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viernes, 6 de diciembre de 2019

Un espejo para Manini Ríos



Un espejo para Manini Ríos y el sistema político

En un hecho histórico, el pasado viernes 29 de noviembre, en Canelones, fueron formalizados tres antiguos represores del terrorismo de Estado y marcharon a prisión. Su escenario de actuación fue dicho departamento. Fueron denunciados por participar activamente en secuestros y actos de torturas a centenares de prisioneros. La causa judicial fue patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) y la valiente actuación de las víctimas testigos decisiva. Dos aspectos surgen del hecho nítidamente como destacables.




En primer lugar, la rápida actuación judicial en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad jugó un papel destacadísimo y encomiable, de acuerdo a sus atribuciones legales. En segundo lugar, la actuación de la Secretaría de DDHH de la Intendencia de Canelones que se involucró activamente al tomar conocimiento de denuncias informales y testimonios de víctimas.

Valeria Rubino presentó formalmente la denuncia

Según informó La Diaria, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino –quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que dirige Ricardo Peciballe–, el colectivo Ágora-Identidad, derechos humanos y memoria canaria fue “recabando testimonios de personas que fueron secuestradas en ese centro clandestino de detención y tortura” y

los hizo llegar a la Secretaría, que los empezó a sistematizar, entre otras cosas, para integrarlos a los contenidos de una página web que está por lanzarse. “Ahí es que empiezo a ver que testimonio tras testimonio dan cuenta de cuestiones delictivas”, contó. Rubino averiguó si los hechos testimoniados ya habían sido denunciados, y al enterarse de que no, decidió “presentar una denuncia en calidad de funcionaria pública”, ya que si constata hechos con apariencia delictiva, debe denunciarlos, según está determinado por la ley.

Obligación legal de denunciar

“Presenté un escrito al fiscal correspondiente de que esa era la información que yo tenía y que me parecía que le competía a su función”, agregó Rubino. “Cualquier funcionario de la intendencia que hubiera constatado esos delitos habría hecho lo mismo”.

Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar aquellos hechos de apariencia delictiva acerca de los cuales toman conocimiento en el cumplimiento de sus actividades. Es una disposición legal. Su incumplimiento es, no sólo una falta administrativa, sino un delito penado por la ley.

Denunciar supone realizar una acción formal, por escrito, generalmente, ante el órgano jurisdiccional competente, dando cuenta de lo ocurrido.

El tribunal de Honor de Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira

Tal como lo puso de manifiesto una investigación de Leonardo Haberkorn, publicada por El Observador, los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército le informaron a su comandante, el general Guido Manini Ríos, que Gavazzo había confesado haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

Manini Ríos les ordenó que siguieran adelante con su tarea, en lugar de denunciar semejante confesión de inmediato a la Justicia.

Diez meses después de la primera confesión de Gavazzo, Manini elevó las actas al Ministerio de Defensa para que el fallo del Tribunal fuera homologado. Les adjuntó un escrito de su autoría que nada decía sobre el caso Gomensoro y que, en cambio, llevó la discusión hacia otros temas polémicos.

Hasta ese momento, nunca se había aclarado quién mató a Gomensoro y quiénes hicieron desaparecer su cuerpo. Y por supuesto: no existía confesión ni nadie preso por este crimen.

Lo nuevo -es increíble tener que aclararlo- es la confesión de Gavazzo de que él mismo tiró el cuerpo al río Negro.

También es nueva la acusación de “Pajarito” Silveira de que Gavazzo fue responsable de la muerte. Y hay otra novedad: la versión que da Gavazzo respecto a que fue el propio general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar I, quien le ordenó desaparecer a Gomensoro.

Manini Ríos encubrió a José Nino Gavazzo

La omisión de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor, acerca de la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973, hubiera permitido que continuara como inocente de dicho crimen. La causa judicial que lo involucraba había sido archivada. José Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ante su negativa en los estrados judiciales.

Además, el testimonio de Jorge Pajarito Silveira en el mismo tribunal, incrimina a Gavazzo y aporta información valiosa sobre la desaparición de Eduardo Pérez, conocido como el “el gordo Marcos”, cuyo destino es incierto hasta el día de hoy, habiendo permanecido detenido en el Batallón de Artillería N° 1 en 1974. Fue internado en el Hospital Central de las FFAA el 9 de mayo de dicho año y falleció en la madrugada del día 10.

La labor periodística de Leonardo Haberkorn lo puso al descubierto. Gracias a ello, el Dr. Ricardo Perciballe estuvo en condiciones de solicitar la reapertura de ambas causas.

Juzgar a los responsables y a sus cómplices

El general retirado Guido Manini Ríos es el primer general en actividad a quién se descubrió colaborando activamente con los criminales del proceso para garantizar su impunidad. Su condena por estos delitos es fundamental para desalentar conductas similares.

En Uruguay, hasta el momento, solo un pequeño número de responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos, durante el terrorismo de Estado, ha sido juzgado y condenado. El desafuero solicitado del senador Guido Manini Ríos debe ser concedido.

Una vez que el Parlamento conceda su desafuero, si la coalición gobernante partir del 2 de marzo de 2020 que Guido Manini Ríos integra no lo impide, será la justicia la que determinará la sanción que le corresponda por no haber dado cumplimiento a las disposiciones legales de informar, como comandante en jefe, acerca de las declaraciones de los imputados en el Tribunal de Honor como correspondía.

Su omisión de denunciar ha quedado demostrada. En el expediente no consta que haya informado a sus superiores como estaba obligado y mucho menos al Poder Judicial. Trabajó, en los hechos, a favor de la impunidad para Gavazzo. Debe ser procesado, como corresponde. Que se acabe el recreo.

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Opinando N° 28 – Año 8 – Miércoles 4 de diciembre de 2019