La transición
democrática iniciada en marzo de 1985 tiene aún importantes desafíos por
delante para lograr la plena vigencia de las normas de derechos humanos y de todas las disposiciones constitucionales
inherentes a un sistema democrático republicano de gobierno.
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el instrumento
internacional más avanzado y más exhaustivo en cuanto a la definición de los
derechos que tienen las personas que han sufrido graves violaciones. Al mismo
tiempo es el documento que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de
los Estados para superar con justicia y dignidad situaciones como las vividas
por nuestro país durante el terrorismo de Estado.
La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la
ONU establece cinco elementos básicos y esenciales para superar situaciones
traumáticas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Verdad, justicia, memoria y reparación son aspectos
sustanciales que resumen la labor que deben llevar adelante los estados de
acuerdo a sus normas y disposiciones constitucionales para afirmar la normativa
internacional, pacificar y reconciliar a las sociedades, dignificar a las víctimas y evitar que los
hechos puedan volver a repetirse.
La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU no es una
apuesta al pasado sino una inversión estratégica de largo aliento para
construir sociedades armoniosas, pacíficas y civilizadas. El Relator Especial
de la ONU, Pablo de Greiff, tiene la responsabilidad de supervisar y de
asesorar a los países miembros en cuanto a la implementación de dicha norma en
cada uno de los países.
En Uruguay, en materia de verdad y justicia para las graves
violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos,
ejecuciones, privación agravada de la libertad, torturas, abusos sexuales,
secuestros de niños, más allá de los avances indudables que se han registrado,
especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y
golpistas ha sido enjuiciado y condenado, a diferencia de lo ocurrido en
Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego
del debido proceso.
Uruguay ha avanzado poco en materia de Verdad y Justicia, no
solo por el pacto mafioso y criminal de los represores. Hay una gran zona de
oscuridad y de impunidad debido a que quienes dieron el golpe de Estado y
perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo una gran
influencia. Aún conservan poder político, ideológico, económico, militar, en
los medios de comunicación, como para
impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue
habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él,
que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente quienes se
agrupan en los desprestigiados centros militares.
Al Pepe lo que es del
Pepe
Bajo amenazas y “ruido de sables” al retornar a la vida
democrática lograron votar en diciembre de 1986 la ley de Caducidad de la
pretensión punitiva del Estado. Esta norma, aprobada sin los votos necesarios
como amnistía, alteró el sistema institucional y supeditó al Poder Judicial al
Poder Ejecutivo. Consagró, en los hechos, la impunidad para los responsables de las
graves violaciones y de los crímenes cometidos durante el proceso iniciado en
junio de 1968 que desembocó en el terrorismo
de Estado desembozado.
Recién en octubre de 2009, a instancias de la fiscal Dra.
Mirtha Guianze, la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución 365/2009
estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray y mantuvo dicho criterio para
recursos posteriores.
Como resultado de dicho pronunciamiento, en octubre de 2011, el Parlamento aprobó la
ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y
devolvió al Poder Judicial su autonomía e independencia. Luego de más de dos
décadas de debilitamiento institucional y del Estado de Derecho, el Poder
Judicial recobró su legítimo cometido de investigar, esclarecer, llegar a la
verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y enjuiciarlos.
El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para
las graves violaciones a los derechos humanos es el principal y más importante
legado, aunque no el único, de la administración del presidente Mujica en lo
referido al pasado reciente. Desde el punto de vista legal, desde octubre de
2011, no existen obstáculos legales para que la justicia actúe y cumpla con su
razón de ser.
Ha sido acompañado de declaraciones y gestos poco enérgicas
en materia de compromiso con las normas de DDHH, de actitudes que hemos cuestionado como el
mantenimiento de Fernández Huidobro como Ministro de Defensa a pesar de los
obstáculos permanentes que tuvo hacia el accionar de la justicia o el desconocimiento de la Recomendación de la
Institución Nacional de DDHH de diciembre de 2012 sobre las leyes reparatorias.
Verdad, justicia,
memoria y reparación
El nuevo gobierno ha anunciado el pasado viernes su intención
de crear una Comisión de Trabajo para seguir avanzando en los temas referidos
al pasado reciente con un particular énfasis en la temática de los Detenidos
Desaparecidos. Ha anunciado su compromiso de colaborar activamente con el poder
judicial para que el mismo pueda desempeñar su labor, nada fácil, por cierto,
dado el pacto de silencio de los criminales y el paso del tiempo. También ha
anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar
los estragos del terrorismo de Estado.
La justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para llegar a
la verdad. Ha sido precisamente la ausencia del pleno funcionamiento del poder
judicial, debido a la Ley de Caducidad
durante más de dos décadas, lo que ha impedido mayores avances. La lucha por
restablecer la pretensión punitiva del Estado estuvo siempre en primerísimo
lugar en la agenda de las organizaciones sociales, habiendo convocado incluso
un Referéndum en el año 2009 para lograrlo.
También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos
importantes para superar las secuelas nefastas del terrorismo de Estado en materia de
dignificación de las víctimas ante la sociedad, de forjar la memoria histórica
de los hechos y de leyes reparatorias que atiendan las recomendaciones
formuladas por la INDDHH y el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de
Greiff.
Nos congratulamos de que la temática de afirmar la normativa
de DDHH figure en la agenda del próximo gobierno con un mensaje claro e indubitable
al respecto y de que a tales efectos se vaya a conformar un grupo de trabajo
específico que nuclea a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos
sociales. Es un anuncio importante y
trascendente. Es indudable la ausencia de protagonistas de primer nivel en la
misma como el Pit – Cnt por poner solo un ejemplo. No haber sido informados de la iniciativa con
antelación y enterarnos por la prensa de que no seríamos convocados, con
criterios que no compartimos, no le restan valor ni importancia ni mérito al
anuncio gubernamental que consideramos muy auspicio y al cual apoyaremos
activamente con propuestas e iniciativas.
La celebración del “Día del Liberado” (expreso político) el
próximo Sábado 14 de marzo al cumplirse 30 años de la liberación de los últimos
expresos políticos de la dictadura será una instancia de reafirmación de
valores y de compromiso militante de nuestro colectivo. Para seguir avanzando.
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Opinando Nº 2 – Año 4 – Jueves 19 de febrero de 2015
