Los
Fusilados de Soca merecen Justicia (*)
De izquierda a derecha.
Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi, Directora de la INDDHH Dra. Mariana
Mota, Chela Fontora (Crysol), Helena Bicera (Comisión Fusilados de Soca), Ana
María Pereda (Comisión Fusilados de Soca), Adriana Cabrera (Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos), Luz Charito Estefanell, Marcelo Estefanell.
Cuando construimos este Memorial,
hace ya 13 años, en el año 2008, lo hicimos, tomando la iniciativa de un grupo
de ex presos políticos y de vecinos de
la zona, para tributar un sencillo homenaje
a un grupo de ciudadanos que la impunidad y la cultura de la impunidad
mantenían en el más completo anonimato. Lo hicimos para reclamar verdad y
justicia y hoy, a 13 años, lo seguimos haciendo.
El asesinato de Floreal García, Mirtha
Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo que estaba embarazada y de
Graciela Estefanell, fue un crimen brutal
y estremecedor. Tan estremecedor como el hecho de que a 47 años del mismo
debamos seguir reclamando justicia, sin
que la causa judicial avance sustancialmente.
Estos cinco ciudadanos, luchadores
sociales y políticos, estos compañeros, junto con Julio Abreu y Amaral García,
un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar
donde residían al exiliarse, luego de instaurada la dictadura en Uruguay.
Fue en los primeros días del mes de
noviembre de 1974. Luego de ser torturados en centros clandestinos de
Argentina, los trasladaron en secreto a Uruguay, los volvieron a torturar, de
nuevo, durante varios días, en la Casa de Punta Gorda, y, finalmente,
ametrallados precisamente en este lugar.
Un crimen de
Estado
Fue un crimen de Estado. La activa
participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable,
al igual que la decisión de asesinarlos por parte del Consejo de Seguridad
Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte.
Gral ® Gregorio Alvarez.
El asesinato fue un supuesto acto de
represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal en París.
Lo poco que se ha avanzado en el
esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de
compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo
del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar en
nuestro país: el Poder Judicial.
Se
restableció la pretensión punitiva
Aunque desde octubre del año 2011 no
existen obstáculos legales para actuar, aunque la Ley de Caducidad ya no sea un
impedimento legal, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía
Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, algunos
de los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión
domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto.
La investigación criminalística, con
todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda, es el
camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los
responsables.
Ofensiva del
partido de la impunidad
Ante la ofensiva de los promotores
públicos de la amnistía para los terroristas de estado y de otros engendros parlamentarios como la
prisión domiciliaria compulsiva, reivindicamos la justicia, la actuación del poder judicial, libre de
presiones y amenazas de los cabildantes de turno y de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.
El enjuiciamiento de los autores y
responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo, fundamental, incluso, para llegar a la verdad
de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que
cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de
Justicia, debe dejar de tolerar las artimañas que en forma permanente emplean los
sospechados como delincuentes para enlentecer las causas.
Son crímenes
de Lesa Humanidad
Es más, debe aceptar que desde el
Tribunal de Nuremberg al cual Uruguay adhirió estos asesinatos, estas graves
violaciones a los derechos humanos, masivas y sistemáticas, son “crímenes de
Lesa Humanidad”.
Debe generar, además, las condiciones que permitan que los jueces
actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones
domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce
la historia de nuestro país.
La lucha por la justicia es la lucha
contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades
formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la
lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos, como pilares de la
convivencia ciudadana, por dignificar la vida humana.
Desde la Secretaría de Derechos
Humanos del gobierno, en lugar de condenar el proyecto de prisión domiciliaria
para los terroristas de Estado, se le
quiere vender fruta podrida a la
ciudadanía amplificando las tesis de la dictadura y del Dr. Julio María
Sanguinetti, para ocultar las responsabilidades de los dueños del poder.
Lo saben bien. No fueron las protestas
gremiales, estudiantiles y sindicales, las que abrieron las puertas a los
militares, ni fueron las causantes del
terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de las clases dominantes a
la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. Fue un proyecto
global e integral de país que se impuso
en América Latina y especialmente en el Cono Sur, alentado por distintos
gobiernos de EEUU.
Compañeras y compañeros:
Saludamos la iniciativa de declarar
Sitio de Memoria a este Memorial por el cual tanto hemos trabajado con
sucesivos gobiernos canarios y, sinceramente, rendimos homenaje a los Fusilados
de Soca, reivindicamos su compromiso con la vida y el país, rescatamos su legado
y lo seguiremos haciendo. Una y otra vez,
con los ideales intactos.
En alto las
banderas de lucha:
seguimos
reclamando justicia para los Fusilados
de Soca!
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(*) Exposición del presidente de
Crysol Gastón Grisoni en la ceremonia de Señalización del Memorial de los
Fusilados de Soca como Sitio de Memoria en Camino de los Fusilados (exRuta 70)
y Ruta 9, Departamento de Canelones el día 18 de diciembre de 2021.
