Otras piezas del engranaje

DETUVIERON EN ESPAÑA A COLABORADOR DEL FUSNA Y PIDEN SU EXTRADICIÓN

Por Mauricio Pérez

Brecha - 21 mayo, 2021

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición de Fleming Gallo, un exmilitante del Partido Comunista que colaboró activamente con el aparato represivo de la dictadura.

El delator, detenido en España, es investigado por la tortura de ex-presos políticos, incluida Graciela Villar, excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio.

Graciela Villar fue una de las militantes señaladas por el colaborador del FUSNA.

La Computadora era una agencia interna, creada en 1976, que funcionaba en dependencias del S-2 (inteligencia), en el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA). Su cometido era sistematizar información de los interrogatorios a los detenidos y analizar la situación de las organizaciones políticas consideradas «enemigas» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

Para sus tareas, contaba con una estrecha participación de algunos detenidos que colaboraban con el S-2 en el análisis sobre la veracidad de las respuestas brindadas por el resto de los detenidos, que eran interrogados bajo torturas en esa unidad militar. Con estos elementos, la Computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas.

Uno de sus primeros colaboradores fue un militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), detenido a principios de 1976, sobre el final de la Operación Morgan, que se quebró durante la tortura y, azuzado por los oficiales del FUSNA, se transformó en delator. Pero no solo eso: tuvo una activa participación en el interrogatorio de varios de sus excompañeros de partido.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, la extradición de Fleming Julio Gallo Sconamiglio, aquel exmilitante comunista que se transformó en colaborador en la Computadora. Gallo fue detenido sobre principios de este año, en España, tras un pedido de captura librado en su contra en octubre de 2019, en el marco de una investigación por delitos de tortura contra ex-presos políticos en el FUSNA.

La extradición de Gallo fue solicitada tras una denuncia penal presentada por Mariana Felártigas, que incorporó los testimonios aportados hace más de una década en otro expediente por tres ex-presas políticas: Sandra Toledano, Beatriz Paciello y Graciela Villar. Las tres fueron detenidas en agosto de 1979 y trasladadas al FUSNA, donde fueron interrogadas y torturadas. Su otrora compañero tuvo un rol clave en esas detenciones y participó activamente de los interrogatorios, preguntando, pero también –en algunos casos– torturando. «Fuimos detenidas las tres juntas, después de que él nos ve», contó Villar a Brecha.

Villar y Gallo tenían una militancia conjunta, pero también un estrecho vínculo familiar. Él era esposo de su prima hermana; el tío de ella, Ramón Núñez Barrera, era militante comunista de toda la vida, estaba preso y supo que muchos militantes comunistas habían sido detenidos porque Gallo «había trabajado marcando gente».

La noche de su detención, las tres habían asistido a un recital de resistencia a la dictadura en la Galería del Notariado. De repente, un compañero se acercó a Villar y le dijo que adelante, en las primeras filas, estaba «su primo», que en ese momento estaba, supuestamente, detenido en el FUSNA. «Ya sabíamos que Fleming no solo se había quebrado, sino que salía a la calle a quemar gente», relató Villar. Fue ahí que él mira hacia atrás y las ve.

«No encuentro palabras para definir lo que sentí», contó. «El dolor, la vergüenza, la vergüenza familiar; mi tío estaba preso, mi prima, que era militante de la UJC [Unión de la Juventud Comunista], y el miedo, un miedo que hoy no podría describir. Fue un decir: “Ahora que nos viste, somos candidatas”. Esa misma noche nos detuvieron, cometimos la ingenuidad de ir a nuestras casas», dijo Villar. Fue detenida junto con su esposo. Su primera hija, Tania, una niña, también fue llevada y entregada a su abuela.

Unicef

Fueron trasladados encapuchados y maniatados al FUSNA, secuestrados, ya que nunca fueron procesados por la justicia militar. Los interrogatorios y las torturas se mezclaban con sus vidas personales: Toledano estaba embarazada de 36 semanas y estuvo internada en el Hospital Militar; Villar y su esposo no sabían el destino de su hija: «Pensábamos que la habíamos perdido». Fueron diez días que parecieron muchos más, porque «ahí los minutos son días y los días son meses».

En 2005, las tres decidieron presentarse ante la Justicia y denunciar las torturas sufridas. Para ellas, poder declarar fue un hecho sustantivo. «Es reabrir heridas y poner en palabras situaciones de violencia extrema y poder decírselas a otras personas», dijo Villar. Sobre todo porque esos diez días en el FUSNA quedaron marcados: «Esto queda latente en el cuerpo nuestro; mujeres sometidas a violación, manoseadas, éramos muy jóvenes. Hay algo que no se borra nunca más, que queda como una marca indeleble».

Poder declarar esas situaciones también fue sentir que existe la justicia y que esos crímenes no quedarían impunes: «Esta es la democracia por la que tanto peleamos», dijo. «Esto ratifica, una vez más, que el pasado, por más que se quiera enterrar, sale […]. El silencio se transforma en un acto de complicidad cuando quienes cometieron estas atrocidades no son juzgados. Fleming no solo traicionó las ideas por las que decía que peleaba, sino que pasó a trabajar directamente con los represores; para mí es profundamente doloroso», expresó Villar.

Un documento titulado «Computadora: resultados de su trabajo y situación al 28 de noviembre de 1979», destacó el trabajo de los servicios de inteligencia del FUSNA en la estructuración de una red de informantes infiltrados en «filas del enemigo», que se construyó mediante la captación de colaboradores entre los detenidos. Esa red «logró el desbaratamiento de la red clandestina del PCU. De no haber mediado un fino trabajo de infiltración (una labor de inteligencia que llegó hasta la detención del primer secretario del PCU en Uruguay) no se hubiera logrado ni cercamente [sic] su desmembramiento» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

La participación de Gallo en esa red de colaboradores quedó registrada en diversos documentos hallados en el archivo del FUSNA y en el archivo Berrutti. Según un informe de Interpol, una persona con su mismo nombre y apellido e igual fecha de nacimiento ingresó a Estados Unidos en 1980, por Nueva York; esa persona no tenía antecedentes y por su rol de colaborador no fue procesado por la justicia militar.

Por esos años, Gallo se radicó en México, hasta que fue identificado por la colectividad de exiliados uruguayos en ese país y decidió retornar a Uruguay, donde vivió varios años y trabajó como gerente de una institución médica en Minas (Lavalleja). Fue identificado años después por Villar, entonces dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, durante un conflicto sindical.

Después de ese conflicto, se radicó en España junto con toda su familia. Sería detenido en ese país europeo a pedido de la Justicia uruguaya. El fiscal Perciballe solicitó su extradición por los delitos de privación de libertad y reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, sin perjuicio de que se le puedan imputar otros delitos, dijeron fuentes judiciales a Brecha.

Gallo también aparece mencionado en una denuncia presentada por más de cuarenta ex-presos políticos, nucleados en el colectivo Crysol, por torturas en el FUSNA. En esta denuncia, además de oficiales de la Armada y del Ejército, aparecen mencionados otros dos colaboradores de la dictadura, Roberto Patrone y Ariel Ricci.

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