Un espejo para Manini Ríos y el sistema político
En un hecho histórico,
el pasado viernes 29 de noviembre, en Canelones, fueron formalizados tres
antiguos represores del terrorismo de Estado y marcharon a prisión. Su
escenario de actuación fue dicho departamento. Fueron denunciados por
participar activamente en secuestros y actos de torturas a centenares de
prisioneros. La causa judicial fue patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu
(OLI) y la valiente actuación de las víctimas testigos decisiva. Dos aspectos
surgen del hecho nítidamente como destacables.
En primer lugar, la
rápida actuación judicial en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. La
Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad jugó un papel destacadísimo
y encomiable, de acuerdo a sus atribuciones legales. En segundo lugar, la
actuación de la Secretaría de DDHH de la Intendencia de Canelones que se
involucró activamente al tomar conocimiento de denuncias informales y
testimonios de víctimas.
Valeria Rubino presentó
formalmente la denuncia
Según informó La
Diaria, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia
de Canelones, Valeria Rubino –quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que
dirige Ricardo Peciballe–, el colectivo Ágora-Identidad, derechos humanos y
memoria canaria fue “recabando testimonios de personas que fueron secuestradas
en ese centro clandestino de detención y tortura” y
los hizo llegar a la
Secretaría, que los empezó a sistematizar, entre otras cosas, para integrarlos
a los contenidos de una página web que está por lanzarse. “Ahí es que empiezo a
ver que testimonio tras testimonio dan cuenta de cuestiones delictivas”, contó.
Rubino averiguó si los hechos testimoniados ya habían sido denunciados, y al enterarse
de que no, decidió “presentar una denuncia en calidad de funcionaria pública”,
ya que si constata hechos con apariencia delictiva, debe denunciarlos, según
está determinado por la ley.
Obligación legal de
denunciar
“Presenté
un escrito al fiscal correspondiente de que esa era la información que yo tenía
y que me parecía que le competía a su función”, agregó Rubino. “Cualquier
funcionario de la intendencia que hubiera constatado esos delitos habría hecho
lo mismo”.
Todos los funcionarios
públicos tienen la obligación de denunciar aquellos hechos de apariencia
delictiva acerca de los cuales toman conocimiento en el cumplimiento de sus
actividades. Es una disposición legal. Su incumplimiento es, no sólo una falta
administrativa, sino un delito penado por la ley.
Denunciar
supone realizar una acción formal, por escrito, generalmente, ante el órgano
jurisdiccional competente, dando cuenta de lo ocurrido.
El tribunal de Honor de
Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira
Tal como lo puso de
manifiesto una investigación de Leonardo Haberkorn, publicada por El
Observador, los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército le informaron a
su comandante, el general Guido Manini Ríos, que Gavazzo había confesado haber
tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.
Manini Ríos
les ordenó que siguieran adelante con su tarea, en lugar de denunciar semejante
confesión de inmediato a la Justicia.
Diez meses
después de la primera confesión de Gavazzo, Manini elevó las actas al
Ministerio de Defensa para que el fallo del Tribunal fuera homologado. Les
adjuntó un escrito de su autoría que nada decía sobre el caso Gomensoro y que,
en cambio, llevó la discusión hacia otros temas polémicos.
Hasta ese
momento, nunca se había aclarado quién mató a Gomensoro y quiénes hicieron
desaparecer su cuerpo. Y por supuesto: no existía confesión ni nadie preso por
este crimen.
Lo nuevo -es increíble
tener que aclararlo- es la confesión de Gavazzo de que él mismo tiró el cuerpo
al río Negro.
También es nueva la
acusación de “Pajarito” Silveira de que Gavazzo fue responsable de la muerte. Y
hay otra novedad: la versión que da Gavazzo respecto a que fue el propio
general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar I, quien le ordenó
desaparecer a Gomensoro.
La omisión
de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que
brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor, acerca de la desaparición
de Roberto Gomensoro en 1973, hubiera permitido que continuara como inocente de
dicho crimen. La causa judicial que lo involucraba había sido archivada. José
Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ante su
negativa en los estrados judiciales.
Además, el testimonio
de Jorge Pajarito Silveira en el mismo tribunal, incrimina a Gavazzo y aporta
información valiosa sobre la desaparición de Eduardo Pérez, conocido como el “el
gordo Marcos”, cuyo destino es incierto hasta el día de hoy, habiendo
permanecido detenido en el Batallón de Artillería N° 1 en 1974. Fue internado
en el Hospital Central de las FFAA el 9 de mayo de dicho año y falleció en la
madrugada del día 10.
La labor periodística
de Leonardo Haberkorn lo puso al descubierto. Gracias a ello, el Dr. Ricardo
Perciballe estuvo en condiciones de solicitar la reapertura de ambas causas.
Juzgar a los
responsables y a sus cómplices
El general retirado
Guido Manini Ríos es el primer general en actividad a quién se descubrió
colaborando activamente con los criminales del proceso para garantizar su
impunidad. Su condena por estos delitos es fundamental para desalentar
conductas similares.
En Uruguay, hasta el
momento, solo un pequeño número de responsables de las graves violaciones a los
Derechos Humanos, durante el terrorismo de Estado, ha sido juzgado y condenado.
El desafuero solicitado del senador Guido Manini Ríos debe ser concedido.
Una vez que el
Parlamento conceda su desafuero, si la coalición gobernante partir del 2 de
marzo de 2020 que Guido Manini Ríos integra no lo impide, será la justicia la
que determinará la sanción que le corresponda por no haber dado cumplimiento a
las disposiciones legales de informar, como comandante en jefe, acerca de las
declaraciones de los imputados en el Tribunal de Honor como correspondía.
Su omisión de denunciar
ha quedado demostrada. En el expediente no consta que haya informado a sus
superiores como estaba obligado y mucho menos al Poder Judicial. Trabajó, en
los hechos, a favor de la impunidad para Gavazzo. Debe ser procesado, como
corresponde. Que se acabe el recreo.
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Opinando N° 28 – Año 8 – Miércoles 4 de diciembre de 2019
