Montevideo, 6 de
abril de 2022
Sr. Presidente de la República
Oriental del Uruguay.
Dr. Luis Alberto Lacalle Pou.
Estimado Presidente:
Como lo puso de manifiesto el teniente coronel
retirado José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que Guido Manini Ríos ocultó a la justicia, la
desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva bestial del
Estado uruguayo. Fue una estrategia represiva institucional de las Fuerzas
Armadas.
El estado uruguayo adhirió a la Carta Interamericana
de DDHH al retornar a la democracia, mediante la ley 15.737, y en un acto soberano aceptó la jurisdicción
de la Corte Interamericana de DDHH.
En noviembre del año pasado, dicha corte, en la
sentencia Maidanik y otros, entre otras recomendaciones, impuso a Uruguay la
obligación de continuar la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos
desaparecidos.
Por disposición de la Ley 19.822 la búsqueda de los
Detenidos Desaparecidos corresponde a la Institución Nacional de DDHH y
Defensoría del Pueblo que ha delegado la conducción de las actividades a los
Doctores Mariana Mota y Wilder Tayler. Ambos han llevado a cabo su labor con
solvencia, compromiso y responsabilidad.
Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el
aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos
dirigimos a Ud. para solicitarle su
apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el
Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución.
De acuerdo a los compromisos asumidos por Uruguay,
la desaparición forzada de ciudadanos es una práctica represiva cruel y
repugnante de carácter permanente que se sigue cometiendo hasta que se
encuentren los restos de las personas o se diluciden totalmente las
circunstancias.
Es público y notorio que las personas procesadas y
condenadas, por las graves violaciones a los DDHH cometidas desde 1968 en
adelante, que se encuentran en la cárcel
de Domingo Arena, en la Guardia Republicana y/o en prisión domiciliaria, son
quiénes saben que ocurrió y además quiénes saben al respecto. Las evidencias y
los indicios al respecto son indudables.
El Estado tiene la obligación por mandato de la
Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de DDHH de continuar la
búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Esperamos contar con su
pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto.
En segundo lugar, solicitamos a Ud. formalmente que
envíe, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y
todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones,
además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido
recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU.
Tal como lo señala la Resolución 60/147 de las
Naciones Unidas, al cumplir con sus obligaciones reparatorias con las víctimas
y sobrevivientes del terrorismo estatal, no puede obligar a las mismas a renunciar a otros
legítimos derechos para acceder a dichos beneficios.
Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita
que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y
pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos. Prestigiará al país
y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional
realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho.
Desde la recuperación democrática, todas las iniciativas de carácter reparatorio hacia las
víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar fueron promovidas por
el Partido Colorado y el Frente Amplio.
Sin otro particular, agradeciendo desde ya, lo saludan atentamente,
Gastón Grisoni
Enrique Chalar
Presidente Secretario
