la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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lunes, 25 de noviembre de 2019

Arremeten contra las reparaciones


El vocero del terrorismo de Estado 
arremete contra las leyes reparatorias


Mentiras, falsedades, insinuaciones, hostilidad, un viejo encono, desprecio implícito, absoluto, por las normas de Derechos Humanos y las víctimas. El pasado sábado 16 de noviembre, la Directora de El País, en un pretendido artículo de opinión, con fines proselitistas, embiste, previendo un eventual y posible triunfo de la coalición que lidera Luis Lacalle Pou y cuenta con el respaldo del general retirado Guido Manini Ríos, contra las leyes reparatorias que fueron aprobadas en los últimos 15 años.





No hay pagos a víctimas cuestionados por la AIN

El derecho a la libertad de expresión es una conquista de la sociedad uruguaya que contribuimos a forjar y que defendemos. Otra cosa distinta es mentir. Con la mala intención propia de quién odia desde hace mucho tiempo, se señala que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) cuestionó pagos a las víctimas, lo cual no es cierto. Es una gran mentira para destilar veneno.

El informe de la AIN cuestiona el Decreto 297/2010 del Poder Ejecutivo en base a una lectura incompleta, de escasa comprensión lectora, del artículo 10 de la Ley 18 596 que otorgó la atención gratuita y vitalicia a los hijos y nietos de todos los beneficiarios de la Ley 18 033, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 268/2008. El mismo es parte integrante de la ley, tal como se señala expresamente.

La atención en salud se brinda pura y exclusivamente en ASSE y se canaliza a través de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado (OAVTE). Las prestaciones a que alude el informe de la AIN y que la periodista militante presenta como pagos, son prestaciones en salud. Se refiere a los proveedores de ASSE y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Atención psiquiátrica, principal renglón cuestionado: COSAMEDDHH

La OAVTE no realiza pagos de ningún tipo a las víctimas beneficiarias. El principal rubro, además de los proveedores odontológicos y oftalmológicos, es el pago al servicio tercerizado, psiquiátrico y psicológico, a la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (Cosameddhh). Brinda tratamiento y acompañamiento a centenares de ex presos políticos que, debido a las brutales experiencias traumáticas vividas durante los interrogatorios en los cuarteles y centros clandestinos de detención, arrastran secuelas de por vida.

La tortura supone una enorme agresión, produce un dolor intenso, un enorme sufrimiento y deja secuelas a corto, mediano y largo plazo. Como lo demuestran los estudios internacionales, se trasmite, incluso, genéticamente, deja secuelas intergeneracionales. Los centenares de pacientes de Cosameddhh, son un testimonio viviente de ello.

Otra mentira: no hay subsidios a exiliados

La articulista, con absoluta premeditación y alevosía, señala que se ha otorgado un subsidio económico a una joven exiliada que usufructuaba una beca, gracias a los buenos oficios de los “contactos compañeros”.

Las dos leyes aprobadas, la Ley 18 033 y la Ley 18 596, no otorgan subsidios de ninguna clase y/o naturaleza a quienes se exiliaron o no fueron formalmente procesados por la Justicia militar. El sometimiento a tribunales militares para civiles, una aberración política y jurídica, se implementó al aprobar el Estado de Guerra Interno, para mantener prisioneros, con una apariencia de legalidad, a miles de ciudadanos.

Los amparos a las leyes, además, han sido concedidos por Comisiones Especiales creadas por ambas leyes, con amplia representación, que han actuado con total transparencia y cristalinidad, respetando las normas legales, las garantías del debido proceso y rendido cuentas todas las veces que les ha sido solicitado. Nuestro colectivo, para colaborar con la implementación de ambas leyes, ha integrado ambas comisiones y puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, que un enfoque más orientado a las víctimas como lo señaló la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), habría sido aconsejable y necesario.


Víctimas del terrorismo de Estado: tortura y prisión prolongada



Nuestra  detractora entrevistando  al genocida general Rafael  Videla

Las leyes aprobadas en los últimos 15 años, muy especialmente en el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, a impulso obviamente de Crysol y otros colectivos, han sido logros inmensos, que, obviamente, el vocero del terrorismo de Estado no valora, no aprecia y desearía, seguramente, que no hubiesen sido promulgadas. Ambas leyes, con carencias e insuficiencias notorias, que deberían ser superadas a la mayor brevedad, tal como lo han reclamado los Relatores Especiales de la ONU y la propia INDDHH, es un gran debe de la actual administración que finaliza.

Las leyes aprobadas no otorgan beneficios indebidos o prebendas inusitadas a ciudadanos amigos del gobierno como muchos piensan y señalan. Tampoco son recompensas por haber luchado y militado.

Los Estados deben respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando no lo hacen, cuando se producen graves violaciones, como ocurrió en Uruguay, deben sancionar y castigar a los responsables y deben resarcir, de manera integral, a las víctimas. Ambas leyes, son la implementación, en la realidad uruguaya, de las normas internacionales de DDHH que Uruguay ha ratificado. La Ley 18 033 aprobada casi con unanimidad parlamentaria, en ambas cámaras, resarce, aunque obligándolos a renunciar a otros derechos, jubilatorios y pensiones, siempre y cuando no ganen más de 15 BPC, a ciudadanos que fueron formalmente procesados por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo, luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas.

“Achicando el Estado agrandamos la Nación”

El terrorismo de Estado, en el marco del Plan Cóndor y de las dictaduras regionales, fue un proyecto de país al servicio de grupos minoritarios, en connivencia con los EEUU. En la Argentina se promovía el achique del Estado y las privatizaciones.

La detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura salvaje, a los abusos sexuales, a los asesinatos y desapariciones, junto con la prisión prolongada, fue la metodología represiva de la dictadura que El País apoyó y respaldó.

Mientras la articulista de marras entrevistaba en respaldo, amistosa y sonrientemente, al general Rafael Videla, los beneficiarios de las leyes contra las cuales arremete eran violentados en Punta Carretas, Paso de los Toros, en Punta de Rieles, en el Penal de Libertad, en Cárcel Central, en el Fusna y en decenas de cuarteles, centros de reclusión inhumanos. Uruguay todo, era una gran cárcel. Absoluta inmoralidad. La de siempre!!!

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Opinando N° 25 – Año 8 – Jueves 21 de noviembre de 2019