El Ministro de Defensa ha difundido un comunicado informando
acerca del trabajo realizado atendiendo las solicitudes de información por
parte del poder judicial. Burocráticamente ha señalado que ha hecho todo lo
posible para colaborar, dentro de sus humanas posibilidades, con la justicia.
Como colectivo organizado entendemos que al margen de la
evaluación que merece la eficacia y la eficiencia de la labor realizada, el
Ministro debería ser renunciado por el Presidente de la República por la
actitud que ha tenido, de manera sistemática y reiterada, hacia las
organizaciones de DDHH y las víctimas del terrorismo de Estado. Sólo por eso
alcanza.
A la largo y a lo ancho de su gestión ha destratado a quienes
reclaman Verdad y Justicia y en el legítimo ejercicio de sus derechos han
cuestionado su labor y su desempeño al frente del Ministerio de Defensa.
Al contrario de lo que sostienen el Gral. Bonilla y el Cnel.
Cedrés, la justicia no es un obstáculo
para llegar a la verdad. En nuestro país, de acuerdo a las normas
constitucionales, corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer y
sancionar todos los delitos como los cometidos durante el pasado reciente. Ha
sido precisamente la imposibilidad de actuar del Poder Judicial debido a la
vigencia de la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 hasta octubre de 2011,
lo que ha obstaculizado avanzar en temas sustanciales como el destino de los
detenidos desaparecidos.
El Ministro de Defensa tiene como todo ciudadano derecho a
pensar con cabeza propia, a expresar públicamente sus opiniones y puntos de
vista. Como jerarca gubernamental, como integrante del gobierno, no puede y no
debe destratar e insultar a quienes piensan distinto y mucho menos de la manera
en que lo ha hecho en las últimas semanas.
La dictadura cívico militar, apadrinada por EEUU, apoyada por los grandes grupos económicos
nacionales y medios de prensa, fue derrotada gracias a la lucha inclaudicable
del pueblo uruguayo y a la solidaridad internacional de pueblos y gobiernos.
Las organizaciones como Serpaj y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y
no sólo ellas, fueron herramientas que
con su accionar contribuyeron al desgaste de la dictadura, a nivel nacional e
internacional en los momentos más duros y difíciles. No fueron la bondad y los
buenos sentimientos de los integrantes de la dictadura cívico militar, ni del
Departamento de Estado, los que impidieron que todos los presos políticos
fuéramos ejecutados y finalmente liberados.
En una sociedad democrática, las organizaciones que nuclean y
representan a sectores de la sociedad, actuando dentro de las leyes y los
marcos legales, deben ser, por lo menos, tratadas con respeto republicano, cosa
que el Sr. Ministro no hace. En su caso, además, su virulencia verbal se ha
enfocado pura y exclusivamente hacia quienes han trabajado de manera permanente
contra la impunidad, exigiendo Verdad y Justicia para conquistar una sociedad
plenamente democrática.
El ministro debería ser renunciado. Ya es hora.
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Opinando Nº 5 – Año 4 – Jueves 28 de mayo de 2015
