Salvo por el exhabrupto verbal proferido por Luis Lacalle Pou
hace algunas semanas sobre el tema de los detenidos desaparecidos, del cual
inmediatamente pidió disculpas, los temas del pasado dictatorial han estado
casi ausentes en la actual campaña electoral del país. Aunque en los últimos 10
años Uruguay ha dado pasos muy importantes, no todos los que debería ni con la
intensidad necesaria, tal como lo señaló el Relator Especial de la ONU para la
promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición, Pablo de Greiff, aún quedan importantes desafíos y obligaciones
estatales que el actual gobierno y el que asuma el próximo 1º de marzo de 2015
deberán implementar, algunos en forma apremiante, dada la edad avanzada de las
víctimas.
Entre jingle y jingle, entre tanda y tanda publicitaria, estos días quedará poco espacio para señalar
que el miércoles 22 de octubre se cumplen exactamente 5 años de que la Suprema
Corte de Justicia emitió la Resolución 365/2009 por medio de la cual declaró
inconstitucional la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, que impidió durante más de 20 años que se pudieran investigar las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Más allá de que no cumpliera con las disposiciones
constitucionales para una norma de dicha naturaleza, fue concebida como tal y
ofició, en los hechos, como una ley de amnistía para todos los militares y
policías que durante el período del terrorismo de Estado cometieron, dentro y
fuera de las fronteras nacionales, los crímenes más aberrantes y atroces desde
el genocidio de Salsipuedes, cuando el Gral. Fructuoso Rivera mandó exterminar
a los charrúas. Los gobiernos que se sucedieron desde que fuera ratificada por
un plebiscito en 1989 ni siquiera cumplieron con el compromiso de investigar lo
ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos y extendieron su alcance,
contrariando la letra de la misma, a los crímenes cometidos fuera del país, en
el marco del Plan Cóndor, y a los mandos de la época que fueron explícitamente
excluidos de los beneficios de la amnistía.
La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak,
declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray,
asesinada por torturas en 1974 en una unidad militar, condujo al procesamiento del Gral. Julio Dalmao
y del Tte. Cnel. José Chialanza. La sentencia de la SCJ dejó esclarecido que
durante la vigencia de la norma impugnada, en los hechos, el Poder Judicial
estuvo supeditado al Poder Ejecutivo violentando la separación de poderes que
señalan las disposiciones constitucionales.
Un aspecto de gran trascendencia y de vigencia actual cuando
el Estado, a través de la Ley 18 831, restableció la pretensión punitiva, es el
hecho de que la Resolución 365/2009 aseveró de manera contundente que durante
la vigencia de la Ley de Caducidad las víctimas de las graves violaciones o sus
familiares no tuvieron acceso a la justicia, se vieron injustamente impedidas.
De esta afirmación tajante y vigente hasta el momento se
deduce claramente, de acuerdo a los principios jurídicos de nuestro país, que
dicho período, dos décadas, no debe computarse a los efectos del cálculo
prescripcional de los delitos. Dicho de otro modo: habiéndose restablecido la
pretensión punitiva del Estado mediante el Artículo 1 de la Ley 18 831 y no
computándose a los efectos legales el tiempo en que estuvo vigente la Ley de
Caducidad, todas las causas en proceso pueden continuar tramitándose y sus
culpables pueden ser sancionados con todas las garantías del debido proceso.
Dos caras del mismo proyecto de país
El próximo domingo se llevará a cabo junto con las elecciones
nacionales una consulta ciudadana con el propósito de reducir la edad de
imputabilidad penal de los menores infractores. Solo dos candidatos
presidenciales, el Dr. Pedro Bordaberry y el Dr. Luis Lacalle Pou, son
promotores militantes de dicha iniciativa de reforma constitucional. Para ambos
la seguridad nacional, el futuro del país, mejorar la convivencia ciudadana,
demanda castigar con mayor severidad y dureza a los jóvenes que delinquen.
No solamente por tradición familiar o histórica de los
sectores políticos y sociales que ambos representan sino por compromiso
personal, la dureza represiva frente a los jóvenes contrasta con la postura que
mantuvieron y mantienen frente al pasado dictatorial.
Ignorando la normativa internacional que desde el Tribunal de
Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas nazis, califica de crímenes contra la
humanidad las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en
Uruguay, desconocen incluso el tajante pronunciamiento de la SCJ de 2009 con
respecto a la Ley de Caducidad. Votaron en contra de la ley que restableció la
pretensión punitiva del Estado, sumaron sus piedras discursivas a la lapidación
pública de la jueza Mariana Mota. Fueron y son defensores militantes de la
impunidad aunque por el momento hagan silencio en sus discursos y sus spots
publicitarios. De ser posible usarán las mayorías parlamentarias como lo han
hecho hasta el año 2005 para impedir que se avance en el juzgamiento de
los crímenes y torturas, para detener la búsqueda de los detenidos
desaparecidos. Probablemente
gestionarán la libertad de quienes hoy, habiendo sido condenados, están
recluidos en un verdadero spa carcelario.
En las elecciones del próximo domingo, tal como lo señaló,
llevando agua para las ideas conservadoras, la Asociación Rural, que en su
momento supo colocarle la máxima cocarda al golpe de Estado de Juan María
Bordaberry, mientras miles éramos torturados y sufríamos tormentos como lo
reconoció recientemente el Capitán ® Ascencio Lucero en sede judicial, se juega
el destino del país.
Volver a las viejas mayorías parlamentarias de la Ley de
Caducidad y de la cultura de la impunidad, también en este plano, sería funesto para los
intereses de la ciudadanía en general, para el esclarecimiento de la suerte de
los detenidos desaparecidos y la causa de la verdad y de la justicia. Las
víctimas del terrorismo de Estado, agrupadas en Crysol, no fuimos, no somos, ni
seremos neutrales. Los actuales menores infractores son hijos de las políticas
económicas de las mayorías parlamentarias proimpunidad. Llamamos a no acompañar
la baja de la imputabilidad penal. Votaremos y llamamos a votar lo que
corresponda con memoria militante.
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Año 3 - Martes 21 de Octubre de 2014
