50 años y un destino aún desconocido e impune
Con
total desparpajo y sin ningún signo de remordimiento, el fallecido coronel en
situación de reforma José Nino Gavazzo reconoció, en 2018, ante el tribunal de
honor que juzgó su conducta, haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro
Josman a las aguas de la represa de Palmar para hacerlo desaparecer. Ante la
justicia negó haberlo conocido.
Ante
sus pares, sintiéndose protegido, reconoció haberlo hecho solo, siguiendo las
órdenes de las jerarquías militares de la época. Los trágicos hechos ocurrieron
en marzo de 1973, meses antes de que fueran disueltas las cámaras en el mes de junio
y comenzara la huelga general.
Roberto
Gomensoro fue el primer detenido desaparecido a manos de las Fuerzas Armadas.
El primer detenido desaparecido
El
próximo sábado 17 de julio se cumplen 50 años de la desaparición de Abel Ayala.
Es el primer detenido desaparecido en el período conocido oficialmente de la
actuación ilegítima del Estado, mientras gobernaba Jorge Pacheco Areco, electo
por el Parido Colorado. Era oriundo de Rivera, tenía 27 años, era funcionario
policial (Sanidad Policial) y estudiante avanzado de medicina.
Su
secuestro y desaparición se atribuye a los denominados “escuadrones de la
muerte”, comandos paraestatales, policiales y militares, que habían comenzado a
operar de manera pública, con vínculos estrechos con el Ministerio del Interior
y las agencias de inteligencia dependientes o vinculadas a EEUU.
Desaparición forzada: metodología criminal
La
desaparición forzada de personas es un crimen horripilante, especialmente
cuando ella es desarrollada por aquellos que tienen potestades coercitivas con
el solo propósito de asegurar libertades y proteger derechos de los ciudadanos.
Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en crímenes de
Lesa Humanidad han permitido avanzar sustancialmente en el esclarecimiento de
la actuación de los comandos paraestatales que desde las sombras fueron parte
insoslayable de la política represiva y autoritaria del presidente de la época
Jorge Pacheco Areco.
El
exfotógrafo policial Nelson Bardesio, el exagente de la Dirección Nacional de
Inteligencia e Información Pedro Freitas y el exfuncionario de la dictadura
Miguel Sofía han sido procesados por participar en dichas actividades
represivas.
Pacheco Areco incendió la pradera
La
derecha uruguaya ha señalado una y otra vez que el surgimiento del MLN en el
año 1963 tiene la responsabilidad de la violencia ocurrida, al haber creado una
organización armada para repetir los logros de la revolución cubana. Lo cierto
es que el MLN tuvo muy poca influencia en la vida política del país, escasa
presencia periodística hasta muy entrado el año 1969, cuando las calles
uruguayas ya habían visto correr sangre estudiantil y miles de trabajadores,
públicos y privados habían sido reprimidos y militarizados bárbaramente. Ya en
esa época, las Fuerzas Armadas habían comenzado a desempeñar un importante
papel en la represión a los trabajadores.
El
13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco instauró las Medidas Prontas de
Seguridad (Estado de Sitio). Aunque es un mecanismo institucional de carácter
transitorio, para situaciones de emergencia, las mantuvo de manera casi
permanente durante su mandato. En base a dicho procedimiento comenzó a gobernar
por decreto eludiendo de esa manera la participación y el control
parlamentario.
Durante
su gobierno adoptó drásticas medidas en múltiples planos para promover un
ajuste económico contra los trabajadores y los sectores populares. Eliminó los
Consejos de salarios, suspendió las garantías individuales, suprimió la
libertad de prensa y comenzó a transitar el camino inexorable, de la mano
experta de EEUU, que condujo hacia la dictadura
y el terrorismo de Estado.
Junto
a la represión oficial y pública, de las fuerzas policiales y militares, a la
intervención de la enseñanza secundaria y ante el estallido social, en un mundo
fuertemente convulsionado, los comandos paraestatales o “comandos caza
tupamaros” junto con las bandas fascistas como la Juventud Uruguaya de Pie
(JUP), se instalaron en el escenario político uruguayo.
A
cincuenta años, la desaparición forzada de Abel Ayala, atribuida a uno de
dichos comandos, sigue impune y la verdad de lo sucedido ausente. El
esclarecimiento de lo ocurrido sigue siendo una deuda pendiente del Estado con
su familia y la sociedad en su conjunto.
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Opinando
N° 6 – Año 10 – Martes 13 de julio de 2021
