Los desafueros robustecen la democracia

El desafuero de parlamentarios que han violado la ley está perfectamente regulado por las disposiciones constitucionales. Asegura la integridad política, jurídica y ética de los integrantes de un poder estatal tan importante como el Parlamento en un sistema democrático republicano.

Al conceder el desafuero a un integrante involucrado en hechos de apariencia delictiva el órgano, ya sea la Cámara de Senadores o la de Representantes, se fortalece a sí mismo, refuerza su credibilidad, su imagen pública, permitiendo la actuación del Poder Judicial.

El Parlamento, órgano que elabora y aprueba las leyes, además de vigilar la aplicación de las mismas por parte del Poder Ejecutivo, no puede estar integrado por delincuentes, por personas que las violen.

Manini Ríos: ocultó información para favorecer la impunidad de Gavazzo 

 

Indudable apariencia delictiva

Tal como lo puso de manifiesto el periodista y escritor Leonardo Haberkorn, en varias notas publicadas en El Observador, en ningún momento Guido Manini Ríos señaló haber informado a la Justicia acerca del testimonio incriminatorio

brindado por José Nino Gavazzo. En su declaración ante el tribunal, se refirió a la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el cuartel de Artillería N°1, en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry. Tampoco informó acerca de las declaraciones de Jorge “Pajarito” Silveira en lo referido a la desaparición de Eduardo Pérez Silveira y de una ciudadana enterrada en forma clandestina luego de su asesinato en la tortura.

En las diferentes entrevistas que concedió Manini Ríos, explicó de manera reiterada, cuáles fueron las razones de no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus subordinados. Las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día Gente” de Canal 10 son un testimonio indudable de su reconocimiento público de sus omisiones, de su tránsito institucional al margen de la ley, aunque ahora se presente como una víctima perseguida del sistema.

Las leyes son claras

De acuerdo a las normas vigentes, todos los funcionarios estatales tienen la obligación de denunciar los hechos de apariencia delictiva de los cuales toman conocimiento mientras ejercen sus actividades oficiales.

Las leyes son disposiciones destinadas a regular la convivencia social de una manera armoniosa y pacífica de las sociedades. Son aprobadas siguiendo procedimientos públicos y reglamentados, por un poder del Estado elegido cada cinco años, de manera democrática, a tales efectos.

Tal como lo establece el Código Penal uruguayo, los funcionarios que no informan al poder judicial cometen un delito y deben ser sancionados penal y administrativamente, de acuerdo a la gravedad de la falta, siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

Pruebas irrefutables y abrumadoras

Las evidencias en contra de Guido Manini Ríos son abrumadoras. No existe ningún documento que acredite que haya cumplido con su obligación de informar al Sistema Judicial como correspondía.

Manini Ríos entregó las actas del Tribunal de Honor a las jerarquías del Ministerio 10 meses después que José Nino Gavazzo realizó su primera confesión. Lo hizo, además, presentando un escrito propio que no aludía al asesinato de Gomensoro Josman y tampoco hacía mención al testimonio autoincriminatorio de Gavazzo ni a las declaraciones formuladas por Jorge “Pajarito” Silveira.

El general retirado Gustavo Fajardo es contundente

El general retirado Gustavo Fajardo, que era el presidente del Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo y Silveira, declaró ante el fiscal Morosoli que el

mismo día que escuchó la declaración de Gavazzo, le solicitó a Manini Ríos una entrevista que se concretó al día siguiente en el despacho del comandante en jefe, aunque no hay registros documentales de la misma.

Tras escuchar el informe, Manini Ríos acusó recibo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación. "Era un tema para la justicia penal, lo conversamos con el comandante y le dijimos esto es así, quedó con los papeles y dijo, 'yo me hago cargo de esto'… estamos hablando de la máxima jerarquía de la institución, tres generales con el comandante en jefe… después la decisión la toma él...”, declaró Fajardo, según señala el dictamen de la Fiscalía.

Unos veinte días después, Manini llamó a Fajardo y le dio la orden de continuar con las tareas "fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que a su juicio, lo declarado por Gavazzo era una 'chicana' para dilatar la decisión".

Un crimen de Lesa Humanidad

Como comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos sabía que José Nino Gavazzo había sido eximido de responsabilidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman, que la causa había sido archivada, siendo un crimen impune, al igual que el de Eduardo Pérez Silveira. Su ocultamiento deliberado de los testimonios de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira fue un acto de complicidad con los responsables de dos causas pendientes de resolución para garantizar su impunidad.

El voto popular no sustituye al Poder Judicial

La Cámara de Senadores no puede estar integrada por personas con causas judiciales, con personas que violentaron las disposiciones legales vigentes. Los desafueros concedidos a Wilson Ezquerra y a César Bianchi en la pasada legislatura, son claros ejemplos.

En el caso de Guido Manini Ríos el delito es más grave, no es acusado de manejar alcoholizado: ha ocultado información a un poder del Estado, ha encubierto a los responsables de crímenes de Lesa Humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose en cómplice de ellos.

Aunque en su momento anunció que pediría que se votara su desafuero, todo parece indicar que al general no le dará la nafta y que se amparará en sus fueros para evitar ser juzgado por sus crímenes.

Para afirmar la institucionalidad republicana y demostrar su integridad moral, el Senado debe votar su desafuero. Sobran evidencias en su contra. Todos los senadores deben asumir su responsabilidad y su obligación de contribuir con el Poder Judicial para aplicar las leyes vigentes. Votar el desafuero de

Manini Ríos para que sea juzgado, como corresponde, es un compromiso imperativo con la legalidad democrática y de rechazo al terrorismo de Estado.

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Opinando N° 6 – Año 9 – Martes 21 de abril de 2020