Elena Zaffaroni declaró ante la CIDH y reclamó que el Estado uruguayo obligue a los militares a entregar los archivos operativos de la dictadura
La diaria - 17 de junio de 2021
Este
miércoles comenzó la audiencia por el asesinato de “las muchachas de abril” y
las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.
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Acto recordatorio de las Muchachas de Abril (archivo, abril de 2014). Foto: Javier Calvelo
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos inició este miércoles la audiencia de la causa que investiga
la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la
Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes,
ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en el
centro de torturas La Tablada, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en
el Regimiento de Caballería 6, en diciembre de 1974.
En la primera jornada de
la audiencia declararon Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, el
fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el
abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En la segunda
jornada las partes presentarán sus alegatos finales.
En sus declaraciones
Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, la
responsabilidad del Estado, el rol de la verdad y los límites del Poder
Judicial en el acceso a la verdad y la necesidad de que la CIDH reclame al
Estado que exija la entrega de los archivos operativos de la dictadura. Además
habló de la connivencia entre el poder militar y el poder político y de la
necesidad de un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado
y que permita cesar el crimen de la desaparición.
“Ese día, el 13 de
diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y
soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de
Caballería [...] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba
embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis
quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y
el 25 de diciembre [...] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el
chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la
última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por
ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era [...] luego
entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo
iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró
Zaffaroni en la audiencia.
Zaffaroni también se
refirió al sufrimiento de su familia por la desaparición de Luis Eduardo
González: “Mi suegra, Amalia, tenía 47 años y hace exactamente 47 años de los
hechos, Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando desesperadamente
a su hijo, como todas las madres, aceptando con inmenso dolor que no lo iba a
encontrar [...] Mi hijo nació estando ya su padre muerto, por muchos años él se
despertó en la noche en la hora que nos vinieron a detener, por muchos años,
como un loco, con gritos de algo que no sabía qué era lo que le pasaba. Él
pensó que como se llamaba igual lo iban a confundir y lo iban a matar o desaparecer,
por años fue así cuando era niño”.
Al ser consultada por la
representante del Estado uruguayo Pilar Álvarez sobre la creación de la
Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Zaffaroni respondió que
la Justicia no puede actuar sola y que necesita de los otros poderes del Estado
para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.
“La Justicia no puede
actuar sola, es imposible que se imparta justicia si no tiene la información
aportada por el Poder Ejecutivo”, señaló. Si bien reconoció el trabajo del
fiscal Perciballe, planteó que aún en 2021 se desconocen los hechos. “Hemos
seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los
militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”,
subrayó, y recalcó que se desconocen los detalles de lo que hizo el coronel
retirado Eduardo Ferro o Mario Aguerrondo, quien fue felicitado en su legajo
por ser el ideólogo del operativo contra el Partido Comunista Revolucionario
que culminó con la detención y asesinato de Luis Eduardo González.
Zaffaroni dijo que aspira
a que el Estado los busque “como si buscara a sus hijos, con la misma
desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo
que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva
a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que
pasó?”, cuestionó.
Además, señaló que
pidieron a todos los presidentes, después del regreso a la democracia, que
incautaran los archivos operativos de la dictadura, pero no lo hicieron.
Zaffaroni valoró que se
haya traspasado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo la conducción de las excavaciones y recordó que todos los hallazgos de
restos de detenidos desaparecidos surgieron de información militar. “La idea no
es que agujereen Uruguay, sino que les aporten los datos precisos, que están
ahí y que nadie ha exigido”.
“Los hallazgos han sido
siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque
los datos estaban en la Fuerza Aérea [...] el de Miranda es porque entregaron
un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de
[Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al
Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.
Por otra parte, destacó la
falta de conocimiento sobre la forma en la que se seleccionó quiénes serían los
asesinados: “15 días antes en el mismo cuartel, el mismo equipo de OCOA [Órgano
Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y torturadores mata a otro
militante y entrega su cuerpo [...] La Justicia que se ha abierto paso con una
lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos
han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo
tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria”.
Zaffaroni se refirió
también al apoyo que tiene la búsqueda de la verdad en buena parte de la
sociedad: “Esa es la única paz que ha dado a nuestras madres [...] que hay
quienes siguen con estos principios de verdad y de justicia para la vida”.
Consultada sobre los
intereses que mantienen la impunidad y el poder de quienes no brindan la
información, Zaffaroni respondió: “Esta fue una dictadura cívico-militar y
salimos de la dictadura con un pacto. Por qué ese pacto dura hasta 2021 y lo
sostienen los distintos gobernantes no lo sabemos”. Zaffaroni cuestionó que los
comandantes que brindaron o trasladaron información falsa sobre lugares de
enterramiento no hayan sido destituidos en ese momento y recordó como “un gesto
simbólico duro” la visita del expresidente José Mujica al general Miguel
Dalmao, cuando estaba preso en la unidad de Coraceros.
En la audiencia también
declaró como testigo pedido por el Estado uruguayo el fiscal Ricardo
Perciballe, quien informó sobre el avance de los casos que involucran la causa
en la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], señalando que en el
caso conocido como las “muchachas de abril” uno de los imputados podría ser
procesado, ya que se resolvieron las excepciones de prescripción e
inconstitucionalidad que presentó la defensa del imputado, mientras que hay
otros dos exoficiales sobre los que aún está pendiente la resolución de
excepciones de prescripción.
Con respecto al caso
Tassino, señaló que, además del procesamiento de Ferro en octubre del año pasado,
la Fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército y lo único
que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la jueza
estaría en condiciones de tomar una resolución.
En cuanto a la
desaparición de Luis González González señaló que se trata de una causa más
compleja, en la que todavía no hay una imputación fiscal, pero aclaró que
“están absolutamente identificados los hechos en la fase investigativa” y resta
que se resuelvan excepciones de prescripción que han planteado los indagados.
En cuanto a los archivos
de la dictadura sobre estos casos, Perciballe dijo que no tiene un dato
objetivo para decir que esos archivos existen. “Uno tiende a pensar que existen
y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron,
funcionan y funcionarán”. Consultado sobre la posibilidad de reclamarlos desde
la Fiscalía, Perciballe planteó que podría “hacer una solicitud amplia al
Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no
decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen”. “Esto debe ser parte
de una política de Estado, y uno quiere creer que si existe la voluntad en ese
sentido sería muy sencillo que el señor presidente de la República dispusiera
al respecto”, opinó, al tiempo que aclaró que es un tema que excede a la
fiscalía.
Por su parte, el abogado
especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia declaró como perito propuesto
por la CIDH. En su intervención resaltó la disparidad de criterios en la
Justicia uruguaya para tratar asuntos claves de las causas, como es el caso de
la prescripción o la tipificación como crímenes de lesa humanidad.
“Los tribunales uruguayos
no presentan una posición única sobre un asunto central”, señaló, y destacó su
coincidencia con una de las resoluciones de supervisión del cumplimiento del
fallo de la CIDH para el caso Gelman, que indicó que “persisten
interpretaciones judiciales que no brindan la seguridad jurídica suficiente”.
Además, advirtió que en la
medida en que se tipifican como delitos comunes acusaciones por delitos de
tortura, que prescriben a los diez años, prescribirían este año, considerando
el inicio del cómputo del plazo a partir de la derogación de la ley de
caducidad, en 2011.
También manifestó su
preocupación por la falta de una perspectiva de género en la Justicia en
general y particularmente en los crímenes de lesa humanidad y resaltó la
necesidad de una mayor formación en la materia.
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