A 45 años del golpe de Estado.
Por Daniel Olesker – Brecha 22 de junio de 2018
El golpe del 27 de junio de 1973 llegó luego de un proceso de
medidas de seguridad que había comenzado el 13 de junio de 1968, en el que se
reprimió y militarizó numerosos sindicatos y organizaciones estudiantiles, y se
asesinó al primer estudiante de la larga lista de mártires: Líber Arce.
No hay
lugar a dudas de que los años de la dictadura y los previos, con la represión
al movimiento popular, dieron como resultado una sistemática violación de los
derechos humanos que dejó miles de personas presas, asesinadas, desaparecidas y
otras que debieron partir rumbo al exilio. La memoria sobre la historia
reciente debe concentrar un gran esfuerzo en estos hechos.
En esta columna quiero analizar otra visión, complementaria
de estos terribles sucesos, referida a la pérdida de calidad de vida de los
uruguayos, en particular de la clase trabajadora. Porque esto también es parte de
la memoria colectiva del modelo neoliberal de acumulación capitalista que
organizó la dictadura cívico-militar y que consolidó la democracia en los
noventa.
La concentración de la riqueza. La continuidad de la
acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado
estancamiento de los sesenta, requería una rebaja sustantiva de los salarios
reales. Para esto era necesario, dada la fortaleza de las organizaciones
sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, alterar las
condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía
decreto, garantizara esa disminución salarial, y vía represión, la inactividad
sindical y popular.1
A partir del 28 de junio de 1968, el gobierno decidió
dejar de convocar los consejos de salarios. En otras palabras, el golpe de
Estado se enmarca en el estancamiento de la economía uruguaya en los años
sesenta y la dura congelación de salarios de 1968, acompañada de un giro
autoritario.
Buena parte del período 1968-1973 se gobernó bajo el régimen
de medidas prontas de seguridad. En 1971 asume el gobierno colorado de Juan
María Bordaberry y decide reducir los salarios reales con un ajuste a la baja
que provocó la pérdida de salario real más grande de la historia del país. El
siguiente gráfico es claro sobre la permanente rebaja salarial.
La fijación de salarios sin negociación colectiva y con una
dura represión sobre los sindicatos quedó en manos de los decretos del Poder
Ejecutivo. Por ende, no hay mediatización de resultados: lo que sucedió es el
resultado directo de lo que quiso el gobierno. Nuestra tesis va tomando cuerpo
en la medida que hubo una decisión política de la dictadura de reducir los
salarios para aumentar los ingresos del capital, concentrando ingresos y
deteriorando el nivel de vida de la gente.2
¿Qué fue de ese dinero? Los años de dictadura hasta 1981 no
fueron de estancamiento sino de crecimiento económico. La riqueza creció, la
masa salarial se derrumbó, aumentó el plusvalor y se produjeron enormes masas
de ganancia para el capital.
El gobierno puso en práctica, como vimos, medidas
para bajar salarios y tomó medidas para aumentar las ganancias del capital
(véase tabla). Además, en noviembre de 1979 hubo una reforma tributaria en la
que se generalizó el impuesto al valor agregado, se derogó el impuesto a las
actividades financieras y el impuesto único a la actividad bancaria, que
gravaban la actividad financiera, a lo que se sumó, en 1974, la eliminación del
impuesto a la renta de las personas físicas. El siguiente gráfico muestra el
crecimiento de la riqueza y la caída de los salarios, y, por ende, el aumento
de la ganancia del capital.
El trabajo de Jorge Notaro3 muestra las transferencias de los
trabajadores en ese período. La metodología aplicada es la siguiente: por un
lado, se asume que se mantiene constante la participación de los salarios en el
ingreso nacional, como sucedía al inicio del período; por otro, se compara en
cada año cuánto serían los salarios con esa participación y cuánto fueron
realmente a partir de la reducción.
Y el resultado es una transferencia del trabajo al capital de
más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del
Pbi al fin de la dictadura y esa era la magnitud de la deuda externa del país.
Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos, durante el golpe de Estado,
ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
Apoyos de esta política económica. El proceso de
intervencionismo reestructurador (así lo llama Notaro) de los primeros años de
la dictadura contó con una base social compuesta por muchos sectores
empresariales que recibieron ingresos relevantes del proceso de concentración
de la riqueza, a través de los diversos mecanismos descriptos en la citada
tabla. La notable caída del salario real permitió distribuir riqueza en los
sectores del agro, la industria y el comercio, y constituir una alianza
socioeconómica que sustentó la estrategia económica de la dictadura.
Diversas declaraciones de gremiales empresariales de la época
dan cuenta de este apoyo. Es claro que este no fue un proceso homogéneo en todo
el sector empresarial ni en todas sus gremiales ni en todo momento. Pero tuvo
su punto álgido en 1973, en 1974 con la asunción de Vegh Villegas como ministro
de Economía y en 1978 cuando se liberalizaron los precios agropecuarios.
Después de 1980 (tablita mediante) hay un viraje hacia la hegemonía del capital
financiero y ello reduce su base social. Al decir de Notaro “el modelo pasó de
tener un carácter antipopular a un carácter antinacional”.4
Al mismo tiempo, esta estrategia contó con un apoyo muy
importante del Fmi en 1974 para superar el déficit comercial y la reducción de
reservas provocada por la caída de precios de las exportaciones y el aumento
del precio del petróleo.
¿Qué pasó después? Estas acciones de la dictadura deben verse
como un profundo proceso concentrador de la riqueza en contra de la clase
trabajadora. Los tres primeros años de recuperación de la democracia el salario
real creció, dado que el primer gobierno democrático restituyó los consejos de
salarios; luego permaneció casi estancado en los noventa y en la crisis volvió
a caer prácticamente al nivel de 1984. Es decir, la década del 90 consolidó la
caída del salario real gestada por las clases dominantes durante la dictadura.
El gráfico siguiente lo demuestra.
REFLEXIONES FINALES.
La caída del salario real era un factor
cardinal del nuevo modelo de acumulación liberalizador, concentrador y
excluyente, y la dictadura, su condición de viabilidad, pues las condiciones de
la lucha de clases y la resistencia obrera no lo hubieran permitido en
circunstancias democráticas. En las condiciones sociales y políticas de
Uruguay, una estrategia tal iba a enfrentar una resistencia organizada y
potente del movimiento obrero y las organizaciones políticas de la izquierda.
La dictadura forjó un mix entre un programa económico liberal
y aperturista de profunda distribución regresiva del ingreso en beneficio de
las élites económicas y en perjuicio de los trabajadores, con un programa
político autoritario y represivo sobre las organizaciones sindicales y las
políticas de la izquierda uruguaya, de manera de consolidar un modelo de
acumulación del capital y de generación de plusvalor. Por ello, cuando la
dictadura reprimió duramente a la izquierda, lo hizo consciente de que era la
manera de consolidar este modelo de acumulación. La represión política, la
concentración de la riqueza y la desestructuración social son parte de un mismo
proyecto.
A pesar de haber transcurrido 45 años, no podemos olvidar
estos hechos. Los procesos políticos, económicos y sociales similares que viven
actualmente Argentina y Brasil, cuyos gobiernos encaminan un proceso de retorno
a las recetas neoliberales, concentradoras y excluyentes, nos alertan y nos
obligan a recordar ese pasado para que no se repita jamás.
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* Por mayor análisis de la base económica de
la dictadura véase El negocio del terrorismo de estado (varios autores),
Editorial Sudamericana, 2013, en especial el capítulo 4, escrito por Jorge
Notaro.