La dictadura y el “clavo” de la Caja Militar
Un legado funesto para la sociedad
El
próximo domingo 27 de junio se cumplen 48 años de la disolución de las Cámaras
y del inicio de la huelga general desarrollada por la clase obrera, la FEUU y
los sectores populares repudiando el golpe de Estado.
La
dictadura cívico militar, llevada adelante por el presidente electo Juan María
Bordaberry y las Fuerzas Armadas, fue un acontecimiento de gran trascendencia en
todos los planos. Aún sigue teniendo una
enorme incidencia en la realidad nacional, en el plano judicial y político pero
también en el económico. El crónico déficit del Servicio de Pensiones y Retiros
Militares está relacionado con ella.
Hipertrofia de las Fuerzas Armadas
En
el año 1968, el presidente Jorge Pacheco Areco sacó a las Fuerzas Armadas de
los cuarteles y las transformó en actores políticos militarizando y reprimiendo
a los trabajadores públicos y privados de diferentes gremios. La activa
participación protagónica de las Fuerzas Armadas desde abril de 1972 y, muy
especialmente, desde el 9 de febrero de 1973, luego de los acuerdos de Boiso
Lanza, demandó un crecimiento inusitado del número de sus integrantes y de los
recursos presupuestales asignados a ellas.
Las
cifras son elocuentes. En 1970 el número de funcionarios militares ascendía a
17.000, en 1975 eran 25.000, en 1978 eran 28.000 y llegaron a ser 30.000 en
1983 cuando la dictadura comenzaba su fase de repliegue ordenado. Los efectivos
militares por decisión de los Altos Mandos se incrementaron en un 75% durante
el proceso.
Dictadura y gastos militares
En
1970 los gastos militares ascendieron a 1,9% del PBI, fueron de 2,4% en 1973 y
llegaron a ser del orden del 4% en 1982. Los gastos militares en armamento
durante dicho período no se incrementaron de manera sustantiva, en igual
proporción al aumento presupuestal. Es razonable suponer que el aumento del
gasto estuvo destinado a la nueva función que las Fuerzas Armadas comenzaron a
desarrollar desde setiembre de 1971 y, especialmente, desde abril de 1972.
Además
con el propósito de favorecer la captación de nuevos miembros y de satisfacer a
los integrantes, oficiales y tropas, se aprobó en 1974 una Ley Orgánica,
vigente hasta el año 2018, con un régimen previsional sumamente generoso,
defendido con uñas y dientes por el general ® Guido Manini Ríos y alabado por
el actual Comandante en Jefe del Ejército Gerardo Fregossi el pasado 18 de
mayo.
Caja Militar: un legado del terrorismo de Estado
La
derrota política de los militares y de su proyecto de Constitución en el histórico Plebiscito de 1980 marcó un
jalón decisivo: culminaría con el retorno a la institucionalidad democrática en
el año 1985. Las FFAA, si bien continuaron jugando un papel tutelar durante el
primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y en los sucesivos, comenzaron
a cumplir las funciones tradicionales.
Por este motivo, el número de sus
integrantes comenzó a reducirse de manera gradual aunque continuaron
manteniendo sus privilegios en general y en lo referido al régimen jubilatorio
y pensionario.
La
aprobación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
aprobada en diciembre de 1986, refrendada por la ciudadanía en abril de 1989,
impidió que los criminales estatales fueran juzgados, que las Fuerzas Armadas
fueran depuradas, pudieran mantener su poderío e influencia institucional y, sus privilegios.
La
reducción del número de integrantes para adecuarlos a las funciones
constitucionales, unido a la ley jubilatoria generosa y privilegiada, es lo que
ha llevado a que el sistema de pensiones y retiros de las FFAA sea ampliamente
deficitario desde hace más de una década y haya costado, solamente el año
pasado, la friolera cifra de 500 millones de dólares.
El inexorable camino de la justicia
Casi
200 detenidos desaparecidos. 200 asesinados. Miles de presos políticos y
exiliados. La dictadura cívico militar dejó un saldo trágico para la nación
entera en materia de violaciones a los Derechos Humanos pero también en otras
esferas de la vida. Los trabajadores perdieron el 50% del poder adquisitivo de
sus salarios. Una enorme masa de dinero fue destinada a las arcas de los grupos económicos poderosos, los “malla de oro” de la época, que apoyaron el proceso. Al retornar a
la democracia el 40% de los hogares de Uruguay estaba por debajo de la línea de
la pobreza.
La
investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los
derechos humanos es el camino para impedir que ellos vuelvan a reiterarse, para
cerrar la puerta a nuevos procesos similares. Como colectivo seguiremos
reclamando el accionar del Poder Judicial sin restricciones de ningún tipo. El
castigo de los crímenes es indispensable para afirmar el Estado de Derecho y la
plena vigencia de las libertades y derechos. Es lo que corresponde para impedir
que el pasado pueda reiterarse.
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Opinando N° 5 – Año 10 – Viernes 25 de junio de 2021
