la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.ar



Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.-




miércoles, 23 de septiembre de 2015

Luis Batalla: un crimen de Lesa Humanidad impune







El próximo Sábado 26 de Setiembre, la Comisión Especial de la Ley 18 596, a solicitud de un grupo de familiares y de ex – presos políticos de la zona, procederá a colocar una placa en homenaje a Luis Batalla  frente al cuartel en que fuera asesinado en mayo de 1972.

Luis Batalla integra la larga lista de uruguayos que murieron mientras eran interrogados por las Fuerzas Armadas luego que se instaurara el Estado de Guerra interno y, violando las disposiciones constitucionales, se dispusiera la competencia de la justicia militar para delitos propios del código civil.

Siendo militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrante del Frente Amplio, fue detenido junto a decenas de olimareños el 25 de mayo. Al otro día su cuerpo fue entregado a sus familiares. Su asesinato fue denunciado en el Parlamento por el diputado de dicho sector el Dr. Daniel Sosa Díaz en su momento.

Hasta el momento, a 43 años de ocurrido, la causa judicial que debe  establecer la verdad de lo ocurrido para identificar a los responsables y sancionarlos se encuentra paralizada, aunque los autores materiales del crimen han sido individualizados y son ampliamente conocidos en la zona.

La decisión de la Comisión Especial de la Ley 18 596 de rendir a homenaje a Luis Batalla colocando una placa frente al Batallón 10 de Infantería, se encuadra en lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de dicha norma.

Según el Artículo 7, el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo por las violaciones a los derechos humanos. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado.

El Artículo 8 señala que en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos. Al mismo tiempo podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos. 

Aprobada en setiembre de 2009 y conocida como ley de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado,  la  ley 18 596 se aprobó durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, en base a un proyecto que presentó Crysol con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena. Significó, más allá de sus insuficiencias, un importante paso en el camino de afirmar la normativa de DDHH y de cumplir, en parte, con las obligaciones de Uruguay en base a lo dispuesto por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

La Comisión Especial de la Ley 18 596 está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que preside la misma, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.

Militares y civiles

Si bien algunos civiles han sido procesados hasta el momento por su participación directa en las graves violaciones a los derechos humanos, las investigaciones judiciales se han enfocado básicamente en los militares, no por haber seguido la carrera de las armas, sino porque fueron precisamente ellos quienes jugaron un rol protagónico y decisivo en ellas. Han gozado,  además,  de todas las garantías del debido proceso, tal como corresponde.

Durante el terrorismo estatal, casi 200 casos  de ciudadanos detenidos desaparecidos se han constatado hasta el momento, encontrándose los restos de 13 solamente. Más de 200 personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales, en la tortura o en los centros de reclusión. La prisión masiva de ciudadanos, asociada a la tortura, que incluyó los abusos sexuales, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para aterrorizar a la población y mantenerse en el poder.

Todos los procesados hasta el momento, han sido condenados en base a pruebas documentales, algunas de ellas elaboradas en su momento por las propias fuerzas armadas, como en el caso del Gral. ® Pedro Barneix y el Cnel. ® José Puigvert y de testimonios múltiples, de víctimas sobrevivientes del horror y de integrantes de los mismos servicios represivos, tanto en Uruguay como en Argentina, Paraguay y Chile.

Suprema Corte de Justicia: los crímenes NO prescribieron

Castigar a quienes asesinan, rapiñan, estafan, violan o siendo funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH es imprescindible, entre otras razones, para evitar que vuelvan a reiterarse, para evitar la justicia por mano propia, para asegurar la paz social y también para desalentar dichos comportamientos sociales.

En nuestra democracia, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, es obligación del Poder Judicial, con el auxilio de la policía,  investigar,  esclarecer y sancionar los delitos que se cometen. Es obligación pero al mismo tiempo potestad exclusiva y monopólica. El adecuado funcionamiento de la justicia es sinónimo de libertad, de garantías ciudadanas y de sistema democrático. La calidad de la democracia se asienta en un poder judicial independiente, eficaz y eficiente  que asegure el derecho de todos los ciudadanos.

Aunque los editorialistas de El País y el Observador no se han dado por enterados, la Suprema Corte de Justicia ya ha sentenciado que  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no debe computarse a los efectos  del cálculo prescripcional de los delitos cometidos durante el período del terrorismo estatal. La vigencia de la Ley 18 548 fue un obstáculo insalvable para que el Ministerio Público pudiera cumplir con su cometido y para que las víctimas pudieran ejercer sus derechos. Son, además, crímenes de Lesa Humanidad  desde el Tribunal de Nuremberg al cual el país adhirió.

Para que las graves violaciones a los DDHH no vuelvan a ocurrir, el Estado tiene que sancionar a todos quienes participaron en ellas. Es una apuesta al presente y también al futuro del país. Para afirmar plenamente el Estado de Derecho y asentar una sólida democracia.

------


Opinando Nº 11 – Año 4 – Miércoles  23 de setiembre de 2015



--------