La diaria - 11 10 12
El doctor Federico Álvarez Petraglia y el periodista Rodolfo
Porley presentaron ayer una denuncia ante el Juzgado Penal de 19º Turno por la
“violación de una orden judicial” por parte del ministro de Defensa Nacional,
Eleuterio Fernández Huidobro, quien prohibió que se tomaran fotografías durante
el reconocimiento del centro de detención de la dictadura 300 Carlos -conocido
también como Infierno Grande-, que funcionaba dentro del Servicio de Material y
Armamento del Ejército. Porley presentó en octubre de 2011 una denuncia por
violaciones a los derechos humanos patrocinada por Álvarez Petraglia que
involucra a este centro de torturas.
En el marco de esa denuncia, el 27 de setiembre la jueza
penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso una inspección ocular en esa unidad y
en el Batallón de Infantería Blindado, ubicados en Instrucciones y Casavalle,
con el objetivo de “ubicar en los predios” las instalaciones del 300 Carlos, se
explica en el escrito presentado ayer. Se agrega que Mota pidió que se
documentaran las pruebas con fotografías y croquis, para lo que concurrió
personal de Policía Técnica.
Además participaron la fiscal de 5º Turno, Ana
María Tellechea, Petraglia, Porley y seis ex presos políticos que estuvieron
detenidos en el lugar: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni,
Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos, que fueron citados por
la Justicia en calidad de testigos.
Petraglia y Porley expresan en la denuncia que se
sorprendieron cuando intentaron ingresar a la unidad militar: la jueza “fue
recibida por el coronel Raúl Lozano”, quien “le manifestó que habiéndose
comunicado previamente con el general Nelson Pintos, éste le transmitió una
orden del ministro de Defensa por la cual se disponía “que en dicho predio no
se sacaban fotos”. La razón de la negativa “sería la supuesta existencia en el
lugar de material sensible”. La jueza “reiteró in voce su orden”, acto que fue
registrado por la actuaria presente.
El escrito agrega que se tuvo que realizar la inspección del
lugar sin sacar fotografías y que una vez en el galpón donde funcionó el 300
Carlos “quedó en evidencia la sinrazón de la orden” del ministro de Defensa,
“ya que lo único que se pudo observar fueron maquinas viejas, restos de
metales, alguna madera, etc.”.
Ante estas circunstancias, “las conductas desplegadas” por
los militares y el ministro “son claramente violatorias de una orden judicial”.
La denuncia destaca que la negativa a permitir la documentación de un sitio
donde se torturó durante la última dictadura “implica una flagrante violación”
a la separación de poderes y también “a lo dispuesto en la sentencia dictada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el caso Gelman vs Uruguay,
en la que se “ordena a todas las reparticiones del Estado uruguayo no
obstaculizar en forma alguna el progreso de las causas como la que motivó esta
inspección”.
Finalmente, se solicita como prueba testimonial que se cite a
declarar al coronel Raúl Lozano, al general Nelson Pintos, al ministro
Fernández Huidobro, a la jueza Mota y a la actuaria Mabel Machado.
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