Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía se
propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la
dictadura.
La diaria – 30 10 15 – Por Luis Rómboli
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Chela Fontora, Ariel Cancela, Stella Llorente y María Carolina Rico, ayer en la sede de Crysol. Foto: Pablo Vignali |
El fiscal Ariel Cancela,
la fiscal penal Stella Llorente y la fiscal adscripta María Carolina Rico
dialogaron ayer con integrantes de la organización de ex presos políticos
Crysol sobre los desafíos de la recientemente creada Unidad Especializada en
Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela
recordó que el 14 de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado
y eso le permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del
organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso en
práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.
El
fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la
nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio
de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad
209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la
“falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró
que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que
diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos
que se aporten”, agregó.
Luego explicó que estas unidades están destinadas a
recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y
preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del
nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será
el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el
juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que
deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además
de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido
establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como
Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.
La
fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el
primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para
sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se
elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales
involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será
“permanentemente actualizada”.
Los
fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la
Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a
disposición de los interesados.
En
el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la
lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a
trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una
estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los
militares imputados.
El fiscal relató que cuando hay un pedido de
procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción
del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso,
apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de
casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se
habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de
recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada
con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan
interminables, acotó.
Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para
pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el
Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de
investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por
medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo
que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.
Cancela
insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los
fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los
hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se
decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan
toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.
Finalmente,
informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la
Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y
respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea
“clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo
Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un
caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
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