El País se solidariza con el corresponsal de guerra de los
terroristas de Estado
Es inevitable mencionarlo. El matutino dirigido por
Martín Aguirre fue un medio de comunicación al servicio del terrorismo de
Estado, en Uruguay y en la región. Obviamente, faltaba más, el lunes 17, ha
expresado su respaldo editorial a las opiniones de Âlvaro Alfonso, quien fuera
entrevistado por el órgano de prensa de Cabildo Abierto.
Alvaro Alfonso. Foto: La Mañana
Como si se tratara de un comunicado de la Dinarp de la
dictadura, además, el editorialista descalifica, empleando un lenguaje similar
al desplegado en aquellas épocas, en razón de sus opciones políticas, a reconocidos
investigadores y académicos que actúan como peritos judiciales.
La Comisión para la Paz
Creada por expresidente Jorge Batlle en al año 2000
jugó un papel muy importante que nadie desconoce. Se conformó en un momento en
que el Poder Judicial estaba impedido de actuar debido a la vigencia de la Ley
de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Permitió conocer aspectos
valiosos en lo referido a la desaparición forzada como metodología represiva
llevada a cabo en nuestro país desde el 13 de junio de 1968, momento en que
Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad.
El devenir de los acontecimientos ha puesto al
descubierto que muchas de las informaciones que se proporcionaron por fuentes
militares eran absolutamente falsas. Posteriormente, se pudieron localizar
archivos valiosos e importantes en nuestro país y en la Argentina. Tal es el
caso de los que se conocen como los “Archivos Berrutti” haciendo alusión a la
exministra de Defensa Nacional durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.
También se ingresó a los cuarteles y se hallaron los
restos de Ubagesner Chaves Sosa, del escribano Fernando Miranda, de Ricardo Blanco Valiente y de Eduardo Bleier.
Además, se encontraron los restos del maestro Julio Castro y la autopsia
demostró que había sido ejecutado de un balazo en la nuca.
Por si fuera poco, en el año 2005, la Fuerza Aérea
reconoció la existencia de los vuelos clandestinos desde la Argentina en el
marco de la Operación Cóndor y se ha llegado a demostrar que hasta el momento
los Detenidos Desaparecidos totalizan la suma de 197, número de víctimas que
los voceros oficiosos y oficiales de los terroristas niegan hasta el momento,
entre ellos Alvaro Alfonso.
Desde el año 2011 no existen obstáculos legales para
la actuación de la justicia. Existe mucha mayor información disponible para los
operadores judiciales y el desempeño del Fiscal Especializado en Crímenes de
Lesa Humanidad cumpliendo con sus cometidos legales.
Pasado reciente: la ley 18 596
fue un enorme avance
La Ley 18 596, Ley de Reparación, aprobada en
setiembre de 2009, no dice que la dictadura empezó en el año 1968 como afirma
de manera malintencionada Âlvaro Alfonso con el apoyo editorial de El País.
Lo que sí establece esta ley es que a partir del 13 de junio de 1968 el Estado
comenzó a actuar de manera ilegítima, violando las normas básicas de DDHH que
todos los gobiernos deben respetar.
Está documentado que al amparo de las Medidas Prontas
de Seguridad (MPS) el Estado llevó a cabo centenares de detenciones de
ciudadanos sin intervención del Poder Judicial, realizó innumerables acciones represivas de gran
magnitud que ocasionaron la muerte de Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los
Santos, Heber Nieto y Julio Spósito, entre otros.
Una investigación parlamentaria de la época llegó a la
conclusión de que la tortura a los detenidos por razones sociales, gremiales y
políticas fue moneda corriente en las dependencias de la Jefatura de Policía.
Se estableció censura previa para la prensa, se prohibió el uso de palabras y
numerosos medios de comunicación fueron clausurados, entre ellos El Debate que
dirigía el exdiputado Héctor Gutiérrez Rúiz, asesinado por la dictadura en
Buenos Aires en mayo de 1976.
Fue, precisamente, durante el gobierno de Jorge
Pacheco Areco, además, que el Escuadrón de la Muerte, organizado desde el
Ministerio del Interior y con el apoyo de la Embajada de EEUU, comenzó a actuar
en nuestro país, desapareciendo a Héctor Castagnetto y a Abel Ayala, asesinando
a Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y realizando decenas de atentados
con explosivos para atemorizar a la población.
Jorge Pacheco Areco inició una
época
Las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un mecanismo
constitucional de excepción y de aplicación temporal, fue una herramienta
permanente de gobierno de Pacheco Areco para reprimir a los trabajadores y
eludir al Parlamento. Se mantuvieron ininterrumpidamente hasta julio del año
1971.
La etapa represiva y autoritaria inaugurada el 13 de
junio de 1968 al suspender las garantías individuales convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir
(militarizar) a los trabajadores del Banco República (BROU) y del Banco Central (BCU), dejó de lado el
principio de acuerdo logrado por Manuel Flores Mora con los sindicatos y el día
30 de junio estableció la congelación salarial.
Las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) fueron
establecidas para aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI). El Poder Ejecutivo era un gabinete que representaba los intereses de los
principales grupos económicos del país ante una agudización de la decadencia
económica. Esa es la realidad objetiva. En un mundo fuertemente convulsionado,
fue la aplicación a sangre y fuego de esas recetas económicas en Uruguay las que generaron el descontento popular
masivo, las que desencadenaron una gran movilización en todos los planos y la
intensificación de las luchas. Fue el inicio del lento camino hacia la
dictadura y el terrorismo estatal.
Es la historia verdadera que se pretende ocultar a la
ciudadanía.
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Opinando N° 21 – Año 11 – Miércoles 19 de octubre de
2022
