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miércoles, 3 de octubre de 2012

Luis Michel Ceballos


Identifican a nueva víctima uruguaya del Cóndor en Buenos Aires

El militante desconocido

Brecha 28 9 12 - Por Samuel Blixen

La identificación de otra víctima del Cóndor confirma la existencia de un centro clandestino de detención en Buenos Aires para la tortura de ciudadanos extranjeros, anterior a Automotores Orletti.

La denuncia sobre el asesinato de un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 1975 y del que no existía noticia, permite reconstruir la historia de la represión de la dictadura uruguaya contra esa agrupación, que se inició en Montevideo en 1973 y se prolongó hasta 1978 cuando los últimos militantes secuestrados en Buenos Aires fueron trasladados hasta La Tablada, donde desaparecieron definitivamente. 

Luis Michel Ceballos, de 21 años, cuyo cuerpo presentaba una veintena de impactos de bala, fue ejecutado en un subsuelo de un hasta ahora desconocido centro clandestino de detención de la Policía Federal, donde muy probablemente fueron recluidos, interrogados, torturados y asesinados algunos de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires antes de la instalación de Automotores Orletti, el centro de operaciones de los represores del Plan Cóndor.

Ceballos, un estudiante que militaba en el liceo número 8, donde en agosto de 1972 fue asesinado Santiago Rodríguez Muela, decidió refugiarse en Argentina a principios de 1975 para evitar la reiteración de periódicas detenciones, a pesar de ser menor de edad. 

Su vinculación a las Brigadas Rojas y al PCR era “periférica”, según confirmaron ex militantes de ese grupo político, pero mantenía una relación personal con Carlos Federico Cabezudo, un militante de ese partido secuestrado en Buenos Aires en diciembre de 1977, y cuya presencia en La Tablada, Uruguay, fue confirmada por testimonios de prisioneros sobrevivientes.

A comienzos de diciembre de 1975, Ceballos, que se había integrado a la estructura de los exiliados del PCR en Argentina, viajó fugazmente a Montevideo con documentos falsos para ver a su madre, gravemente enferma. Retornó a Buenos Aires, donde trabajaba como zapatero. 

Semanas más tarde, su hermana, Susana, recibió una llamada telefónica anónima, urgiéndola a que se trasladara a Buenos Aires porque su hermano estaba “muy grave”; le dieron un número telefónico para que se contactara en cuanto llegara.

Sospechando que su hermano había muerto, Susana viajó el 1 de enero de 1976 en compañía de su madre y su otro hermano, y al día siguiente concurrió a lo que supone era la morgue. Un funcionario, que no se identificó, le pidió que reconociera el cuerpo de un joven. Susana se descompuso y el funcionario le evitó el reconocimiento directo: le mostró numerosas fotos que guardaba en una carpeta de color verde. 

Michel Ceballos presentaba heridas de bala en el cráneo, en el tórax y en el abdomen, según consigna el documento del Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Buenos Aires. Nadie le informó a Susana sobre las circunstancias de la muerte de su hermano, pero en el momento en que reconocía las fotografías alcanzó a leer la carátula de la carpeta: “Ocho muertos. Un herido grave. Nosiglia”. 

El funcionario señalaba con una lapicera las heridas que aparecían en las fotos del cuerpo desnudo de Michel: “23 orificios de bala, no sufrió nada”, dijo el funcionario, quien le entregó una tarjeta de una empresa fúnebre, alertándola de que no contratara a ninguna otra porque esa empresa –Canning, según recuerda– era la única autorizada.

Según relató a Brecha, Susana Ceballos recibió días después la visita de Carlos Cabezudo, quien desde 1973 se encontraba clandestino en Argentina: “Me recomendaba que no regresara a Montevideo, pero en ningún momento me explicó qué había pasado con mi hermano; deduje que Michel militaba con Cabezudo”.

GALERÍAS PACÍFICO

 A su regreso a Montevideo, Susana Ceballos recibió por correo una copia del certificado de defunción de su hermano. El documento contenía una valiosa información que no había sido explotada hasta ahora, y que vino a confirmar una denuncia presentada por un ciudadano portugués, en febrero pasado, en la megacausa del Plan Cóndor, que instruye el juez federal Daniel Rafecas.


Santana. Foto de Elina Gilmet
Arturo Santana, realizador de televisión, había sido detenido en marzo de 1976, requerido por su condición de militante montonero. Santana permaneció varios días en un centro de tortura, que él presumía que estaba en un lugar céntrico de Buenos Aires y que tenía tres subsuelos, uno donde se habían acondicionado celdas precarias, y un tercero donde se realizaban ejecuciones, a estar por las ráfagas y disparos que oían los detenidos.

Recién en 1987 Santana logró identificar el lugar donde estuvo detenido antes de ser trasladado a Campo de Mayo. Tal como relató a Brecha, en su condición de director de fotografía participaba ese año de la realización de una producción para la televisión: Ciudad de los pobres corazones, sobre el álbum de Fito Páez  y dirigida por Fernando Spiner, que se filmaba, en parte, en un edificio de la avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, que acababa de ser declarado monumento histórico. 

Los dibujos de las baldosas del piso le trajeron a Santana ciertos recuerdos y al recorrer los subsuelos encontró en las paredes rastros del lugar donde había permanecido detenido en marzo de 1976.

El realizador hizo una denuncia judicial pero ésta fue archivada. Posteriormente el edificio sufrió importantes modificaciones cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó su enajenación para su conversión en un centro comercial, las famosas Galerías Pacífico, que tomó el nombre de las dependencias que allí habían funcionado, las del Ferrocarril al Pacífico, que compartían espacios con la Superintendencia de Policía Ferroviaria y con Coordinación Federal.

En febrero pasado Santana inició una querella y en abril solicitó a la justicia “libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el 76 operó desde ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de esa fuerza”  y si allí funcionó un polígono de tiro. El ciudadano portugués presume que en aquel edificio la policía interrogaba y recluía a extranjeros, porque eran de esa condición todos los que fueron trasladados desde allí a Campo de Mayo.

La denuncia de Santana coincide parcialmente con una afirmación del entonces fiscal de la Cámara Federal Luis Moreno Ocampo sobre la existencia, en las dependencias de la Policía Ferroviaria, de un centro clandestino de detención que había funcionado entre 1977 y 1981 perteneciente al circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) bajo la tutela del general Guillermo Suárez Mason, por entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército. El testimonio de Santana adelanta la fecha de funcionamiento de ese centro de tortura a marzo de 1976.

Sin embargo, en el proceso de confirmación de la existencia de un centro clandestino de torturas hasta ahora desconocido, se convirtió en un elemento clave la partida de defunción en poder de Susana Ceballos. El documento detalla que la muerte de Luis Michel Ceballos ocurrió “en el interior de la finca sita en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las 16 horas”. El documento está firmado por el oficial del Registro de Estado Civil César Gutiérrez Eguía, según certificado médico de Mario Sebastián Rosenfeld.

Al recolectar los elementos para el inicio de una querella ante la justicia argentina por el asesinato de su hermano, Susana Ceballos hizo protocolizar el acta de defunción que había recibido por correo y, en compañía de la militante de derechos humanos Lile Caruso, concurrió a la dirección donde, según el documento, habían matado a Luis Michel. Ambas confirmaron que en Córdoba 652 radican las Galerías Pacífico. Simultáneamente, la publicación de una entrevista a Arturo Santana, en la edición de Página 12 del 14 de agosto pasado, permitió confrontar el testimonio del ciudadano portugués con la prueba documental.

La confirmación de la existencia de un centro operativo en el microcentro de Buenos Aires donde confluían detenidos extranjeros constituye una pista para determinar dónde fueron interrogados y torturados, por personal policial y militar uruguayo, algunos de los exilados desaparecidos o asesinados antes de la inauguración, en junio de 1976, del centro clandestino Automotores Orletti.

Hasta ahora ningún organismo oficial, argentino o uruguayo, consignaba el nombre de Luis Michel Ceballos como víctima de la coordinación represiva del Río de la Plata, en parte porque sus familiares habían postergado la denuncia. Pero en otros casos de uruguayos desaparecidos ocurridos en los primeros meses de 1976 las informaciones son en extremo parciales: Nebio Melo Cuesta y Winston Mazzuchi, ambos integrantes de la dirección del PCR, fueron detenidos el 8 de febrero de 1976 en un bar de la estación Belgrano por personas de particular que se identificaron como personal de Coordinación Federal; ambos permanecen desaparecidos y no se sabe a donde fueron trasladados.

El 5 de abril de 1976 fue detenido Ary Cabrera, militante del PVP, fue secuestrado el 17 de abril de 1976 junto a Telba Juárez, cuyo cuerpo apareció dos días después en la localidad de Barrancas. Hugo Gomensoro Josman – cuyo hermano Roberto fue asesinado en Paso de los Toros- fue detenido junto con su compañera María del Rosario Vallarino el 30 de abril; conducidos a un centro de torturas, María del Rosario fue liberada días después; el cuerpo de Hugo fue allado en aguñas del Río de la Plata un mes después. 

Finalmente, el 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; sus cuerpos aparecieron dos días después en el interior de un auto abandonado. Nunca se supo dónde fueron torturados y asesinados.
                
Las decenas de uruguayos detenidos a partir de 1976 fueron todos recluidos en Automotores Orletti hasta que ese centro clandestino fue cerrado a finales de ese año. La existencia de un centro donde ahora funcionan las Galerías Pacífico destinado a prisioneros extranjeros podría revelar dónde operó el Cóndor antes de Orletti.

La represión contra el PCR

El “PETISO” Nebio Melo y el “PELADO” Winston Mazzuchi fueron secuestrados el 8 de febrero de 1976, un mes después del asesinato de Luis Michel Ceballos, por una patota que irrumpió en el bar Tala de la Estación Belgrano C. Melo y Mazzuchi eran Militantes del PCR, al igual que Ceballos; pero a diferencia de éste, aquellos nunca aparecieron.

Unos días más tarde, otra patota de unos 15 hombres fuertemente armados que se movilizaban en autos Ford Falcon y que se identificaron como de Coordinación Federal, allanaron la vivienda donde dos meses antes había residido Nebio Melo junto a su esposa y su pequeña hija. Los nuevos inquilinos de la casa formularon una denuncia en la comisaría de la zona. El comisario dijo desconocer el operativo y luego de unas consultas informales les dijo que no se preocuparan, que no había nada contra ellos. Y agregó: “Debe de tratarse de un grupo de uruguayos que andan jodiendo”.

La convicción de que, por regla general, los operativos en Buenos Aires contra refugiados uruguayos eran protagonizados por personal de la OCOA y del SID, policías y militares que se trasladaban a Argentina, termina siendo confirmada, tarde o temprano con el surgimiento de pruebas.

En el caso de la represión contra militantes del PCR refugiados en Buenos Aires, documentos recientemente conocidos revelan que, precisamente por las fechas en que fue asesinado Ceballos y desaparecidos Melo y Mazzuchi, estaba presente en la capital argentina un capitán de caballería que en 1973 –y probablemente antes- tenía como objeto prioritario de sus accionar la represión contra militantes del PCR.

La presencia en Buenos Aires del capitán Juan Carlos Gómez no habilita afirmar que estuvo involucrado en el asesinato y las desapariciones mencionadas. Pero su historial permite sospechar algún tipo de participación. Numerosos testimonios indican que Gómez tuvo participación activa en las torturas a las que fueron sometidos muchos prisioneros recluidos en el cuartel del Regimiento 6 de Caballería; también se presume que participó en los interrogatorios a que fue sometido a finales de 1974 Luis Eduardo González González, hasta hoy desaparecido.

Pero el hecho por el que está procesado y recluido en la cárcel de Domingo Arena es el asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Según el testimonio de varios testigos, Gómez fue quien directamente asesinó a Gomensoro en la unidad militar de Paso de los Toros. Por ese hecho también está procesado José Nino Gavazzo.

El cuerpo de Gomensoro fue encontrado en el lago artificial de la represa de Rincón del Bonete por unos pescadores del lugar. Estaba envuelto en una malla de alambre que sostenía piedras. Fue enterrado en el Cementerio de Paso de los Toros como NN pero la cabeza fue conservada por el médico policial que realizó la autopsia. Muchos años después un estudio de ADN confirmó que el cráneo correspondía a Gomensoro, pero no pudo verificar la identidad del cuerpo sepultado porque, curiosamente, cuando el caso comenzó a ser ventilado, las tumbas fueron profanadas y los restos de aquel cuerpo hallado en el lago desaparecieron.

 La justicia procesó al hoy coronel Gómez, que permanece recluido pese a que, recientemente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, difundió su convicción de que Gómez es inocente en el caso Gomensoro, quien habría sido, a su juicio, asesinado en una unidad de Montevideo.

Si finalmente se inicia una investigación sobre los muertos y desaparecidos del PCR, quizás pueda determinarse qué hacía el entonces capitán Gómez en Buenos Aires a fines de 1975 y comienzos de 1976.

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