Comando Barneix: el
gobierno convocó a los amenazados a
reunión el martes 11
A más de dos años de los
hechos, la CIDH había pedido al Ministerio del Interior que informe de
supuestos “avances” en la investigación, que los afectados niegan
Fabián Werner / Sudestada
/ @fwernerv - 7 6 19
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| Cuatro de los amenazados por el "Comando Barneix" ante la CIDH: abogado Pablo Chargoñia (izquierda), y detrás Mirtha Guianze, Francesca Lessa y Jair Kirshke, junto a Florencia Retamosa y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Foto: CIDH. Los defensores de Derechos Humanos y abogados amenazados de muerte el 9 de febrero de 2017 por el “Comando Barneix” negaron que hayan existido “avances” en la investigación que realiza el Estado uruguayo. Esta versión fue transmitida por representantes del Ministerio del Interior a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Montevideo entre el 27 y el 29 de mayo.
La presidenta de la
Comisión, la panameña Esmeralda Arosemena, y la relatora para Uruguay, la
chilena Antonia Urrejola, se entrevistaron durante tres días con representantes
del Estado, la sociedad civil y la academia, y al finalizar hicieron público un
comunicado con el resultado de la visita.
En el pronunciamiento del
31 de mayo se señala textualmente: “la Comisión toma nota y agradece la
información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la
identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo
autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de
justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso
de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante la dictadura en Uruguay.
La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo
todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.
El tenor del comunicado de
la CIDH tomó por sorpresa a los amenazados, que se comunicaron entre sí en los
últimos días para comentar la llamativa versión sobre aparentes “avances en la
identificación y sanción de los responsables de las amenazas” que nunca les
fueron comunicados por el Ministerio del Interior ni por la Justicia.
Quienes recibieron las
amenazas fueron la ex vicecanciller Belela Herrera, la ex fiscal Mirtha
Guianze, la investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair
Kirshke, el juez francés Louis Joinet, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los
abogados Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena,
Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Pablo Chargoñia.
Dos de las personas
amenazadas, la investigadora italiana Francesca Lessa y la exfiscal Mirtha
Guianze hablaron con Sudestada en representación de todas las víctimas y
dijeron que nunca les fue comunicado ningún tipo de avance en la investigación
en los más de dos años transcurridos desde la llegada de los mensajes. Incluso,
detallaron que hubo pedidos para que se tomaran algunas diligencias
investigativas pero eso tampoco se llevó adelante.
Guianze afirmó que la
última noticia que tuvieron fue a raíz de la carta abierta de enero de 2018,
que motivó un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia a la jueza
Julia Staricco, tras lo cual ella convocó a una audiencia el 13 de marzo de ese
año. “Esa audiencia fue inconducente. Concurrimos los denunciantes, la policía,
la fiscal Mónica Ferrero y representantes de la Facultad de Ingeniería. Lo que
propusimos no se llevó a cabo por el Juzgado”, lamentó.
Por su parte, Lessa dijo
desde Londres que antes de esa audiencia los abogados les informaron que el
expediente “estuvo paralizado en fiscalía durante ocho meses”, hasta noviembre
de 2018. En ese momento “la resolución que dictó la fiscalía fue absolutamente
inútil”, dijo Lessa, ya que citaba a declarar al entonces decano de la Facultad
de Humanidades Álvaro Rico y a la exdirectora de la Secretaría de DDHH para el
Pasado Reciente, Isabel Wschebor.
Incluso, Guianze recordó
algunos episodios que le causaron “molestia”, como cuando la Policía la llamó
para hacerle consultas sobre el “Archivo Castiglioni”, cuando habían sido los
denunciantes quienes habían pedido a la Justicia que se buscara información en
esos documentos. “Algunos de nosotros sabemos que figuramos allí como sometidos
a seguimientos y a espionaje, pero eso tampoco se hizo y el ‘Archivo Castiglioni’
sigue encajonado”, dijo.
Tanto Guianze como el
fiscal Jorge Díaz preguntaron en la audiencia de noviembre de 2018 sobre las
razones por las cuales la Policía no había investigado en el cúmulo de
documentación encontrado en la casa del excomisario Elmar Castiglioni tras su
muerte en octubre de 2015.
“No supieron
contestarnos”, recordó Guianze. “Dijeron que ellos se limitaron a lo que les
habían ordenado, que era indagar el ‘Comando Barneix’, y que para ellos el
‘Archivo Castiglioni’ no entraba en el asunto. A partir de ahí, quedó claro que
sí entraba, pero las diligencias que se hicieron fue citar a Rico y a Wschebor,
que habían producido informes preliminares que no ahondaban en el contenido del
archivo”.
“El pedido de las víctimas
era que el Juzgado pidiera acceso a esos documentos rescatados de la casa de
Castiglioni, porque todos tenemos interés en saber lo que contienen, pero eso
aparentemente no está”, lamentó Guianze.
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