¿Hasta cuándo?
Desde hace casi 10 años,
en forma colectiva, veintiocho ex presas políticas que sufrieron torturas
inenarrables, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros
clandestinos de detención, vienen librando una batalla agobiante para que haya
justicia y los responsables sean juzgados y condenados.
Presas
políticas uruguayas de plantón (Serpaj – Uruguay Nunca Más - 1989)
Durante el gobierno de
Jorge Pacheco Areco (1968 -1971) las torturas fueron frecuentes y habituales
tal como quedó establecido en base a una comisión parlamentaria que las expuso públicamente y las condenó. A
partir del 15 de abril de 1972, en el marco y al amparo de la Declaración del
Estado de Guerra Interno impulsada por Juan María Bordaberry, se desató una
feroz campaña represiva en todo el país que tuvo como protagonistas principales
a las tres ramas de las Fuerzas Armadas aunque incluyó, obviamente, a la
Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII) dirigida por el
inspector Víctor Castiglioni.
Los
abusos sexuales asociados a la tortura
Sin descartar ninguna
variante represiva, hubo casi 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados,
incluyendo supuestos enfrentamientos, intentos de fuga, ejecuciones
extrajudiciales, “suicidios”, muertes durante los interrogatorios o en
condiciones de reclusión, la detención masiva de ciudadanos, asociada
sistemáticamente a la tortura y a la prisión prolongada en campos de
concentración, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el
terrorismo de Estado para someter a la población y ejecutar su proyecto de
reestructura de la sociedad.
En el caso de las mujeres,
aunque no solamente con ellas, la tortura incluyó los abusos sexuales de todo
tipo y las violaciones. La existencia masiva
de las torturas a los prisioneros
fue conocida ampliamente a nivel internacional por la labor que
desplegaron en su momento Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate desde el
comienzo mismo de la dictadura y se mantuvo.
Al retornar a la
democracia, las víctimas de los atropellos comenzaron a formular las denuncias
en los juzgados. Fue en el año 2011,
luego que la Corte IDH se pronunción en el caso Gelman vs Uruguay, que estas
veintiocho ex prisioneras políticas, con el apoyo institucional, presentaron la
denuncia en forma colectiva a nivel judicial para resaltar la condición
específica de atropello y violencia que sufrieron quienes fueron consideradas
“botín de guerra” por los represores.
La
causa judicial empantanada
A pesar de la enorme
cantidad de años transcurridos, la causa judicial ha avanzado muy poco. Las
denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo código
del proceso penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los
jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas,
a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Código del Proceso Penal.
Además, al igual que en el
resto de los procesos de este tipo, los involucrados y sus abogados defensores
hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces,
ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de
Justicia que las toleran.
El
silencio de los medios masivos
A pesar de la gravedad de
los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la
notoriedad pública de muchos de ellos, algunos ya procesados y con condena
firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la
repercusión pública que amerita.
¿Qué habrá que hacer para
que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los
televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su
testimonio de manera pública?
¿Qué habrá que hacer para
que se conozca que decenas de torturadores, asesinos y desaparecedores como
Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel
Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y
Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?
El
Poder Judicial tiene que actuar
Los responsables de las
graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser castigados penal y
administrativamente como funcionarios del Estado. El castigo de los delitos es
necesario para asegurar la convivencia social y, fundamentalmente, para evitar
que dichas conductas se repitan en el futuro. En nuestro país, corresponde
exclusivamente al Poder Judicial investigar exhaustivamente todos los hechos de
apariencia delictiva, esclarecerlos, identificar a los responsables y
establecer las sanciones, penales y administrativas que correspondan.
Miles de mujeres, con su
lucha y tenacidad, forjaron esta democracia. Sin embargo no hay espacio para
que sus denuncias judiciales avancen y tampoco tienen la notoriedad
periodística que merecen.
Las sucesivas
declaraciones del general retirado Guido Manini Ríos, en el Senado de la República
y en los medios masivos de comunicación,
agravian al Poder Judicial, amenazan y condicionan públicamente a los
jueces, a los operadores y envalentonan
a los abogados defensores y a los involucrados.
¿Hasta cuándo van a seguir
siendo presionadas, hostigadas y revictimizadas por los abogados defensores de
los perpetradores cuando van a testimoniar?
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Opinando N° 13 – Año 9 –
Lunes 14 de Setiembre de 2020
