Pedro Mato, militar
investigado por varios crímenes antes y durante la dictadura, habría ingresado
a Uruguay para hacer la denominada “revista de existencia”, un trámite que
certifica que está vivo, imprescindible para seguir cobrando su jubilación.
Según información oficial del Ministerio de Defensa, el trámite se hizo en una
oficina pública con fuerte custodia: el Regimiento de Caballería número 1 de
Rivera. La fiscal de ese departamento, Bárbara Zapater, investiga cómo fue
posible.
Por Mauricio Pérez –
Brecha – 6 9 19
Pedro Mato Narbondo, alias
el Burro, está prófugo de la justicia uruguaya. En 2013, debía declarar en un
juzgado en el marco de la indagatoria penal por el homicidio de Luis Batalla,
muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería número 10, en
1972, pero nunca se presentó. Frente a eso, la jueza Blanca Rieiro libró una
orden de captura internacional en su contra. Mato también está prófugo de la
justicia italiana, porque fue uno de los 13 militares uruguayos condenados a
cadena perpetua por los crímenes del Plan Cóndor.
Mato ingresó a las Fuerzas
Armadas en marzo de 1958 y sobre principios de la década del 70 asistió a la
Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución creada por
Estados Unidos, en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en la
doctrina de la seguridad nacional. Operó en el Servicio de Información de
Defensa (Sid) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).
En 1975, actuó en el 300 Carlos, un centro clandestino de detención que
funcionaba en el fondo del Batallón número 13.
Después de su retiro, se
radicó en Rivera. Pero, cuando las causas penales por crímenes de la dictadura
empezaron a avanzar en los estrados judiciales, cruzó la frontera y se instaló
en una finca de Santana do Livramento. Con la misma estrategia del coronel (r)
Manuel Cordero, se naturalizó brasileño con el fin de evitar –o al menos
dificultar– una eventual extradición a Uruguay (véase “Represor naturalizado”,
Brecha, 10‑I‑14).
Por esos años, comenzaron
a circular en las redes sociales fotos de Mato en paradisíacas playas
brasileñas, como las que acompañan esta cobertura. Allí, aparecía junto con su
pareja, Juliana de Sarro, la enfermera que desacreditó las acusaciones que pesaban
en su contra, por su supuesta participación en el homicidio de los legisladores
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tales placeres fueron posibles
gracias a que sigue cobrando la jubilación por sus años de servicio. Para
seguir gozando de esos haberes, el militar debe certificar que está con vida
todos los años.
Según datos aportados por
el Ministerio de Defensa Nacional (Mdn), en respuesta a un pedido de Brecha de
acceso a la información, Mato hizo su última “revista de existencia” (un trámite
similar a la fe de vida correspondiente al ámbito civil) el 24 de mayo de 2019,
en la “Unidad Militar en el Departamento de Rivera”. Esto pese a que sobre él
pesa un pedido de captura internacional. Este dato, que también fue aportado
por el Mdn a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, implicó
el inicio de una investigación penal para saber cómo una persona con dos
pedidos de extradición (uno de Uruguay y otro de Italia) pudo hacer este
trámite en territorio uruguayo.
CAPTURAS.
Desde su creación, en febrero de 2018, la Fiscalía Especializada en Crímenes de
Lesa Humanidad solicitó la extradición o captura internacional de diez personas
por crímenes de la dictadura, según la respuesta de la Fiscalía General de la
Nación (Fgn) a un pedido de Brecha de acceder a la información.
En efecto, el fiscal
Ricardo Perciballe solicitó la extradición de tres militares: Manuel Cordero,
Wellington Sarli y Eduardo Ferro. Los dos primeros fueron requeridos en la
causa que investiga la detención ilegal y los abusos sexuales de presas
políticas –Cordero también lo fue por el secuestro de los hermanos Anatole y
Victoria Julien–; Ferro, en tanto, es investigado por la desaparición forzada
del militante comunista Óscar Tassino.
Cordero está en Argentina
y su extradición es compleja, ya que fue condenado en ese país por crímenes del
Plan Cóndor. Sarli reside en Chile, donde fue condenado por el secuestro del
bioquímico chileno Eugenio Berríos en 1992. De acuerdo con el informe de la
Fiscalía, Sarli “se presentó por medio de su defensa y se encuentran en trámite
las excepciones planteadas”. Ferro está prófugo, tras haber estado algunos
meses detenido en España.
Por otro lado, Perciballe
solicitó la captura internacional de seis militares con paradero desconocido,
al menos para la justicia. Esta lista incluye a Mato y a los oficiales Dardo
Barrios (por las torturas perpetradas en el batallón de Laguna del Sauce), José
Garmendia (por torturas y privación ilegítima en el 300 Carlos), Alfredo Fresia
y José Delgado Socorro (por torturas en Boiso Lanza), y Hermes Tarigo (por la
muerte por torturas de Gerardo Alter).
Para avanzar en la
investigación del paradero de estos militares, Perciballe pidió información al
Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa, la denominada
caja militar). Se preguntó si siguen cobrando sus haberes jubilatorios, cómo lo
hacen y dónde hicieron la última “revista de existencia”. El objetivo es
determinar qué domicilio aportaron a esa institución, saber dónde están.
El décimo requerido es
Ariel Ricci, ex integrante de la Ujc que colaboró abiertamente con los
servicios de inteligencia policial durante la dictadura. El pedido de captura
de Ricci se hizo en la causa que investiga las torturas contra detenidos
políticos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii). En ese
expediente la Fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Jorge “Charleta”
Guldenzoph, otro ex integrante del Pcu.
TORTURA.
Luis Batalla tenía 32 años. Era albañil y militaba en el Partido Demócrata
Cristiano (Pdc). Fue detenido el 20 de mayo de 1972 en Treinta y Tres. La
detención se produjo en un contexto de escalada del accionar represivo contra
grupos armados que actuaban en Uruguay, tras la declaración, todavía en
democracia, del estado de guerra interna. El operativo fue realizado por
funcionarios militares apostados en ese departamento, incluidos varios
integrantes del Sid que habían llegado desde Montevideo.
Batalla fue trasladado al
Batallón de Infantería número 10, donde fue sometido a intensos interrogatorios
intercalados con sesiones de tortura. El objetivo era desentrañar su posible
vínculo con el Mln‑t.
Los castigos físicos
(entre ellos, plantones y golpizas) se prolongaron durante cuatro días, hasta que falleció. Según el
testimonio de algunos militares, Mato era uno de los responsables de interrogar
a los detenidos y participó activamente de la tortura de Batalla.
La investigación de su
muerte fue reabierta en 2013. En mayo de este año, el fiscal Perciballe
solicitó el procesamiento con prisión de dos militares, Héctor Rombys –jefe del
S2– y Arquímedes Maciel, por un delito de homicidio muy especialmente agravado.
Además, reiteró un pedido que estaba pendiente desde hacía algunos años: la
captura internacional de Mato.
Por este motivo,
Perciballe solicitó enviar un oficio a la Interpol para obtener información
actualizada sobre el paradero del militar. Además, pidió información a la caja
militar para saber si Mato percibe sus haberes jubilatorios y que, en caso
afirmativo, se especifique “cómo hace efectivos los mismos y en especial qué
domicilio ha aportado a dicha institución”.
La respuesta oficial causó
“preocupación” en la Fiscalía. El Srpffaa informó –al igual que en la respuesta
a Brecha– que Mato cobra sus haberes a través del Banco República (Brou). Para
eso, cumplió con el protocolo fijado por la institución. El militar revistó en
mayo de 2019, “a través de la unidad militar en el departamento de Rivera”, es
decir, en el Regimiento de Caballería número 1.
En este marco, Perciballe
elevó una nota a la Fiscalía para que se investigue cómo alguien requerido por
la justicia de dos países hizo un trámite en una unidad militar sin generar
ninguna alerta. El planteo procura determinar si el militar hizo el trámite en
forma personal (lo que implicaría que ingresó a Uruguay) o por medio de un
tercero, y si los efectivos de la unidad estuvieron omisos en su función.
De acuerdo con lo que pudo
saber Brecha, tras recibir la información sobre la posible ocurrencia del
delito (la notitia criminis), la fiscal de Rivera Bárbara Zapater dispuso el
inicio de la investigación administrativa. La magistrada analizará la
información remitida desde Montevideo y definirá las medidas necesarias para
saber qué pasó. La denuncia que llegó desde la capital apunta a un eventual
delito de desacato, es decir, la “desobediencia abierta al mandato legítimo de
un funcionario público”. Se trata, dijeron fuentes de la Fiscalía, de una
tipificación provisoria.
TROTAMUNDOS.
Según la respuesta del Mdn a un pedido de Brecha de acceso a la información
pública, los militares –cuya captura internacional fue requerida por la
Fiscalía– enfrentan situaciones diversas en relación con el cobro de su
jubilación. Por ejemplo, el mayor Dardo Barrios dejó de cobrarla en febrero de
2019. Este militar, investigado por torturar a presos políticos en el Batallón
de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce (Maldonado), cobraba por intermedio
del Brou, pero en marzo de 2019 el pago fue suspendido, “por no revistar”. Su
última “revista de existencia” data del 10 de agosto de 2017, en el Círculo
Militar.
En una situación distinta
están el teniente coronel Alfredo Fresia y el coronel José Delgado, imputados
por torturar a presos políticos en la base aérea de Boiso Lanza; ambos aún
perciben su jubilación. Fresia cobra a través del Brou; su última revista fue
el 27 de julio de 2019 en el consulado uruguayo en Bogotá (Colombia). El
documento firmado por la cónsul Silvana Balaguer –al que accedió Brecha– establece
que el militar “se presentó” en esa oficina “para hacer constar su existencia”.
Allí Fresia dio como lugar residencia la calle 83#42D‑95, en el barrio Nuevo
Horizonte, en la ciudad de Barranquilla.
Por su parte, Delgado hizo
este trámite en el consulado uruguayo en Miami (Estados Unidos). El documento
firmado por el oficial de la Cancillería, Felipe Velázquez, el 13 de junio de
2019, señala que el militar reside en la calle 600 NE 2nd Street Apt 315, en
Dania Beach, Florida 33004. También cobra su jubilación a través del Brou.
En estos dos casos, sin
embargo, no existiría una situación irregular relacionada con el cobro de
haberes. Si bien el fiscal Perciballe pidió la captura internacional de ambos
militares en marzo de 2019, esta aún no fue dispuesta por la justicia. De
acuerdo con fuentes judiciales, el expediente quedó paralizado tras los
recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de los
militares, cuyo procesamiento fue solicitado por la Fiscalía. Perciballe
también solicitó información sobre Tarigo y Garmendia.
EL
FUGADO.
Eduardo Ferro fue uno de los hombres más relevantes
en el organigrama militar de la dictadura, con una fuerte ascendencia entre sus
pares. Integrante del Ocoa, es señalado como uno de los cabecillas del 300
Carlos –donde compartió tareas con Mato–, con una activa participación en la
casona de Punta Gorda, otro centro clandestino de detención y tortura.
Tras el retorno de la
democracia, entre 1988 y 1991, fue jefe del Departamento III de la Dirección
General de Información de Defensa (Dgid) y tuvo una activa participación en el
espionaje militar de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales
que quedó al descubierto con la aparición del archivo que estaba en poder del
fallecido coronel Elmar Castiglioni (veáse “El diario de ‘Guillermo’”, Brecha,
24‑II‑17).
Ferro fue señalado como
partícipe activo del Plan Cóndor, con operativos en Argentina y Brasil, por
ejemplo, el secuestro y el traslado ilegal a Uruguay del matrimonio de Lilián
Celiberti y Universindo Rodríguez. También del secuestro y la desaparición de
Óscar Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación
procesal. Y la que derivó en su fuga.
En marzo de 2017, la jueza
Dolores Sánchez libró una orden de captura internacional en su contra luego de
que no se presentara a declarar en tres oportunidades. Sobre fines de noviembre
de 2016, efectivos policiales llegaron a su domicilio en Los Pinares para
entregarle la citación judicial, pero no pudieron. Su esposa les dijo que había
viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate y
volvería a fin de año. Según un informe de Migraciones, Ferro salió de Uruguay
el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó (Caras y Caretas, 16‑III‑17).
Fue ubicado en agosto de
2017 en España y la justicia uruguaya pidió su extradición. El militar
permaneció algunos meses detenido, hasta que, sorpresivamente, un fiscal
español solicitó su libertad, al considerar que los delitos que se le imputaban
habían prescrito. Esto pese a que, por el tratado de extradición vigente entre
Uruguay y España, debía aguardar el proceso en prisión administrativa. Cuando
el Consejo de Ministros de España aceptó enviarlo a Uruguay, Ferro estaba en
libertad y se desconocía su paradero (Brecha, 27‑VII‑18).
Aún está prófugo.
Una de las hipótesis
es que se encuentra en Estados Unidos, aunque también se denunció que volvió a
Uruguay.
En virtud del informe del
Srpffaa, Ferro cobró su jubilación durante todo el período en que estuvo
prófugo y mientras duró el proceso de extradición en España (de octubre de 2016
a julio de 2018). Lo hizo a través de una cuenta en el Scotiabank. Sin embargo,
desde agosto de 2018 se le retiene el pago de haberes, ya que hizo la revista
de existencia en forma incorrecta.
Los documentos muestran
que el 10 de mayo de 2018 –tras ser liberado a pedido del fiscal español– se
presentó en el Registro Civil de Peñiscola, un municipio de la Comunidad
Valenciana (España). Allí se estableció que Ferro residía –o al menos eso dijo–
en C/Juan Carles I, 21 Pta 4, Albuixech (Valencia). De acuerdo con fuentes del
Mdn, la retención de haberes fue una orden del ex ministro de Defensa Jorge
Menéndez. A partir de marzo de 2019, Ferro dejó de cobrar la jubilación, ya que
no certificó estar con vida.
Estamos
vivos
El Servicio de Retiros y
Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene a su cargo el pago de jubilaciones y
pensiones del personal militar. Para poder cobrar, estos deben hacer una
“revista de existencia”. Es decir, demostrar que están vivos. Esto podrá
realizarse tanto en Uruguay como en el exterior.
El instructivo para
efectuar el trámite, aprobado en setiembre de 2018, establece que la revista
debe hacerse en forma personal en la sede del Srpffaa o en la seccional
policial o unidad militar más cercana al domicilio del militar. En estos casos,
el militar debe enviar (vía mail, fax o correo postal) al Srpffaa un formulario
con el sello de esa institución “y la firma de quien verifique la existencia
del usuario”.
La única excepción son las
personas enfermas, quienes podrán enviar un certificado médico a través de un
apoderado o un familiar. En el caso de los beneficiarios privados de libertad
–como los condenados por crímenes de la dictadura–, la revista se hace en el
propio centro de reclusión por personal de la caja militar.
La
reacción del Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa
Nacional, José Bayardi, relató a Brecha que, tras enterarse de que Pedro Mato
hizo su “revista de existencia” en una unidad militar, se libró una orden al
comando para recordar que este tipo de situación se tiene que notificar a la
autoridad policial. Bayardi dijo que por el momento no se han tomado medidas
disciplinarias contra los funcionarios del cuartel militar de Rivera donde se
produjo la irregularidad.
—¿Se adoptó alguna medida
referida a los militares que certificaron la situación de Pedro Mato?
—No, no. Se les informó
que, existiendo una orden judicial de búsqueda y detención, se debe dar cuenta
en forma inmediata de la aparición de esa persona.
—¿En la unidad militar
estaban al tanto de la orden de captura de Mato?
—Espero que no. Cuando me
vino la información, la leí igual que la leyeron ustedes. Tal cual vino la
pasamos. Ahí tomamos nota, y sacamos la orden de que hay un pedido de detención
de Mato Narbondo y de que de cualquier presencia que haya en el territorio hay
que dar cuenta a las autoridades policiales.
—¿Mato hizo el trámite en
forma personal en el batallón de Rivera o por intermedio de un tercero?
—Se parte de la base de
que (en la unidad) certificaron su presencia, por lo que debería haber estado
presente. No se da la orden de existencia por interpósitas personas. No es que
mi mujer va y dice que yo existo. Partimos de la base de que podían no estar al
tanto de la orden de detención de la justicia uruguaya, por lo que transmitimos
a través del comando a las unidades –en este caso, la unidad de frontera– que
de la presencia eventual de la persona hay que dar cuenta para su detención.
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