Brecha 13 1 12. Escrito por: Samuel BlixenLa situación judicial del general (r) Pedro Barneix está sumamente comprometida: un expediente de la justicia militar lo involucra directamente en la muerte de Aldo Perrini, detenido en febrero de 1974 en el cuartel de Colonia; y la autopsia correspondiente no deja lugar a dudas: murió como consecuencia de las torturas.
El militar fue uno de los designados por el ex presidente Vázquez para recabar información sobre el destino de los desaparecidos. En ese entonces no era conocida su participación en interrogatorios a detenidos durante la dictadura.
Si el general Pedro Barneix, antiguo jefe de inteligencia del Estado y responsable directo, designado por el presidente Tabaré Vázquez, para obtener información militar reservada sobre los desaparecidos, no ha declarado aún ante la jueza Mariana Motta y la fiscal Ana Tellechea, en el Juzgado Penal de Quinto Turno, es porque el Ministerio de Defensa Nacional no aportó a la sede judicial la dirección particular del general, a efectos de imponerle la citación obligatoria. Otros dos militares implicados directamente en los "interrogatorios rigurosos" a que fue sometido Perrini -los coroneles (r) José Agustín Baudean y José Puigvert- ya declararon y en términos generales confirmaron el contenido de unos documentos que, según el abogado Óscar López Goldaracena, son una prueba irrefutable del asesinato.
Las acciones judiciales por la muerte de Perrini (uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la ley de caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable") se iniciaron en 2010 y a fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia autorizó a la jueza Motta a realizar una inspección ocular en el cuartel de Colonia, a efectos de determinar con exactitud los lugares físicos donde, según numerosos testimonios, Aldo Perrini fue brutalmente castigado y torturado hasta morir. Durante casi dos horas de recorrido, los testigos pudieron identificar ante los magistrados el lugar, en las caballerizas, donde permanecían de plantón; el sótano, debajo del casino de oficiales, donde se practicaban las torturas; y la pieza, junto a la cocina, donde funcionaba la "sala de interrogatorios".
"Te pasaste."
Una característica particular de este caso, según el abogado López Goldaracena, es que el asesinato de Perrini fue consecuencia de una razia contra vecinos de Carmelo. "No se trataba de sediciosos o subversivos, como gusta calificar la teoría de los dos demonios; eran simplemente simpatizantes frenteamplistas" que fueron secuestrados de sus casas, encapuchados, esposados y trasladados al cuartel donde fueron sometidos a brutales castigos y al repertorio de torturas: plantón, submarino, picana, y en el caso de las mujeres, violación.
Una característica particular de este caso, según el abogado López Goldaracena, es que el asesinato de Perrini fue consecuencia de una razia contra vecinos de Carmelo. "No se trataba de sediciosos o subversivos, como gusta calificar la teoría de los dos demonios; eran simplemente simpatizantes frenteamplistas" que fueron secuestrados de sus casas, encapuchados, esposados y trasladados al cuartel donde fueron sometidos a brutales castigos y al repertorio de torturas: plantón, submarino, picana, y en el caso de las mujeres, violación.
La redada en Carmelo ocurrió el 24 de febrero de 1974; 11 detenidos (hombres y mujeres) fueron trasladados en un camión hasta el cuartel del Batallón de Infantería Número 4, en Colonia, entre ellos "Chiquito" Perrini, un vecino de 34 años muy conocido en el pueblo, porque "vendía los mejores helados de Carmelo". Otros detenidos de ese día de Carnaval fueron llevados primero a Mercedes, y al regreso hacia Colonia algunas mujeres comenzaron a ser violadas en el mismo camión, según los testimonios incorporados en el expediente judicial.
La práctica de los abusos sexuales sistemáticos contra las detenidas fue una causa directa de la muerte de Perrini. Como el resto de los secuestrados, Perrini fue sometido a picana y submarino, de modo que el 3 de marzo, una semana después, estaba sumamente debilitado.
Pero, tal como confirman varios de los testigos, cuando en el mismo lugar donde estaban de plantón algunos militares pretendieron violar a unas detenidas, Chiquito protestó y pretendió auxiliarlas. Fue entonces que el personal militar se ensañó con él. En medio de la salvaje golpiza, Perrini gritaba: "helado, helado", para ser identificado por sus compañeros. Hasta que los gritos cesaron abruptamente y algunos de los detenidos oyeron una exclamación de uno de los torturadores: "Te pasaste". Recién días más tarde los detenidos supieron que Chiquito había muerto, y tomaron conciencia de que su muerte mejoró la situación de los restantes: "Por la muerte de Chiquito pararon la mano con la tortura".
TRATO RIGUROSO.
Algunos de los testigos, como las hermanas Noemí y Ruth Castillo, afirman que la visita ocular colectiva al cuartel de Colonia, a fines del año pasado, les permitió superar el miedo y el pudor que aún arrastraban, y denunciar, por ejemplo, los abusos sexuales. De las múltiples diligencias ordenadas por la jueza se tenía una lista bastante completa del personal militar, oficiales y tropa que revistaba en el batallón en el momento de la muerte de Perrini.
Algunos de los testigos, como las hermanas Noemí y Ruth Castillo, afirman que la visita ocular colectiva al cuartel de Colonia, a fines del año pasado, les permitió superar el miedo y el pudor que aún arrastraban, y denunciar, por ejemplo, los abusos sexuales. De las múltiples diligencias ordenadas por la jueza se tenía una lista bastante completa del personal militar, oficiales y tropa que revistaba en el batallón en el momento de la muerte de Perrini.
Pero la compartimentación a que estaban sometidos los detenidos, encapuchados o vendados, hacía más dificultosa la identificación de los autores materiales del asesinato. Sin embargo, la sede judicial recibió un documento inesperado: al solicitar toda la documentación existente en cualquier repartición estatal vinculada al caso, apareció un expediente del Supremo Tribunal Militar archivado en dependencia de la justicia ordinaria. Ese expediente incluía las actuaciones de jueces sumariantes por la muerte de Perrini y las actas de interrogatorio al personal militar; asimismo incluía el informe médico sobre la autopsia practicada en el Hospital Militar.
De esa documentación se desprende la identidad de los tres oficiales que interrogaban a Perrini inmediatamente antes de morir. La declaración que formuló el entonces capitán José Agustín Baudean es reveladora: "El día 3 de marzo siendo aproximadamente las 17 horas fue llevado a la sala de interrogatorios el presunto sedicioso Aldo Francisco Perrini.
Durante el transcurso del mismo el presunto sedicioso sufrió un desvanecimiento. Ante ello, el suscrito le ordenó al teniente primero José Puigvert que llamara primero al enfermero y después al médico de la unidad. En la sala de interrogatorios se encontraban presentes el teniente primero José Puigvert, el teniente primero Pedro Barneix y el suscrito" (véase facsímil). El médico Eduardo Solano "se hizo presente a los pocos minutos" y aconsejó trasladar al "enfermo" a Enfermería, mientras un alférez de apellido Molina se trasladaba hasta la casa del segundo jefe de la unidad, mayor Washington Perdomo, para informarle de lo sucedido. En la segunda pregunta formulada a Baudean, el juez instructor quiso saber "si al presunto sedicioso se le realizaron apremios físicos". El capitán Baudean "responde: Que no".
Sin embargo, el teniente Pedro Barneix de alguna manera desmiente al capitán Baudean. En el acta de sus declaraciones aparece afirmando que "durante la guardia del día 3 no constató ninguna anormalidad con los detenidos".
La siguiente pregunta revela que la tortura a detenidos no era una anormalidad: "Preguntado: si sabe o presume las causas por las cuales el presunto sedicioso Aldo Perrini presenta hematomas en su cuerpo al realizarse la autopsia, contesta: que no sabe, pero presume que pudieron haber sido ocacionadas (sic) por el trato riguroso que el personal debe exigir a los detenidos e incomunicados para mantener la disciplina y la compartimentación, en virtud de encontrarse los detenidos en un solo alojamiento".
Según declaró el mayor Perdomo, Perrini fue trasladado "en estado delicado" a Montevideo, pero "falleció en el quilómetro 110 de la ruta 1". El médico José A Mautone (un viejo conocido de las crónicas sobre el terrorismo de Estado) describió las consecuencias de ese "trato riguroso" en el informe sobre la autopsia del cuerpo de Perrini: "El examen externo enseña múltiples hematomas y equimosis en parte anterior del tórax y abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales externos, múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente, equimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo.
El examen interno enseña pulmones particularmente distendidos, congestivos, con hemorragia subpleural. En resumen: del estudio que antecede surge como causa de muerte el edema agudo de pulmón, originado en el stress", es decir, como consecuencia de la asfixia, lo que revela que Perrini murió por las torturas a las que fue sometido.
Para el abogado López Goldaracena, la admisión de que se le aplicaba a los detenidos un "trato riguroso" es una confesión explícita de la práctica de torturas, que en este caso derivó en un asesinato, como se desprende del informe de la autopsia; y por ello, las declaraciones de Barneix y Baudean, admitiendo su presencia en la sala de interrogatorios en el momento del "desvanecimiento", será el aspecto central de las determinaciones que adopten los magistrados cuando se retomen las actuaciones tras la feria judicial mayor.
El abogado representante de la familia Perrini explicó a Brecha que un error de la burocracia impidió que el general Barneix recibiera la citación correspondiente, por lo que aún no fue interrogado. No obstante, resultó significativo que una abogada, identificada como personal jurídico del Comando General del Ejército, haya presentado un escrito, a nombre de Barneix, solicitando la conclusión de las actuaciones por prescripción de la causa. También resultó significativo que el diario La República consignara que la citación a Barneix era en calidad de testigo, cuando en realidad es un indagado.
Los medios de comunicación de alcance nacional hasta ahora no han dado cuenta de la documentación encontrada en el expediente de la justicia militar. En cambio, el semanario El Eco de Nueva Palmira incorporó los elementos incriminatorios contra Barneix, Baudean y Puigvert en la extensa cobertura del tema a cargo de los periodistas Daniel Roselli y Gabriel Monteagudo. Los documentos, en especial los interrogatorios a los tres oficiales que realizaron el último "interrogatorio" a Perrini, son considerados excepcionales, porque hasta ahora no se registraron constancias tan directas sobre la tortura y los torturadores.
Barneix y los desaparecidos
En 1974, después de realizar cursos de especialización en la Escuela de las Américas, en las bases militares estadounidenses del Canal de Panamá, Pedro Barneix revistaba como teniente primero en el Batallón de Infantería número 4 de Colonia. A principios de marzo de ese año, Barneix integró el equipo de oficiales que interrogó a Aldo Perrini, después de lo cual el detenido falleció (véase nota central).
La investigación de la justicia militar que siguió al asesinato de Perrini no impidió que el entonces teniente continuara su carrera ascendente en el Ejército, en especial en el área de inteligencia, en cuyas dependencias revistaba cuando explotó el escándalo del secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, en 1993. Tampoco este episodio, por el que fue interrogado por la justicia departamental de Canelones, alteró su carrera ascendente, que lo ubicó, tras su designación como general, al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
Con la asunción de Tabaré Vázquez, la cuestión de los derechos humanos tuvo un vuelco en la interna de las Fuerzas Armadas. El general Barneix, según las fuentes militares que consultaba El Observador, era uno de los oficiales superiores que se inclinaban por aportar la información que permitiera resolver la cuestión de los desaparecidos. Tales trascendidos mediáticos fueron al parecer confirmados por la decisión del presidente Vázquez de encargarle, junto con el general Carlos Díaz, la misión de obtener información en un relevamiento interno de las Fuerzas Armadas.
Los datos recabados fueron elevados al presidente por intermedio del comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, y resultaron ser falsos o inconsistentes cuando se confrontaron con los trabajos de campo en los cuarteles donde hubo cementerios clandestinos. Barneix, quien por la falsedad de la información fue interrogado en sede judicial en el expediente sobre el "segundo vuelo", explicó que la información, recibida en forma anónima, no había sido verificada.
El general Barneix era jefe de la División de Ejército IV cuando su colega Carlos Díaz fue relevado de la comandancia del Ejército por su participación en reuniones de carácter político; su nombre fue manejado como posible sucesor. Cuando la decisión del presidente Vázquez recayó en el general Jorge Rosales, a despecho del criterio de antigüedad, algunos generales amenazaron con pasar a retiro. Barneix, en cambio, prefirió seguir al frente de la División IV y sustituyó temporalmente a Rosales en la Comandancia del Ejército. Pasó a retiro tras los ocho años reglamentarios en el generalato.
Su comprometida participación en el caso Perrini no era conocida ?según fuentes políticas consultadas? por el presidente Vázquez cuando lo designó para la delicada misión de obtener información sobre los secretos militares. El "caso Perrini" era otro secreto, pese a la investigación de la justicia militar.
El papel de los médicos
El juzgado que investiga el asesinato de Aldo Perrini tuvo dificultad (como ocurrió con el general Pedro Barneix) para establecer los domicilios de dos médicos que asesoraban a los torturadores en el cuartel de Colonia. El dato resulta fundamental para librar las citaciones de comparecencia obligatoria que permitirán interrogarlos.
Por lo menos una docena de testigos, ex presos políticos o simples ciudadanos, que en febrero y marzo de 1974 fueron detenidos y torturados en el Batallón de Infantería Número 4, coinciden en señalar la activa participación de los médicos Emilio Visca y Eduardo Solano como "asesores" de los torturadores.
Un testigo confirmó ante los magistrados que Solano, después de efectuarle una revisación en la enfermería del cuartel, debido a la fractura de tres costillas, le dijo a los militares que custodiaban al detenido: "Pueden seguir"; y el detenido regresó a la sala de torturas. Solano fue quien se presentó en el cuartel cuando Perrini "se desvaneció" y aconsejó internarlo en el Hospital de las Fuerzas Armadas debido a su "estado delicado".
Un comportamiento similar, reñido con su condición de médico, tuvo Emilio Visca. Según el testimonio de otro detenido, Visca supervisaba las sesiones de tortura; en su caso, después de auscultarlo, concluyó: "Sigan dándole, que se está haciendo el vivo".
Al respecto, el abogado Óscar López Goldaracena, que representa a los familiares de Aldo Perrini, solicitó, en el escrito presentado ante el juzgado, que se pida información al Colegio de Abogados y al Sindicato Médico del Uruguay para determinar si hubo en estos casos algún pronunciamiento de la Comisión de Ética Médica.
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