SE PRESENTARON 40 TESTIMONIOS POR TORTURAS EN EL FUSNA
La República. 7 8 12
La Justicia recibió una nueva denuncia por “torturas” en centros de detención de la dictadura uruguaya, esta vez, en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Más de 40 testimonios de ex presos políticos narran los “tratos degradantes” perpetrados en el centro.Crysol, una organización de ex presos políticos uruguayos, presentó la pasada semana una nueva denuncia penal por “torturas” y “tratos degradantes” perpetrados en la sede del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), entre 1972 y 1985, donde narra con detalle los tormentos sufridos por los ex presos políticos, hombres y mujeres, en dicho centro de detención.
La denuncia, patrocinada por los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, recopila más de 40 testimonios de ex presos políticos sobre los tratos “inhumanos y degradantes” y “torturas” perpetrados en el Fusna, dependiente de la Armada nacional.
En este sentido, el escrito recoge el cúmulo de información recopilada sobre los tratos degradantes perpetrados en la base naval, incluido, los testimonios de ex presos políticos y los propios militares, por la Justicia uruguaya, en el marco de la indagatoria penal por el traslado clandestino de ex presos políticos en 1978, y el relato del ex marino Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya). Asimismo, se ofrece la declaración del ex marino Daniel Rey Piuma, cuyo testimonio permitió desentrañar los hechos ilícitos cometidos en dependencias de la Armada.
La denuncia presentada por los ex presos políticos reclama la calificación de los ilícitos cometidos por el personal militar como “crímenes de lesa humanidad” y, por ende, imprescriptibles y de juzgamiento obligatorio para los Estados. La indagatoria será tramitada por el juez Penal de 21º Turno, Daniel Ohanian, y la fiscal Raquel González.
Tratos crueles
La denuncia realiza un pormenorizado detalle de la estructura jerárquica del Fusna y las actividades represivas desarrolladas en la base naval, la cual fue caracterizada en el expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978 (donde fueron juzgados el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y el capitán de navío –r- Juan Carlos Larcebeau) y por el testimonio de los algunos militares.
La indagatoria penal tramitada por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze permitió desentrañar los nexos entre la Armada uruguaya y la Armada argentina, en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor, así como los operativos contra los grupos “subversivos” impulsados por los servicios S-2 (“inteligencia militar”) de la Armada. La investigación permitió confirmar la existencia de “la computadora”, un detallado organigrama de fichaje de grupos subversivos y sus integrantes, conformado por detenidos “colaboradores”, y agentes del S-2 y del propio Fusna.
Asimismo, la denuncia narra los tormentos físicos y psicológicos a los cuales eran sometidos los ex presos políticos y sus actuales efectos. “Las secuelas en el cuerpo y en la psiquis fueron inevitables. Las crisis emocionales se sucedieron, varias secuestradas debieron requerir atención médica y una de ellas intentó suicidarse”. “Las víctimas sobrevivientes hoy detectan enfermedades prematuras”, y muchas “compañeras murieron aún jóvenes”, señala el escrito.
Los hechos narrados “constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución y tormento a opositores políticos ejercida por agentes estatales en ejercicio de funciones abusivas e ilegítimas que caracterizó el período de la actuación ilegítima del Estado y del terrorismo de Estado”, lo cual implica una “violación planificada de derechos humanos”.
“Quienes participaron de esas prácticas lo hacían como parte de un aparato organizado en el que las tareas se distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, destaca. “La situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel, inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de ‘interrogatorio’ como fuera de él”, agrega.
Por tanto, los delitos deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, “imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos y como garantía de no repetición”, expresa el escrito.
“Goyo”
La denuncia detalla diversos elementos recopilados en el expediente penal por el traslado clandestino de presos políticos en 1978, que culminó con la condena del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, entre ellos, el testimonio del ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio.
“El Fusna tenía una misión muy específica, mediante investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos, detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”, afirmó Fernández Maggio ante el juez Penal de 19º. Turno, Luis Charles.
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