Por Leonardo Haberkorn - El Observador - 8 6 19
La Fuerza Aérea inició
este jueves un nuevo Tribunal de Honor a uno de sus oficiales, acusado de
crímenes en la dictadura. Se trata del coronel retirado Enrique Ribero,
condenado por la muerte del militante comunista Ubagesner Chaves.
A diferencia de la actitud
mantenida por el Ejército, la Fuerza Aérea ha intentado alinearse con el Poder
Judicial y no defender, explícita o implícitamente, a quienes tienen condenas
por actos violatorios de los derechos humanos.
Mientras en el Ejército un
Tribunal de Honor le llevó la contra al Poder Judicial desconociendo sus
sentencias y no consideró un deshonor que José Gavazzo hiciera desaparecer el
cuerpo de un detenido muerto bajo sus órdenes y que gaseara a otro, la Fuerza
Aérea acaba de concluir otro Tribunal de Honor al coronel José Uruguay Araújo,
alineándose cien por ciento con la justicia.
Ese Tribunal de Honor
determinó que Araújo -en un fallo que fue homologado en estos días por el
presidente Tabaré Vázquez– incurrió en una descalificación “por falta
gravísima” en los hechos que derivaron en la muerte Chaves en la base de Boiso
Lanza en 1976.
El fallo recuerda que
Araújo, lo mismo que Ribero, está condenado por la justicia por el homicidio de
Chaves, un obrero metalúrgico y dirigente sindical que tenía 37 años al ser
detenido y era padre de una niña de tres años.
A pesar de que tanto
Araújo como Ribero nunca han admitido su culpabilidad, en la Fuerza Aérea primó
el criterio de que existiendo una sentencia judicial, ratificada además en
segunda y tercera instancia, ya no hay nada que discutir, dijeron fuentes del
Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea.
Sin embargo, los intentos
de la Fuerza Aérea por dar vuelta la página quizás no resulten tan rápidos y
sencillos.
Insisten en su inocencia
El Tribunal de Honor de
Ribero, que comenzó el jueves, se procesa en un clima muy especial.
Por un lado, ocurre en
forma simultánea con el pedido de procesamiento del propio Ribero y de otros
oficiales de la Fuerza Aérea acusados de torturar entre 1972 y 1976
Pero al mismo tiempo, el
abogado del militar, Carlos Bustamente, se apresta a reclamar ante la Suprema
Corte de Justicia la revisión de la condena de su defendido por la muerte de
Chaves.
La revisión es un recurso
extremo que se presenta cuando ya existe una condena firme. Para que tenga
andamiento, el condenado tiene que aportar nuevas pruebas que de un modo
categórico demuestren su inocencia.
Eso es lo que pretende
Ribero, quien lleva más de ocho años preso por ese caso.
Tanto Araújo –que también
cumplió funciones en el Servicio de Información de Defensa– como Ribero aseguran estar pagando la culpa de otros en
lo que respecta a la muerte de Chaves.
Ribero fue condenado por
ese crimen en base al testimonio Gerardo Barrios, otro de los prisioneros de
Boiso Lanza.
“En determinado momento
–dijo Barrios en el juzgado– se cansan de torturarnos y me acuerdo que Ribero
le decía a uno de los oficiales ‘vamos al casino a tomarnos una’. Dejan un soldado
de custodia, se hace silencio y en determinado momento quedo parado contra la
pared, Chaves tirado en la parrilla porque no podía estar de pie y empiezo a
notar que la respiración de Chaves es mala; yo me doy cuenta y grito a la
guardia que está mal, llaman al oficial y vienen un par de ellos comprueba que
está mal porque llaman un médico (...) A todo esto yo sigo parado ahí. Veo que
entra el médico y puedo ver que el médico ausculta a Chaves y le dice a Ribero
que está ahí: ‘sí, es el bobo’”.
Según la sentencia del
caso, “existe prueba suficiente que acredita sus participaciones en calidad de
autor a Ribero y de coautor a Araújo, del homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
El primero por haber contribuido eficientemente en la aplicación de torturas que
determinaron el fallecimiento del detenido y el segundo en tanto dirigió y
facilitó la realización de tales apremios físicos”.
“La Justicia ordinaria nos
condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo
continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”
José Uruguay Araújo, en el
escrito presentado al entonces comandante Zanelli
La sentencia establece
también que “no son los encausados los únicos responsables. Los testigos
refirieron a numerosos oficiales que participaban en hechos similares a los que
llevaron a la muerte a Chaves e incluso Barrios hace referencia a la presencia
de varios oficiales cuando eran torturados alternativamente él y Chaves, pero
no existen elementos probatorios suficientes para lograr individualizar otros
responsables”.
Sin embargo, Araújo en
2017 y Ribero en 2018 se presentaron ante el entonces comandante de la Fuerza
Aérea, el general del aire Alberto Zanelli, con sendos escritos y documentos
con los que pretendían probar su inocencia.
“La Justicia ordinaria nos
condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo
continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”,
dice el escrito presentado por Araújo, al que tuvo acceso El Observador.
“El deshonroso hecho
–agrega– fue cometido por un coronel, un teniente coronel y un mayor de la
Fuerza Aérea, quienes direccionaron sus declaraciones con el claro objetivo de
inculpar a un superior en el juicio”.
Más adelante los identifica
con nombre y apellido y con los grados que tenían al momento de la muerte de
Chaves: teniente coronel Víctor Balbi, capitán Hugo Spinatelli y teniente
Alejandro López Vila.
“La actuación de estos
tres oficiales, Balbi, Spinatelli y López, al haber descargado sus culpas sobre
sus superiores, crearon un pésimo antecedente para la Fuerza Aérea, el cual
debería corregirse (...) Los mencionados antepusieron su interés personal a la
lealtad a la institución y el honor de la misma”, agrega el documento.
Los tres militares
señalados por Araújo –Balbi, Spinatelli y López Vila– habían declarado en su
momento en el juicio por la muerte de Chaves, pero negaron toda vinculación con
el caso y la justicia no encontró elementos para procesarlos.
Según consta en el expediente
judicial, Balbi dijo que nunca vio a ningún detenido en Boiso Lanza, algo que
fue reconocido incluso por varios de sus colegas. En cuanto a Chaves dijo no
saber nada: “Pasaban cosas de las cuales yo no tenía conocimiento”. Para casi
todas las preguntas usó el “no recuerdo”.
Spinatelli, que actuaba
como juez sumariante en la unidad, admitió la existencia de detenidos, pero
dijo que estaban a cargo del mayor Abelardo Ríos, ya fallecido al momento del
juicio y convenientemente implicado por casi todos los oficiales que pasaron
por el juzgado. Negó que se torturara en Boiso Lanza. Y dijo que se enteró del
caso de Chaves porque se colocó su nombre y su foto en una cartelera, indicando
que se había escapado de la base (tras matarlo, pretendieron difundir la
versión de una falsa fuga).
Alejandro López admitió
que varias veces vio como llegaban prisioneros encapuchados a la base. Definió
al difunto Ríos como un oficial “muy imperativo, era una persona muy vehemente
y muy agresiva”. Dijo no saber nada de Chaves y que nunca torturó a pesar de
los testimonios en su contra: “Vengo cargando con esa mochila desde hace
tiempo, yo nunca torturé a nadie, nunca estuve vinculado a ese tipo de
procedimientos, ello por mi manera de ser, por mi perfil, por mis creencias”.
Zanelli informó a la
justicia
Ante el escrito que le
presentó el coronel Araújo –y otro que le elevó meses después el coronel
Ribero– el entonces comandante Zanelli, en lo que también marca una diferencia
con la actitud de los últimos comandantes del Ejército, decidió dar parte a la Justicia.
Zanelli presentó ambas
denuncias para que se estudiara su contenido y su posible validez, a pesar de
que en ellas se implicaba a oficiales retirados de su arma.
“Que se sepa que realmente
hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”,
dijo Zanelli a El Observador.
El excomandante afirmó que
hay quienes pretenden negar las acciones de quienes intentan aportar en la
búsqueda de la verdad.
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| Foto: Diego Battste |
En cuanto a la actitud de
Araújo y Ribero y los documentos que presentaron, Zanelli dijo que le consta
que ambos “con fines lógicos, están constantemente tratando de mejorar su
posición”.
“Pero dentro de eso
–agregó– si logran aportar elementos que permitan mitigar heridas pendientes y
que no terminan de cerrarse, a mí me parece bien lo que hacen”.
De todos modos, la
denuncia que presentó Zanelli en base a los aportes de Araújo fue archivada por
la justicia, sin que se realizaran nuevas investigaciones.
“Que se sepa que realmente
hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”
Excomandante en jefe de la
Fuerza Aérea, general Alberto Zanelli
En cambio, la segunda
denuncia de Zanelli –basada en la presentación de Ribero– aún no ha sido
archivada y está en manos de la fiscalía. Pero más allá de esa denuncia aun no
laudada, la defensa de Ribero está determinada a interponer el recurso de
revisión de su condena ante la Suprema Corte de Justicia.
Lo mismo que relatará para
intentar demostrar su inocencia en ese recurso, lo dirá en el tribunal de honor
que comenzó esta semana.
Si existiera una acusación
respecto a un delito grave, el tribunal de honor debería comunicárselo al
actual comandante de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Marenco, quien
debería decidir si envía las actuaciones a la justicia.
Guido Manini Ríos, prefirió
no denunciar el caso a la justicia.
El coronel Ribero había
sido procesado en 2011 en la causa que investigaba la muerte del tupamaro
Horacio Ramos en el penal de Libertad, donde prestó funciones grabando en forma
clandestina las conversaciones de los presos. Se lo procesó por obstaculizar a
la justicia. Sin embargo, en 2012 un tribunal de apelaciones revocó ese
procesamiento.
Zanelli dolido por trato a
Menéndez
El excomandante de la
Fuerza Aérea entre 2015 y comienzos de 2019, general Alberto Zanelli, lamentó
que el presidente Tabaré Vázquez forzara la renuncia del ministro de Defensa
Jorge Menéndez, cuando le restaban pocos días de vida, por el “caso Gavazzo”.
Zanelli, que presentó dos
denuncias ante la justicia intentando aclarar casos de violaciones a los
derechos humanos ocurridos en la Fuerza Aérea (ver nota principal), dijo que en
varias oportunidades dialogó sobre estos temas con Menéndez y le constaba su
compromiso total con estas causas.
“Estoy extremadamente
dolido. No salgo de mi asombro con lo que se le hizo”, dijo el excomandante.
Torturas en Boiso Lanza
El fiscal especializado en
crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió días atrás el
procesamiento de siete oficiales retirados de la Fuerza Aérea por las torturas
a las que fueron sometidos numerosos detenidos en la base de Boiso Lanza entre
1972 y 1976.
Perciballe pidió el envío
a prisión de Walter Pintos, Roberto Amorín, Gustavo Urban, Roberto Cáceres,
Ramón Rodríguez López, Juan Antonio Rodríguez Goñi y Enrique Ribero (ver nota
principal).
El pedido de procesamiento
de Pintos es por abuso de autoridad, privación de libertad y atentado violento
al pudor. A Amorín se lo acusa de abuso de autoridad y privación de libertad. Y
a Urban, Cáceres, Rodriguez López, Rodríguez Goñi y Ribero, por abuso de
autoridad.
Abuso de autoridad es el
delito que deriva de someter a torturas a los detenidos. Pintos –además– ha
sido señalado en denuncias de prensa como el piloto del “segundo vuelo”, un
transporte de militantes del PVP detenidos en Argentina en 1976, trasladados a
Uruguay y hoy desaparecidos.
La Fuerza Aérea admitió
que realizó el “segundo vuelo” en la noche del 5 de octubre de 1976. En la
libreta de vuelos de Pintos figura que piloteó un viaje desde Buenos Aires ese
día, pero está anotado como un vuelo diurno, por lo cual no fue procesado por
esa causa.
Perciballe también pidió
la captura, dentro o fuera de fronteras, de dos oficiales retirados que hoy no
estarían en Uruguay: Alfredo Fresia y José Eduardo Delgado.
Los testimonios de las
víctimas de las torturas reunidos por Perciballe son contundentes. Uno solo
ejemplo entre más de una decena es el de Loreley Sosa, integrante del MLN
detenida en 1972, quien relató que en Boiso Lanza fue sometida a golpizas,
submarino, aplicaciones de picana en oídos, boca y vagina, desnudez forzosa,
manoseos y simulacros de violación.
Existen testimonios que
involucran en la tortura a todos los oficiales sobre los cuales el fiscal ha
pedido la prisión.
Sin embargo, la causa
puede verse obstruida por los recursos interpuestos por las defensas de los
acusados.
Una audiencia ya
programada para la semana entrante fue suspendida debido a que los abogados de
los acusados presentaron recursos en los que señalan que los delitos están
prescriptos y que es inconstitucional que se haya creado una fiscalía para
delitos de lesa humanidad, cargo que ocupa Perciballe, impulsor de la causa.
Respecto a este último
cuestionamiento, la Suprema Corte de Justicia se pronunció días atrás a favor
de la constitucionalidad de la creación de la Fiscalía Especializada en
Crímenes de Lesa Humanidad. Ante un recurso presentado por la defensa de tres
oficiales retirados del Ejército acusados por Perciballe de ser los
responsables de la privación de libertad y torturas de la maestra Lilián
Celiberti y su esposo Universindo Rodríguez, la Corte desestimó el recurso por
entender que la creación de esta fiscalía especializada no violenta la
Constitución.
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