Operación Morgan. Una placa de la memoria recuerda
el
asesinato en la tortura del militante comunista Álvaro Balbi.
La diaria - 1 8 18
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| Gerardo Núñez, Javier Tassino, Nicolás Pons y Eduardo Bonomi, en el desubrimiento de una placa de la memoria para recordar a Álvaro Balbi, ayer, en la ex Guardia de Granaderos. Foto Andrés Cuenca |
Álvaro Balbi Sala estaba casado y era padre de cuatro hijos:
Arianna, Pablo, Andrea y Alondra. Era empleado en una empresa de automotores, músico
(estudió piano con Hugo Balzo y Numen Vilariño) y militante del Partido
Comunista del Uruguay (PCU).
El martes 29 de julio de 1975, un par de años
después del golpe de Estado, fue detenido por policías en el marco de la
llamada “Operación Morgan” contra el PCU, cuando participaba con otras personas
en una reunión clandestina en la calle Canstatt. Los tuvieron unas horas en la
Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ubicada en la calle
Maldonado, y después los trasladaron a la sede de la Guardia de Granaderos, en
José Pedro Varela y Propios, donde hoy está la Guardia Republicana. Las
torturas a las que fue sometido le causaron la muerte en la madrugada del
jueves 31.
El mismo día, la Policía le dijo a la familia de Balbi que
este había fallecido debido a un ataque de asma, desencadenado por el frío
invernal. En el certificado de defunción, firmado por el médico forense militar
José Alejandro Mautone, se afirmaba que la causa de la muerte había sido una
“insuficiencia cardiopulmonar aguda”, pero la viuda, Lille Caruso, y otros
familiares lograron que se le practicara una autopsia, cuyo informe señaló que
el cuerpo presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados,
rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”.
Ayer, 43 años después del asesinato de Balbi, se colocó a las
18.00 una placa recordatoria de ese crimen en la actual sede de la Republicana.
Hablaron Nicolás Pons en representación del Ministerio de Educación y Cultura,
el diputado Gerardo Núñez por el PCU, solicitante del reconocimiento, y un
familiar de Balbi. Con este acto se continúa lo dispuesto en los artículos 7 y
8 de la Ley 18.596, “Actuación ilegitima del Estado entre el 13 de junio de
1968 y el 28 de febrero de 1985 - Reconocimiento y reparación a las víctimas”.
Luego de la muerte del militante, su padre, el maestro Selmar
Balbi, le envió una carta al dictador Juan María Bordaberry, que este nunca
respondió. En ella le decía: “No procuro condolencias, [...] no necesito
palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. [...] Por su
condición de Jefe de Estado, señor Presidente, usted sólo puede contestarme con
hechos y el hecho en este caso horrendo –no único en el país, desgraciadamente–
es un castigo ejemplar, terminante, concreto y público, garantido y
documentado, como se reitera en forma frecuente en los medios de información.
[...] Todas las circunstancias muestran que mi hijo fue muerto en dependencias
de las Fuerzas Conjuntas. A ustedes les toca determinarlo. Pero quiero decir lo
siguiente: en el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad
judicial, frente al mayor criminal y al más grave delito, puede condenar a
muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo.
Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera, como a veces
se sugiere, porque se les fue la mano”.
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