Se trata de una nueva estrategia para
poner “escollos” a las investigaciones,
según el fiscal Ricardo Perciballe
Militares cuestionan en
la Justicia legalidad de fiscalía
que investiga delitos de lesa humanidad
Por Victoria Fernández – Búsqueda 6 9 18
En sus primeros seis meses de existencia, la Fiscalía
Especializada en Delitos de Lesa Humanidad no estuvo quieta. Después de algunas
semanas dedicadas a estudiar y poner en orden los más de 200 expedientes
desperdigados en sedes de todo el país, el fiscal Ricardo Perciballe se puso en
marcha. Pidió, hasta el momento, el procesamiento de unos 25 militares,
policías y civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura. También dispuso el archivo de algunas causas y retomó las
excavaciones en dos predios en busca de restos de desaparecidos.
A pesar de todo ese movimiento, las causas no han tenido demasiado
avance en los juzgados, ya que ningún juez dispuso nuevos procesamientos. Pero
sí ha generado reacciones en la defensa de los militares.
De acuerdo con la información recabada por Búsqueda, en al
menos cinco causas las defensas interpusieron recursos que piden la nulidad de
los juicios bajo el argumento de que la fiscalía especializada no tiene
competencia para intervenir en ellos.
Estos recursos son una novedad en la estrategia de las
defensas, que hasta ahora habían planteado la prescripción de los delitos y la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831, que calificó los crímenes de la
dictadura como de lesa humanidad.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro
Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes,
la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para
investigar esas causas. “Planteamos la incompetencia de la fiscalía, porque se
creó para investigar delitos de lesa humanidad, cuando todos estos hechos
fueron declarados delitos comunes por la Suprema Corte de Justicia”, dijo el
teniente coronel Jorge Gómez.
En ese sentido, entienden que se viola el principio de
legalidad, que establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no
existía al momento de cometer el hecho. Los crímenes de “lesa humanidad” no
estaban tipificados en el Código Penal durante los años de la dictadura
(1973-1985), sino que fueron incorporados posteriormente, tras ratificar el
Estatuto de Roma en 2002, afirmó.
Para los abogados de las víctimas, en cambio, ese argumento
es “muy endeble” y no tiene una “mínima legitimidad”.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro
Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos
crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia
para investigar esas causas.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el
tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los
intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda
Pablo Chargoñia, coordinador del equipo legal del Observatorio Luz Ibarburu,
que patrocina varias de las denuncias.
Se trata de otro “intento de alargar los procesos y retrasar
la resolución de los pedidos de procesamiento”, afirmó. Es que aunque los
jueces rechacen los planteos, las defensas presentan apelaciones, por lo que
los expedientes pasan meses y hasta años detenidos hasta que se resuelven los
recursos.
El abogado cree que esta “novedad” en la estrategia defensiva
se extenderá a otras causas. Por el momento, los recursos contra la fiscalía se
presentaron en algunos expedientes que se investigan en el interior del país y
en al menos dos casos de Montevideo, según supo Búsqueda.
“Uno espera que los juzgados no caigan en la trampa dilatoria
obvia y que se responda a los pedidos de enjuiciamientos porque la demora es
una violación de los derechos humanos de las víctimas. Quien debe neutralizar
esta estrategia abusiva, esta chicana, son los propios juzgados y los
tribunales”, afirmó.
“Escollo”.
Perciballe también considera que se trata de una estrategia
para demorar la resolución de las causas y que los cuestionamientos contra la
intervención de la fiscalía no tienen “asidero real”.
En los escritos que presentó en respuesta a los recursos,
Perciballe afirmó que le resulta “llamativo” el planteo de la defensa y que “no
lo comparte en absoluto”.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el
tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los
intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda
Pablo Chargoñia.
“A poco que se analice su línea argumental, se verá que, a
tan caro principio en materia penal (el principio de legalidad), lo considera
una especie de goma de mascar que se extiende en forma infinita, y logra
envolver y alcanzar todos los temas vinculados a las graves violaciones a los
derechos humanos acaecidas en el pasado reciente”, planteó el fiscal.
“Mal puede entenderse que una ley que atribuya competencia a
una fiscalía pueda vulnerar dicho principio”, agregó.
Además, sostuvo que la Ley Nº 19.550, que creó la sede, “en
ningún momento utiliza el término ‘lesa humanidad’ para establecer su
actuación”.
Afirmó a su vez que no comprende por qué el hecho de que la
mayoría de la Corte entienda que los delitos ocurridos durante la dictadura no
son de lesa humanidad tendría relevancia “con la transformación de una
fiscalía”.
Perciballe cuestionó, por otra parte, la “inconsistencia” de
que la defensa pida que la causa retorne a las fiscalías originales, cuando a
raíz de la reforma del Código del Proceso Penal, esas sedes ya no existen.
El fiscal concluyó que el recurso interpuesto por la defensa
“resulta un nuevo escollo a que las causas sobre violaciones a los derechos
humanos avancen hacia su dilucidación”.
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