la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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miércoles, 10 de abril de 2019

Realmente horroroso



Finalmente, luego de años de demora, el Ministerio de Defensa Nacional, dispuso la formalización de  un Tribunal de Honor para juzgar la conducta de los criminales  José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente. Crysol formuló su demanda de que todos los militares procesados y con sentencia firme fueran sometidos a tribunales de honor en marzo de 2015,  ante la Presidencia de la República. Ya lo había solicitado con anterioridad al Ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de José Mujica.


Asombrosamente, el Tribunal de Honor integrado por los generales Juan  Fajardo, Alfredo Erramún y José González no encontró que la conducta de los mismos,  a pesar de  la condena judicial, haya afectado el honor de las Fuerzas Armadas. El solo hecho de que exista una sentencia firme por parte del poder judicial ya amerita que un tribunal de honor militar adopte una sentencia sancionatoria.

Los tribunales de honor militares, a diferencia de la justicia ordinaria que requiere pruebas para condenar,  se pronuncian por simple “convicción” de sus integrantes. La convicción de los tres integrantes del tribunal  y de los generales que integraron el tribunal de Alzada fue  que ninguno de los tres violentó el honor a pesar de los delitos tipificados.

La semana pasada, el Presidente de la República pasó a retiro a tres generales en actividad, entre ellos al Comandante en jefe del Ejército y solicitó la venia parlamentaria para el retiro obligatorio de otros  tres generales. Lo hizo al tomar conocimiento de lo actuado por ellos, al conocer las declaraciones de los imputados y por la omisión de informar a la justicia. Por primera vez, desde el retorno a la vida democrática en 1985, un Presidente de la República actuó enérgica y decididamente, asestando un golpe decisivo a la impunidad y sobre todo a la cultura de la impunidad.

“El País” y sus lecciones de moral

Rápido de reflejos, son años, al otro día, tempranito, cuando canta el gallo, el otrora vocero oficial del terrorismo de Estado, encontró en la actuación de presidencia, en el tratamiento administrativo del expediente,  la excusa necesaria para intentar esconder lo vergonzoso de la actuación de los generales involucrados,  la supervivencia hasta el día de hoy de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el seno de las Fuerzas Armadas y las revelaciones, brutales, que tanto Gavazzo como Silveira formularon de acuerdo a las actas.

Para “El País” y otros voceros descarados, la actuación de la presidencia se transformó, impúdicamente, en el foco informativo. Inmediatamente, el coro mediático, la infinidad de programas y medios del monopolio hegemónico, comenzó a operar en tal sentido. Incluso los habituales  operadores de la derecha y otros novedosos,  no dudaron en cuestionar enérgicamente el accionar del Poder Ejecutivo. Desde el Dr. Julio María Sanguinetti hasta el que una semana antes había hecho el panegírico del farsante Guido Manini Ríos, el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. La más rancia derecha pro impunidad cuestionando la actuación del Poder Ejecutivo.

En el colmo de una sobredosis de alucinógenos, el matutino caganchero editorializó pretendiendo dar lecciones de moral a las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado que desde hace décadas reclamamos y luchamos por Verdad y Justicia para depurar a las Fuerzas Armadas y afirmar la institucionalidad democrática. Insólito.

Supervivencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional

Las actuaciones del tribunal de honor y del tribunal de alzada son una demostración elocuente de la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la mentalidad de la plana mayor del ejército. Sus actuaciones hieren la sensibilidad ciudadana por los testimonios brindados por los involucrados y por la mentalidad de quienes los juzgaron. También interpela, masivamente, a todos quienes estos años promovieron y defendieron la Ley de Caducidad (Ley 18 548) otorgándoles una inmerecida impunidad: expresidentes, políticos, candidatos presidenciales, operadores judiciales, centros militares y el propio vocero oficial del terrorismo: “El País”.

Con el diario del día lunes a la vista, fue un error del Poder Ejecutivo no dar a conocer en forma inmediata las actas de los tribunales de honor a toda la ciudadanía. Es lo que correspondía.

Desprecian al Poder Judicial y fueron encubridores

Una parte importante de los generales siguen despreciando la Constitución y el sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales  José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El  Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables,  sancionables penal  y moralmente.

Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Lo afirmado por Guido Manini Ríos llega al colmo del cinismo. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las decisiones del poder judicial.

El Poder Judicial tiene que actuar

Desde octubre del año 2011, no existen más obstáculos legales para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales exclusivos. La Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Al igual que ocurre con la inmensa mayoría de los delitos, el indudable pacto de silencio de los involucrados en las desapariciones forzadas, en los abusos sexuales, los asesinatos, los secuestros y las torturas, se destruye con el accionar de la justicia.

Son los jueces quiénes tienen que actuar sin pruritos y sin miedos. Deben llevar a cabo las investigaciones criminalísticas, deben convocar a declarar en los estrados judiciales a todos los presuntos involucrados y a los testigos, deben allanar domicilios e incautar todos los documentos y archivos que consideren pertinentes. Si encuentran obstáculos deben señalarlos públicamente como hizo en su momento la Dra. Mariana Mota.

Como colectivo de ex presas y de ex presos políticos seguiremos demandando que sean sometidos a tribunales de honor y separados de las Fuerzas Armadas, todos los procesados y condenados por las graves violaciones a los DDHH. La implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de calidad al respecto, en todos los planos.

Reiteramos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo de pasar a retiro a los integrantes de los Tribunales de Honor y del Tribunal de Alzada y apoyamos todas las iniciativas destinadas a una firme actuación del poder judicial. Es lo que corresponde para afirmar la democracia, las normas de DDHH y sentar las bases de un auténtico Nunca Más terrorismo de Estado.

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Opinando N° 5 – Año 8 – Miércoles 10 de abril de 2019