El
general retirado Lezama declarará a principio de febrero en el marco de la
causa que investiga el homicidio de Bleier
La
Diaria - 26 de enero de 2020 - Escribe: Camila Zignago en Política nacional
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Retrato de Eduardo Bleier, en manos de su hijo Gerardo (archivo, diciembre de 2015). |
El fiscal Perciballe lo
citó en calidad de indagado por su participación en el OCOA y el centro
clandestino 300 Carlos.
En noviembre de 2019 se
llevó a cabo una incautación en el domicilio del general retirado Juan Alberto
Lezama, a pedido de Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa
humanidad. La acción tuvo lugar por los indicios presentados por Gerardo Bleier
–hijo de uno de los detenidos desaparecidos en dictadura, Eduardo Bleier– de
que en la vivienda había documentación relacionada con el rol que cumplió
Lezama en el período dictatorial, en particular durante 1975 y 1976. La
intención de la búsqueda surgió a partir de información brindada por un
familiar del acusado.
Lezama fue denunciado por
participar en interrogatorios durante el terrorismo de Estado, por tener
conocimiento del proceso y el destino de cada uno de los detenidos
desaparecidos en el marco de la Operación Morgan, así como por haber
intervenido en la captura de Eduardo Bleier. Actualmente vive en Islas
Canarias.
En diálogo con la diaria,
Perciballe dijo que, una vez realizado el allanamiento, se hizo un estudio
preliminar de la documentación y luego se la puso a disposición del equipo de
Dirección de Proyectos Internos –que trabajan como apoyo de la Fiscalía– y la
dependencia del Poder Judicial que se dedica a digitalizar los expedientes de
la justicia militar: Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar.
Esta dependencia también se encarga de los archivos encontrados en la casa del
teniente coronel retirado José Nino Gavazzo. Hasta el momento, los documentos
de Lezama no se han terminado de digitalizar. Cuando suceda, se hará un
análisis que, según Perciballe, “no es sencillo”, para finalmente producir un
informe.
Luego de la incautación se
efectuó una audiencia, debido a que uno de los documentos hallados era un
croquis que podría corresponder a entierros clandestinos. Perciballe sostuvo
que aún no tienen una respuesta, pero que está siendo analizado por la antropóloga
Alicia Lusiardo junto con el juzgado.
Un cúmulo de los archivos
incautados se relaciona con el 300 Carlos, el mayor centro de tortura y
detención del período dictatorial. Como consecuencia de la diversa
documentación encontrada y por “saber que Lezama era un integrante del OCOA
[Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”, señaló Perciballe, se
solicitó una citación para que declare. Según el fiscal, el indagado sigue en
Islas Canarias –también estaba allí cuando se hizo el allanamiento– y tiene
problemas de salud, pero sus abogados estarían tramitando su venida a Uruguay.
Perciballe confirmó que Lezama está citado a declarar para comienzos de
febrero. Perciballe explicó que si no se presenta a esa instancia, se pediría
una captura internacional o nacional, según el caso.
Las causas para la
detención son varias: su actuación en el OCOA, su actividad en el 300 Carlos y
el conocimiento que podría tener sobre las desapariciones de integrantes del
Partido Comunista (PCU).
Las
causas en detalle
La Operación Morgan
configuró una intensa persecución, la detención y la tortura de integrantes del
PCU y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fundamentalmente entre 1975 y
1976. Las acciones eran comandadas desde el OCOA, que tenía a su disposición uno
de los equipos del Servicio de Información de Defensa, dependiente de la Junta
de Comandantes en Jefe. Antes, desde 1973 hasta finales del 1975, la represión
contra el PCU y la UJC se llevaba a cabo desde la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia.
El centro 300 Carlos,
también conocido como Infierno Grande, funcionó de 1975 a 1977, y se estima que
más de 500 personas estuvieron detenidas allí. El nombre podría relacionarse
con el número de comunistas detenidos y Carlos Marx. En ese período, el complejo
militar se fraccionaba en tres unidades: el Servicio Material de Armamento
(SMA), el Batallón de Infantería Nº 13 y el Batallón de Comunicaciones Nº 5 (o
Ingeniería Nº 5). Las tres dependían del Comando General del Ejército.
A Eduardo Bleier y Fernando
Miranda los llevaron al SMA. Luego fueron trasladados al Batallón 13, donde
posteriormente se encontrarían sus restos. A Lezama se lo vincula con ambos
casos y con todo lo vinculado a la Operación Morgan. En este marco, según
Presidencia, fueron nueve los detenidos desaparecidos del PCU y 16 los
detenidos muertos durante la reclusión.
Según el semanario Brecha,
Lezama, como jefe de la División de Informaciones del OCOA, se encargaba
específicamente de interrogar, evaluar la información, analizar los testimonios
y relacionarlos con los de los otros detenidos, para así elaborar listas de
peligrosidad. También se lo asocia con el desarrollo de ese mismo papel en las
represiones que, en 1977, tuvieron como destino final el centro La Tablada. Aun
así, su participación en distintos ángulos de la dictadura, según Brecha, fue
desde 1972 hasta 1978.
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