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domingo, 25 de octubre de 2015

XXI Congreso Nacional de ONAJPU: importante resolución sobre el pasado reciente



Mesa de ONAJPU que presidió la sesión plenaria. Al centro
Oscar Melián,  Presidente saliente de la organización.


En el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU, la dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad.

El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los sectores más reaccionarios, para impedir los cambios y las transformaciones de fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos.

Ante la crisis estructural del país desde 1955, comenzó a gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos,  reprimir al movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de contenido la institucionalidad democrática y a restringir las libertades.

La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza.

Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una cruel política represiva que dejó como saldo más de 200 detenidos desaparecidos, centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles de uruguayos obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.

A 30 años del retorno a la vida democrática aún resta transitar un importante camino para fortalecer y profundizar la democracia. Habiéndose restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831, el poder judicial ha recuperado su independencia.  

No existen obstáculos legales de ningún tipo para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para que ellas no vuelvan a repetirse. Los imputados de dichos delitos, que desde el Tribunal Internacional de Nuremberg son crímenes de Lesa Humanidad,  deben seguir siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

El XXI Congreso Nacional de Onajpu resuelve:

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados ante graves violaciones a los derechos humanos reclamamos:

1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda. 

2) Implementar de manera inmediata  la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas.

3) Adoptar al más alto nivel la decisión de aplicar el Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.

4) Respaldar la iniciativa de erigir un Monumento Nacional de homenaje a todas las víctimas de la dictadura y de compromiso con la libertad, la democracia y el Nunca Más terrorismo de Estado.

5) Expresar  explícitamente su apoyo a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas gubernamentales.

6)  Solicitar el envío a la mayor brevedad por  parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en setiembre del año pasado con respecto a las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento y pedir al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia que se expida al respecto en forma perentoria en tal sentido.


 7) Expresar  su pleno apoyo y respaldo a Madres y Familiares de Detenidos y su inclaudicable lucha por encontrar los restos de todos los uruguayos detenidos desaparecidos.

Piriápolis, 23 de octubre de 2015

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