Haber logrado
que más de un centenar de represores de la dictadura haya sido juzgado,
procesado y/o formalizado es un inmenso logro de la sociedad democrática uruguaya.
Este hecho no
puede ser pasado por alto ni tampoco minimizado. Han sido juzgados como
corresponde en un Estado de Derecho. Han gozado de todas las garantías del
debido proceso. Se les ha tolerado, una y otra vez, las múltiples artimañas
dilatorias. Al cabo de muchos años de movilización, se ha logrado destrozar la
muralla de impunidad. La impunidad fue acordada con ellos, en su momento, por sectores
de la derecha uruguaya y los dueños del poder.
La declaración
de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de
Justicia en octubre del año 2009, el pronunciamiento de la Corte Interamericana
de DDHH en febrero del año 2011, Sentencia Gelman vs Uruguay, el
restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado mediante la aprobación de
la Ley 18 831, fueron pasos decisivos y fundamentales.
Es cierto. No
han recibido el castigo que merecerían por la cuantía y la gravedad de los
delitos cometidos, por el daño y el dolor ocasionado. Hubo y hay, grandes
dificultades con el máximo órgano del Poder Judicial. La justicia ha sido
demasiado lenta. Por eso mismo, tampoco se les ha podido aplicar la
tipificación penal propia de las normas de derechos humanos. Los que cumplen
sus penas lo hacen en centros de detención con las debidas condiciones, que en
la realidad uruguaya son excepcionales. Muchos, con edad avanzada y
enfermedades, lo hacen en sus casas. Gozan del beneficio de la prisión
domiciliaria propio de un sistema democrático.
Mintieron y nunca colaboraron con la justicia
Los árboles no
deben impedirnos la visión del bosque: a pesar de lo acordado con los dueños
del poder y sectores de la derecha al comienzo de la transición democrática, a
pesar de la Ley de Caducidad, a pesar de las décadas transcurridas, de las
amenazas, bombas, trampas legales y extorsiones de todo tipo, un contingente
numeroso de criminales del terrorismo de Estado han sido sancionados penalmente.
Un inmenso logro. Una enorme satisfacción.
Por encima de
todo: una auténtica lección práctica con vistas al presente y al futuro para
todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas: los golpistas, los
apropiadores, los asesinos, los torturadores, los violadores, los represores,
más tarde o más temprano, serán juzgados y condenados.
A lo largo de
todos estos años mintieron descaradamente en todos los foros y en todos los
ámbitos. Aunque durante más de 20 años disfrutaron de las garantías otorgadas
por la Ley de Caducidad, ninguno dio muestras de arrepentimiento, jamás
colaboraron con la justicia y ocultaron, hasta el día de hoy, toda la
información relativa a los Detenidos Desaparecidos. Ningún resto, hasta el
momento, fue localizado por información proveniente de los detenidos.
Siendo
personas adultas terminarán con sus pobres vidas en prisión. Como corresponde.
No es venganza como vocifera el encubridor de Gavazzo, el general retirado
Guido Manini Ríos: es justicia, básica y elemental justicia en un Estado de
derecho.
Con todos
estos pronunciamientos judiciales y con los próximos, aún existen muchos
represores sin haber sido imputados, no
hemos acabado con la impunidad. Lo tenemos claro. Pero Uruguay es un país más
justo y más democrático, donde los terroristas estatales, los peores criminales
en la historia, terminan no solo repudiados socialmente sino, fundamentalmente,
sancionados penalmente, con sus huesos en prisión.
La movilización popular fue decisiva
No se hubiera
alcanzado sin la movilización y el apoyo del movimiento sindical, del Pit Cnt, de los cooperativistas, de Fucvam, de la FEUU, de decenas de organizaciones
sociales y de sectores políticos de avanzada que gravitan fuertemente en la
realidad uruguaya. Es un inmenso logro al cual nosotros como Crysol hemos
contribuido enormemente.
Como colectivo
organizado estuvimos y estamos seriamente comprometidos con la libertad y la
democracia. La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los
derechos humanos es el camino de la verdad, de la justicia, de la debida
reparación, de la afirmación democrática y de evitar que esos crímenes vuelvan
a ocurrir. Para afirmar la democracia. Por el bien de todas y de todos.
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Opinando N° 7
– Año 13 – Viernes 6 de diciembre de 2024
