Ministerio
de Defensa investiga quema de archivos militares y el posible vínculo con el
juicio de Roma.
Por Samuel Blixen - 12 7 19
Documento escrito por Jorge Tróccoli sobre su relación con los
oficiales argentinos de la Esma / Foto: archivo Fusna
La destrucción de documentos y su quema y un
allanamiento militar de la oficina donde trabaja personal del Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia en la sede de la Armada Nacional coincidieron con el
inicio de la última etapa de la apelación en tribunales de Roma que culminó con
la condena perpetua de 13 militares uruguayos. La amistad con Alfredo Astiz, el
“ángel de la muerte”, y las felicitaciones que recibió del genocida Luis D’Imperio,
jefe de la Esma, fueron pruebas decisivas para condenar a Jorge Tróccoli.
Trece militares uruguayos fueron sentenciados
por la Corte de Apelaciones de Roma a condena perpetua por la comisión de
desapariciones forzadas y homicidios en el marco del Plan Cóndor de víctimas de
doble ciudadanía, uruguaya e italiana. De los 13, sólo uno, el capitán de navío
(r) Jorge Tróccoli, está a tiro de la justicia italiana para cumplir la pena de
por vida (los demás cumplen condena en Uruguay, están muertos o prófugos). Y
este desenlace cierra una saga de hechos inconcebibles que comenzó cuando
Tróccoli se escapó de Uruguay, en setiembre de 2007, ante un requerimiento de
la justicia. Ubicado meses después en Italia, eludió la extradición porque una “mano
amiga” adulteró las fechas del expediente italiano para aducir que habían
expirado los plazos de los trámites administrativos. Fue nuevamente enjuiciado
por los crímenes del Cóndor, pero sólo permaneció en la cárcel durante tres
meses hasta que fue absuelto porque el abogado defensor contratado por el Estado
uruguayo no se tomó la molestia de autenticar los documentos probatorios. Y ahora esa saga
culmina cuando, en apelación, otros jueces invirtieron drásticamente la
sentencia en primera instancia y dictaron una pena durísima, que en Uruguay fue
saludada por familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y, en
primer lugar, el propio gobierno, que la ha convertido en una prueba
irrefutable de su compromiso político con el tema.
Tróccoli se propone jugar una última carta,
apelando a la instancia de casación, con el único argumento posible: que la
Corte de Apelaciones cometió vicios formales que anulan la sentencia. Esta
movida en la Corte de Roma tiene su correlato en la Segunda División del Estado
Mayor de la Armada Nacional (N‑2), en el puerto de Montevideo. Desde fines de mayo, cuando tomó
impulso la etapa decisiva de la apelación en Roma, tuvieron lugar extraños
episodios relacionados con el capitán de navío Tróccoli. Dichos acontecimientos
fueron debidamente denunciados al ministro de Defensa, José Bayardi, quien los
confirmó a Brecha.
El primer episodio de la denuncia escrita que
recibió el ministro de Defensa tiene que ver con la presencia en el archivo de
la Inteligencia Naval de oficiales ajenos a ese departamento. Dichos oficiales
trabajaron días en ese archivo, que contiene la documentación del N‑2. Tróccoli fue jefe de inteligencia del Fusna
(S‑2) en 1978. Tras la presencia de los oficiales
en el archivo, se pudo comprobar el trasiego de unas bolsas de residuos negras,
que contenían papel triturado y fueron quemadas. Aunque se desconoce el tipo de
material que fue quemado, existen distintas ordenanzas que obligan a
identificar los documentos que son destruidos.
En la sucesión de hechos, aproximadamente una
semana después de la quema, oficiales de la unidad reclamaron a los
funcionarios del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), encargados de
la digitalización de la documentación del archivo Fusna, la entrega de las
carpetas referidas al capitán de navío Tróccoli, que estaban en préstamo en la
oficina de trabajo para el procesamiento de la información. Dichas carpetas
contenían la documentación sobre Tróccoli que el abogado Andrea Speranzoni (que
representó a los familiares de las víctimas en la etapa de apelación, y al Estado
uruguayo en la parte civil) utilizó en la apelación en Roma y había obtenido en
2018 durante su visita al país en busca de pruebas.
Finalmente, el 19 de junio, esa oficina, donde
trabaja el personal del Gtvj en el edificio de la Armada, fue objeto de una
requisa o allanamiento por parte de los oficiales, que no comprobó ninguna
irregularidad, según explicó un jerarca, aunque no se sabe qué era lo que se
buscaba. La denuncia que recibió Bayardi contiene todos los detalles de los
acontecimientos. En una conversación telefónica, el ministro informó a Brecha: “No
bien recibí la comunicación por parte de Michelini (Felipe, coordinador del
Gtvj), ordené una investigación de urgencia. A las 72 horas recibí un primer
informe y solicité una ampliación. El resultado
de esa investigación será entregada mañana (por ayer, jueves) al doctor Michelini”.
Sobre las implicancias de los hechos denunciados, el ministro dijo a este
semanario que las explicaciones contenidas en los informes “son razonables”,
aunque no dio detalles.
Pueden existir explicaciones varias a
propósito del interés mostrado por los jerarcas del Estado Mayor de la Armada
sobre la documentación referida a Tróccoli, precisamente en momentos en que se
ponía en marcha la fase final del juicio apelatorio en Roma. De hecho, la
documentación que obtuvo el abogado Speranzoni en el Fusna tuvo precisamente
valor probatorio, como explicó el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel
Toma (véase recuadro), porque fueron debidamente autenticados y protocolizados.
Muchos de esos documentos ya eran conocidos y
otros fueron producto del trabajo que realizaron los funcionarios del Gtvj en
el archivo del Fusna. Por ejemplo, Brecha difundió el 6 de setiembre de 2018
las calificaciones de oficiales de la Armada Argentina sobre el desempeño de
Tróccoli en operaciones de inteligencia realizadas en Argentina, calificaciones
que fueron incorporadas al legajo del capitán de navío. Ese legajo estaba
incorporado al expediente judicial que implicaba a Tróccoli en sesiones de
tortura contra prisioneros entre 1976 y 1977, pero la documentación fue
rechazada por el tribunal de Roma, porque el abogado Fabio Galiani, contratado
por el entonces canciller Luis Almagro, no protocolizó los documentos y tampoco
les dio la debida importancia.
El legajo de Tróccoli consigna en la foja
106A: “Apoyado en claros principios y en muy buenos conocimientos doctrinario
ideológicos del enemigo, (Tróccoli) desarrolló con marcado acierto tareas en el
área de inteligencia y de operaciones de inteligencia. (Copia textual de los
conceptos vertidos por el capitán de corbeta D’Imperio)”. Luis D’Imperio fue,
junto con Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, responsable del grupo de Tareas
en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). También fue responsable
de miles de torturados, desaparecidos y asesinados, principalmente Montoneros,
y con el alias Abdala (como consta en un recibo ubicado en los Archivo del
Terror de Paraguay) fue el piloto del avión de la Armada argentina que trasladó
desde Asunción a Buenos Aires a los desaparecidos uruguayos Nelson Santana y
Gustavo Inzaurralde.
Ese relacionamiento con oficiales de la Esma,
desde 1976 hasta 1979, facilitó a Tróccoli los criterios para la instalación en
el Fusna de La Computadora, una estructura que, a semejanza de La Pecera, de la
Esma, utilizaba prisioneros colaboradores para analizar la veracidad de la
información de otros prisioneros, arrancada bajo tortura. Uno de esos
colaboradores admitió haber almorzado con Tróccoli y oficiales argentinos en el
casino de la Esma. Pero esta información, contenida en los informes entregados
por la Armada al presidente Tabaré
Vázquez en 2005, tampoco fue utilizada por el abogado Galiani en el juicio de
Roma.
En cambio, el abogado Speranzoni explotó con
acierto la documentación que obtuvo en el Fusna y la Esma. Esos documentos no
sólo confirman la presencia de Tróccoli en la Esma y su relacionamiento con
terroristas de Estado argentinos, sino que también, fundamentalmente, implican
una confesión de Tróccoli de que el Fusna realizó operativos en Argentina.
Uno de los documentos presentados por
Speranzoni a la Corte (y que Brecha obtuvo en Roma de fuentes vinculadas a la
apelación) es un manuscrito en el que hace una evaluación del capitán de
fragata Astiz, conocido como “el ángel rubio de la muerte”, quien, infiltrado,
les daba un beso en la mejilla a aquellas madres de Plaza de Mayo para
señalarlas como blanco de la represión de sus compañeros de la Esma. Tróccoli,
quien aseguraba conocerlo íntimamente, evaluó a Astiz cuando este fue hecho
prisionero del ejército británico en las islas Georgia durante la Guerra de las
Malvinas. “Lo conozco perfectamente – escribió Tróccoli–. No creo que pueda
decir algo que pueda afectarnos demasiado.” El temor de los jefes del Fusna estaba
justificado: “Por su trayectoria, antigüedad en la Esma y grado de confianza
que se le tiene (fue uno de los condecorados por su actuación en la lucha
contra subversiva), estuvo al tanto de todas las operaciones de la Esma, ya sea
por haber participado o porque se lo comentaban”. Y lo más importante: “Conoce
las operaciones nuestras allá (en Argentina) y las de ellos acá (en Uruguay),
aunque creo que aquí no operó”. Tróccoli arriesga una opinión: “Por su forma de
ser, lo más probable es que no hable nada, o bien que los desinforme y les haga
dar (a los británicos) un paso en falso”.
El texto confirma algunos extremos: Tróccoli
conocía las intimidades de la Esma porque había operado allí durante el año que
permaneció en Argentina. El temor de que, con la captura de Astiz, se filtrara
información sobre las operaciones conjuntas tenía que ver con la
responsabilidad de los oficiales del Fusna en la captura y la desaparición de
militantes de los Gau, del Mln y del Pcr capturados en las redadas iniciadas a fines
de diciembre de 1977, en Buenos Aires y en la provincia, que se prolongaron
hasta mediados de 1978. Con estas confesiones resultan aun más frágiles las
explicaciones del comandante de la Armada en su informe entregado al presidente
Vázquez sobre la existencia, en el Fusna, de interrogatorios a algunos de esos
desaparecidos. El contralmirante Tabaré Daners, que firmó el informe, había
sido jefe directo de Tróccoli en 1977 y 1978 y, según un portero de un edificio
en Buenos Aires, que testificó en el juicio de Roma, estaba presente en el
allanamiento en el que fue detenido uno de los desaparecidos. Pero nada de esto
logró mover los engranajes de la justicia uruguaya.
La
sentencia de Roma
Daños colaterales
La condena perpetua para 13 militares uruguayos
desencadenó una controversia inesperada entre el secretario de la Presidencia,
Miguel Ángel Toma, y el secretario general de la Oea, el ex canciller uruguayo
Luis Almagro. El trasfondo es la confrontación con Almagro por su política
respecto de Venezuela y la manera en que conduce la Oea, como verdadero
ministro de colonias. Puntualmente, el entredicho es un ajuste de cuentas por
la indiferencia con que Almagro, siendo canciller, abordó el juicio de Roma,
que en primera instancia absolvió a los acusados.
Desde Roma, donde asistió a la lectura de la
sentencia de apelación, Toma recordó que Almagro había sido el responsable de
la contratación, por unos honorarios que treparon a los 600 mil euros, del
abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani, cuyo desempeño fue
desastroso. Toma no tuvo empacho en endilgar a Almagro los errores de Galiani
y, en particular, la omisión de protocolizar la documentación probatoria
(legajos de los inculpados, expedientes judiciales), razón por la que fue
descartada (véase nota central).
En contraposición, Toma no desperdició ninguna
oportunidad de sugerir que el éxito de la apelación fue producto de su
intervención personal y de los lineamientos que recibió del presidente Tabaré
Vázquez. De hecho, Uruguay fue parte civil en el proceso y la acción de los
fiscales italianos respondió a la iniciativa de los familiares de las víctimas,
que encontraron en el abogado Andrea Speranzoni un actor con iniciativa.
Cierto es que, durante su permanencia en
Uruguay, Speranzoni contó con el apoyo decidido de Presidencia y, en
particular, para las diligencias de autenticación de los documentos, pero
resulta un poco exagerado atribuir a Toma, como se sugiere, la autoría del
hallazgo de esa documentación perteneciente al archivo del Fusna y al llamado
archivo Berrutti, que fue el resultado del trabajo realizado por el personal
del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj). Según un comunicado de
Presidencia, “las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos
aportados en la apelación, que llevó a Roma (Miguel Ángel) Toma por orden del
presidente Vázquez, construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de
Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora
sí, a todos los procesados”. En realidad, la documentación fue llevada a Roma
por el propio Speranzoni, tras su visita al archivo del Gtvj y el archivo del
Fusna.
En declaraciones a la radio Sarandí, Toma
analizó los resultados de la apelación, que, dijo, “no les cae bien a algunos
actores políticos” y que tendrá un doble efecto, “sobre las causas en Uruguay y
sobre las posibles extradiciones”. La condena a perpetuidad será aplicable, en
lo inmediato, a Jorge Tróccoli, que permanece en Italia como ciudadano de ese
país, y, eventualmente, al capitán Pedro Mato Narbondo, que está prófugo de la
justicia uruguaya, por su participación en la represión del Cóndor, reside en
Brasil (desde donde ha enviado provocativas fotos en las que se lo ve disfrutando de las playas) y eventualmente
puede ser detenido por Interpol, si la justicia italiana lo reclama. Los
restantes condenados (José Gavazzo, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande
Lima, Ernesto Soca, Ernesto Ramas, Jorge “Pajarito” Silveira, Gilberto Vázquez,
Juan Carlos Larcebeau, Juan Carlos Blanco), que cumplen prisión en Uruguay,
deberán primero cumplir la pena para después enfrentar los pedidos de
extradición. El decimotercero es el fallecido Ricardo Arab.
Sobre Tróccoli, el comunicado de Presidencia
afirma: “Tuvo un rol central en la fase de planificación de los homicidios
consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en
acuerdo con la Esma argentina. Y en la fase ejecutiva, el acusado desempeñó
funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la Esma de Buenos
Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2
de Fusna”. Por su parte, Toma afirmó que Tróccoli participó en el “segundo
vuelo” que en 1976 concretó la extradición de uruguayos secuestrados en
Automotores Orletti, participación de la que por primera vez se tiene noticia.
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