El vocero del
terrorismo de Estado
arremete contra las leyes reparatorias
Mentiras, falsedades,
insinuaciones, hostilidad, un viejo encono, desprecio implícito, absoluto, por
las normas de Derechos Humanos y las víctimas. El pasado sábado 16 de noviembre,
la Directora de El País, en un pretendido artículo de opinión, con fines
proselitistas, embiste, previendo un eventual y posible triunfo de la coalición
que lidera Luis Lacalle Pou y cuenta con el respaldo del general retirado Guido
Manini Ríos, contra las leyes reparatorias que fueron aprobadas en los últimos
15 años.
El derecho a la
libertad de expresión es una conquista de la sociedad uruguaya que contribuimos
a forjar y que defendemos. Otra cosa distinta es mentir. Con la mala intención
propia de quién odia desde hace mucho tiempo, se señala que la Auditoría
Interna de la Nación (AIN) cuestionó pagos a las víctimas, lo cual no es
cierto. Es una gran mentira para destilar veneno.
El informe de la AIN
cuestiona el Decreto 297/2010 del Poder Ejecutivo en base a una lectura
incompleta, de escasa comprensión lectora, del artículo 10 de la Ley 18 596 que
otorgó la atención gratuita y vitalicia a los hijos y nietos de todos los
beneficiarios de la Ley 18 033, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 268/2008. El mismo es parte integrante de la ley, tal como se
señala expresamente.
La atención en salud se
brinda pura y exclusivamente en ASSE y se canaliza a través de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado (OAVTE). Las prestaciones a
que alude el informe de la AIN y que la periodista militante presenta como
pagos, son prestaciones en salud. Se refiere a los proveedores de ASSE y del
Ministerio de Salud Pública (MSP).
Atención psiquiátrica,
principal renglón cuestionado: COSAMEDDHH
La OAVTE no realiza
pagos de ningún tipo a las víctimas beneficiarias. El principal rubro, además
de los proveedores odontológicos y oftalmológicos, es el pago al servicio tercerizado,
psiquiátrico y psicológico, a la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos
(Cosameddhh). Brinda tratamiento y acompañamiento a centenares de ex presos
políticos que, debido a las brutales experiencias traumáticas vividas durante
los interrogatorios en los cuarteles y centros clandestinos de detención,
arrastran secuelas de por vida.
La tortura supone una
enorme agresión, produce un dolor intenso, un enorme sufrimiento y deja
secuelas a corto, mediano y largo plazo. Como lo demuestran los estudios
internacionales, se trasmite, incluso, genéticamente, deja secuelas
intergeneracionales. Los centenares de pacientes de Cosameddhh, son un
testimonio viviente de ello.
Otra mentira: no hay
subsidios a exiliados
La articulista, con
absoluta premeditación y alevosía, señala que se ha otorgado un subsidio
económico a una joven exiliada que usufructuaba una beca, gracias a los buenos
oficios de los “contactos compañeros”.
Las dos leyes
aprobadas, la Ley 18 033 y la Ley 18 596, no otorgan subsidios de ninguna clase
y/o naturaleza a quienes se exiliaron o no fueron formalmente procesados por la
Justicia militar. El sometimiento a tribunales militares para civiles, una
aberración política y jurídica, se implementó al aprobar el Estado de Guerra
Interno, para mantener prisioneros, con una apariencia de legalidad, a miles de
ciudadanos.
Los amparos a las
leyes, además, han sido concedidos por Comisiones Especiales creadas por ambas
leyes, con amplia representación, que han actuado con total transparencia y cristalinidad,
respetando las normas legales, las garantías del debido proceso y rendido
cuentas todas las veces que les ha sido solicitado. Nuestro colectivo, para
colaborar con la implementación de ambas leyes, ha integrado ambas comisiones y
puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, que un enfoque más orientado a
las víctimas como lo señaló la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), habría
sido aconsejable y necesario.
Nuestra detractora
entrevistando al genocida general
Rafael Videla
Las leyes aprobadas en
los últimos 15 años, muy especialmente en el primer gobierno del Dr. Tabaré
Vázquez, a impulso obviamente de Crysol y otros colectivos, han sido logros
inmensos, que, obviamente, el vocero del terrorismo de Estado no valora, no
aprecia y desearía, seguramente, que no hubiesen sido promulgadas. Ambas leyes,
con carencias e insuficiencias notorias, que deberían ser superadas a la mayor
brevedad, tal como lo han reclamado los Relatores Especiales de la ONU y la
propia INDDHH, es un gran debe de la actual administración que finaliza.
Las leyes aprobadas no
otorgan beneficios indebidos o prebendas inusitadas a ciudadanos amigos del
gobierno como muchos piensan y señalan. Tampoco son recompensas por haber
luchado y militado.
Los Estados deben
respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando no lo hacen,
cuando se producen graves violaciones, como ocurrió en Uruguay, deben sancionar
y castigar a los responsables y deben resarcir, de manera integral, a las
víctimas. Ambas leyes, son la implementación, en la realidad uruguaya, de las
normas internacionales de DDHH que Uruguay ha ratificado. La Ley 18 033
aprobada casi con unanimidad parlamentaria, en ambas cámaras, resarce, aunque
obligándolos a renunciar a otros derechos, jubilatorios y pensiones, siempre y
cuando no ganen más de 15 BPC, a ciudadanos que fueron formalmente procesados
por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo, luego de días, semanas
y hasta meses de incomunicación y torturas.
El
terrorismo de Estado, en el marco del Plan Cóndor y de las dictaduras
regionales, fue un proyecto de país al servicio de grupos minoritarios, en
connivencia con los EEUU. En la Argentina se promovía el achique del Estado y
las privatizaciones.
La detención masiva de
ciudadanos, asociada a la tortura salvaje, a los abusos sexuales, a los
asesinatos y desapariciones, junto con la prisión prolongada, fue la
metodología represiva de la dictadura que El País apoyó y respaldó.
Mientras la articulista
de marras entrevistaba en respaldo, amistosa y sonrientemente, al general
Rafael Videla, los beneficiarios de las leyes contra las cuales arremete eran
violentados en Punta Carretas, Paso de los Toros, en Punta de Rieles, en el
Penal de Libertad, en Cárcel Central, en el Fusna y en decenas de cuarteles,
centros de reclusión inhumanos. Uruguay todo, era una gran cárcel. Absoluta
inmoralidad. La de siempre!!!
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Opinando N° 25 – Año 8 – Jueves 21 de noviembre de 2019
