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Mesa de ONAJPU que presidió la sesión plenaria. Al centro Oscar Melián, Presidente saliente de la organización. |
En el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU,
la dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños
colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad.
El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los
sectores más reaccionarios, para impedir los cambios y las transformaciones de
fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto
brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos.
Ante la crisis estructural del país desde 1955, comenzó a
gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las
Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la
enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos, reprimir al
movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de
contenido la institucionalidad democrática y a restringir las libertades.
La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del
país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido
en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de
los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas
perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. La
industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a
límites extremos la concentración de la riqueza.
Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de
la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una
cruel política represiva que dejó como saldo más de 200 detenidos
desaparecidos, centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles
de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles de
uruguayos obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.
A 30 años del retorno a la vida democrática aún resta
transitar un importante camino para fortalecer y profundizar la democracia. Habiéndose
restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo
1 de la Ley 18 831, el poder judicial ha recuperado su independencia.
No existen obstáculos legales de ningún tipo
para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar,
juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para que ellas
no vuelvan a repetirse. Los imputados de dichos delitos, que desde el Tribunal
Internacional de Nuremberg son crímenes de Lesa Humanidad, deben seguir siendo juzgados con todas las
garantías del debido proceso.
El XXI Congreso
Nacional de Onajpu resuelve:
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal
que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados ante graves
violaciones a los derechos humanos reclamamos:
1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más
alto nivel, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las
graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período
del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus
familiares y a la sociedad toda.
2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a
Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para
que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios
que ostentan como integrantes de ellas.
3) Adoptar al más alto nivel la decisión de aplicar el
Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de
repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios
económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a
quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.
4) Respaldar la iniciativa de erigir un Monumento Nacional de
homenaje a todas las víctimas de la dictadura y de compromiso con la libertad,
la democracia y el Nunca Más terrorismo de Estado.
5) Expresar explícitamente su apoyo a la Institución
Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones
sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas
gubernamentales.
6) Solicitar el envío
a la mayor brevedad por parte del Poder
Ejecutivo de un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones formuladas
por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el
Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en
setiembre del año pasado con respecto a las leyes reparatorias aprobadas hasta
el momento y pedir al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia que
se expida al respecto en forma perentoria en tal sentido.
7) Expresar su pleno apoyo y respaldo a Madres y
Familiares de Detenidos y su inclaudicable lucha por encontrar los restos de
todos los uruguayos detenidos desaparecidos.
Piriápolis, 23 de octubre de 2015
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