Se equivoca el Sr. Presidente
1)
Rechazamos de manera tajante las declaraciones, por boca del Ministro
de Defensa, del Sr. Presidente de la República ante el reciente pronunciamiento
judicial que condenó a un soldado por haber asesinado a un detenido indefenso y
esposado, desesperado por huir de las salvajes torturas a que estaba siendo
sometido en las dependencias militares que lo habían capturado, en julio de
1972.
Sus
preocupaciones, en la misma dirección que las formuladas por el Senador Guido
Manini Ríos en el pasado mes de abril, son absolutamente inapropiadas en un
sistema democrático republicano en el cual el Poder Judicial es un órgano
independiente y soberano.
2)
En momentos en que el órgano supremo del Poder Judicial tiene a
estudio la reapertura de las investigaciones del crimen del Dr. Vladimir
Roslik, último asesinado en la tortura durante la dictadura cívico militar, las
declaraciones del Presidente de la República, principal ordenador del gasto y
promotor de la ley de presupuesto nacional, suponen un mensaje indebido,
claramente direccionado hacia dicho órgano.
3)
Las autoridades gubernamentales deberían expresar su sincera
preocupación por la enorme demora del Poder Judicial en pronunciarse ante un
asesinato flagrante, tal cual ha sido demostrado con total claridad. El
adecuado funcionamiento del Poder Judicial es un pilar básico de nuestro
sistema democrático republicano, conquistado por la lucha de todas y todos los
uruguayos.
Al mismo
tiempo, debería compartir el mensaje del Poder Judicial: los oficiales del
Ejército solamente puedan dar órdenes legítimas, que estén en concordancia con
las disposiciones constitucionales, con las leyes vigentes y con las normas de
DDHH que Uruguay ha ratificado.
4) Expresamos públicamente,
además, nuestra preocupación ante el notorio deterioro de la atención en salud
que estamos sufriendo todas las víctimas del terrorismo de Estado desconociendo
los alcances de la Ley 18 596 y los decretos reglamentarios de la misma. Por la
vía de los hechos, al no otorgar los recursos básicos e imprescindibles, se
desmantela la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado, deja
de operar la cooperativa de atención psiquiátrica (Cossameddhh) y los
proveedores, por falta de pago, dejan de brindar los materiales indispensables.
5)
La Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (Inddhh), la
Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y la Fiscalía Especializada en
Crímenes de Lesa Humanidad son logros enormes de la sociedad uruguaya que deben
contar con los apoyos y recursos humanos, materiales y financieros
imprescindibles para continuar llevando adelante su encomiable labor. La ley de
presupuesto nacional deberá contemplar satisfactoriamente sus necesidades.
7) Desde la ratificación por
parte de Uruguay del Tratado de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial,
todas las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
terrorismo de Estado son tipificables como Crímenes de Lesa Humanidad y son por
lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.
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Opinando N° 8 – Año 9 – Lunes 15 de junio de
2020
