Por Víctor Abramovich (*)
Brecha - 10 11 12
Tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
por las dictaduras del Cono Sur, la implementación de políticas públicas en
materia de sitios de memoria representa un compromiso ineludible de los estados
democráticos de la región. Estos lugares son fundamentales para brindar
reparación simbólica a las víctimas, contribuir a la construcción de memoria
social sobre lo ocurrido, y para probar los crímenes de lesa humanidad
investigados en los procesos judiciales en curso en varios países de la región.
En los últimos años se han creado en nuestros países
múltiples sitios de memoria en lugares donde se cometieron graves violaciones a
los derechos humanos, donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o
que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian
con esos acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, repensar, y
trasmitir procesos traumáticos, y para homenajear y reparar a las víctimas.
Estos sitios adquieren un valor pedagógico destacado al
ayudar a trasmitir información y conocimiento a las nuevas generaciones, y al
activar discusiones públicas sobre las condiciones sociales y políticas que
favorecieron esos procesos históricos. En este sentido se han creado sitios de
memoria en diversas guarniciones militares y policiales donde funcionaron
centros clandestinos de detención y en los cuales hubo torturas, desapariciones
y ejecuciones sumarias de dirigentes políticos o militantes sociales.
En muchos
casos, además, la implementación de estos espacios se enmarca en proyectos que
procuran trazar diferencias, puentes y relaciones entre el pasado autoritario y
los problemas de derechos humanos aún pendientes en nuestras democracias, como
la violencia policial y la tortura en las cárceles.
PAÍS POR PAÍS.
Por cierto, hasta hace algunos años la preservación de estos
predios no era entendida como responsabilidad de los estados ni objetivo de las
políticas públicas gubernamentales. Afortunadamente el contexto político e
institucional regional hoy es bastante diferente.
En Argentina, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem
(1989-1999), dentro de su estrategia de "dar vuelta la página",
procuró demoler la Esma, el centro clandestino de detención más grande y
emblemático de la dictadura. En 1998 un grupo de familiares de víctimas logró
una medida judicial que obligó a preservar el lugar como parte del patrimonio
cultural de los argentinos.
Fue recién en 2004 que el presidente Néstor
Kirchner (2003-2007) tomó la decisión histórica de afectar el predio para el
desarrollo de un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos,
desalojando a las unidades de la Armada que funcionaban en el lugar. Como un
paso más allá en la institucionalidad de estas iniciativas, en 2011 se sancionó
la ley 26.691, denominada de "Preservación, señalización y difusión de
sitios de memoria del terrorismo de Estado".
En Brasil funciona desde el año 2009 el Memorial de la
Resistencia, en San Pablo, y en 2012 la Secretaría de Derechos Humanos propuso
al Mercosur la construcción de un memorial sobre el Plan Cóndor en Porto
Alegre, entre otras iniciativas en curso. Cabe destacar también que la
presidenta Dilma Rousseff ha creado recientemente la Comisión de la Verdad, la
cual brinda un nuevo impulso a la problemática, fortaleciendo su marco
institucional y ubicando a Brasil en sintonía con las acciones llevadas a cabo
por sus pares del Mercosur.
En Paraguay, luego del informe de la Comisión de Verdad y
Justicia que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la
dictadura de Stroessner, el gobierno del presidente Fernando Lugo promovió la
creación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia, con el fin de
preservar archivos y lugares con valor histórico, obligando en algunos casos a
desalojar unidades policiales y militares para instalar allí museos.
Un ejemplo
de esta política es la creación de un sitio de memoria en donde funcionó el
Departamento de Investigaciones de la policía, en la capital, utilizado como
cárcel clandestina y centro de tortura de presos políticos durante la
dictadura.
En Uruguay varios jueces dispusieron medidas de aseguramiento
en predios militares, que en la práctica significaron la prohibición de
modificar su estructura con el objeto de salvaguardar su valor probatorio en el
marco de causas judiciales relativas a los crímenes de la dictadura.
Recientemente el gobierno nacional destinó el predio donde funcionó el Servicio
de Información de Defensa (sid) que operó como un centro clandestino de
detención? a la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos, y el presidente
José Mujica colocó una placa en memoria de las personas ilegalmente detenidas
en ese lugar, como María Claudia Iruretagoyena y su hija Macarena Gelman.
Al
mismo tiempo, tanto a nivel gubernamental como desde las organizaciones
sociales, se ha impulsado la creación de lugares de la memoria, tendientes a
evocar el recuerdo y construir memoria colectiva sobre los crímenes ocurridos
en el marco de la última dictadura militar en Uruguay.
DE RESPONSABILIDAD ESTATAL.
En ese escenario regional, el pasado 6 de setiembre en Porto
Alegre, la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del
Mercosur (raaddhh) adoptó los "Principios fundamentales para las políticas
públicas sobre sitios de memoria". Se trata de un documento elaborado por
el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos** del Mercosur (ippdh)
que reafirma el deber de los estados de crear y gestionar sitios de memoria y,
en particular, de preservar los lugares donde se cometieron graves violaciones
a los derechos humanos.
Dicho instrumento contiene 29 postulados orientadores de las
políticas de los gobiernos en la materia, que se derivan de la obligación de
los estados de disponer mecanismos efectivos para investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, así
como de garantizar los derechos a la verdad, a la memoria y a la reparación
integral de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
Algunos de estos principios establecen "pisos"
mínimos que se deben tener en cuenta en toda política pública sobre sitios,
"sean éstas iniciativas de organismos estatales o de instituciones
sociales, o de familiares de víctimas"; otros están dirigidos a explicitar
obligaciones específicas de los estados. En particular proponen pautas para la
preservación física de sitios, con énfasis en el deber de adoptar medidas
judiciales, legales o administrativas que la garanticen.
También se estipulan
criterios para la identificación, señalización y determinación del contenido de
los sitios de memoria, entre ellos la necesidad de asegurar la más amplia
participación de víctimas, familiares, comunidades locales y diferentes
sectores de la sociedad. Por último, se plantean principios para el diseño
institucional de los sitios de memoria que, por ejemplo, destacan la obligación
de contar con marcos jurídicos adecuados, así como la conformación de equipos
interdisciplinarios, mecanismos de transparencia y de participación social en
su gestión.
La aprobación de estos principios se apoya en el objetivo
regional de recuperar a la vez que construir memorias del pasado común de los
países del Mercosur, vinculado a la coordinación represiva de las dictaduras
del Cono Sur y al denominado Plan Cóndor. En esta línea se inscribe también la
reciente creación de un grupo técnico intergubernamental para mejorar la
cooperación administrativa y jurídica relacionada con las investigaciones sobre
el Plan Cóndor, y sistematizar, censar y desclasificar de manera coordinada los
principales archivos públicos y sociales que existen sobre estos hechos.
Vale
recordar que dicho plan fue una alianza represiva conformada en los años
setenta por los servicios de inteligencia de los países sudamericanos bajo
dictaduras militares, con el objetivo de combatir a quienes consideraban
"subversivos", término amplio que les permitió incluir a una
multiplicidad de sujetos definidos como enemigos ideológicos. En un documento
fundacional establecieron líneas de acción que llevaron a la creación de
estructuras militares clandestinas, dirigidas por las cúpulas castrenses pero
que funcionaban con relativa autonomía, y, a la vez, a la implementación de un
sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura donde detener a
los prisioneros extranjeros.
Mediante las experiencias sociales, gubernamentales y
regionales de preservación y gestión de sitios de memoria, y con la adopción de
los mencionados principios, los gobiernos del Mercosur contribuyen a
profundizar el proceso de integración regional. Ello es así pues la
recuperación y construcción de memorias e identidades compartidas sobre el
pasado dictatorial, las políticas destinadas a garantizar la no repetición de
las graves violaciones de derechos humanos, y la fijación gradual de un piso
común de derechos y ciudadanía, permiten hoy concebir al Mercosur no sólo como
un bloque económico o una alianza comercial sino también como una incipiente
comunidad política.
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* Víctor Abramovich
es secretario ejecutivo del Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (ippdh).
** El ippdh fue
creado en 2009 (decisión 14/09 del Consejo de Mercado Común del Mercosur) como
una instancia de cooperación técnica, investigación aplicada y coordinación de
las políticas públicas en derechos humanos de los países que integran el bloque
regional. Su sede permanente está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, y según el acuerdo suscripto entre el Mercosur y la
República Argentina tendrá sus oficinas definitivas en el predio donde funcionó
la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de
detención más terribles de la última dictadura militar (1976-1983), hoy
recuperado como espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos
humanos.
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