabe que el próximo período de sesiones es entre el 4 y el 9 de octubre en Ecuador y que podría tratarse el caso. Hace tres semanas, el canciller Luis Almagro expuso sobre el tema en el consejo de ministros, que definió que “es el momento de que trabaje el Parlamento”, recordaron en diálogo con La diaria fuentes de la comisión. “Vamos por buen camino a alcanzar rápidamente a un consenso”, indicaron. La comisión vuelve a reunirse en 15 días.
La abogada de la familia de Julio Castro, Rosario Fernández, pidió a fines de octubre de 2009 que se desarchivara el expediente en virtud de los nuevos elementos surgidos del trabajo realizado en la Comisión para la Paz en 2000 y de la información publicada en la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, editada por la Presidencia de la República (2007). La solicitud a la Justicia estuvo motivada por la derrota del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad.
La fiscalía actuante, a cargo de Mirtha Guianze, envió un oficio a Fernández Lecchini para el diligenciamiento de las nuevas pruebas, que permitieran elevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar adelante con la investigación porque la causa está amparada por la norma en cuestión.
La denuncia por la desaparición forzada de Castro fue presentada el 28 de junio de 1985 ante el Juzgado Letrado de 1ª instancia, pero el juez penal a cargo en aquel entonces, Jorge Ruibal, no pudo continuar con las actuaciones tras la sanción de la ley, en diciembre de 1986.
El caso quedó amparado en forma implícita hasta el 5 de setiembre de 1989, cuando Presidencia informó a la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se encontraba contemplado. Sanguinetti encomendó a la Jefatura de Policía de Montevideo una “investigación urgente” para el “esclarecimiento de estos hechos”. Las conclusiones llegaron el 13 de noviembre de ese año, e insistían en que Castro había dejado el territorio uruguayo voluntariamente en el vuelo 159 de Pluna, con destino a Buenos Aires.
Esa versión ya había sido publicada por el diario El País el 4 de octubre de 1977, dos meses después del secuestro del maestro, en base al Comunicado Nº 36 de las fuerzas conjuntas. La información fue desmentida desde el otro lado del río por un oficio de Interpol fechado en noviembre de ese año. A su vez, la versión del periodista Ruben Cotelo (fallecido), quien viajó en ese vuelo, terminó de echar por tierra esa posibilidad. Según su testimonio, Castro no estaba en aquel avión.
En 2000 la Comisión para la Paz consideró “confirmada” la denuncia sobre la desaparición “porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes”. Además del de Cotelo resultan centrales los testimonios ya documentados del ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, quien confesó ser uno de los secuestradores, y del periodista brasileño Flavio Tabárez (fallecido), quien permaneció detenido en La Casona de Millán junto con Castro.
Para mañana el Movimiento de Educadores por la Paz convocó una conferencia de prensa en la Casa del Maestro para dar cuenta del avance de la investigación. Víctor Brindisi, integrante de la organización, adelantó a la diaria que tramitaron una entrevista con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, para pedirle la exclusión del caso a la luz de los nuevos elementos. “Por ahora, los comentarios son favorables”, señaló Brindisi. Si así lo entiende el Ejecutivo, se trataría del tercer caso apartado de la Ley de Caducidad en este gobierno después del de Roberto Gomensoro Josman y el de Mary Elena Gil Rodríguez.
El 30 de julio se realizará un homenaje en el Museo Pedagógico a 33 años de su desaparición, instancia en la cual se darán a conocer fragmentos de textos inéditos del maestro.
Santitos
La Diaria. Jueves 22 de julio de 2010. Por Cecilia Pérez.
La jerarquía católica de Chile propone indulto a criminales de la dictadura pinochetista para festejar el bicentenario del país.
El gobierno de Chile llamó a esperar “con calma la reflexión y la decisión del presidente” Sebastián Piñera respecto de la propuesta de la Iglesia Católica chilena de indultar a presos, entre ellos violadores a los derechos humanos activos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Bajo el título “Chile, una mesa para todos en el bicentenario”, la Iglesia Católica chilena presentó ayer a Sebastián Piñera su anunciada propuesta de indulto presidencial para presos ancianos y con buena conducta.
El proyecto generó expectativa y recelo porque con esas premisas el perdón alcanzaría a responsables de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ayer se confirmó que los condenados por violaciones a los derechos humanos están comprendidos expresamente en la propuesta.
El texto presentado a Piñera dice que “no sería realmente completa la ‘mesa para todos’ si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar”, citaron los diarios chilenos La Nación y La Tercera. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, sino que “la reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”, agrega.
Ante las reacciones de rechazo a esta propuesta de parte de sectores políticos y organizaciones sociales, la vocera presidencial Ena von Baer llamó a “esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente y a no adelantar juicios respecto a ella”. Dijo que Piñera “va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias”.
Además, calificó la reunión entre el presidente, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, como “muy profunda, muy sincera y también muy fecunda”. Antes, Goic manifestó que la Iglesia optó por hacer la propuesta “en la antesala del Bicentenario de la Patria, en el marco de una tradición religiosa [...] de invocar gestos de clemencia con ocasión de grandes conmemoraciones” y añadió que un indulto “no anula ni contradice el imperio de la ley y la justicia, sino que lo supone y lo exige”.
Fuentes del Ejecutivo dijeron a La Nación que no se indultará a responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero esa información no fue oficializada todavía por el gobierno chileno. De acuerdo al periódico, Piñera comenzó a trabajar en el abordaje de este tema desde antes de recibir la propuesta, y lo hizo en encuentros como los que mantuvo el martes con sus ministros de Justicia y de Interior, pero también con las tres hijas de Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército que fue asesinado junto a su esposa por agentes de la dictadura, un caso que la Justicia recién cerró este mes. Tras la reunión, en la que las mujeres manifestaron a Piñera su rechazo a un perdón presidencial a ex represores, Cecilia Prats manifestó a la prensa: “Indudablemente el país no soportaría, tal vez, un indulto a esas personas”.
La jerarquía católica de Chile propone indulto a criminales de la dictadura pinochetista para festejar el bicentenario del país.
El gobierno de Chile llamó a esperar “con calma la reflexión y la decisión del presidente” Sebastián Piñera respecto de la propuesta de la Iglesia Católica chilena de indultar a presos, entre ellos violadores a los derechos humanos activos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Bajo el título “Chile, una mesa para todos en el bicentenario”, la Iglesia Católica chilena presentó ayer a Sebastián Piñera su anunciada propuesta de indulto presidencial para presos ancianos y con buena conducta.
El proyecto generó expectativa y recelo porque con esas premisas el perdón alcanzaría a responsables de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ayer se confirmó que los condenados por violaciones a los derechos humanos están comprendidos expresamente en la propuesta.
El texto presentado a Piñera dice que “no sería realmente completa la ‘mesa para todos’ si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar”, citaron los diarios chilenos La Nación y La Tercera. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, sino que “la reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”, agrega.
Ante las reacciones de rechazo a esta propuesta de parte de sectores políticos y organizaciones sociales, la vocera presidencial Ena von Baer llamó a “esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente y a no adelantar juicios respecto a ella”. Dijo que Piñera “va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias”.
Además, calificó la reunión entre el presidente, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, como “muy profunda, muy sincera y también muy fecunda”. Antes, Goic manifestó que la Iglesia optó por hacer la propuesta “en la antesala del Bicentenario de la Patria, en el marco de una tradición religiosa [...] de invocar gestos de clemencia con ocasión de grandes conmemoraciones” y añadió que un indulto “no anula ni contradice el imperio de la ley y la justicia, sino que lo supone y lo exige”.
Fuentes del Ejecutivo dijeron a La Nación que no se indultará a responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero esa información no fue oficializada todavía por el gobierno chileno. De acuerdo al periódico, Piñera comenzó a trabajar en el abordaje de este tema desde antes de recibir la propuesta, y lo hizo en encuentros como los que mantuvo el martes con sus ministros de Justicia y de Interior, pero también con las tres hijas de Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército que fue asesinado junto a su esposa por agentes de la dictadura, un caso que la Justicia recién cerró este mes. Tras la reunión, en la que las mujeres manifestaron a Piñera su rechazo a un perdón presidencial a ex represores, Cecilia Prats manifestó a la prensa: “Indudablemente el país no soportaría, tal vez, un indulto a esas personas”.
Javier Miranda: Es hora de DDHH
La República. Jueves 22 de julio de 2010.
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, informó al Parlamento en el día de ayer sobre el propósito de darle institucionalización definitiva en Uruguay a los derechos humanos.
Miranda expuso sus lineamientos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: "Me parece que es fundamental" desarrollar "políticas públicas con un enfoque de derechos humanos"; dar "conocimiento y educación en materia de derechos humanos y dar "normatividad e institucionalidad en materia de derechos humanos" afirmó.
El director de DDHH del MEC dijo que se dará "un fuerte énfasis en dos grandes proyectos: "Plan Nacional de Derechos Humanos", que es "una construcción que esperamos en breve estar lanzando" y que lleva a "convocar a distintos actores sociales a elaborar una hoja de ruta para una política nacional de derechos humanos"; y la "Institución Nacional de Derechos Humanos", que "es la puesta en funcionamiento efectivo de la Ley 18.446" que creó un ombudsman colectivo "aprobado en 2008 y que aún no hemos instalado", pero que "es deseable instalar rápidamente".
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, informó al Parlamento en el día de ayer sobre el propósito de darle institucionalización definitiva en Uruguay a los derechos humanos.
Miranda expuso sus lineamientos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: "Me parece que es fundamental" desarrollar "políticas públicas con un enfoque de derechos humanos"; dar "conocimiento y educación en materia de derechos humanos y dar "normatividad e institucionalidad en materia de derechos humanos" afirmó.
El director de DDHH del MEC dijo que se dará "un fuerte énfasis en dos grandes proyectos: "Plan Nacional de Derechos Humanos", que es "una construcción que esperamos en breve estar lanzando" y que lleva a "convocar a distintos actores sociales a elaborar una hoja de ruta para una política nacional de derechos humanos"; y la "Institución Nacional de Derechos Humanos", que "es la puesta en funcionamiento efectivo de la Ley 18.446" que creó un ombudsman colectivo "aprobado en 2008 y que aún no hemos instalado", pero que "es deseable instalar rápidamente".
Empezó en Rosario el juicio oral contra el ex jefe del Segundo Cuerpo
EMPEZO EN ROSARIO EL JUICIO ORAL CONTRA EL EX JEFE DEL SEGUNDO CUERPO RAMON GENARO DIAZ BESSONE.
Llanto, emoción y llamadas amenazantes
El ex director del Círculo Militar será juzgado con otros cinco acusados. Varios querellantes recibieron llamadas de un supuesto cementerio de Funes, donde funcionó un centro clandestino.
Página 12. Jueves 22 de julio de 2010. Por Sonia Tessa. Desde Rosario.
Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marccote, José Antonio Scorte-cchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria.
El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona.
Únicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas (la agrupación HIJOS no lo acusó) hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos.
Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina “La Tana” González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de cinco meses y su hermana de 3 años.
Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto con su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los nueve impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fue una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó La Tana, secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada.
Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. La Tana estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que La Tana llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. “Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado”, dijo al salir de la sala de audiencias, todavía conmovida.
Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri.
El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri, a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como el interventor de la policía provincial, Agustín Feced y varios acusados por los delitos que desde ayer comenzaron a juzgarse.
El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras claves de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, Lo Fiego y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.
Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente –de manera simbólica, claro– Roberto, hijo de una y padre de otro, cuyos restos fueron identificados recientemente. “Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha”, se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.
Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, así como también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced.
Una investigación suya demostró que dos años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos y milita en organismos de derechos humanos.
La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Núnez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. El Tortuga, le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer.
El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, cerca de las 14, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla halconera y servidas por varios integrantes de Juicio y Castigo, entre ellas, la sobreviviente Olga Moyano.
Llanto, emoción y llamadas amenazantes
El ex director del Círculo Militar será juzgado con otros cinco acusados. Varios querellantes recibieron llamadas de un supuesto cementerio de Funes, donde funcionó un centro clandestino.
Página 12. Jueves 22 de julio de 2010. Por Sonia Tessa. Desde Rosario.
Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marccote, José Antonio Scorte-cchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria.
El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona.
Únicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas (la agrupación HIJOS no lo acusó) hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos.
Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina “La Tana” González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de cinco meses y su hermana de 3 años.
Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto con su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los nueve impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fue una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó La Tana, secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada.
Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. La Tana estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que La Tana llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. “Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado”, dijo al salir de la sala de audiencias, todavía conmovida.
Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri.
El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri, a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como el interventor de la policía provincial, Agustín Feced y varios acusados por los delitos que desde ayer comenzaron a juzgarse.
El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras claves de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, Lo Fiego y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.
Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente –de manera simbólica, claro– Roberto, hijo de una y padre de otro, cuyos restos fueron identificados recientemente. “Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha”, se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.
Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, así como también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced.
Una investigación suya demostró que dos años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos y milita en organismos de derechos humanos.
La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Núnez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. El Tortuga, le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer.
El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, cerca de las 14, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla halconera y servidas por varios integrantes de Juicio y Castigo, entre ellas, la sobreviviente Olga Moyano.
miércoles, 21 de julio de 2010
Alguien de quien aprender
Por Marcelo Pereira. La Diaria. Miércoles 21 de julio de 2010.
El doctor Julio María Sanguinetti Coirolo nunca se ha caracterizado por su modestia. A falta de biógrafos que lo ensalcen, asume personalmente la tarea y deja, cada tanto, registro por escrito de la importancia que él mismo se asigna, desafiando criterios elementales de prudencia. Fue así que en 1991, apenas un año después de concluir su primera presidencia, consideró pertinente publicar un librito titulado El temor y la impaciencia. Ensayo sobre las transiciones democráticas en América Latina, que, pese a su título, era, básicamente, un ferviente elogio de su propio gobierno, con breves y superficiales referencias a lo que había ocurrido en otros países de la región.
En aquella obra relató, con notables distorsiones y omisiones, hechos que acababan de ocurrir y que cientos de miles de compatriotas tenían frescos en la memoria. Con ese precedente, fue menor la tarea, emprendida hace un par de años, de reconstruir los años previos al golpe de Estado de 1973, también desde un punto de vista muy conveniente a sus intereses, y hasta un premio Bartolomé Hidalgo le dieron por el libro La agonía de una democracia. Lo recibió en la categoría “Ensayo político”, y el jurado no consideró que fuera un demérito la memoria singularmente selectiva del autor, que hizo cuanto pudo para convencer a sus lectores de que, entre las muchas causas de la dictadura, casi no tuvieron importancia los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, en los que Sanguinetti fue ministro.
Ahora el ex presidente, como prólogo del ciclo de actividades conmemorativas de “25 años de democracia” que organiza el Partido Colorado, escribió un editorial publicado el domingo 18 por el diario El País con el título “Humildad, orgullo, soberbia”, en el cual atribuye el retorno de la democracia a “la sacrificada acción de los partidos tradicionales en la clandestinidad”.
El ex presidente sólo cree necesario destacar el papel desempeñado en la resistencia contra la dictadura por los partidos Colorado y Nacional, o sea que considera menor el aporte de las demás fuerzas políticas, el de las organizaciones sociales, el de quienes actuaron desde el terreno de la cultura, en el marco de instituciones religiosas o en diversas instituciones defensoras de los derechos humanos y el de las muy diversas formas de militancia en el exterior contra el régimen.
El doctor desarrolló en los años 80 una inteligente actividad política que le permitió acceder a la presidencia de la República, presentándose como el único garante posible del “cambio en paz” (consigna electoral de la fórmula Sanguinetti-Tarigo en 1984, que ahora es identificada, en la conmemoración colorada, como lo que ocurrió hace 25 años). Su actuación en aquel período fue exitosa en la medida en que logró convencer a cientos de miles de personas de que él encarnaba mejor que nadie una perspectiva de salida barata, que demandara el mínimo posible de confrontaciones y aceptara como precio el acotamiento de las esperanzas (sobre todo las esperanzas democratizadoras en lo social y lo económico), tan apoyada en el anhelo de democracia como en el temor a los conflictos, y centrada en la restauración de las instituciones como escenario excluyente para las dirigencias partidarias.
Parece que él mismo se convenció de que su ascenso personal y las necesidades del país eran equivalentes, y hoy insiste en que fueron la misma cosa la salida de la dictadura y su triunfo en aquellos comicios con miles de proscriptos, entre ellos los principales líderes de los otros dos grandes partidos, Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, que, por cierto, habían tenido una conducta mucho más sacrificada que la del ex ministro de Pacheco y Bordaberry.
Pero la recuperación de la democracia fue mucho más que la capacidad de maniobra de Sanguinetti, y pudo haber sido muchísimo más que la salida recortada y desilusionante que él nos trajo, con el peaje infame de la Ley de Caducidad y una gestión de gobierno que, por algunos motivos de los que don Julio María no quiere acordarse, desembocó en el traspaso de la banda presidencial a Luis Alberto Lacalle, en el triunfo montevideano del Frente Amplio y en el comienzo de un largo proceso de autodestrucción del Partido Colorado, dentro del cual, en los territorios controlados por Sanguinetti, no pudo crecer durante décadas un solo dirigente capaz de revertir la debacle que lo llevó a su menor expresión electoral en toda la historia del país.
Hay de todos modos cosas muy importantes que aprender del doctor Sanguinetti Coirolo: que su forma de acumular poder no es fecunda; que ningún político es la medida de todas las cosas; que falsificar la historia para ganar unos palmos de estatura es una empresa vana. Si él no aprovechó esas enseñanzas de la vida, conviene que las aprovechen quienes deseen pasar por el gobierno en forma más provechosa para el país.
El doctor Julio María Sanguinetti Coirolo nunca se ha caracterizado por su modestia. A falta de biógrafos que lo ensalcen, asume personalmente la tarea y deja, cada tanto, registro por escrito de la importancia que él mismo se asigna, desafiando criterios elementales de prudencia. Fue así que en 1991, apenas un año después de concluir su primera presidencia, consideró pertinente publicar un librito titulado El temor y la impaciencia. Ensayo sobre las transiciones democráticas en América Latina, que, pese a su título, era, básicamente, un ferviente elogio de su propio gobierno, con breves y superficiales referencias a lo que había ocurrido en otros países de la región.
En aquella obra relató, con notables distorsiones y omisiones, hechos que acababan de ocurrir y que cientos de miles de compatriotas tenían frescos en la memoria. Con ese precedente, fue menor la tarea, emprendida hace un par de años, de reconstruir los años previos al golpe de Estado de 1973, también desde un punto de vista muy conveniente a sus intereses, y hasta un premio Bartolomé Hidalgo le dieron por el libro La agonía de una democracia. Lo recibió en la categoría “Ensayo político”, y el jurado no consideró que fuera un demérito la memoria singularmente selectiva del autor, que hizo cuanto pudo para convencer a sus lectores de que, entre las muchas causas de la dictadura, casi no tuvieron importancia los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, en los que Sanguinetti fue ministro.
Ahora el ex presidente, como prólogo del ciclo de actividades conmemorativas de “25 años de democracia” que organiza el Partido Colorado, escribió un editorial publicado el domingo 18 por el diario El País con el título “Humildad, orgullo, soberbia”, en el cual atribuye el retorno de la democracia a “la sacrificada acción de los partidos tradicionales en la clandestinidad”.
El ex presidente sólo cree necesario destacar el papel desempeñado en la resistencia contra la dictadura por los partidos Colorado y Nacional, o sea que considera menor el aporte de las demás fuerzas políticas, el de las organizaciones sociales, el de quienes actuaron desde el terreno de la cultura, en el marco de instituciones religiosas o en diversas instituciones defensoras de los derechos humanos y el de las muy diversas formas de militancia en el exterior contra el régimen.
El doctor desarrolló en los años 80 una inteligente actividad política que le permitió acceder a la presidencia de la República, presentándose como el único garante posible del “cambio en paz” (consigna electoral de la fórmula Sanguinetti-Tarigo en 1984, que ahora es identificada, en la conmemoración colorada, como lo que ocurrió hace 25 años). Su actuación en aquel período fue exitosa en la medida en que logró convencer a cientos de miles de personas de que él encarnaba mejor que nadie una perspectiva de salida barata, que demandara el mínimo posible de confrontaciones y aceptara como precio el acotamiento de las esperanzas (sobre todo las esperanzas democratizadoras en lo social y lo económico), tan apoyada en el anhelo de democracia como en el temor a los conflictos, y centrada en la restauración de las instituciones como escenario excluyente para las dirigencias partidarias.
Parece que él mismo se convenció de que su ascenso personal y las necesidades del país eran equivalentes, y hoy insiste en que fueron la misma cosa la salida de la dictadura y su triunfo en aquellos comicios con miles de proscriptos, entre ellos los principales líderes de los otros dos grandes partidos, Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, que, por cierto, habían tenido una conducta mucho más sacrificada que la del ex ministro de Pacheco y Bordaberry.
Pero la recuperación de la democracia fue mucho más que la capacidad de maniobra de Sanguinetti, y pudo haber sido muchísimo más que la salida recortada y desilusionante que él nos trajo, con el peaje infame de la Ley de Caducidad y una gestión de gobierno que, por algunos motivos de los que don Julio María no quiere acordarse, desembocó en el traspaso de la banda presidencial a Luis Alberto Lacalle, en el triunfo montevideano del Frente Amplio y en el comienzo de un largo proceso de autodestrucción del Partido Colorado, dentro del cual, en los territorios controlados por Sanguinetti, no pudo crecer durante décadas un solo dirigente capaz de revertir la debacle que lo llevó a su menor expresión electoral en toda la historia del país.
Hay de todos modos cosas muy importantes que aprender del doctor Sanguinetti Coirolo: que su forma de acumular poder no es fecunda; que ningún político es la medida de todas las cosas; que falsificar la historia para ganar unos palmos de estatura es una empresa vana. Si él no aprovechó esas enseñanzas de la vida, conviene que las aprovechen quienes deseen pasar por el gobierno en forma más provechosa para el país.
El Salvador: La CIDH denuncia al Estado por impunidad
UN FALLO DE LA CIDH DENUNCIA AL ESTADO CENTROAMERICANO POR SEIS CASOS EMBLEMATICOS DE LA GUERRA CIVIL
Buscan a niños desaparecidos en El Salvador
Página 12. Miércoles 21 de julio de 2010.
Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. La encontraron en el 2006 y, desde ese momento, está intentando reconstruir los lazos con su familia biológica. El caso llegó a Costa Rica. Una comisión de reparación de víctimas está demorada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó.
En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.
Informe: Luciana Bertoia.
Buscan a niños desaparecidos en El Salvador
Página 12. Miércoles 21 de julio de 2010.
Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. La encontraron en el 2006 y, desde ese momento, está intentando reconstruir los lazos con su familia biológica. El caso llegó a Costa Rica. Una comisión de reparación de víctimas está demorada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó.
En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.
Informe: Luciana Bertoia.
martes, 20 de julio de 2010
Diario de campaña de Mariella y la real historia
Por Gonzalo Perera |*| La República. Martes 20 de julio de 2010.
"Algo se olía en 1982 que yo no lograba entender, pero como toda gurisa de 12 años la dejé pasar. Cumplí años el 9 de enero y mucho no se podía festejar, pero igual celebramos.
La historia comenzó tres días después, la madrugada del 12 de enero, con mi viejo ya levantado para ir a la fábrica. Golpes espantosamente fuertes en la puerta, como queriéndola tirar abajo.
Nos despertamos las tres hermanas, que dormíamos juntas; la menor tenía 3 años y la mayor 16. El jefe del operativo y varios milicos más subieron a nuestro cuarto y nos encañonaron. Mientras, otros rompían todo lo que podían en la casa, se llevaban las cosas, máquina de escribir, libros, discos de pasta etc. Entre los llantos del susto, me levanto y veo a mi madre vistiéndose y diciéndome que me quedara tranquila. No se por qué razón yo le dije: ¿Mamá, esta vez te llevan, verdad? ¿Adónde? ¿Qué va a pasar? ¿Es por un tiempo largo, no? Y ella contestó: Creo que sí Mariella, tú te diste cuenta, pero todo va a salir bien. Mamá le dio rápidamente directivas a mi hermana mayor de qué hacer. Traté de contener a mi hermana más chica que no entendía nada. Viví una sensación irrepetible: incertidumbre, no saber el destino, no saber nada, qué hacer con la hermana más chica, qué explicarle. Se llevaron encapuchados a los dos, a empujones.
No sabíamos si volverían o no. Tratamos de bajar y ver cómo se los llevaban, llorando, y ya todos nos miraban con ojos acusadores. Las tres quedamos solas, solas. Yo acompañando a mi hermana chica y la mayor que se subió a la bicicleta y se llevó todo lo que pudo a lo de mis abuelos, que más tarde vinieron, cocinaron, nos acompañaron. No supimos de nuestros padres por días.
Aquella niña que había cumplido 12 tiró las muñecas y comenzó una historia nueva. Mi vieja nunca me iba a ver con el uniforme del liceo que mi abuela me había hecho, ni tocar la flauta que me habían regalado el 9.
Al amanecer teníamos que hacer mandados y en la cooperativa ya todo el mundo lo sabía, eran corrillos, chusmeríos, los compañeros no nos saludaban, nuestros amigos no jugaban con nosotros, pocos fueron los que se acercaron...".
El relato le pertenece a Mariella. Ella lo escribió y es un pedazo mismo de su vida, memorias, dolores, crecimientos, amores. Así describe la detención de sus padres, por la fuerzas represivas de la dictadura militar.
Pero el relato le pertenece también al Uruguay, y nos interpela a todos los uruguayos. Porque hay una historia dorada en torno a la dictadura y, en construcción, una historia real.
La historia dorada, nos habla de una dictadura asesina instaurada a pesar de un pueblo, resistente, tenaz y luchador. La huelga del 73, el plebiscito del 80, las elecciones internas del 82, son buenos argumentos para abonar esta tesis. Pero es una visión parcial.
La historia real por cierto habla de dictadores asesinos y de heroicos militantes, mártires, resistentes. Pero también habla de muchos, muchísimos uruguayos, que ante el terror, optaron por mirar para el costado, ignorar, susurrar "algo habrá hecho" ante una detención y adoptar algún grado de complicidad con la dictadura. Estos uruguayos, ni monstruos ni héroes, no fueron "ellos" o "los otros". Fuimos nosotros, o nuestros padres, tíos, vecinos, amigos, etc.
La verdad no es agradable ni complaciente. A menudo nos remite a nuestras oscuridades y temores. A las zonas sombrías e incómodas de nuestras memorias. A nuestras pequeñeces y vergüenzas. Pero recuperarla es clave para la construcción del futuro.
Las dictaduras militares en el cono sur fueron diseñadas, preparadas y conducidas por el gran capital y en contra de los más dignos intereses populares. Pero encontraron diversos apoyos en las masas, en la gente de a pie, en el ciudadano común. Que acompañó a veces con su complicidad explícita y servil, pero que en muchos casos simplemente sumó su silencio, y su fe ciega a la verdad más cómoda que, naturalmente y como siempre, era la oficial, la que sale en la TV.
La historia del Uruguay se revisa cada 18 de julio con diversas lecturas, pero aún huele a tinta fresca, que salpica y mancha. La historia fundacional, la del país tapón inglés, garante de navegabilidad abierta de las codiciadas aguas de los ríos mayores del sur, celoso vigía frente a la expansión rosista en Argentina. La historia reciente, la de la democracia que se creía ejemplar que cayó once años frente a la atrocidad de la doctrina de la Seguridad Nacional. Pero que luego, y por dos veces, no quiso enfrentar a cara descubierta los horrores de su pasado. Que no otra cosa fue la derrota primero del voto verde y luego de la papeleta rosada. Mejor no mirar en el espejo del pasado, pues a lo mejor, podemos vernos a nosotros mismos de cuerpo entero.
La vida se hace desde el presente y hacia el futuro. Pero reconociendo el pasado con humildad, lo mucho o poco, grueso o fino, espantoso o inevitable de nuestros errores. Las sociedades son entidades humanas y los humanos somos tierra y agua, barro con aliento divino según el mito bíblico, pero barro al fin. Y con barro es posible edificar, pero reconociéndolo en su textura real, no soñándolo hormigón o acero.
El relato de Mariella, el de los hijos de los detenidos, de los que recibieron en primera persona del singular el descrédito, las ganas de creer lo inverosímil o no ver lo evidente, la capacidad de olvidar y aislar al que vive al lado, nos arroja al rostro un relato muy profundo y matizado. Con heroísmos, ciertamente. En muchos casos, indeseados, como el de Mariella y su familia. Que ciertamente habrían preferido ver el uniforme liceal preparado por la abuela, qué duda cabe. Y con miserias. Como las de quienes les rehuían y las criticaban en voz baja. Y de humanidad con claros y oscuros, como los de buena parte de la población que aún no ha asumido su actitud ante la dictadura.
Aún hoy, el plebiscito del 80 huele a milagro. Pero más del 40% de los votantes apoyaron el "SI" al proyecto de perpetuación dictatorial. En ese momento, varios cientos de miles de uruguayos apoyaban el proyecto pergeñado por el gran capital y los militares. Apoyos que luego se quebraron como la marciana tablita. Bien cabe sospechar que no fue por los desaparecidos ni los detenidos. Ni por los hijos de los detenidos, que en varios casos vieron su vida literalmente destrozada, material y espiritualmente. En muchos uruguayos, la oposición final a la insanía fascista parece fruto del deterioro del bolsillo propio, agujereado y descocido por los Chicago Boys.
Fueron tiempos duros. No condeno genéricamente. Pero necesitamos hacer luz y verdad sobre ese pasado. Es posible romper el velo que tejimos y nos priva de un futuro sano. El obstáculo es en parte una ley vergonzante, pero su doble aval en las urnas indica que el verdadero velo es ante todo una actitud, una cultura de maquillaje de nuestras vergüenzas.
El ser humano crece aún desde sus miserias, si las asume y de ellas aprende. Podemos, como colectivo hacerlo. Con el reconocimiento de relatos simples, inapelables e ineludibles como el de Mariella. Que ninguna ley podrá decretar su caducidad. Relatos que nos devuelven, desde los ojos de la niña que debió tirar las muñecas para declararse grande sin desearlo, las más verdaderas, a veces oscuras, pero imprescindibles facetas de nuestra real historia.
|*| Analista y matemático.
"Algo se olía en 1982 que yo no lograba entender, pero como toda gurisa de 12 años la dejé pasar. Cumplí años el 9 de enero y mucho no se podía festejar, pero igual celebramos.
La historia comenzó tres días después, la madrugada del 12 de enero, con mi viejo ya levantado para ir a la fábrica. Golpes espantosamente fuertes en la puerta, como queriéndola tirar abajo.
Nos despertamos las tres hermanas, que dormíamos juntas; la menor tenía 3 años y la mayor 16. El jefe del operativo y varios milicos más subieron a nuestro cuarto y nos encañonaron. Mientras, otros rompían todo lo que podían en la casa, se llevaban las cosas, máquina de escribir, libros, discos de pasta etc. Entre los llantos del susto, me levanto y veo a mi madre vistiéndose y diciéndome que me quedara tranquila. No se por qué razón yo le dije: ¿Mamá, esta vez te llevan, verdad? ¿Adónde? ¿Qué va a pasar? ¿Es por un tiempo largo, no? Y ella contestó: Creo que sí Mariella, tú te diste cuenta, pero todo va a salir bien. Mamá le dio rápidamente directivas a mi hermana mayor de qué hacer. Traté de contener a mi hermana más chica que no entendía nada. Viví una sensación irrepetible: incertidumbre, no saber el destino, no saber nada, qué hacer con la hermana más chica, qué explicarle. Se llevaron encapuchados a los dos, a empujones.
No sabíamos si volverían o no. Tratamos de bajar y ver cómo se los llevaban, llorando, y ya todos nos miraban con ojos acusadores. Las tres quedamos solas, solas. Yo acompañando a mi hermana chica y la mayor que se subió a la bicicleta y se llevó todo lo que pudo a lo de mis abuelos, que más tarde vinieron, cocinaron, nos acompañaron. No supimos de nuestros padres por días.
Aquella niña que había cumplido 12 tiró las muñecas y comenzó una historia nueva. Mi vieja nunca me iba a ver con el uniforme del liceo que mi abuela me había hecho, ni tocar la flauta que me habían regalado el 9.
Al amanecer teníamos que hacer mandados y en la cooperativa ya todo el mundo lo sabía, eran corrillos, chusmeríos, los compañeros no nos saludaban, nuestros amigos no jugaban con nosotros, pocos fueron los que se acercaron...".
El relato le pertenece a Mariella. Ella lo escribió y es un pedazo mismo de su vida, memorias, dolores, crecimientos, amores. Así describe la detención de sus padres, por la fuerzas represivas de la dictadura militar.
Pero el relato le pertenece también al Uruguay, y nos interpela a todos los uruguayos. Porque hay una historia dorada en torno a la dictadura y, en construcción, una historia real.
La historia dorada, nos habla de una dictadura asesina instaurada a pesar de un pueblo, resistente, tenaz y luchador. La huelga del 73, el plebiscito del 80, las elecciones internas del 82, son buenos argumentos para abonar esta tesis. Pero es una visión parcial.
La historia real por cierto habla de dictadores asesinos y de heroicos militantes, mártires, resistentes. Pero también habla de muchos, muchísimos uruguayos, que ante el terror, optaron por mirar para el costado, ignorar, susurrar "algo habrá hecho" ante una detención y adoptar algún grado de complicidad con la dictadura. Estos uruguayos, ni monstruos ni héroes, no fueron "ellos" o "los otros". Fuimos nosotros, o nuestros padres, tíos, vecinos, amigos, etc.
La verdad no es agradable ni complaciente. A menudo nos remite a nuestras oscuridades y temores. A las zonas sombrías e incómodas de nuestras memorias. A nuestras pequeñeces y vergüenzas. Pero recuperarla es clave para la construcción del futuro.
Las dictaduras militares en el cono sur fueron diseñadas, preparadas y conducidas por el gran capital y en contra de los más dignos intereses populares. Pero encontraron diversos apoyos en las masas, en la gente de a pie, en el ciudadano común. Que acompañó a veces con su complicidad explícita y servil, pero que en muchos casos simplemente sumó su silencio, y su fe ciega a la verdad más cómoda que, naturalmente y como siempre, era la oficial, la que sale en la TV.
La historia del Uruguay se revisa cada 18 de julio con diversas lecturas, pero aún huele a tinta fresca, que salpica y mancha. La historia fundacional, la del país tapón inglés, garante de navegabilidad abierta de las codiciadas aguas de los ríos mayores del sur, celoso vigía frente a la expansión rosista en Argentina. La historia reciente, la de la democracia que se creía ejemplar que cayó once años frente a la atrocidad de la doctrina de la Seguridad Nacional. Pero que luego, y por dos veces, no quiso enfrentar a cara descubierta los horrores de su pasado. Que no otra cosa fue la derrota primero del voto verde y luego de la papeleta rosada. Mejor no mirar en el espejo del pasado, pues a lo mejor, podemos vernos a nosotros mismos de cuerpo entero.
La vida se hace desde el presente y hacia el futuro. Pero reconociendo el pasado con humildad, lo mucho o poco, grueso o fino, espantoso o inevitable de nuestros errores. Las sociedades son entidades humanas y los humanos somos tierra y agua, barro con aliento divino según el mito bíblico, pero barro al fin. Y con barro es posible edificar, pero reconociéndolo en su textura real, no soñándolo hormigón o acero.
El relato de Mariella, el de los hijos de los detenidos, de los que recibieron en primera persona del singular el descrédito, las ganas de creer lo inverosímil o no ver lo evidente, la capacidad de olvidar y aislar al que vive al lado, nos arroja al rostro un relato muy profundo y matizado. Con heroísmos, ciertamente. En muchos casos, indeseados, como el de Mariella y su familia. Que ciertamente habrían preferido ver el uniforme liceal preparado por la abuela, qué duda cabe. Y con miserias. Como las de quienes les rehuían y las criticaban en voz baja. Y de humanidad con claros y oscuros, como los de buena parte de la población que aún no ha asumido su actitud ante la dictadura.
Aún hoy, el plebiscito del 80 huele a milagro. Pero más del 40% de los votantes apoyaron el "SI" al proyecto de perpetuación dictatorial. En ese momento, varios cientos de miles de uruguayos apoyaban el proyecto pergeñado por el gran capital y los militares. Apoyos que luego se quebraron como la marciana tablita. Bien cabe sospechar que no fue por los desaparecidos ni los detenidos. Ni por los hijos de los detenidos, que en varios casos vieron su vida literalmente destrozada, material y espiritualmente. En muchos uruguayos, la oposición final a la insanía fascista parece fruto del deterioro del bolsillo propio, agujereado y descocido por los Chicago Boys.
Fueron tiempos duros. No condeno genéricamente. Pero necesitamos hacer luz y verdad sobre ese pasado. Es posible romper el velo que tejimos y nos priva de un futuro sano. El obstáculo es en parte una ley vergonzante, pero su doble aval en las urnas indica que el verdadero velo es ante todo una actitud, una cultura de maquillaje de nuestras vergüenzas.
El ser humano crece aún desde sus miserias, si las asume y de ellas aprende. Podemos, como colectivo hacerlo. Con el reconocimiento de relatos simples, inapelables e ineludibles como el de Mariella. Que ninguna ley podrá decretar su caducidad. Relatos que nos devuelven, desde los ojos de la niña que debió tirar las muñecas para declararse grande sin desearlo, las más verdaderas, a veces oscuras, pero imprescindibles facetas de nuestra real historia.
|*| Analista y matemático.
La memoria nos saca de la humillación
Página 12. Martes 20 de julio de 2010.
Por Daniel Goldman (*)
Hay palabras –decía Cortázar– que como los caballos, a fuerza de ser usados, terminan cansándose, y fallecen en el agotamiento de la misma palabra.
Una de las funciones del intelectual es la de clarificar de manera crítica la palabra en su contexto político social, denunciando de modo responsable cualquier hipocresía que legitime la injusticia y la represión.
Walter Benjamin, el ejemplo del intelectual, hizo honor a esa misión tan poco sumisa y tan altamente provocativa de querer, como decía él, pasarle el contrapelo a la historia para desafiar al pensamiento, a la actitud y a la acción que se acomoda y se adapta, lamentablemente, mucho más rápido de lo que imaginamos.
Entre su materia de escritura se encuentra una sección dedicada al concepto de la moda. Benjamin la denomina “Madame Moda”, dama mítica que acompaña a su camarada “Madame Morte”, ambas hermanadas en un diálogo que concluye con la aceptación de buena manera de estar juntas y arrastrarse al mismo destino. Dicho de otro modo, la moda es colega de la muerte y parodia del mismo cadáver.
La moda cambia rápido, tan rápido que provoca la muerte. ¿Cómo se le encuentra una vuelta a la palabra, para que la palabra no sea moda y muerte, sino un objeto que enriquezca la vida y el entorno, de modo tal que retorne a ser significativa, y no agotada y no extinguida, y no perecida y no fenecida?
El 18 de julio de 1994 hizo que la palabra ciudadanía cambiara de rumbo para los que estamos aquí, para los que habitamos nuestra ciudad, esta ciudad, sus casas, sus calles y sus plazas.
Hasta esa fecha la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía dominante, insistía en la idea de que “ser un ciudadano es algo que se otorga, ya que implica el explícito reconocimiento de un cuerpo de derechos civiles, políticos y sociales”. En este sentido, la concepción de ciudadanía era como una “simple moda” al decir de Benjamin, ya que si es algo que se otorga es pasiva. Y cuando la ciudadanía es pasiva se asocia a lo excluyente, a lo restrictivo, a lo sesgante, a lo discriminatorio.
Ahora, visto de otra manera, desde ese lugar de moda, muerte e incompletud, recuerdo a Max Kadushin, un profesor de Talmud, uno de los textos fundantes de la tradición judía, quien desarrolló una idea para analizar los procesos culturales al que él llamó de “concepto valor”. Kadushin, militante opositor a cualquier definición, dice algo así como que la idea de “concepto valor” se desarrolla a partir de que una enunciación puede tener cabida únicamente si se comprende su contrario, es decir su disvalor. Pero encontrar el disvalor no es una función simple, ya que debemos conceptuarla con una precisión tal que el disvalor funciona de manera disruptiva, que corta el ritmo, que no se da a partir de una lógica simple, de la lógica directa.
Ejemplo: lo opuesto a la paz no es la guerra. Lo opuesto a la paz es el exilio.
¿Y que significa exilio? Exilio significa estar en el lugar donde uno no debe estar para lo que fue creado.
Un padre que no puede mantener a su familia está en el exilio.
Un chico que vive en la calle y no tiene lo básico y lo mínimo está en el exilio.
Una mujer golpeada está en el exilio.
Y una víctima y un familiar de la víctima que no están amparados por el sistema de justicia están en el exilio.
La ciudadanía que simplemente se otorga, se arroja, es la ciudadanía pasiva que se despoja.
A partir del 18 de julio de 1994 una ciudadanía pasiva es una ciudadanía en el exilio.
En este mismo sentido, y adentrándonos un poco más, para pensar en ciudadanía deberíamos ver su disvalor. Si Ser ciudadano significa habitar la ciudad, es decir tenerla como hábito, poseerla como morada, como espacio concreto que me compromete en mi identidad, y que me permite tener una visión de ser y estar en esta ciudad, en esta sociedad, en este país, con acción y palabra, ese “ser ciudadano” se construye y se reconstruye en el territorio de la “memoria”. Por lo tanto, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido, o sea la ausencia de memoria.
Desde el 18 de julio de 1994 lo opuesto a la ciudadanía es el olvido.
La célebre Rita Hayworth solía decir: “Qué afortunada que soy de poseer los dos atributos que marcan la felicidad: Una buena salud y una mala memoria”. Si esa es la fórmula de la felicidad, entonces no hay razón para que una parte de la ciudadanía, la que asume la ciudadanía de manera pasiva, no sea feliz. Obvio que la frivolidad no tiene pensamiento. Usa frases prefabricadas y silogismos falsos de ciudadanía barata. La falsedad es una enfermedad social. Y la enfermedad social siempre está vinculada con la amnesia, mientras que la ciudadanía es una actividad trazada por la línea de la memoria activa.
La literatura judía destaca que cuando en términos teológicos uno dice “yo creo”, en realidad está diciendo “yo recuerdo”.
Alegóricamente desde el 18 de julio de 1994 “Creer es recordar”.
Una interpretación exegética del texto bíblico del libro de Exodo, el libro que relata acerca de la esclavitud vivida por los antepasados en Egipto, se pregunta de manera profunda: qué es lo que produce el trabajo forzado, o sea ¿qué hace que el esclavo sea esclavo?
Primero. El esclavo no tiene nombre: nosotros recordamos en el texto bíblico los nombres de los abuelos de los esclavos, Abraham, Isaac y Jacob, pero ignoramos el nombre del esclavo; es decir, el esclavo no tiene identidad. Desde el lugar de la no identidad, cualquiera es reemplazable en la cadena de producción, porque la persona es un medio y no un fin en sí mismo. La ausencia de nombre es anonimato. Recordemos que los nazis en los campos de concentración borraban el nombre y colocaban un número tatuado en el brazo. La identidad se transformaba en cantidad, en objeto apilable.
El día 18 de julio nos recuerda que no son 85 víctimas, sino que cada víctima tiene un nombre.
Dice la poeta Zilda, “lejol ish iesh shem”, “cada persona tiene un nombre”. El nombre de una vida truncada, una saga que penetra en nuestra conciencia.
Segundo. El esclavo no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. La categoría ahistórica es antiintelectual, oscurantista y reaccionaria. Porque el hombre libre, el que habita la ciudad, como el primer hombre que ha probado del árbol del conocimiento ha sido arrojado a la historia, a su océano, al agua que es eco de sus propias preguntas.
El 18 de julio de 1994 nos enseñó que perder la historia es perder la mejor arma contra cualquier abuso autoritario.
Tercero. El esclavo, sumido en la ignorancia, considera que la categoría de la esclavitud es la libertad y, por lo tanto, carece de capacidad de resistencia. El esclavo no resiste ni se rebela. El esclavo es pasivo y está quebrado, está partido, está cortado al medio. Es a partir de ahí que ser ciudadano es esencialmente ser un individuo con identidad resistente y patrocinante de una memoria activa.
A partir del 18 de julio de 1994, ser ciudadano es ser verbo puesto en la memoria.
La dinámica ciudadana es una dinámica de la memoria creativa y es por lo tanto un valor organizado. Ser ciudadano es un acto saludable, es ser partícipe de la salud de la sociedad, y la memoria es la topografía de la ciudadanía. El silencio no es salud, como nos hacían creer. La memoria cuando se la activa es palabra que da fortaleza, vigor y creatividad.
Y vale la pena ahondar un poco más en este ejercicio de la memoria. ¿Por qué debo recordar?
Toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda, es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago “ahora” con mi vida y con qué valores me comprometo, qué es lo que me resulta trascendente, qué es lo importante y qué debo dejar de lado.
La memoria frena la muerte y afirma la vida, y me compromete con la humanidad.
La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica.
Lo más importante: la memoria me saca de la humillación.
El 18 de julio de 1994 nos indica que lo opuesto a ciudadanía es la humillación.
Flaubert solía decir que veía humillaciones que se tornarían hábitos, veía defectos que se tornarían vicios, veía prejuicios que se tornarían crímenes. En 16 años hemos creado una generación de niños que se tornarían hombres sin saber lo que significa justicia ante los crímenes.
El cambio exige de una ciudadanía activa basada en la memoria activa.
El filósofo Avishai Margalit, en su libro Las sociedades decentes, dice que el objetivo del sometedor es eliminar todo rasgo de humanidad al sometido, porque el ser en el ser humano es ser consciente de uno mismo y del mundo en el que vivimos. La inclusión de la situación de la persona, de su condición social y del medio ambiente es de suma importancia para la dignidad del hombre.
Los seres humanos son valiosos porque otros los valoran, y no en virtud de cualquier característica anterior que justifique tal valoración. Una sociedad puede ser humillante en el trato que dispensa a las personas que se encuentran en ellas y, al mismo tiempo, tener un claro concepto del respeto que debería otorgar a todas las personas como seres humanos. Cuando una sociedad no ve a una persona como un ser humano poseedor de una memoria, ésa es una sociedad que humilla. Esto significa tener actitudes como las de los explotadores, los que tratan a las personas como máquinas, las de los individuos que estigmatizan por tener ciertas enfermedades, por el color de la piel, por la raza, por las preferencias sexuales.
Una sociedad que humilla es una sociedad que no es decente. Existe la sociedad democrática y existe algo superador, que es la sociedad decente. Sociedad democrática es aquella en la que la gente puede llegar a tratarse entre ellos con dignidad. Sociedades decentes son aquellas en las que no solamente los individuos se tratan con dignidad, sino aquellas en las que las instituciones, como la Justicia, tratan con dignidad a la gente. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad de las personas porque simple y sencillamente las humilla.
Para que las palabras no mueran en el abuso sepamos que desde el 18 de julio de 1994, una sociedad decente demuestra su salud ciudadana cuando posee una memoria activa; que por la memoria de esa lucha se debe arribar a la justicia, y que a través de esa memoria esta ciudadanía no debe disponer a cambiar su historia por ninguna forma de histeria.
* Discurso pronunciado por el rabino en el acto de Memoria Activa el 18 de julio de 2010.
Por Daniel Goldman (*)
Hay palabras –decía Cortázar– que como los caballos, a fuerza de ser usados, terminan cansándose, y fallecen en el agotamiento de la misma palabra.
Una de las funciones del intelectual es la de clarificar de manera crítica la palabra en su contexto político social, denunciando de modo responsable cualquier hipocresía que legitime la injusticia y la represión.
Walter Benjamin, el ejemplo del intelectual, hizo honor a esa misión tan poco sumisa y tan altamente provocativa de querer, como decía él, pasarle el contrapelo a la historia para desafiar al pensamiento, a la actitud y a la acción que se acomoda y se adapta, lamentablemente, mucho más rápido de lo que imaginamos.
Entre su materia de escritura se encuentra una sección dedicada al concepto de la moda. Benjamin la denomina “Madame Moda”, dama mítica que acompaña a su camarada “Madame Morte”, ambas hermanadas en un diálogo que concluye con la aceptación de buena manera de estar juntas y arrastrarse al mismo destino. Dicho de otro modo, la moda es colega de la muerte y parodia del mismo cadáver.
La moda cambia rápido, tan rápido que provoca la muerte. ¿Cómo se le encuentra una vuelta a la palabra, para que la palabra no sea moda y muerte, sino un objeto que enriquezca la vida y el entorno, de modo tal que retorne a ser significativa, y no agotada y no extinguida, y no perecida y no fenecida?
El 18 de julio de 1994 hizo que la palabra ciudadanía cambiara de rumbo para los que estamos aquí, para los que habitamos nuestra ciudad, esta ciudad, sus casas, sus calles y sus plazas.
Hasta esa fecha la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía dominante, insistía en la idea de que “ser un ciudadano es algo que se otorga, ya que implica el explícito reconocimiento de un cuerpo de derechos civiles, políticos y sociales”. En este sentido, la concepción de ciudadanía era como una “simple moda” al decir de Benjamin, ya que si es algo que se otorga es pasiva. Y cuando la ciudadanía es pasiva se asocia a lo excluyente, a lo restrictivo, a lo sesgante, a lo discriminatorio.
Ahora, visto de otra manera, desde ese lugar de moda, muerte e incompletud, recuerdo a Max Kadushin, un profesor de Talmud, uno de los textos fundantes de la tradición judía, quien desarrolló una idea para analizar los procesos culturales al que él llamó de “concepto valor”. Kadushin, militante opositor a cualquier definición, dice algo así como que la idea de “concepto valor” se desarrolla a partir de que una enunciación puede tener cabida únicamente si se comprende su contrario, es decir su disvalor. Pero encontrar el disvalor no es una función simple, ya que debemos conceptuarla con una precisión tal que el disvalor funciona de manera disruptiva, que corta el ritmo, que no se da a partir de una lógica simple, de la lógica directa.
Ejemplo: lo opuesto a la paz no es la guerra. Lo opuesto a la paz es el exilio.
¿Y que significa exilio? Exilio significa estar en el lugar donde uno no debe estar para lo que fue creado.
Un padre que no puede mantener a su familia está en el exilio.
Un chico que vive en la calle y no tiene lo básico y lo mínimo está en el exilio.
Una mujer golpeada está en el exilio.
Y una víctima y un familiar de la víctima que no están amparados por el sistema de justicia están en el exilio.
La ciudadanía que simplemente se otorga, se arroja, es la ciudadanía pasiva que se despoja.
A partir del 18 de julio de 1994 una ciudadanía pasiva es una ciudadanía en el exilio.
En este mismo sentido, y adentrándonos un poco más, para pensar en ciudadanía deberíamos ver su disvalor. Si Ser ciudadano significa habitar la ciudad, es decir tenerla como hábito, poseerla como morada, como espacio concreto que me compromete en mi identidad, y que me permite tener una visión de ser y estar en esta ciudad, en esta sociedad, en este país, con acción y palabra, ese “ser ciudadano” se construye y se reconstruye en el territorio de la “memoria”. Por lo tanto, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido, o sea la ausencia de memoria.
Desde el 18 de julio de 1994 lo opuesto a la ciudadanía es el olvido.
La célebre Rita Hayworth solía decir: “Qué afortunada que soy de poseer los dos atributos que marcan la felicidad: Una buena salud y una mala memoria”. Si esa es la fórmula de la felicidad, entonces no hay razón para que una parte de la ciudadanía, la que asume la ciudadanía de manera pasiva, no sea feliz. Obvio que la frivolidad no tiene pensamiento. Usa frases prefabricadas y silogismos falsos de ciudadanía barata. La falsedad es una enfermedad social. Y la enfermedad social siempre está vinculada con la amnesia, mientras que la ciudadanía es una actividad trazada por la línea de la memoria activa.
La literatura judía destaca que cuando en términos teológicos uno dice “yo creo”, en realidad está diciendo “yo recuerdo”.
Alegóricamente desde el 18 de julio de 1994 “Creer es recordar”.
Una interpretación exegética del texto bíblico del libro de Exodo, el libro que relata acerca de la esclavitud vivida por los antepasados en Egipto, se pregunta de manera profunda: qué es lo que produce el trabajo forzado, o sea ¿qué hace que el esclavo sea esclavo?
Primero. El esclavo no tiene nombre: nosotros recordamos en el texto bíblico los nombres de los abuelos de los esclavos, Abraham, Isaac y Jacob, pero ignoramos el nombre del esclavo; es decir, el esclavo no tiene identidad. Desde el lugar de la no identidad, cualquiera es reemplazable en la cadena de producción, porque la persona es un medio y no un fin en sí mismo. La ausencia de nombre es anonimato. Recordemos que los nazis en los campos de concentración borraban el nombre y colocaban un número tatuado en el brazo. La identidad se transformaba en cantidad, en objeto apilable.
El día 18 de julio nos recuerda que no son 85 víctimas, sino que cada víctima tiene un nombre.
Dice la poeta Zilda, “lejol ish iesh shem”, “cada persona tiene un nombre”. El nombre de una vida truncada, una saga que penetra en nuestra conciencia.
Segundo. El esclavo no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. La categoría ahistórica es antiintelectual, oscurantista y reaccionaria. Porque el hombre libre, el que habita la ciudad, como el primer hombre que ha probado del árbol del conocimiento ha sido arrojado a la historia, a su océano, al agua que es eco de sus propias preguntas.
El 18 de julio de 1994 nos enseñó que perder la historia es perder la mejor arma contra cualquier abuso autoritario.
Tercero. El esclavo, sumido en la ignorancia, considera que la categoría de la esclavitud es la libertad y, por lo tanto, carece de capacidad de resistencia. El esclavo no resiste ni se rebela. El esclavo es pasivo y está quebrado, está partido, está cortado al medio. Es a partir de ahí que ser ciudadano es esencialmente ser un individuo con identidad resistente y patrocinante de una memoria activa.
A partir del 18 de julio de 1994, ser ciudadano es ser verbo puesto en la memoria.
La dinámica ciudadana es una dinámica de la memoria creativa y es por lo tanto un valor organizado. Ser ciudadano es un acto saludable, es ser partícipe de la salud de la sociedad, y la memoria es la topografía de la ciudadanía. El silencio no es salud, como nos hacían creer. La memoria cuando se la activa es palabra que da fortaleza, vigor y creatividad.
Y vale la pena ahondar un poco más en este ejercicio de la memoria. ¿Por qué debo recordar?
Toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda, es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago “ahora” con mi vida y con qué valores me comprometo, qué es lo que me resulta trascendente, qué es lo importante y qué debo dejar de lado.
La memoria frena la muerte y afirma la vida, y me compromete con la humanidad.
La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica.
Lo más importante: la memoria me saca de la humillación.
El 18 de julio de 1994 nos indica que lo opuesto a ciudadanía es la humillación.
Flaubert solía decir que veía humillaciones que se tornarían hábitos, veía defectos que se tornarían vicios, veía prejuicios que se tornarían crímenes. En 16 años hemos creado una generación de niños que se tornarían hombres sin saber lo que significa justicia ante los crímenes.
El cambio exige de una ciudadanía activa basada en la memoria activa.
El filósofo Avishai Margalit, en su libro Las sociedades decentes, dice que el objetivo del sometedor es eliminar todo rasgo de humanidad al sometido, porque el ser en el ser humano es ser consciente de uno mismo y del mundo en el que vivimos. La inclusión de la situación de la persona, de su condición social y del medio ambiente es de suma importancia para la dignidad del hombre.
Los seres humanos son valiosos porque otros los valoran, y no en virtud de cualquier característica anterior que justifique tal valoración. Una sociedad puede ser humillante en el trato que dispensa a las personas que se encuentran en ellas y, al mismo tiempo, tener un claro concepto del respeto que debería otorgar a todas las personas como seres humanos. Cuando una sociedad no ve a una persona como un ser humano poseedor de una memoria, ésa es una sociedad que humilla. Esto significa tener actitudes como las de los explotadores, los que tratan a las personas como máquinas, las de los individuos que estigmatizan por tener ciertas enfermedades, por el color de la piel, por la raza, por las preferencias sexuales.
Una sociedad que humilla es una sociedad que no es decente. Existe la sociedad democrática y existe algo superador, que es la sociedad decente. Sociedad democrática es aquella en la que la gente puede llegar a tratarse entre ellos con dignidad. Sociedades decentes son aquellas en las que no solamente los individuos se tratan con dignidad, sino aquellas en las que las instituciones, como la Justicia, tratan con dignidad a la gente. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad de las personas porque simple y sencillamente las humilla.
Para que las palabras no mueran en el abuso sepamos que desde el 18 de julio de 1994, una sociedad decente demuestra su salud ciudadana cuando posee una memoria activa; que por la memoria de esa lucha se debe arribar a la justicia, y que a través de esa memoria esta ciudadanía no debe disponer a cambiar su historia por ninguna forma de histeria.
* Discurso pronunciado por el rabino en el acto de Memoria Activa el 18 de julio de 2010.
domingo, 18 de julio de 2010
Verdad y Justicia para Bolivia
A 30 AÑOS DEL GOLPE DE GARCIA MEZA, EVO ESTABLECE EL DIA DEL DESAPARECIDO.
Mientras el presidente justificó que en los ’70 las Fuerzas Armadas estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes.
Página 12. Domingo 18 de julio de 2010. Por Sebastián Ochoa. Desde La Paz.
Los 30 años del inicio de la dictadura de Luis García Meza fueron conmemorados con actos que evidenciaron diferentes lecturas de la historia entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones de derechos humanos. El eje de la discusión pasó por el rol de las Fuerzas Armadas durante esos años. Mientras el presidente justificó que en los ’70 estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes. Y exigieron que los uniformados entreguen los archivos de sus años de gobernantes, como ordenó la Justicia hace dos años, para saber dónde están los cuerpos de varios desaparecidos.
“Rendimos nuestro homenaje y proclamamos este 17 de julio Día Internacional del Desaparecido, Día Nacional del Desaparecido, en memoria de ciudadanas y ciudadanos que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante las dictaduras militares en Bolivia”, dice el documento aprobado el viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos dos tercios están ocupados por afiliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.
La moción fue de la diputada Elizabeth Reyes, de la opositora Unidad Nacional (UN). Su padre, José Reyes Carvajal, fue asesinado por un grupo paramilitar en enero de 1981, junto a un grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de seguridad de esta ciudad.
Ayer, Morales condecoró a Lidia Gueiler, presidenta que padeció el golpe de Estado de García Meza. Y quiso restar culpas a los uniformados. “Me he dado cuenta de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron, o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”, sostuvo el presidente.
Para los familiares de las víctimas es evidente que los actuales comandantes esquivan la orden judicial para abrir los archivos de sus tiempos dorados. El último documento que los obliga es de la Corte Suprema de Justicia, emitido en abril por demanda de Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado por militares junto a otros políticos y sindicalistas en la toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), hace 30 años.
“Las Fuerzas Armadas darán estricto cumplimiento a dos autos supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer el comandante en jefe de las FF.AA., general Ramiro de la Fuente, quien estaba en la condecoración a Gueiler.
Olga Flores, junto a otros familiares, organizó una marcha por el centro de la ciudad de La Paz hasta el Gran Cuartel de Miraflores, donde se juntan las cabezas de las FF.AA. Allí, centenares de manifestantes reclamaron por la aparición de varios cuerpos, entre ellos el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ex diputado, periodista y escritor desaparecido durante el ataque a la COB. Con su nombre fue bautizada la ley anticorrupción aprobada hace meses por la Asamblea Legislativa, a pesar de la oposición de sus familiares, quienes evalúan que el gobierno no se esfuerza por localizar sus restos.
La dictadura de García Meza contó con apoyo de represores extranjeros, como el nazi alemán Klaus Barbie y el italiano Stéfano Delle Chiae, que crearon el grupo paramilitar Los Novios de la Muerte, además adiestraron a decenas de soldados en teoría y práctica de tortura. También existe información de que militares argentinos habrían dado clases para mejor eliminar a quienes consideraran subversivos, aunque aún no ha sido judicialmente comprobado.
Según las organizaciones de derechos humanos, esa dictadura dejó 500 muertos y cuatro mil detenidos. Hasta ahora, seis mil personas se presentaron como víctimas de los militares para recibir compensaciones económicas. Pero el gobierno indicó que solamente 218 personas cumplieron todos los requisitos para obtener el dinero.
El fiscal Milton Mendoza estaba a cargo de la comisión que investigaba el paradero de los archivos militares de 1980. Logró ingresar al cuartel de Miraflores, pero los uniformados no le permitieron acceder a todos los documentos que requería. Allí incluso habrían enterrado cuerpos de sus “enemigos”, según datos de las organizaciones de derechos humanos. El trabajo de estos fiscales quedó detenido a principios de mes, cuando el Ministerio Público determinó crear una nueva comisión investigadora.
García Meza y su ministro del Interior, el coronel Luis Arce Gómez, se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Conchocoro por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su aventura presidencial. Pero muchos otros implicados aún no pasaron por la Justicia, denuncian los familiares de las víctimas.
Por la desclasificación de los archivos, hasta Amnistía Internacional escribió a Morales. “La imposibilidad de acceder a estos archivos, a pesar de declaraciones hechas recientemente por las FF.AA. y miembros del gobierno, diferencia a Bolivia de otros países de la región que han reconocido la importancia de archivos oficiales para combatir la impunidad”, dice la nota.
Mientras el presidente justificó que en los ’70 las Fuerzas Armadas estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes.
Página 12. Domingo 18 de julio de 2010. Por Sebastián Ochoa. Desde La Paz.
Los 30 años del inicio de la dictadura de Luis García Meza fueron conmemorados con actos que evidenciaron diferentes lecturas de la historia entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones de derechos humanos. El eje de la discusión pasó por el rol de las Fuerzas Armadas durante esos años. Mientras el presidente justificó que en los ’70 estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes. Y exigieron que los uniformados entreguen los archivos de sus años de gobernantes, como ordenó la Justicia hace dos años, para saber dónde están los cuerpos de varios desaparecidos.
“Rendimos nuestro homenaje y proclamamos este 17 de julio Día Internacional del Desaparecido, Día Nacional del Desaparecido, en memoria de ciudadanas y ciudadanos que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante las dictaduras militares en Bolivia”, dice el documento aprobado el viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos dos tercios están ocupados por afiliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.
La moción fue de la diputada Elizabeth Reyes, de la opositora Unidad Nacional (UN). Su padre, José Reyes Carvajal, fue asesinado por un grupo paramilitar en enero de 1981, junto a un grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de seguridad de esta ciudad.
Ayer, Morales condecoró a Lidia Gueiler, presidenta que padeció el golpe de Estado de García Meza. Y quiso restar culpas a los uniformados. “Me he dado cuenta de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron, o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”, sostuvo el presidente.
Para los familiares de las víctimas es evidente que los actuales comandantes esquivan la orden judicial para abrir los archivos de sus tiempos dorados. El último documento que los obliga es de la Corte Suprema de Justicia, emitido en abril por demanda de Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado por militares junto a otros políticos y sindicalistas en la toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), hace 30 años.
“Las Fuerzas Armadas darán estricto cumplimiento a dos autos supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer el comandante en jefe de las FF.AA., general Ramiro de la Fuente, quien estaba en la condecoración a Gueiler.
Olga Flores, junto a otros familiares, organizó una marcha por el centro de la ciudad de La Paz hasta el Gran Cuartel de Miraflores, donde se juntan las cabezas de las FF.AA. Allí, centenares de manifestantes reclamaron por la aparición de varios cuerpos, entre ellos el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ex diputado, periodista y escritor desaparecido durante el ataque a la COB. Con su nombre fue bautizada la ley anticorrupción aprobada hace meses por la Asamblea Legislativa, a pesar de la oposición de sus familiares, quienes evalúan que el gobierno no se esfuerza por localizar sus restos.
La dictadura de García Meza contó con apoyo de represores extranjeros, como el nazi alemán Klaus Barbie y el italiano Stéfano Delle Chiae, que crearon el grupo paramilitar Los Novios de la Muerte, además adiestraron a decenas de soldados en teoría y práctica de tortura. También existe información de que militares argentinos habrían dado clases para mejor eliminar a quienes consideraran subversivos, aunque aún no ha sido judicialmente comprobado.
Según las organizaciones de derechos humanos, esa dictadura dejó 500 muertos y cuatro mil detenidos. Hasta ahora, seis mil personas se presentaron como víctimas de los militares para recibir compensaciones económicas. Pero el gobierno indicó que solamente 218 personas cumplieron todos los requisitos para obtener el dinero.
El fiscal Milton Mendoza estaba a cargo de la comisión que investigaba el paradero de los archivos militares de 1980. Logró ingresar al cuartel de Miraflores, pero los uniformados no le permitieron acceder a todos los documentos que requería. Allí incluso habrían enterrado cuerpos de sus “enemigos”, según datos de las organizaciones de derechos humanos. El trabajo de estos fiscales quedó detenido a principios de mes, cuando el Ministerio Público determinó crear una nueva comisión investigadora.
García Meza y su ministro del Interior, el coronel Luis Arce Gómez, se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Conchocoro por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su aventura presidencial. Pero muchos otros implicados aún no pasaron por la Justicia, denuncian los familiares de las víctimas.
Por la desclasificación de los archivos, hasta Amnistía Internacional escribió a Morales. “La imposibilidad de acceder a estos archivos, a pesar de declaraciones hechas recientemente por las FF.AA. y miembros del gobierno, diferencia a Bolivia de otros países de la región que han reconocido la importancia de archivos oficiales para combatir la impunidad”, dice la nota.
"Sólo cuando esté anulada la Ley de Caducidad la victoria será final"
Zelmar Michelini (hijo). Categórica afirmación durante coloquio sobre el Tribunal Russell II.
El hijo de Zelmar Michelini que lleva su mismo nombre cerró el acto realizado el pasado miércoles recordando el Tribunal Russell II. "Chicho", como lo conocen los amigos fue categórico al decir que la victoria final será cuando se anule la Ley de Caducidad.
La República. Domingo 18 de julio de 2010. Por Víctor Carrato.
Zelmar Michelini (hijo) vive en París y trabaja en la agencia noticiosa France Press; junto a su hermana Isabel que reside en Argentina se sumaron a los ocho hermanos para participar en este acto recordatorio.
El miércoles pasado la Fundación Zelmar Michelini realizó un coloquio en la sala de conferencias del Teatro Solís que se vio colmada de público donde entre otros estuvieron presentes Juan Raúl Ferreira, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling, Sara Méndez, el ex subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel Fernández Galeano y otras conocidas personalidades. La fecha del acontecimiento no fue casual, se trata del 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, la vieja cárcel de la aristocracia francesa liberada por el pueblo durante la revolución francesa de 1789.
La Dra. Hebe Martínez Burlé, defensora de los Derechos Humanos, en su intervención recordó una frase que luego fue retomada por Zelmar Michelini (hijo). "Alguien dijo, hace mucho tiempo, con palabras seguramente más lúcidas que las mías, que no había ni una victoria ni una derrota parciales; que las victorias eran finales y totales y las derrotas eran totales y finales. Nosotros, como a los chilenos, como a los brasileros, a los argentinos, como a ustedes (miembros del tribunal) aquí sentados, no nos asustan ni nos detienen ni nos conduelen las derrotas parciales que puedan sucederse. Tenemos tanta fe en nuestra lucha y tanta convicción en nuestras ideas y nuestro camino está tan lleno de mártires que sabemos que hay una victoria final y hacia ella estamos yendo", citó la abogada. Agregando enseguida que "No existen las cosas imposibles, sólo debemos desarrollar más fuerza para alcanzarlas...porque la única lucha que se pierde es la que no se dá."
"Chicho" Michelini retomó esta frase al cierre del coloquio, autocalificándose como "monotemático" para insistir en la necesidad de la anulación de la Ley de Caducidad.
Además, el hijo del senador asesinado en Buenos Aires en 1976 contó que cuando vivió con su padre en el Hotel Liberty, de la vecina orilla, se despertaba todas las mañanas con el ruido del teclado de la máquina de escribir en la cual su padre redactaba cartas denunciando la situación del Uruguay bajo la dictadura. Añadió que previo a la realización del Tribunal Russell II, se sumó el hecho que se dormía escuchando a su padre memorizando la intervención que iba a realizar en Roma.
Señaló también que su padre volvió de la capital italiana convencido de la importancia que tenía la denuncia internacional sobre la situación de violación e los derechos humanos en Uruguay en aquella época.
El profesor italiano Alberto Filippi, integrante de aquel Tribunal Russell II, llegó a Montevideo para recordar el acontecimiento histórico que se produjo en marzo de 1974, convocado por el profesor italiano Lelio Basso para investigar las violaciones de derechos humanos que se cometían en el Cono Sur en el marco de las dictaduras cívico-militares. En el tribual Russell II participaron entre otros los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.
La moderadora del coloquio, ex subsecretaría de Relaciones Exteriores, Belela Herrera destacó que el discurso de Michelini en Roma "tendría que ser parte en todos los liceos del país".
El profesor Gerardo Caetano insistió en la "defensa de la libertad" por la cual siempre luchó Zelmar Michelini así como en la defensa de la democracia, lo que catalogó como las "coincidencias biográficas" entre el filósofo Bertrand Russell y el senador asesinado por la dictadura. "Las libertades son las pesadillas de la dictadura", insistió Caetano.
El historiador y politólogo resaltó la posición inclaudicable de Zelmar Michelini en la defensa de la libertad: "No hay ningún valor que pueda ser intercambiable a la verdad y a la justicia. Mucho menos el de la paz. Porque la paz no puede ser otra cosa que la expresión radical y la vigencia de la verdad y justicia.
Y esa lucha de construir una cultura de los derechos humanos como sustento de una visión humanista tiene que ser radical y tiene que servir para condenar cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga. Porque debe ser un compromiso radical. Ése es, entre otras cosas, el legado de Zelmar Michelini", dijo.
El abogado argentino Leandro Despouy, actual Presidente de la Auditoría General de la Nación argentina, abogado defensor de los Derechos Humanos que debió exiliarse durante la dictadura del vecino país, recordó la figura del senador Michelini y dijo que a pesar de tener que declarar el día siguiente ante tribunales argentinos no podía estar ausente en este coloquio.
La denuncia de Despouy
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Dr. Leandro Despouy, declaró ayer ante la Justicia por la existencia de secuestros y asesinatos ocurridos en 1974, antes de la dictadura militar y durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según consignó Despouy en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, en noviembre de 1974 hubo un operativo de represión coordinado entre las fuerzas armadas uruguayas y argentinas, que sería un antecedente del Plan Cóndor desplegado luego del golpe de Estado de 1976.
Este plan se habría montado con el aval de la organización terrorista para estatal Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A y liderada por el entonces ministro de Bienestar del peronismo, José López Rega.
En esa causa se denunció el secuestro y asesinato de Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica y de otros ciudadanos uruguayos. A la vez, Despouy hizo una descripción detallada de las circunstancias en las que tomó conocimiento del asesinato de Silvio Frondizi, cuya muerte también investiga Oyarbide. El titular de la AGN destacó la existencia de una organización terrorista paraestatal previa al golpe de Estado y la presencia de delitos de lesa humanidad antes de la dictadura militar.
En rigor, Despouy denunció este caso en enero de 1975, ante el Tribunal Russell reunido en Bruselas.
Ayer, el titular de la AGN dio detalles al juez Oyarbide sobre los secuestrados ocurridos en 1974 en Buenos Aires y los trasladados clandestinos al Uruguay, en el denominado "vuelo cero", según el testimonio del sobreviviente Julio Abreu ante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Por otro lado, Despouy recordó el apropiamiento ilegal del niño Amaral García Hernández por parte de un matrimonio vinculado con las fuerzas represivas argentinas. Este dato lo tomó del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata del caso de José Antonio Moreno y Lilian Dorothy Ramona Calderón, que inscribieron a Amaral como hijo propio con el nombre Juan Manuel Moreno. Los apropiadores fallecieron y el niño quedó al cuidado de los que figuraban como abuelos maternos.
Según Despouy, al morir éstos, el niño pasó a manos de un falso medio hermano que trabajaba en la SIDE y que lo llevó a Formosa. Allí fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de gestiones realizadas por sus familiares y por el senador uruguayo Germán Araujo
LA TRIPLE A
Despouy mencionó que los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Graciela Estefanell, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo aparecieron acribillados el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, en Uruguay.
Durante su testimonio, Despouy dejó en claro que el proceder de "la Triple A en todo el país, amparado por la estructura del Estado, dio lugar a secuestros y desapariciones previas al golpe de Estado de 1976".
El hijo de Zelmar Michelini que lleva su mismo nombre cerró el acto realizado el pasado miércoles recordando el Tribunal Russell II. "Chicho", como lo conocen los amigos fue categórico al decir que la victoria final será cuando se anule la Ley de Caducidad.
La República. Domingo 18 de julio de 2010. Por Víctor Carrato.
Zelmar Michelini (hijo) vive en París y trabaja en la agencia noticiosa France Press; junto a su hermana Isabel que reside en Argentina se sumaron a los ocho hermanos para participar en este acto recordatorio.
El miércoles pasado la Fundación Zelmar Michelini realizó un coloquio en la sala de conferencias del Teatro Solís que se vio colmada de público donde entre otros estuvieron presentes Juan Raúl Ferreira, el ex ministro del Interior Guillermo Stirling, Sara Méndez, el ex subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel Fernández Galeano y otras conocidas personalidades. La fecha del acontecimiento no fue casual, se trata del 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, la vieja cárcel de la aristocracia francesa liberada por el pueblo durante la revolución francesa de 1789.
La Dra. Hebe Martínez Burlé, defensora de los Derechos Humanos, en su intervención recordó una frase que luego fue retomada por Zelmar Michelini (hijo). "Alguien dijo, hace mucho tiempo, con palabras seguramente más lúcidas que las mías, que no había ni una victoria ni una derrota parciales; que las victorias eran finales y totales y las derrotas eran totales y finales. Nosotros, como a los chilenos, como a los brasileros, a los argentinos, como a ustedes (miembros del tribunal) aquí sentados, no nos asustan ni nos detienen ni nos conduelen las derrotas parciales que puedan sucederse. Tenemos tanta fe en nuestra lucha y tanta convicción en nuestras ideas y nuestro camino está tan lleno de mártires que sabemos que hay una victoria final y hacia ella estamos yendo", citó la abogada. Agregando enseguida que "No existen las cosas imposibles, sólo debemos desarrollar más fuerza para alcanzarlas...porque la única lucha que se pierde es la que no se dá."
"Chicho" Michelini retomó esta frase al cierre del coloquio, autocalificándose como "monotemático" para insistir en la necesidad de la anulación de la Ley de Caducidad.
Además, el hijo del senador asesinado en Buenos Aires en 1976 contó que cuando vivió con su padre en el Hotel Liberty, de la vecina orilla, se despertaba todas las mañanas con el ruido del teclado de la máquina de escribir en la cual su padre redactaba cartas denunciando la situación del Uruguay bajo la dictadura. Añadió que previo a la realización del Tribunal Russell II, se sumó el hecho que se dormía escuchando a su padre memorizando la intervención que iba a realizar en Roma.
Señaló también que su padre volvió de la capital italiana convencido de la importancia que tenía la denuncia internacional sobre la situación de violación e los derechos humanos en Uruguay en aquella época.
El profesor italiano Alberto Filippi, integrante de aquel Tribunal Russell II, llegó a Montevideo para recordar el acontecimiento histórico que se produjo en marzo de 1974, convocado por el profesor italiano Lelio Basso para investigar las violaciones de derechos humanos que se cometían en el Cono Sur en el marco de las dictaduras cívico-militares. En el tribual Russell II participaron entre otros los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar.
La moderadora del coloquio, ex subsecretaría de Relaciones Exteriores, Belela Herrera destacó que el discurso de Michelini en Roma "tendría que ser parte en todos los liceos del país".
El profesor Gerardo Caetano insistió en la "defensa de la libertad" por la cual siempre luchó Zelmar Michelini así como en la defensa de la democracia, lo que catalogó como las "coincidencias biográficas" entre el filósofo Bertrand Russell y el senador asesinado por la dictadura. "Las libertades son las pesadillas de la dictadura", insistió Caetano.
El historiador y politólogo resaltó la posición inclaudicable de Zelmar Michelini en la defensa de la libertad: "No hay ningún valor que pueda ser intercambiable a la verdad y a la justicia. Mucho menos el de la paz. Porque la paz no puede ser otra cosa que la expresión radical y la vigencia de la verdad y justicia.
Y esa lucha de construir una cultura de los derechos humanos como sustento de una visión humanista tiene que ser radical y tiene que servir para condenar cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga. Porque debe ser un compromiso radical. Ése es, entre otras cosas, el legado de Zelmar Michelini", dijo.
El abogado argentino Leandro Despouy, actual Presidente de la Auditoría General de la Nación argentina, abogado defensor de los Derechos Humanos que debió exiliarse durante la dictadura del vecino país, recordó la figura del senador Michelini y dijo que a pesar de tener que declarar el día siguiente ante tribunales argentinos no podía estar ausente en este coloquio.
La denuncia de Despouy
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Dr. Leandro Despouy, declaró ayer ante la Justicia por la existencia de secuestros y asesinatos ocurridos en 1974, antes de la dictadura militar y durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según consignó Despouy en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, en noviembre de 1974 hubo un operativo de represión coordinado entre las fuerzas armadas uruguayas y argentinas, que sería un antecedente del Plan Cóndor desplegado luego del golpe de Estado de 1976.
Este plan se habría montado con el aval de la organización terrorista para estatal Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A y liderada por el entonces ministro de Bienestar del peronismo, José López Rega.
En esa causa se denunció el secuestro y asesinato de Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica y de otros ciudadanos uruguayos. A la vez, Despouy hizo una descripción detallada de las circunstancias en las que tomó conocimiento del asesinato de Silvio Frondizi, cuya muerte también investiga Oyarbide. El titular de la AGN destacó la existencia de una organización terrorista paraestatal previa al golpe de Estado y la presencia de delitos de lesa humanidad antes de la dictadura militar.
En rigor, Despouy denunció este caso en enero de 1975, ante el Tribunal Russell reunido en Bruselas.
Ayer, el titular de la AGN dio detalles al juez Oyarbide sobre los secuestrados ocurridos en 1974 en Buenos Aires y los trasladados clandestinos al Uruguay, en el denominado "vuelo cero", según el testimonio del sobreviviente Julio Abreu ante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Por otro lado, Despouy recordó el apropiamiento ilegal del niño Amaral García Hernández por parte de un matrimonio vinculado con las fuerzas represivas argentinas. Este dato lo tomó del archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata del caso de José Antonio Moreno y Lilian Dorothy Ramona Calderón, que inscribieron a Amaral como hijo propio con el nombre Juan Manuel Moreno. Los apropiadores fallecieron y el niño quedó al cuidado de los que figuraban como abuelos maternos.
Según Despouy, al morir éstos, el niño pasó a manos de un falso medio hermano que trabajaba en la SIDE y que lo llevó a Formosa. Allí fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de gestiones realizadas por sus familiares y por el senador uruguayo Germán Araujo
LA TRIPLE A
Despouy mencionó que los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Graciela Estefanell, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo aparecieron acribillados el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, en Uruguay.
Durante su testimonio, Despouy dejó en claro que el proceder de "la Triple A en todo el país, amparado por la estructura del Estado, dio lugar a secuestros y desapariciones previas al golpe de Estado de 1976".
viernes, 16 de julio de 2010
Cómo transmitir en el aula experiencias extremas
Por Oscar Destouet (*)
Desde tiempos inmemoriales los hombres vienen debatiendo abiertamente o en forma silenciosa como vivir en colectivo. De que manera mejor relacionarse entre si y definir un ideal de convivencia pacífica. Todas las sociedades se han puesto reglas y han marcado normas y dogmas. Desde las de carácter religioso, en función que las plantean como dictadas por un dios o aquellas acordadas por la ley, la tradición o las costumbres. No son debates de académicos, aunque estos intervengan, sino lo son de los colectivos sociales. Las familias, los grupos de pares, las religiones, los agrupamiento sociales y el Estado a través de la educación, la justicia y el poder coactivo, tendrán la tarea de construirlas, reproducirlas y lentamente modificarlas.
Hay normas como el No matarás que han perdurado milenios.
Las rupturas de las normas y tradiciones de convivencia son procesos de larga duración que en algunos momentos afloran con máxima crueldad y ayudan a dimensionar lo perdido y el reconocer hasta donde los hombres y mujeres pueden llegar con su capacidad destructora. También las situaciones extremas nos permiten aquilatar los mejores valores de convivencia y solidaridad humana.
Superado el momento de mayor exposición crítica a situaciones límites comienza el difícil período de “narrar” lo vivido. Aquí afloran nuevamente variados comportamientos humanos. Algunos pretenderán no asumir la experiencia y propondrán olvidar, otros negarán los extremos vividos, mientras que otros, con múltiples variantes, pretenderán reconocer, recordar y aprender.
Como construir memoria de situaciones extremas involucra variados actores y muchas preguntas. Hubo víctimas y victimarios pero también estaban los indiferentes, los colaboradores indirectos, y las personas solidarias comprometidas con su tiempo y la gente que los rodeaba. Todos los hombres y mujeres ocuparon un lugar, un rol determinado y hasta el no ocupar ningún rol, significaba un rol. Por lo cual serán probablemente interpelados por las generaciones posteriores que se ocuparán en conocer lo que sucedió y compartir una memoria democrática.
En el clásico libro de Tzvetan Todorov “Los abusos de la memoria” nos habla de memoria literal y memoria ejemplar. De esta última destaca su potencialidad liberadora. Interpreta que el recurso a las lecciones del pasado permite aprender de las injusticias para estar alertas ante situaciones análogas.
Es ejemplar la memoria cuando extraigo una lección de ese pasado que se convierte en principio de acción para el presente. El uso literal de la memoria convierte al recuerdo en algo insuperable. El uso compartido permite usar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para irse hacia el otro.
La memoria nos enseña qué olvidar y qué recordar. No se trata de recordar todo, porque eso podrá impedirnos vivir. Se trata más bien de, al decir de Gamio Gehri “desvelar la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables (..de modo que) la víctima recupere realmente su condición de ciudadano” .
Lo que se busca con la memoria es el aprendizaje en el sentido ético – político. Si sacralizamos la memoria, como ha sucedido en reiterados momentos en nuestra historia –pensemos en el Mausoleo a Artigas en Plaza Independencia- es otro modo de hacerla estéril.
El Siglo XX ha sido el siglo de mayor y más acelerado progreso científico y social en la historia de la humanidad. El hombre logró el sueño de caminar sobre la Luna, el 51% de la población mundial, o sea las mujeres, han visto reconocer algunos de sus derechos por primera vez, la esclavitud es condenada por las legislaciones de todo el mundo. Nada ha sido de regalo, todo ha costado un gran sacrificio de muchos y muchas, y muchísimo tiempo.
También el siglo XX ha sido testigo de las peores tragedias y crímenes en la historia de la humanidad: fue en el único momento en el que un Estado lanzó en dos oportunidades una bomba atómica; fue también el tiempo del Apartheid en Sudáfrica; los Detenidos Desaparecidos en América Latina; el genocidio al pueblo Armenio; las guerras con armas químicas y bacteriológicas; las purgas y asesinatos Stalinistas, y más cercano en el tiempo Rwanda, entre otras atroces violaciones a los derechos humanos.
Un crimen aberrante y paradigmático lo fue el intento de exterminio al pueblo Judío, por el régimen nazi. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y adolescentes, sólo por ser de origen judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron matados inmediatamente, otros fueron humillados, maltratados, torturados y se los quiso privar completamente de su dignidad humana, y al fin matados. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y los sobrevivientes permanecieron aterrorizados durante toda la vida. Esto fue la Shoá: uno de los principales dramas de la historia de este siglo, un hecho que nos atañe todavía hoy.
Estamos hablando del episodio histórico más documentado de la historia reciente. Y para colmo, en la actualidad, disponemos de casi todas las evidencias a un clic a través de Internet. A quienes no se conformen con ello, y además de "documentarse", quieran ver con sus propios ojos los vestigios del horror, no hace falta que recorran las barracas del campo de exterminio de Birkenau, basta con una visita al cementerio judío de Varsovia. Un predio vastísimo, doscientas cincuenta mil tumbas, en un estado de abandono absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido allí por 1943. Desde aquel entonces, aquellas miles de tumbas quedaron sin nadie que las visite.
La planificación de un genocidio por parte de sus perpetradores siempre conlleva dos aspectos bien definidos: por un lado, la destrucción física del grupo humano elegido como enemigo; por el otro, la estrategia de absoluta impunidad que habrá de imponerse a continuación, no sólo para sortear cualquier tipo de enjuiciamiento criminal, sino también para perpetuar los efectos del exterminio en la cultura imperante.
Se procura erradicar no sólo su existencia, también su historia, su cultura, sus raíces. Es que si aquel pueblo jamás existió, entonces tampoco tuvo lugar su criminal desaparición.
El testimonio es el arma que destruye el olvido y la negación y mantiene en presente el pasado. Será el relato quien abra el camino a la búsqueda de la verdad. “Siempre tuve presente que los que sobrevivimos a la hecatombe nazi tenemos el deber de narrar nuestra historia”, manifestó en 1987 la sobreviviente uruguaya nacida en Polonia Ana Vinocur siendo Secretaria General del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay. “Es un triste recuerdo o terrible pesadilla, pero es necesario relatarlo para que las futuras generaciones no permitan que esto se repita jamás”.
El adueñarse del pasado adquiere símbolo liberador cuando apela a la verdad de lo sucedido o como dominador para no permitir aprender. La lucha por la memoria es una lucha política e ideológica siempre planteada desde el presente. Sólo la verdad contribuye a fortificar hombres libre y una identidad férrea separando de nuestras mentes y acciones, por lo menos, lo que no queremos.
Theodor Adorno no se cansa en repetir que la primera exigencia en toda educación es que Auschwitz no se repita nunca más. La consigna “Nunca Más” se ha transformado en el lema rector frente a toda violación de los derechos humanos. Con ella finalizó su alegato el fiscal Strasera en el juicio a las Juntas Militares responsables del terrorismo de estado en la República Argentina en las décadas del ’70 y principios del ’80.
El genocidio desarrollado por los nazis se ha constituido en el principal “laboratorio” frente a los problemas del exterminio sistemático, serial, de grandes masas de población. Esa instancia histórica inauguró la posibilidad de aplicar las prácticas propias de la industrialización a la producción del asesinato colectivo.
Rodrigo Gómez nos recuerda su pasaje por la cárcel clandestina de la base aérea de Boisso Lanza durante el Terrorismo de Estado en nuestro país “Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 teniendo yo 4 semanas de gestado. Fuimos sometidos a torturas durante gran parte de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, recrudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. Una vez en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados con sesiones de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el horrible tormento al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible para que no naciera” .
Nada es comparable en la historia, cada hecho tiene su tiempo y espacio específico pero los hombres aprendemos de lo bueno y de lo malo de las construcciones humanas. La ideología y logística de la muerte nazi enseñó a civiles y militares a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Lo sigue haciendo hoy. Es obligación prevenirnos y prevenir.
También aprendemos solidaridad, compañerismo, heroicidad. El Siglo XXI será ético o no será, es el gran desafío que tenemos.
La Shoá no fue/ no es un problema de los judíos ni el Apartheid un problema de negros, ni los desaparecidos cosa de subversivos izquierdistas uruguayos o argentinos, son temas de la condición humana que todos tenemos la responsabilidad de desterrar.
Podemos debatir qué sociedad queremos pero lo que ya no debe estar en debate es lo que no queremos ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Definir y asumir claramente los límites de lo humano y las garantías para una convivencia pacífica y armoniosa, reconociendo la diversidad humana.
La construcción de puentes entre el presente y pasado garantizará una cimentación profunda y fuerte del futuro. La necesidad del fortalecimiento de la dignificación humana es, tal vez, la única certeza que permanece en el Siglo XXI.
“A la tristeza queremos que la acompañe la esperanza” reza una de las estelas del Memorial al Holocausto del Pueblo Judío de la Rambla de Montevideo en palabras de Elie Wiesel.
Para finalizar quisiera compartir con ustedes un documento, que como dice Wiesel desde la tristeza nos conduce a la esperanza.
Montevideo, Marzo 3 de 1946
Yo el abajo firmante Juan Boris Gurewitsh Blimowitsh, de nacionalidad rusa, nacido el 6 de agosto de 1909 en Moscú, de estado soltero y domiciliado en esta capital en la calle 25 de mayo 707 Ap. 9 con cédula de identidad 461.200 vengo a solicitar el correspondiente permiso de inmigración en esta ciudad de mi Srta. Novia Anna Herzberg Schenk de nacionalidad alemana, nacida el 12 de diciembre de 1913 en la ciudad de Celle, residente en Hamburgo. Después de 4 (cuatro) años sin ninguna noticia, ahora recibí una carta que ella había sobrevivido la catástrofe, y que quería venir a Montevideo para contraer enlace con el suscrito.
Montevideo, Mayo 8 de 1946
Le ruego quisiera Ud. poner toda su atención sobre una solicitud hecha por el Sr. Gurewitsh, artista de gran talento que colabora en la Revista que dirijo.
Se que el Sr. Gurewitsh, espero durante años en esta ciudad la terminación de la guerra para hacer venir a su novia la Srta. Anna Herzberg, para contraer enlace en Montevideo. Vive con esa preocupación y está ansioso de poder realizar su sueño. Yo le ruego haga Ud. por el artista y amigo, cuanto este a su alcance para que sus deseos se cumplan.
Gracias por todo,
Orestes Baroffio
Director de Mundo Uruguayo, Revista Semanal fundada en 1919
Muchas gracias,
--------------
(*) Ponencia realizada ayer jueves 15 de julio de 2010 en el Seminario Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué trasmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas" organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad ORT de Uruguay en el IMPO.
Desde tiempos inmemoriales los hombres vienen debatiendo abiertamente o en forma silenciosa como vivir en colectivo. De que manera mejor relacionarse entre si y definir un ideal de convivencia pacífica. Todas las sociedades se han puesto reglas y han marcado normas y dogmas. Desde las de carácter religioso, en función que las plantean como dictadas por un dios o aquellas acordadas por la ley, la tradición o las costumbres. No son debates de académicos, aunque estos intervengan, sino lo son de los colectivos sociales. Las familias, los grupos de pares, las religiones, los agrupamiento sociales y el Estado a través de la educación, la justicia y el poder coactivo, tendrán la tarea de construirlas, reproducirlas y lentamente modificarlas.
Hay normas como el No matarás que han perdurado milenios.
Las rupturas de las normas y tradiciones de convivencia son procesos de larga duración que en algunos momentos afloran con máxima crueldad y ayudan a dimensionar lo perdido y el reconocer hasta donde los hombres y mujeres pueden llegar con su capacidad destructora. También las situaciones extremas nos permiten aquilatar los mejores valores de convivencia y solidaridad humana.
Superado el momento de mayor exposición crítica a situaciones límites comienza el difícil período de “narrar” lo vivido. Aquí afloran nuevamente variados comportamientos humanos. Algunos pretenderán no asumir la experiencia y propondrán olvidar, otros negarán los extremos vividos, mientras que otros, con múltiples variantes, pretenderán reconocer, recordar y aprender.
Como construir memoria de situaciones extremas involucra variados actores y muchas preguntas. Hubo víctimas y victimarios pero también estaban los indiferentes, los colaboradores indirectos, y las personas solidarias comprometidas con su tiempo y la gente que los rodeaba. Todos los hombres y mujeres ocuparon un lugar, un rol determinado y hasta el no ocupar ningún rol, significaba un rol. Por lo cual serán probablemente interpelados por las generaciones posteriores que se ocuparán en conocer lo que sucedió y compartir una memoria democrática.
En el clásico libro de Tzvetan Todorov “Los abusos de la memoria” nos habla de memoria literal y memoria ejemplar. De esta última destaca su potencialidad liberadora. Interpreta que el recurso a las lecciones del pasado permite aprender de las injusticias para estar alertas ante situaciones análogas.
Es ejemplar la memoria cuando extraigo una lección de ese pasado que se convierte en principio de acción para el presente. El uso literal de la memoria convierte al recuerdo en algo insuperable. El uso compartido permite usar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para irse hacia el otro.
La memoria nos enseña qué olvidar y qué recordar. No se trata de recordar todo, porque eso podrá impedirnos vivir. Se trata más bien de, al decir de Gamio Gehri “desvelar la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables (..de modo que) la víctima recupere realmente su condición de ciudadano” .
Lo que se busca con la memoria es el aprendizaje en el sentido ético – político. Si sacralizamos la memoria, como ha sucedido en reiterados momentos en nuestra historia –pensemos en el Mausoleo a Artigas en Plaza Independencia- es otro modo de hacerla estéril.
El Siglo XX ha sido el siglo de mayor y más acelerado progreso científico y social en la historia de la humanidad. El hombre logró el sueño de caminar sobre la Luna, el 51% de la población mundial, o sea las mujeres, han visto reconocer algunos de sus derechos por primera vez, la esclavitud es condenada por las legislaciones de todo el mundo. Nada ha sido de regalo, todo ha costado un gran sacrificio de muchos y muchas, y muchísimo tiempo.
También el siglo XX ha sido testigo de las peores tragedias y crímenes en la historia de la humanidad: fue en el único momento en el que un Estado lanzó en dos oportunidades una bomba atómica; fue también el tiempo del Apartheid en Sudáfrica; los Detenidos Desaparecidos en América Latina; el genocidio al pueblo Armenio; las guerras con armas químicas y bacteriológicas; las purgas y asesinatos Stalinistas, y más cercano en el tiempo Rwanda, entre otras atroces violaciones a los derechos humanos.
Un crimen aberrante y paradigmático lo fue el intento de exterminio al pueblo Judío, por el régimen nazi. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y adolescentes, sólo por ser de origen judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos fueron matados inmediatamente, otros fueron humillados, maltratados, torturados y se los quiso privar completamente de su dignidad humana, y al fin matados. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y los sobrevivientes permanecieron aterrorizados durante toda la vida. Esto fue la Shoá: uno de los principales dramas de la historia de este siglo, un hecho que nos atañe todavía hoy.
Estamos hablando del episodio histórico más documentado de la historia reciente. Y para colmo, en la actualidad, disponemos de casi todas las evidencias a un clic a través de Internet. A quienes no se conformen con ello, y además de "documentarse", quieran ver con sus propios ojos los vestigios del horror, no hace falta que recorran las barracas del campo de exterminio de Birkenau, basta con una visita al cementerio judío de Varsovia. Un predio vastísimo, doscientas cincuenta mil tumbas, en un estado de abandono absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido allí por 1943. Desde aquel entonces, aquellas miles de tumbas quedaron sin nadie que las visite.
La planificación de un genocidio por parte de sus perpetradores siempre conlleva dos aspectos bien definidos: por un lado, la destrucción física del grupo humano elegido como enemigo; por el otro, la estrategia de absoluta impunidad que habrá de imponerse a continuación, no sólo para sortear cualquier tipo de enjuiciamiento criminal, sino también para perpetuar los efectos del exterminio en la cultura imperante.
Se procura erradicar no sólo su existencia, también su historia, su cultura, sus raíces. Es que si aquel pueblo jamás existió, entonces tampoco tuvo lugar su criminal desaparición.
El testimonio es el arma que destruye el olvido y la negación y mantiene en presente el pasado. Será el relato quien abra el camino a la búsqueda de la verdad. “Siempre tuve presente que los que sobrevivimos a la hecatombe nazi tenemos el deber de narrar nuestra historia”, manifestó en 1987 la sobreviviente uruguaya nacida en Polonia Ana Vinocur siendo Secretaria General del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay. “Es un triste recuerdo o terrible pesadilla, pero es necesario relatarlo para que las futuras generaciones no permitan que esto se repita jamás”.
El adueñarse del pasado adquiere símbolo liberador cuando apela a la verdad de lo sucedido o como dominador para no permitir aprender. La lucha por la memoria es una lucha política e ideológica siempre planteada desde el presente. Sólo la verdad contribuye a fortificar hombres libre y una identidad férrea separando de nuestras mentes y acciones, por lo menos, lo que no queremos.
Theodor Adorno no se cansa en repetir que la primera exigencia en toda educación es que Auschwitz no se repita nunca más. La consigna “Nunca Más” se ha transformado en el lema rector frente a toda violación de los derechos humanos. Con ella finalizó su alegato el fiscal Strasera en el juicio a las Juntas Militares responsables del terrorismo de estado en la República Argentina en las décadas del ’70 y principios del ’80.
El genocidio desarrollado por los nazis se ha constituido en el principal “laboratorio” frente a los problemas del exterminio sistemático, serial, de grandes masas de población. Esa instancia histórica inauguró la posibilidad de aplicar las prácticas propias de la industrialización a la producción del asesinato colectivo.
Rodrigo Gómez nos recuerda su pasaje por la cárcel clandestina de la base aérea de Boisso Lanza durante el Terrorismo de Estado en nuestro país “Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 teniendo yo 4 semanas de gestado. Fuimos sometidos a torturas durante gran parte de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, recrudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. Una vez en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados con sesiones de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el horrible tormento al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible para que no naciera” .
Nada es comparable en la historia, cada hecho tiene su tiempo y espacio específico pero los hombres aprendemos de lo bueno y de lo malo de las construcciones humanas. La ideología y logística de la muerte nazi enseñó a civiles y militares a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Lo sigue haciendo hoy. Es obligación prevenirnos y prevenir.
También aprendemos solidaridad, compañerismo, heroicidad. El Siglo XXI será ético o no será, es el gran desafío que tenemos.
La Shoá no fue/ no es un problema de los judíos ni el Apartheid un problema de negros, ni los desaparecidos cosa de subversivos izquierdistas uruguayos o argentinos, son temas de la condición humana que todos tenemos la responsabilidad de desterrar.
Podemos debatir qué sociedad queremos pero lo que ya no debe estar en debate es lo que no queremos ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Definir y asumir claramente los límites de lo humano y las garantías para una convivencia pacífica y armoniosa, reconociendo la diversidad humana.
La construcción de puentes entre el presente y pasado garantizará una cimentación profunda y fuerte del futuro. La necesidad del fortalecimiento de la dignificación humana es, tal vez, la única certeza que permanece en el Siglo XXI.
“A la tristeza queremos que la acompañe la esperanza” reza una de las estelas del Memorial al Holocausto del Pueblo Judío de la Rambla de Montevideo en palabras de Elie Wiesel.
Para finalizar quisiera compartir con ustedes un documento, que como dice Wiesel desde la tristeza nos conduce a la esperanza.
Montevideo, Marzo 3 de 1946
Yo el abajo firmante Juan Boris Gurewitsh Blimowitsh, de nacionalidad rusa, nacido el 6 de agosto de 1909 en Moscú, de estado soltero y domiciliado en esta capital en la calle 25 de mayo 707 Ap. 9 con cédula de identidad 461.200 vengo a solicitar el correspondiente permiso de inmigración en esta ciudad de mi Srta. Novia Anna Herzberg Schenk de nacionalidad alemana, nacida el 12 de diciembre de 1913 en la ciudad de Celle, residente en Hamburgo. Después de 4 (cuatro) años sin ninguna noticia, ahora recibí una carta que ella había sobrevivido la catástrofe, y que quería venir a Montevideo para contraer enlace con el suscrito.
Montevideo, Mayo 8 de 1946
Le ruego quisiera Ud. poner toda su atención sobre una solicitud hecha por el Sr. Gurewitsh, artista de gran talento que colabora en la Revista que dirijo.
Se que el Sr. Gurewitsh, espero durante años en esta ciudad la terminación de la guerra para hacer venir a su novia la Srta. Anna Herzberg, para contraer enlace en Montevideo. Vive con esa preocupación y está ansioso de poder realizar su sueño. Yo le ruego haga Ud. por el artista y amigo, cuanto este a su alcance para que sus deseos se cumplan.
Gracias por todo,
Orestes Baroffio
Director de Mundo Uruguayo, Revista Semanal fundada en 1919
Muchas gracias,
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(*) Ponencia realizada ayer jueves 15 de julio de 2010 en el Seminario Memorias colectivas: ¿Cómo y para qué trasmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas" organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad ORT de Uruguay en el IMPO.
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni