Sobran las pruebas jurídicas

 Manini Ríos ante la Fiscalía: contradicciones,

 silencios y falta de pruebas

Escribe Natalia Uval en Política nacional

La Diaria  - 12 de septiembre de 2020 

Guido Manini Ríos, durante la presentación de su libro Vengo a cumplir 

(archivo, setiembre de 2019). Foto: Ernesto Ryan

Ex funcionarios del Ministerio de Defensa y de Presidencia aseguran que Manini no informó sobre el caso Gomensoro; él dice que lo hizo verbalmente y “mano a mano” con el ministro.

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, declaró ante la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Rodrigo Morosoli que el ex ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez era un hombre “comprometido con la causa” de los derechos humanos. Sin embargo, en un discurso con contradicciones internas y diferencias sustanciales con los testimonios de otros interrogados, pretendió convencer a la Fiscalía de que Menéndez le ocultó deliberadamente a la Justicia la confesión de José Gavazzo ante los tribunales de honor referente a cómo se deshizo del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro. 

Para deslindarse de su responsabilidad como funcionario público de denunciar delitos, Manini Ríos sostuvo que él le informó de esta confesión al ex ministro, pero en reuniones sin testigos y en ámbitos informales. “Llama la atención que nombre dos ocasiones públicas como fijando fechas y no nombra ningún testigo que avale esa declaración de una persona que, además, falleció”, le hizo notar el fiscal durante el interrogatorio. Con base en la información surgida de los interrogatorios ante la Fiscalía, a la que accedió la diaria y que en parte fue adelantada el miércoles por El Observador, este artículo contiene una cronología de los hechos sucedidos desde la conformación de los tribunales de honor de Jorge Silveira, José Gavazzo y Luis Maurente en 2017. Incluye los testimonios de los militares, pero también de asesores de los ministerios y de Presidencia, del secretario de la Presidencia Miguel Toma y del ex presidente Tabaré Vázquez. La información es relevante porque el 30 de setiembre el Senado votará el desafuero del líder de CA, y tanto ese sector político como el Partido Nacional y parte del Partido Colorado anunciaron que no darán sus votos para iniciar el proceso judicial contra Manini Ríos. 

Año 2018: versiones encontradas y omisiones

El 1º de setiembre de 2017 se conformó un tribunal para evaluar las eventuales faltas al honor militar que cometieron Silveira, Gavazzo y Maurente, a raíz de los fallos judiciales adversos contra ellos en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Estuvo integrado por los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún. 

En su primera comparecencia ante el tribunal, el 10 de abril de 2018, Gavazzo declaró que en 1973, todavía en democracia, un hombre –en su segunda declaración quedó claro que se refería a Gomensoro– fue detenido y falleció, y que el general Esteban Cristi ordenó deshacerse del cuerpo tirándolo al río Negro, “por temas de desprestigio del Ejército” y porque “no podía darse a conocer que había fallecido un hombre en un cuartel”, “porque iban a decir que lo habíamos matado”. Quien cumplió esa orden fue Gavazzo, según su propio testimonio.

El mismo día en que Gavazzo declaró ante el tribunal, su presidente, Fajardo, solicitó una entrevista con Manini Ríos, que le fue concedida al día siguiente. De esta forma cumplía con el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que dispone: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.

Fajardo concurrió a la reunión junto con los otros dos integrantes del tribunal, Erramún y González. Ninguno de los tres tenía dudas, según sus testimonios, de que ameritaba pasar las declaraciones a la Justicia. 

Sobre lo que sucedió en ese encuentro, por un lado están las versiones de los integrantes del tribunal, que son coincidentes respecto de que Manini desestimó las declaraciones de Gavazzo tratándolas de “chicana”. “Nosotros lo que le decíamos era que este era un caso para pasarlo a la Justicia. El comandante lo que nos decía a nosotros es: ‘Este hombre lo que está queriendo es que detengamos las actuaciones’”, declaró Erramún. Fajardo, en tanto, afirmó que Manini les dijo: “Mire: creo que esto es una chicana que está haciendo Gavazzo”, “vamos a parar, dejen que yo me hago cargo de esto, después los llamo y les digo qué hacemos”. En cambio, Manini Ríos no hizo ninguna referencia a las chicanas de Gavazzo cuando relató la reunión. 

Por otra parte, Manini afirmó ante la Fiscalía que, en sus conversaciones tanto con los integrantes del tribunal de primera instancia como del tribunal de alzada, él aseguró que había hablado con el ministro Menéndez y que este le encomendó que siguieran con las actuaciones, pero ninguno de los integrantes de los tribunales recuerda que Manini haya mencionado expresamente el aval del ministro. Incluso, en el propio testimonio de Manini, este se contradice. 

Primero sostiene que llamó a Fajardo y le dijo: “Bueno, mire, lo hablé con el ministro, el ministro coincide –porque yo mismo se lo había dicho que para mí podía ser un acto dilatorio– en que esto es un acto, hay que seguir para adelante hasta fallar en el caso central del tema”. Y después dijo: “Al tribunal yo no le dije mi conversación con el ministro”. 

La relación de Menéndez con Manini Ríos

Según testimonios de los asesores del ex ministro Jorge Menéndez, este no le tenía confianza a Manini Ríos, si bien su relación era “formalmente correcta”. “Menéndez no aprobaba muchas de las actitudes de Manini, declaraciones públicas, ni algunos casos muy cerca de violar normas constitucionales por los temas que planteaba”, declaró el ex director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado.

 En setiembre de 2018, cuando el Poder Ejecutivo dispuso el arresto a rigor por 30 días de Manini Ríos por sus declaraciones contrarias a la reforma de la Caja Militar, Menéndez era en realidad partidario de destituirlo, y así lo manifestó en un Consejo de Ministros. “Menéndez dijo claramente que no le tenía confianza al comandante en jefe y que él pensaba que debía ser destituido”, manifestó Delgado ante la Fiscalía. 

Yamandú Rodríguez, asesor de confianza política de Menéndez, relató que desde hacía mucho tiempo Menéndez tenía un “enfrentamiento muy grande con el comandante Manini”. “El ministro entendía que el comandante tenía que tener un perfil más bajo” y “el comandante, por su lado, iba in crescendo en acciones y en aclaraciones que iban molestando”, aseguró Rodríguez ante la Fiscalía.

El entonces comandante en jefe del Ejército les ordenó a los miembros del tribunal detener las actuaciones. Varios días después les pidió que retomaran el trabajo, según los testimonios de los integrantes del tribunal. La versión de Manini es diferente: le dijo a la Fiscalía que al día siguiente de la reunión que mantuvo con los integrantes del tribunal de honor ya le comunicó a Fajardo en un acto de la Escuela Naval que podía proseguir con las sesiones y que además los instó a citar nuevamente a Gavazzo para “profundizar en el punto”. Esto último, en cambio, no fue mencionado por los integrantes del tribunal. 

El 8 de mayo de 2018 Jorge Silveira declaró ante los tribunales de honor que Gomensoro “se le muere a Gavazzo”. Además, agregó que “hubo un fallecido en Artillería 1, que Gavazzo lo gaseó”. Dijo que era el militante del MLN Eduardo Pérez Silveira, detenido en mayo de 1974. 

Gavazzo fue interrogado nuevamente por el tribunal el 13 de junio de 2018. Allí ratificó lo dicho sobre Gomensoro, y en cuanto a Pérez Silveira aseguró que le arrojó una granada de gas lacrimógeno y que, como era asmático, tuvieron que derivarlo al Hospital Militar y no supo nada más de él. 

Los integrantes del tribunal de honor volvieron a solicitar entrevista con Manini Ríos, quien se las concedió para el 15 de junio. En esa segunda reunión, y según las declaraciones coincidentes de los tres integrantes, le entregaron a Manini Ríos una copia de la transcripción de las declaraciones de Gavazzo. “Se lo entregamos al comandante en jefe del Ejército, en el entendido de que eso, en algún punto del proceso, iba a ser puesto en conocimiento de la Justicia”, explicó González, integrante del tribunal. Sin embargo, cuando la Fiscalía le consultó a Manini si recibió esa copia, sus declaraciones fueron confusas: “Sí, la leí o me la contaron, y si me la dieron, me alcanzaba con que me lo contaran, pero yo supe lo que había dicho Gavazzo”. 

Tampoco recordó que los integrantes del tribunal le habían dicho que las declaraciones de Gavazzo eran inéditas, e incluso pretendió discutir su grado de novedad, hasta que el fiscal le recordó que el propio Gavazzo admitió que jamás le había dicho eso a la Justicia. 

Por otra parte, los integrantes del tribunal sostienen que Manini se expresó en la segunda reunión casi en los mismos términos que en la primera: “Esto debe ser una chicana que está haciendo este hombre para que el tribunal no termine de fallar. Nosotros tenemos que terminar en el tribunal. Pero bueno, paren, vamos a parar las rotativas. Déjenme la documentación, detengan el tribunal. Después yo los llamo a ver qué hacemos”, les dijo el comandante en jefe, según el testimonio de Fajardo. 

Lo llamativo es que ninguna normativa establece que la actividad del tribunal de honor deba detenerse cuando se envían los antecedentes de un presunto hecho delictivo a la Justicia. Es más: la normativa establece expresamente que los ámbitos de actuación de la Justicia penal y de los tribunales militares son independientes.

El 15 de setiembre, el tribunal de honor determinó el pase a situación de reforma de Gavazzo y Silveira y exoneró de responsabilidad a Maurente. Los dos primeros apelaron, y el 1º de octubre de 2018 Manini Ríos elevó un oficio al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) indicando qué generales estaban en condiciones reglamentarias de integrar el tribunal de alzada. En este documento escrito no menciona nada respecto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira. 

El 3 de octubre de 2018 se conformó un tribunal de alzada integrado por los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry. Según las versiones de los tres militares, Manini les pidió que no prestaran atención a las declaraciones de Gavazzo y Silveira y que se centraran en la argumentación presentada en la recusación. “Nos dio dos precisiones: una, que había declaraciones de Gavazzo y de Silveira, que no nos detuviéramos en ellas, que él ya tenía conocimiento y que estaba actuando al respecto”, declaró Romano. “A nosotros nos dijeron que lo actuado allí estaba en conocimiento. Esas son las palabras del máximo jerarca. Nosotros estamos sometidos a jerarquía”, manifestó Sequeira, y agregó que Manini Ríos no les mencionó que hubiera hablado con Menéndez sobre este tema.

El tribunal de alzada no tomó nuevas declaraciones y ratificó los fallos de primera instancia. 

14 de febrero de 2019: reunión entre Menéndez y Manini Ríos

Manini Ríos se reunió con Menéndez el 14 de febrero de 2019 en el ministerio para entregarle el expediente con las actuaciones de los tribunales, al que adjuntó una nota de ocho carillas cuestionando a la Justicia por su actuación en las causas de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. 

En palabras del propio Manini en su testimonio ante la Fiscalía, en ese escrito quiso expresar “la percepción generalizada en la fuerza a mi mando de que la Justicia muchas veces, en muchos casos, no actuó como justicia, sino que actuó como venganza”. “Ahí [en la carta] le enumero nueve casos en los que a mi entender la Justicia actuó como venganza y no como justicia, y no le dio las garantías necesarias a los imputados para defenderse”, indicó. Agregó que no mencionó en ese escrito las confesiones de Gavazzo porque “me pareció que no le agregaba nada a ese escrito, al espíritu del escrito”. 

En su carta, Manini “embestía terriblemente” contra la Justicia, sostuvo Toma en su testimonio, y añadió que esta forma de expresión es “extraordinariamente anormal” en un comandante en jefe del Ejército. “Tan extraordinariamente anormal que el presidente determinó que ese hecho era incompatible con la función que estaba desempeñando”, añadió. 

Además, Toma señaló las “incongruencias” de Manini Ríos, porque “se despacha libremente contra el Poder Judicial, contra las pruebas que la corte había juzgado como abrumadoras pruebas”, “sin embargo, cita sentencias que revisaron sentencias que afectaron a militares”. “A Manini le sirve el Poder Judicial cuando revoca una sentencia que afecta a un militar, sin embargo el Poder Judicial es la última escoria cuando decide el homicidio agravado de 28 personas”, manifestó Toma en el interrogatorio en Fiscalía. 

Según el testimonio del ex director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado, Manini incluso llega a decir en su carta que fue a hablar con los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak y Elena Martínez por el procesamiento del coronel Rodolfo Gregorio Álvarez, sobrino del dictador Gregorio Álvarez. “Incursionó por otros lugares que no le correspondía hacer por la sujeción que tiene”, declaró Delgado. 

Tras la reunión con Manini Ríos, Menéndez les solicitó a sus asesores que leyeran detalladamente el expediente y realizaran un informe. El ministro quería tener este balance antes de la sesión del Consejo de Ministros que se realizaría el 18 de febrero en Pueblo Centenario, para comentarle al entonces presidente Tabaré Vázquez. Menéndez ese día “tenía muy claro que se trataba de un tema de una gravedad política, institucional y también jurídica trascendente”, pero no comentó “ningún aspecto que tuviera que ver con una eventual repercusión penal, que a su vez le hubiera alertado por parte del comandante Manini”, declaró Alfredo Maeso, asistente letrado adjunto en el MDN. 

Según consta en prueba documental, Maeso le informó por primera vez al ministro sobre las declaraciones de Gavazzo en un correo que le envió el 15 de febrero. Según el testimonio de Maeso, en la reunión de Menéndez con sus asesores valoraron que “llamaba poderosamente la atención” que al tribunal de honor no le hubiesen merecido también “la misma consideración de gravedad” las declaraciones de Gavazzo. “El ministro tenía muy claro que había que dar noticia criminal del hecho”, aseguró Maeso. 

La destitución de Manini Ríos, según Tabaré Vázquez

El 12 marzo de 2019, en la residencia de Suárez y Reyes, el ex presidente Tabaré Vázquez se reunió con el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. El encuentro había sido solicitado por Manini, para explicar los comentarios vertidos en la carta que elevó junto a los fallos del tribunal de honor. “Viendo lo que había escrito sobre la Justicia, para mí era totalmente inaceptable que un integrante del Ejecutivo y nada más ni nada menos que un comandante en jefe del Ejército se despachara como se despachó contra la Justicia, diciendo que la Justicia era parcial, que era una Justicia para el enemigo, que cobraba al grito de las tribunas... para mí era inaceptable”, relató Vázquez. 

Contó que, durante el encuentro, Manini estuvo 20 minutos cuestionando a la Justicia. “Yo lo escuché atentamente. Cuando ya terminaba, me dice: ‘Señor presidente, como yo no quiero perjudicarlo voy a dar un paso al costado, voy a renunciar. Lo que sí no sé si voy a renunciar ahora, dentro de una semana o dentro de un mes’. Entonces yo le dije: ‘¿Terminó, señor comandante?’. ‘Sí’. ‘Usted no va a renunciar, porque desde este momento yo lo estoy destituyendo’. Bueno, él había programado para ese mismo día 12 de marzo una reunión a la tarde con todos los generales y me dijo: ‘Bueno, yo tengo programada esta reunión con los generales’. Le digo: ‘Bueno, usted está destituido’. Dice: ‘¿Yo me puedo despedir de ellos?’. Le digo: ‘Sí, ¿cómo no?, despídase, no hay problema’. Y ahí terminó mi conversación con Manini”. 

19 y 20 de febrero de 2019: las instrucciones del presidente

En el Consejo de Ministros realizado en Pueblo Centenario el 18 de febrero, según el testimonio de Tabaré Vázquez, este le preguntó a Menéndez cómo estaba, en referencia a su situación de salud. El ex ministro le respondió: “Estoy más o menos, pero estoy muy preocupado porque tengo el fallo del tribunal de honor del caso Gavazzo, Silveira y Maurente, por los cuales pasan a reforma a Gavazzo y a Silveira, no pasan a reforma a Maurente, pero además hay una carta o un escrito del comandante en jefe Manini, que es muy fuerte y muy crítico hacia la Justicia”. 

Vázquez se reunió con Menéndez en la residencia de Suárez al día siguiente, y allí el entonces presidente le pidió al ministro que coordinara con el secretario de la Presidencia un encuentro para instrumentar las decisiones que ya tenía tomadas: homologar los fallos de Silveira y Gavazzo, pero discrepando con los motivos; no homologar el fallo de Maurente y enviar a la Justicia penal los hechos confesados por Gavazzo y Silveira. 

Menéndez le dijo a Vázquez en la reunión del 19 de febrero, según el ex presidente, “que Manini no había comunicado nada previamente” sobre las confesiones de Gavazzo y Silveira, “y que a él le había llamado la atención que ante las declaraciones de Gavazzo y Silveira no se hubieran detenido las actuaciones del tribunal de honor” ni “se hubieran pasado a la Justicia los antecedentes”. 

La reunión entre Toma y Menéndez, a la que se sumaron los asesores del ministro Josefina Nogueira y Alfredo Maeso, se realizó el 20 de febrero en la Torre Ejecutiva. Según los testimonios de Toma, Nogueira y Maeso, había total acuerdo en enviar el expediente a la Justicia, y además había una orden directa del entonces presidente Tabaré Vázquez. 

Las discrepancias giraban en torno a otros puntos. Por ejemplo, Menéndez era partidario de no homologar los fallos de Silveira y Gavazzo. “El ministro de Defensa Nacional era de la postura de que había que rechazar íntegramente el tribunal. Le comentó al doctor Toma su postura personal, política, en el sentido de que él entendía inconveniente absolutamente, que había que actuar con principismo”, declaró Maeso. Vázquez afirmó que Menéndez le decía que para él no había que homologar los fallos. Pero explicó su postura favorable a homologar: “Si yo no homologo el fallo que pasa a reforma a Gavazzo y Silveira van a quedar libres, sin problemas, van a seguir perteneciendo al Ejército, y yo lo que creía, y creo, es que había que echarlos”, dijo Vázquez a la Fiscalía. 

Además, había una discrepancia entre los asesores jurídicos de Menéndez: Nogueira sostenía que debía declararse la nulidad de los tribunales, porque “no se podía tolerar que [los militares] vinieran a menoscabar la Justicia o a decir que los crímenes no existieron”, según el testimonio de Toma. 

20 de febrero-1º de abril de 2019: el trámite del expediente y una filtración oportuna

El expediente entregado a Toma el 20 de febrero permaneció en la Torre Ejecutiva hasta el 12 de marzo. Toma se lo entregó el 22 de febrero a la asesora de Presidencia Mariana Errazquin, y le encomendó que redactara dos resoluciones: la de homologación de los fallos de Silveira y Gavazzo, y la no homologación del fallo de Maurente; y, por otro lado, que diera “instructivos al Ministerio de Defensa para que diera cuenta a la Fiscalía General de la Nación o a la Justicia”, según relató la propia Errazquin ante Fiscalía. Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, Errazquin y Toma estuvieron haciéndoles ajustes a los borradores de resolución. 

El 12 de marzo, el expediente fue devuelto al MDN. Según la asesora jurídica del MDN Josefina Nogueira, nunca hubo dudas respecto de que el ministerio debía presentar la documentación a la Justicia, sólo que se buscó ordenar la información antes de hacerlo. “El expediente eran más de 800 fojas. Hoy –con el diario del lunes, lo hemos discutido– hubiéramos hecho fotocopia de las 800 hojas y las hubiéramos remitido a la Fiscalía y nos despreocupábamos de este tema. Y no. El ministerio comienza a hacer un cruzamiento de datos y comienza a buscar causas [judiciales]”, explicó Nogueira, y también señaló que ese trabajo lo hizo ella sola porque el expediente era reservado. 

Nogueira alegó que intentó “facilitarle a la Justicia de la manera más adecuada” la información, separándola por causas. A esa altura Menéndez, que sufría un cáncer terminal, estaba muy mal de salud y pasaba la mayor parte del tiempo en Durazno. 

El 30 de abril el diario El Observador publicó información de las actas del tribunal de honor. Había dos copias del expediente: una estaba en poder de Nogueira, y la otra, en el Comando General del Ejército. 

Cuando se publican las actas en la prensa, Vázquez llama inmediatamente a Toma y le pregunta si habían realizado la denuncia penal. Allí Presidencia se entera de que en realidad el expediente seguía en el MDN desde el 12 de marzo. Toma habla con Josefina Nogueira y, según su testimonio, esta le manifestó que estaba “trabajando en el tema”, que lo estaba haciendo sola y que era necesario “trabajar en disecar el expediente con tanta información”. 

El lunes 1º de abril, Vázquez ordena que en 45 minutos el expediente esté en Presidencia, que lo traiga Nogueira personalmente, y finalmente, ese día, Presidencia de la República remitió el expediente a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a la Fiscalía de Flagrancia de 13 turno. 

“El presidente quedó muy angustiado por el hecho de que no se hubiera dado cuenta [a la Justicia]; en lo que me es personal, creo que ellos estaban trabajando, pero estaban trabajando en hacer todo ordenadamente, esa puesta en conocimiento de la denuncia”, declaró Toma. 

Vázquez dijo a la Fiscalía que él dio “por descontado que todo había salido según las decisiones” que había tomado y que comunicó a Menéndez el 19 de febrero, entre ellas, el pasaje a la Justicia del expediente. 

El 1º de abril, en el Consejo de Ministros, Tabaré Vázquez solicita la renuncia al ministro y al subsecretario de Defensa, y anuncia que pedirá la venia de destitución de todos los generales que participaron en los tribunales de honor. En ese Consejo, Vázquez, según el entonces subsecretario de Defensa Daniel Montiel, “volvió a insistir en que este documento ya tenía que estar en la Fiscalía”. Montiel, que estuvo presente en ese consejo, contó que Vázquez se mostró “contrariado” y les dijo que prácticamente no había dormido por este tema. 

La defensa de Manini Ríos y sus contradicciones

La defensa de Manini Ríos intentó argumentar ante la Fiscalía que “no es lógico” que todos los militares supieran de las confesiones y que en cambio Menéndez no se hubiera enterado. 

El hoy líder de CA, en el interrogatorio que le realizaron, afirmó que le informó a Menéndez de las confesiones de Gavazzo sobre el caso Gomensoro en dos oportunidades. Una de ellas fue, según Manini, en un acto en la Escuela Naval que se realizó el 11 de abril de 2018. “En una parte le digo al ministro: ‘Mire que ayer o anteayer Gavazzo, en una declaración, mencionó un muerto, pero no hay más detalles. Yo entiendo que lo mejor es citarlo de vuelta y que dé los detalles’. Y el ministro totalmente de acuerdo. Me dijo: ‘Sí, señor, estoy de acuerdo. Cuando tenga esos detalles me informa’”. 

La segunda instancia, según Manini, fue en una reunión a solas que tuvo con Menéndez el 15 de junio en el ministerio. En ese encuentro, según el ex comandante en jefe, Menéndez le habría dicho: “Pero en este caso [en la causa de la muerte de Gomensoro] Gavazzo fue sobreseído”. “Como diciendo: ‘¿será para darle curso a esto?’. Porque implicaba parar las actuaciones del tribunal, que era lo que yo le consultaba a él, ¿qué hacemos, paramos las actuaciones, pasamos a la Justicia todo este tema? Esto implicaba meses y meses, seguramente, capaz que no tanto... [...] Y el ministro quería que esto se terminara en su mandato, ¿no?”, relató Manini. Y ahí, supuestamente, Menéndez le dijo que tenía que consultar a Toma. El 21 de junio, en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, y siempre según el relato de Manini, Menéndez lo llama y le dice: “Hablé con el doctor Toma y él coincide en que esto puede ser un acto dilatorio de Gavazzo, porque aparte este caso ya fue sobreseído, entonces vamos a seguir con las actuaciones”. 

Manini Ríos no tiene testigos que avalen lo afirmado. En cambio, todos los interrogados civiles aseguraron que ni Menéndez ni sus asesores estaban al tanto o no manifestaron estar al tanto de las declaraciones de Silveira y Gavazzo. Según Toma, ni Menéndez ni Vázquez dijeron que Manini los puso al tanto de la información. Incluso, en un par de ocasiones, el director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del MDN Juan Delgado le preguntó específicamente a Menéndez por la marcha de los tribunales de honor, y este no le pudo dar detalles porque no los conocía. “Eso lo tratan exclusivamente los integrantes de los tribunales de honor, presumo que también el comandante de cada fuerza, pero no hay adelantos a los jerarcas, al ministro”, afirmó Delgado. “El ministro actuó con total honestidad, con total hidalguía, trabajando hasta que se estaba muriendo y diciendo siempre la verdad”, aseguró por su parte Maeso ante la Fiscalía. 

El 4 o 5 de abril, pocos días antes de la muerte de Menéndez, Montiel fue a visitarlo a Durazno. “Le pregunté si en algún momento, por parte del mando, en este caso de Manini, obviamente, si había recibido o le habían dicho en forma verbal o de algún modo que había este tipo de novedad dentro del expediente [en referencia a las declaraciones de Gavazzo sobre el caso Gomensoro]. Y él me dijo que no”, declaró Montiel. 

En su declaración ante la Fiscalía, Manini Ríos aseguró que había una “presión permanente” de Menéndez para que el tribunal fallara. “A mí me daba la sensación [...] de que él estaba presionado también para que el tribunal de una vez por todas fallara, que a él alguien le estaba dando púa para esto”, deslizó el hoy líder de CA. 

Por su parte, la defensa de Manini Ríos afirmó que el Poder Ejecutivo de la época tenía “motivaciones políticas para provocar esta instancia judicial”, que “estaba interesado en esconder las actas” porque no quería “escándalos políticos”. “Menéndez venía ocultando las actas desde 2018”, Menéndez “quería ese logro personal, quería ese logro político para el Partido Socialista”, fueron algunas de las afirmaciones de la defensa del militar devenido político que el próximo 30 de setiembre, según indica la correlación de fuerzas en el Parlamento, será exonerado de someterse a la Justicia.

Cronología

 

1º de setiembre de 2017. Se conforman los tribunales de honor.

 

10 de abril de 2018. Primera confesión de José Gavazzo ante el tribunal de honor.

 

11 de abril de 2018. Primera reunión de los integrantes del tribunal de honor con Guido Manini Ríos.

 

8 de mayo de 2018. Declaraciones de Jorge Silveira ante el tribunal de honor.

 

13 de junio de 2018. Segunda comparecencia de Gavazzo ante el tribunal de honor.

 

15 de junio de 2018. Segunda reunión del tribunal de honor con Manini Ríos.

 

15 de setiembre de 2018. Se emiten los fallos del tribunal de honor.

 

3 de octubre de 2018. Se conforma el tribunal de alzada.

 

1º de febrero de 2019. El tribunal de alzada emite su fallo.

 

14 de febrero de 2019. Manini Ríos concurre al despacho del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, a informar sobre los fallos.

 

19 de febrero de 2019. Reunión entre Tabaré Vázquez y Menéndez.

 

20 de febrero de 2019. Reunión entre el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, Menéndez y sus asesores. El expediente queda en la Torre Ejecutiva.

 

12 de marzo de 2019. El expediente pasa al Ministerio de Defensa Nacional. Tabaré Vázquez destituye a Manini Ríos.

 

30 de marzo de 2019. La prensa publica las actas del tribunal de honor.

 

1º de abril de 2019. Presidencia presenta el expediente a la Justicia. Vázquez pide las renuncias de Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel, y resuelve destituir a los militares que participaron en los tribunales de honor.

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Un Editorial verdaderamente memorable

Este domingo 6 de setiembre El País continúa su campaña de apoyo a Manini Ríos para evitar su desafuero. Además de la columna sin pedestal de Martín Aguirre, publica un Editorial verdaderamente memorable. Hará historia, como cuando en plena dictadura, una de sus actuales directoras entrevistó al General Jorge Rafael Videla.

El País promueve, descaradamente, que el Partido Nacional vote en contra del pedido de desafuero del general retirado Guido Manini Ríos para evitar ser condenado por no informar a la justicia acerca de las confesiones de José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.

Sin aportar ninguna prueba, acusa a la jueza Marcela Vargas de tramitar la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli de manera irregular.

Además, acá viene lo verdaderamente grave e insólito, lo hace basándose en el rechazo que en junio de 1973 el Parlamento llevó a cabo cuando la "justicia militar" pidió el desafuero del senador Enrique Erro para juzgarlo. Vale la pena recordar que el rechazo del pedido de desafuero del senador Enrique Erro fue la excusa que empleó el Poder Ejecutivo para disolver las Cámaras.  

Justicia militar y Poder Judicial

El País equipara, pone al mismo nivel jerárquico, al Poder Judicial, uno de los tres poderes independientes constitutivos de nuestro sistema democrático republicano de gobierno con la "justicia militar" de la época. Insólito!

Los juzgados militares, órganos dependientes y sometidos a la jerarquía de los mandos militares de la época, comenzaron a actuar para juzgar la conducta de civiles al declararse el Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972.

A la "justicia militar" se le otorgó el cometido de "juzgar" a los ciudadanos que comenzaron a ser detenidos en el marco de las acciones represivas que las Fuerzas Conjuntas (FFCC) de la época comenzaron a desarrollar contra el MLN y otras organizaciones populares.

La "justicia militar" fue claramente definida ante el propio Parlamento por el coronel retirado Dr. Néstor Bolentini, un neto representante del "proceso" durante toda esa década.

La justicia militar no hace justicia

El coronel y Dr. Néstor Bolentini fue Ministro del Interior cuando Bordaberry padre disolvió las cámaras en junio de 1973, el que ilegalizó a la CNT el 4 de julio durante la huelga general y uno de los representantes oficiales de la dictadura en el único debate televisivo previo al plebiscito constitucional de 1980 cuando triunfó el NO.

Ante el Parlamento, Bolentini, afirmó: "La justicia militar no hace justicia: sus jueces son auxiliares y asistentes de las Fuerzas Armadas en operaciones".  

La “justicia militar” había mostrado su ferocidad

En mayo de 1973 cuando la justicia militar solicita el desafuero del senador Enrique Erro, más de 2.000 ciudadanos ya habíamos sido formalmente condenados por ella, sin garantías de ningún tipo, sin apoyo legal, luego de semanas y hasta meses de total incomunicación, sometidos sistemáticamente a torturas y abusos sexuales.

Todos los condenados fueron en base a actas autoincriminatorias firmadas en las propias salas de torturas, ante jueces militares sumariantes que eran parte de los equipos de tortura como el coronel retirado Rodolfo Alvarez (sobrino del Goyo) ya procesado por la justicia.  

Confesiones: una prueba de la infamia

Las actas de la justicia militar no tienen ningún valor legal ni moral ni pueden ser convalidadas de ninguna forma. Invocarlas es una auténtica inmoralidad. Una infamia. Más de 10.000 ciudadanos pueden atestiguarlo si no alcanzara con los testimonios brindados por Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo en los Tribunales de Honor.

Fueron todas firmadas, bajo coacción, en las salas de tortura de los cuarteles, en dependencias de la Armada, de la Aviación y en la DNII, en la Sede del SID en Bulevar Artigas, en el 300 Carlos, en la Casa de Punta Gorda, en la casona de Millán y en la Tablada.

En un libro de su autoría el militante del Partido Nacional y Alcalde de la localidad de Aguas Corrientes por dicho Partido Alvaro Alfonso, difamó a un ex preso político en base, precisamente a dichas actas y fue condenado por la justicia a retractarse.

Cuando la "justicia militar" solicita el desafuero del Senador Enrique Erro, las Fuerzas Armadas ya cogobernaban junto el presidente Juan María Bordaberry a través de su participación directa en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) creado en febrero de 1973, luego de negociaciones, en la Base Aérea de Boiso Lanza. 

El Dr. Julio María Sanguinetti

En la actual coyuntura, el Dr. Julio María Sanguinetti, también se opone a que se vote el desafuero del general retirado Guido Manini Ríos. No llama la atención. En abril de 1972 integraba el Poder Ejecutivo de Juan María Bordaberry, fue uno de los impulsores de la Declaración del Estado de Guerra Interno y del pasaje a la “justicia militar” de miles de uruguayos. En octubre de 1986 promovió la Ley de Amnistía para los criminales de la dictadura y finalmente, luego de acuerdos con sectores del Partido Nacional, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

La historia ya lo condenó

El general retirado Guido Manini Ríos, siendo Comandante en Jefe del Ejército, incumplió su obligación de informar al Poder Judicial acerca de las confesiones que realizaran José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en el año 2018 acerca de hechos delictivos.

En campaña electoral, él mismo lo ha reconocido públicamente en medios televisivos, ha justificado su actuación. Seis generales retirados, de su total confianza, lo han responsabilizado en los estrados judiciales. Sobran los méritos jurídicos.

Cuando no tenía fueros parlamentarios, evitó ser formalizado por la Justicia en base a maniobras dilatorias del mismo tenor que las que suelen emplear los terroristas estatales para enlentecer las causas. 

Fortalecer el Estado de Derecho

El País fue un vocero, no honorario, quasi oficial, del terrorismo de Estado. Adhirió fervientemente, incluso, al proyecto de Constitución que plebiscitaron los militares en el año 80. Lo hizo de manera militante: hasta se negó a publicar una tibia solicitada en contra del proyecto militar que el padre del actual Presidente de la República intentó difundir en su momento.

El citado editorial demuestra la escasa fortaleza democrática y constitucional del operador político de la más rancia derecha uruguaya. Es una prueba evidente del compromiso militante del matutino caganchero en favor de la impunidad para los peores criminales de la historia del país.

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Opinando N° 12 – Año 9 – Lunes 7  de Setiembre  de 2020

Las revelaciones del coronel Vázquez

Las revelaciones del coronel Vázquez: una vieja pero activa

 bomba de efecto retardado que golpea al Ejército

 y al Frente Amplio (*)

 

Escribe Sergio Israel 

Búsqueda Nº 2087 - 3 al 9 de Setiembre de 2020 

“Me irrita que se diga que hubo un pacto con los militares, solo se negociaron las condiciones de reclusión”, aseguró el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández

 

 

Un gran manipulador. Así fue definido el coronel Gilberto Vázquez Bisio, el oficial de Inteligencia de la vieja guardia de los Tenientes de Artigas que saltó a la fama en julio de 2006 después de fugarse del Hospital Militar y ser recapturado pocos días después, vestido con ropa civil, mientras empuñaba una pistola calibre 22 y llevaba puesta una larga peluca negra.

Cuando protagonizó la teatral fuga, Vázquez Bisio, que había sido un capitán operativo subordinado al entonces mayor José Gavazzo en el Servicio de Información de Defensa (SID) en los años más sangrientos de la dictadura, estaba en detención administrativa en vistas a una posible extradición a Argentina, donde la Justicia lo reclamaba, así como a otros represores acusados de participar en torturas y desapariciones en el centro clandestino de detención OT-18, que funcionó durante unos meses en la ex Automotoras Orletti en el segundo semestre de 1976.

La exfiscal Mirta Guianze, que lo trató en las causas penales, considera que Vázquez Bisio, un oficial de Estado Mayor con formación en el exterior, era alguien “expansivo y simpático” que siempre se presentaba como “el más lindo, el más valiente, que quería decir cosas, pero que sus camaradas lo frenaban y le decían buchón”. Entre algunos de sus compañeros de armas es considerado personalista y “bocón”.

El coronel del peluquín, ya confinado en la Cárcel Central en San José y Yi, brindó varias entrevistas en las que declaró que había escapado para llamar la atención de los medios y que tuvo que hacerlo porque una de las condiciones que le habían impuesto en su anterior detención, en la sede de la División de Ejército I, en el Prado, donde gozaba de cierta libertad ambulatoria y recibía el trato de un oficial superior, era el silencio.

El silencio. Justamente el llamado “silencio austero” era la condición impuesta por los mandos a todos los integrantes de las fuerzas en relación con las violaciones a los derechos humanos.

Desde antes de 1985, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos buscaba romper esa omertà para, al menos, conocer cuál había sido el destino de sus seres queridos y recuperar sus restos.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que había sido votada por parte del Parlamento para evitar que los militares y policías tuvieran que responder ante la Justicia, también disponía la búsqueda de los desaparecidos.

Aplicando ese artículo de la norma, que los anteriores gobiernos de Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle habían ignorado, primero Jorge Batlle, con la Comisión para la Paz, y luego Tabaré Vázquez, trataron de avanzar en medio de una densa niebla y sin pilotos demasiado expertos.

 

Negociación y cárcel VIP

Como la mayor parte de los muertos y desaparecidos eran militantes de izquierda, el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Vázquez tenía el gran desafío de responder a esa demanda.

No sin tropiezos, el presidente, con el respaldo del penalista Gonzalo Fernández, que había sido actor de peso en la Comisión para la Paz creada por Batlle, cumplió con la promesa de ingresar a los predios militares y comenzó con las excavaciones.

Al mismo tiempo, la derogación de la Ley de Punto Final en Argentina puso sobre la mesa los pedidos de extradición, entre otros casos por la desaparición de la nuera del poeta vinculado a Montoneros Juan Gelman, cuya nieta Macarena, que había sido entregada a la familia de un policía, recobró su identidad y vivía en Montevideo.

Los oficiales del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) y del SID mantuvieron esperanzas de negociar su libertad, pero después del fiasco en el Batallón 14, cuando se suponía que la nieta de Gelman iba a hallar los restos de su madre, el cerco se fue estrechando.

A pesar de que a último momento había decidido no concurrir al batallón, el presidente había quedado muy expuesto al anunciar, asesorado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, que en un 99,9% se había encontrado el lugar de enterramiento.

El exsecretario de la Presidencia Fernández, que no recuerda su participación en el tema del Tribunal de Honor, contó a Búsqueda que cuando llegó la primera consulta de un juzgado para saber si un caso quedaba comprendido dentro de la ley de caducidad le dijo al presidente: “Puedo hacer una interpretación alternativa”. Fernández apeló a resquicios legales como, por ejemplo, la territorialidad, si el caso se había originado en Argentina, o la necesidad de investigar para saber si, en efecto, los autores eran militares o policías.

“Nunca hubo ningún pacto como sale a decir Vázquez Bisio. Me irrita que se diga que hubo un pacto con los militares, solo se negociaron las condiciones de reclusión”, afirmó Fernández.

Una de las explicaciones para la fuga que motivó el Tribunal de Honor es que Vázquez Bisio buscaba, a través de la prensa, convocar a sus camaradas. El coronel esperaba que hubiera “ruido a lata”, algo que, a diferencia de otras veces, no ocurrió.

En realidad el prófugo quedó bastante solo, porque logró apenas el respaldo de algunos camaradas, entre ellos su amigo Lawrie Rodríguez, un capitán procesado en 2020 por otra causa relacionada con la dictadura.

El comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz, que había reemplazado a Bertolotti, había explicado a los militares y policías presos, luego de una reunión con el presidente, que la alternativa a la extradición a Buenos Aires, donde estarían alojados en cárceles comunes lejos de su familia, era someterse a la Justicia uruguaya y quizás permanecer alrededor de ocho años en un predio militar, con ciertas comodidades, en una especie de cárcel VIP.

 

“Nos rompimos el culo”

Al asumir que finalmente sería juzgado e iría preso, Vázquez Bisio decidió romper el silencio, aunque se cuidó de no involucrar a otros militares o policías y tampoco aportar datos demasiado concretos. En la prensa (Búsqueda N° 1.363) y con mayor soltura en el Tribunal de Honor que se formó para juzgar la fuga que afectó al instituto armado, dio su versión de por qué había matado y torturado por orden de los mandos de entonces.

“Estoy contento de estar en un Tribunal de Honor, las cosas son como son, porque siempre andamos con gre, gre: dicen que somos ladrones, asesinos, hijos de puta y nos rompimos el culo, dejamos los camaradas muertos, dejamos las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca”, se lamentó el oficial.

También declaró: “El Ejército no dijo nada y entonces vamos a quedar para la historia y le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor del alma, y me cuesta muchas veces dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”.

El coronel Vázquez también asumió responsabilidad por el llamado segundo vuelo, reconocido por la Fuerza Aérea en 2005 pero no por el Ejército: “Acá el Ejército me está mandando preso por las cosas que hice. Yo tuve que ver con el caso (Adalberto) Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la de Gelman, esas porquerías no las hubiera permitido de ninguna manera”, expresó Vázquez en el acta N° 10 del tribunal.

En todas las declaraciones, Vázquez Bisio buscó dejar claro que no estaba arrepentido, que había combatido en una guerra, primero contra los tupamaros y luego contra el comunismo y otros grupos subversivos, que había actuado cumpliendo órdenes y que no había robado, una sospecha que rondaba a todos los que habían estado en Orletti, no solo por el caso Gelman, motivado para llegar al dinero de Montoneros, sino también por el botín de unos seis millones de dólares del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), obtenido en secuestros realizados en Buenos Aires para financiar la lucha contra la dictadura.

Las “confesiones” de Vázquez Bisio, que debieron ser comunicadas a la Justicia civil porque se trataba de posibles delitos, no lograron conmover a los miembros del tribunal, que se conformaron con que, al fugarse y salir en la televisión con un aspecto desaliñado, se había ganado el pase a situación de reforma, una condición deshonrosa, reservada a personas que no están en su juicio, y a las que, entre otras cosas, no se les permite vestir el uniforme militar.

Las actas con las declaraciones del coronel, que según el fiscal especializado Ricardo Perciballe hubieran servido a las causas penales, pero no tienen mayor trascendencia jurídica en 2020, también ponían el foco en otros actores de la represión.

Por ejemplo, el general Héctor Islas, que presidió el primer tribunal en 2006, fue quien reemplazó al entonces capitán Vázquez como jefe del S-2 (Inteligencia) del 4° de Caballería cuando este fue promovido al SID en 1973.

Caballería 4 fue una de las unidades que destacó en las operaciones gracias a la tortura a los detenidos. “Creo que también fue cliente suyo”, deslizó Vázquez Bisio en alusión a Islas y al entonces prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez, que estuvo preso por ser integrante de la anarquista Organización Popular Revolucionaria-33.

A su vez, el actual presidente del Supremo Tribunal Militar, general retirado Daniel Castellá, que actuó en el tribunal de alzada pedido por Vázquez Bisio, estuvo al frente de la cuerda que detuvo al médico de San Javier Vladimir Roslik, muerto durante las torturas sufridas en un cuartel de Fray Bentos en 1984.

El martes 1°, Familiares reveló el contenido de la apelación que elevó el coronel, en la que afirma que los mandos de la época lo felicitaron por las ejecuciones que realizó. Pero en las actas, Vázquez Bisio no solo habló de la lucha antisubversiva anterior a 1985. También hizo referencias a operaciones de contrainteligencia en democracia, entre ellas una que tenía como posibles blancos a quien fuera ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, los exdiputados Hugo Cores y León Lev y un cuarto que dijo no recordar el nombre.

Según su declaración, “en el 89, la junta de generales decide que va a haber una respuesta oficial” al acoso que estaba recibiendo el Ejército y es convocado “para que prepare homicidios”.

Vázquez Bisio le habría dicho al general que lo convocó que “si algo sale mal, yo voy en cana por autor material y usted autor intelectual, porque el comandante en jefe esto no lo puede bancar”.

Finalmente, explicó el coronel, llegó la contraorden. Sin embargo, dijo que contó eso para ilustrar la contradicción entre entonces y el año 2006, cuando “me quieren meter para adentro”.

Más allá de que no es fácil probar lo que declaró el coronel, es un hecho que a Cores, que denunció a los represores, le habían volado el auto en la puerta de su casa y que otro día habían disparado contra la vivienda con balas de 9 mm.

“Si algo sale mal, te vas para arriba”, le habría dicho Vázquez Bisio a Fernández Huidobro durante un momento de alta tensión a fines de la década de 1980. En ese momento, los dirigentes tupamaros adoptaron medidas de seguridad especiales, pasaron de forma masiva a la clandestinidad y durante algunas noches no durmieron en sus casas, después de denunciar que se vivía en “una democracia tutelada”.

Unos meses después, en enero de 1991, comenzó una ola de atentados y acciones, con sello militar, pero sin víctimas mortales ni objetivos tupamaros. Un Comando Lavalleja reivindicó la voladura del auto de Cores; la también desconocida Guardia de Artigas, el atentado al estudio de Sanguinetti y Zeinal; secuestraron por unas horas al entonces periodista de El Observador Alfonso Lessa y hubo explosiones en una vía férrea en Minas y en un cuartel de Artillería del Cerrito, donde horas antes había estado reunido el comandante en jefe Juan Rebollo, cerca de una casilla de guardia de la embajada estadounidense y en la casa de veraneo del comandante de la Armada, entre otros.

Nunca quedó del todo claro el motivo de las fuertes tensiones durante el gobierno de Lacalle, porque a las cuestiones de la ley de caducidad se sumaron pujas por el presupuesto, luchas internas en el Ejército y entre las fuerzas. También influyó el caso del bioquímico chileno Eugenio Berríos, desaparecido en Parque del Plata y luego hallado muerto en El Pinar, porque la Armada protegió al oficial que salió en defensa del chileno.

Lev, que hasta 1992 fue dirigente del Partido Comunista, contó a Búsqueda que, durante el gobierno blanco, recurrió al ministro del Interior Juan Andrés Ramírez luego de que dispararan contra su casa con un arma de bajo calibre y pusieran en peligro a sus hijas. También había sido amenazado, igual que la entonces diputada nacionalista Matilde Rodríguez, cuando demandó la aparición de unas actas del caso Berríos. Quien se había presentado por orden de Rebollo en la comisaría de Parque del Plata, de donde se llevaron a Berríos, fue precisamente Vázquez Bisio.

 

 

Azucena Berrutti en el consejo de ministros de Sarandi Grande, 2007.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

“Operación verdad”

El Frente Amplio tuvo seis ministros de Defensa: Azucena Berrutti, José Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Menéndez.

De Berrutti y Menéndez, Familiares recibió el mejor trato, mientras que con el resto el vínculo fue más o menos áspero.

El martes 1º, cuando un periodista preguntó a los representantes de Familiares sobre la afirmación de Bayardi de que la aparición de las actas en un gobierno de la coalición multicolor era “una operación”, Nilo Patiño respondió: “Si Bayardi hubiera entregado las actas en mayo de 2019 cuando se las pedimos, no hubiera habido operación”.

En efecto, el 2 de mayo de ese año Familiares mantuvo una entrevista con Bayardi y una semana después realizó el pedido por nota firmada por Elena Zafaroni, Ignacio Errandonea y Graciela Montes de Oca.

Durante un debate en Canal 4 entre Bayardi y el presidente del directorio blanco Pablo Iturralde, el exministro insistió en que se trataba de una operación. “Sí, es una operación, verdad”, respondió el dirigente nacionalista.

Familiares no fue la única organización que pidió las actas. También las solicitó, sin éxito alguno, el periodista de Radio Sarandí Mauro Bettega y Fabiana Larrobla, la coordinadora del grupo de historiadores de Presidencia, se había dirigido por carta el 11 de abril del año pasado solicitando los tribunales no solo de Vázquez Bisio, sino de Gavazzo, los capitanes Alex Lebel y Juan Carlos Larcebeau y de los coroneles José Araujo Umpiérrez, Enrique Ribero, Luis Maurente y Jorge Silveira.

Aunque Bayardi trató de responsabilizar a los militares y explicó que hasta 2008 las actas eran secretas, la principal responsable de que estas no hubieran llegado a la Justicia en 2006 es la doctora Berrutti. Ella, el secretario general del ministerio José Wainer y el asesor de Inteligencia Augusto Gregori debieron haberlas pedido e insistido hasta encontrarlas.

En especial Gregori, que debía saber el papel jugado por Vázquez Bisio no solo en la dictadura sino como jefe del Departamento II (Inteligencia) del Ejército durante el gobierno de Lacalle Herrera, tenía motivos para estar interesado en esas actas.

Sin embargo, Berrutti, una abogada que fue defensora de presos políticos cuando pocos se animaban, tiene una trayectoria que la deja lejos de toda sospecha de connivencia.

El “general con polleras”, como le decían en voz baja sus subalternos, mantuvo, a diferencia de Bayardi y Fernández Huidobro, una relación estricta con los militares. Por ejemplo, poco después de la fuga del coronel Vázquez destituyó al comandante en jefe luego de que Búsqueda informara que se había reunido con el expresidente Sanguinetti sin su permiso y, a diferencia del resto de los ministros frenteamplistas, tuvo la sensibilidad de consultar a Familiares cada vez que se discutía un ascenso a oficial superior, para depurar, al menos a la cúspide de las fuerzas, de los acusados de violaciones a los derechos humanos.

“Te puedo asegurar que esas actas (de las declaraciones) no llegaron al ministerio”, dijo a la diaria Gregori, que fue asesor de Berrutti y luego coordinador de Inteligencia entre 2010 y 2013.

“Con Azucena allanamos el cuartel en busca de los archivos, por mucho menos de eso allanamos un cuartel. Te das cuenta de que, si hubiéramos visto una cosa de esas, hubiéramos actuado”, comentó en referencia a que al año de asumir encontraron en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva 1.144 rollos microfilmados con información de inteligencia militar que se conoce como Archivo Berrutti.

Las actas de los tribunales de honor siempre fueron un asunto delicado que los militares buscaron mantener dentro de la corporación. Un día que se rompió un ascensor del ministerio, los colaboradores de Berrutti encontraron en la fosa las actuaciones del que se le formó a Gavazzo para juzgar un caso de falsificación de billetes.

Quizás más preocupado por otros asuntos y sin valorar correctamente el contenido, con el respaldo de un informe de jurídica firmado por la abogada Sylvia Usher, de notoria filiación blanca, y realizado por su colega Nelly Méndez Curutchet, el presidente Vázquez homologó el fallo, que pasaba al coronel a reforma.

“Si el presidente firmó sin saber o sabía y firmó igual sin enviar las declaraciones a la Justicia, las dos cosas están mal”, dijo a Búsqueda un exjerarca del Frente Amplio que pidió mantener su nombre en reserva.

 

El fantasma de Manini

Para el secretariado del Frente Amplio y para el exministro Bayardi, la aparición ahora de las actas es una operación para justificar que no se le vote el levantamiento de los fueros al líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

En lugar de reconocer el error, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y el secretario político, Rafael Michelini, optaron por elevar la voz y desafiar al gobierno.

“Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma”, declaró el ministro de Defensa, Javier García, y agregó que “toda la información del Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional”.

El Directorio del Partido Nacional, a su vez, emitió una declaración en la que expresa “total apoyo ante lo actuado por el gobierno nacional por medio de su ministro de Defensa, Javier García, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón,” y reafirma su “compromiso con la transparencia y la verdad, rechazando toda opacidad en estos temas”.

Mientras algunos frenteamplistas como Bayardi apuntan a una operación política para el desafuero de Manini, otros dirigentes que dialogaron con el expresidente Vázquez, indicaron que este confirmó que el fallo fue homologado sin conocer las actas, pero que responsabilizan del ocultamiento al general Díaz y que si bien su relevo se produjo por la reunión con los dirigentes colorados, el vínculo ya estaba dañado desde antes. “La lealtad no paga” fue la enigmática frase que dijo el excomandante cuando fue relevado. Catorce años después, aún no queda claro si estaba dirigida al gobierno que lo había cesado o a los que habían informado a Búsqueda de la cena que mantuvo con Sanguinetti en Toledo.

En todo caso, la “operación verdad” con la declaración del coronel que está en prisión domiciliaria en Rivera, puede ser leído también como un juego político más elevado que el desafuero: buscaría frenar el avance de Cabildo dentro del gobierno en medio de la batalla presupuestal, porque las actas dejan muy mal al Ejército y a los que quieren volver a la época de la ley de caducidad y, por otra parte, le disputa al Frente un asunto en el que hasta ahora, si bien no tenía el monopolio, lleva el estandarte.

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