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lunes, 1 de abril de 2019

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La primera conclusión que se saca al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales  José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira es que el Honor de nuestras Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables.



Es lo que surge en la interpretación que los generales que integraron dichos tribunales, Juan  Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La firma de los tres militares en las conclusiones amerita haber sido  pasados a retiro forma inmediata por el Presidente de la República. Al igual que aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país.

Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni  la moral ni el prestigio de la institución. Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población. El Poder Ejecutivo hizo bien en pasarlos a retiro sin más, para afirmar las normas constitucionales y las normas de Derechos Humanos. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro pronunciamiento golpista.

Guido Manini Ríos: real malicia

Las actas de los Tribunales de Honor han puesto claramente de manifiesto que fue indigno de ocupar el cargo que ostentó. Su informe al Presidente de la República presentando el resultado de la acción de los tribunales fue una puesta en escena con pretensiones políticas y objetivos estratégicos institucionales y personales, presionando al Poder Judicial de manera directa e indirecta, presentando a las Fuerzas Armadas como víctimas ante la ciudadanía, cuando, además, comienza el tratamiento de la reforma de la Ley Orgánica militar.

Las actas de los tribunales muestran la profunda falsedad del Gral ® Guido Manini Ríos, encubridor de un crimen atroz, pretendiendo presentar a las Fuerzas Armadas como víctimas ante los desmanes de un Poder Judicial que en realidad ha sido omiso y en muchísimas ocasiones predispuesto hacia los victimarios del proceso cívico militar. La historia ya lo juzgó: un auténtico farsante con delirios de grandeza.

Alerta: apuntan contra la Fiscalía Especializada

Desde el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado en octubre de 2011, los defensores de los involucrados en las graves violaciones a los DDHH han empleado todos los recursos y artimañas legales para obstaculizar, enlentecer, desalentar el normal desenvolvimiento de  las causas. Lo han hecho en forma frecuente y  habitual, contando con la vista gorda de una SCJ que desde la designación de la Dra. María Elena Martínez ha recrudecido en sus posturas más conservadoras.

En la actualidad han descubierto una nueva artimaña, muy novedosa y peligrosa hasta tanto la SCJ no la descarte. Cuestionan la constitucionalidad de la Ley 19 550 que creó la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa Humanidad para unificar y profesionalizar la labor de los fiscales, representantes de la sociedad, en las causas de la dictadura cívico militar.

Objetar la constitucionalidad de la Ley 19 550, en el contexto de una SCJ predispuesta a favorecer a los criminales estatales, desconocedora de la normativa internacional, es una maniobra que pone en riesgo la continuidad de las causas. La sola presentación del recurso la ha paralizado, algo realmente improcedente, pero en caso de ser acogida se pone en riesgo la continuidad de todas las causas.

El pronunciamiento del Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz es sólido, consistente y coherente en defensa de la norma impugnada, pero la SCJ, desde el año 1987,  nunca ha dejado de sorprendernos con fallos inaceptables y estrafalarios.

Tuvieron todas las garantías

Durante un cuarto de siglo los militares y civiles involucrados en las desapariciones de más de 200 uruguayos contaron con todas las garantías necesarias para ofrecer sus testimonios y brindar la información pertinente en el más completo anonimato. No lo han hecho. Quiénes han sido juzgados y condenados, un pequeño grupo, han contado con todas las garantías legales habidas y por haber. Ha quedado demostrado en forma reiterada.

El testimonio brindado por José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en el Tribunal de Honor ha sido elocuente en el sentido de que han podido mentir en forma descarada, burlándose de los jueces sin ningún prurito.

Interpela a la SCJ y al Parlamento

El testimonio de José Nino Gavazzo interpela también al Poder Judicial, al Dr. Martín Gesto que ha autorizado la prisión domiciliaria, al margen de las normas legales vigentes, a la SCJ que tolera y permite estos desbordes. En la misma situación se encuentran además los reos como el Cnel. ® Ernesto Ramas y el Capitán (en situación de reforma) Gilberto Vázquez.

También interpela al Poder Legislativo que pasivamente acepta que el Poder Judicial interprete a su antojo una norma que no fue concebida para otorgar y autorizar prisiones domiciliarias a los principales terroristas estatales.

Democratizar las Fuerzas Armadas

A más de 34 años del retorno a la institucionalidad democrática, las Fuerzas Armadas siguen gozando de un régimen jubilatorio realmente privilegiado. El Estado destina 600 millones de dólares anuales para solventar la Caja Militar. Una parte muy importante, más de 100 millones de dólares, se destinan a pagar las jubilaciones de 1.500 oficiales del “proceso”, que incluyen a personajes tales como los mencionados en los fallos de los tribunales, pero también a Manuel Cordero, Jorge  Tróccoli y Pedro Mattos entre otros.

El  brutal desplante antidemocrático de Guido Manini Ríos, tiene como trasfondo la discusión que se comienza a dar a nivel parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. Las FFAA siguen siendo gobernadas por una ley orgánica aprobada en 1974, en plena dictadura, basada en la doctrina de la seguridad nacional. Durante el proceso el número de integrantes creció exponencialmente y aunque se han reducido hay superabundancia de efectivos y de militares para el contexto de un país como Uruguay. Sobran coroneles, para poner un solo ejemplo y es evidente que los tribunales de honor deberían ser rediseñados totalmente, en caso de mantenerse. 

Es hora de depurar de elementos golpistas a las Fuerzas Armadas y democratizarlas a fondo, con el respaldo de la ciudadanía.

Más y mejor democracia

La institucionalidad democrática, el Estado de derecho, es una conquista histórica del pueblo uruguayo. No es gracias a las Fuerzas Armadas y a la generosidad de potencias extranjeras que nuestro pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes y disfruta de libertades y derechos que se han expandido. Es precisamente a pesar de ellos, de sus prácticas y políticas, que tenemos democracia, asentada en el dolor y el sufrimiento de miles y miles de uruguayos que resistieron desde el 13 de junio de 1968 y levantaron la bandera de la libertad y de la democracia.

Apoyamos la decisión del Poder Ejecutivo de pasar a retiro a los integrantes de los Tribunales de Honor y del Tribunal de Alzada. Fue una decisión necesaria para trasmitir un mensaje democrático claro a toda la ciudadanía y afirmar, una vez más lo logrado hasta el momento.

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Opinando N° 3 – Año 8 – Lunes 1° de abril de 2019