Organizaciones civiles podrán presentar
sus propuestas para la reforma del Código Penal.
La diaria – 4 11 15
Mayor participación,
transparencia y difusión en la discusión de la reforma del Código Penal. Eso
reclaman y dejaron en claro en el petitorio que realizaron el 22 de diciembre
más de 40 organizaciones sociales al Poder Legislativo: no votar el proyecto y
retomar “discusiones serias y abiertas para lograr un Código Penal que
realmente garantice los derechos de todas las personas”.
Después
de que por críticas de organizaciones sociales se detuvo la votación de la
reforma en el período pasado, ahora, mediante el plan Justicia e Inclusión, el
gobierno intenta dar cabida a la segunda parte de dicha demanda. Ayer, en el
anexo del Palacio Legislativo se dio a conocer la convocatoria dirigida a la
sociedad civil para que envíen sugerencias, modificaciones y propuestas con el
objetivo de clasificarlas por tema y discutirlas en una “jornada de reflexión”,
que será el jueves 3 de diciembre. Los colectivos ciudadanos podrán presentar
sus informes hasta el 20 de este mes.
El
plan, que tiene como finalidad “contribuir a la mejora de un sistema de
justicia penal eficiente y respetuoso con la protección de los Derechos
Humanos”, según aparece en su página web, prevé varias actividades para generar
“insumos” para los parlamentarios y la sociedad en general de cara a la
inminente reforma de un código que rige desde la época terrista.
Según explicó
el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pablo
Álvarez, el plan es gestionado por la OPP y financiado por la Unión Europea, y
surgió a pedido de la Escuela de Gobierno. Se enmarca en el programa de apoyo a
la reforma de la Justicia penal, que finalizará en marzo de 2016 con la sistematización
de las demandas recogidas de la sociedad civil, de partidos políticos con
representación parlamentaria, y la opinión de expertos nacionales e
internacionales sobre los “aspectos en los que Uruguay necesita avanzar en la
calidad y precisión de su legislación”; a su vez, catalogarán las casi 100
leyes extra Código que se han aprobado en los últimos años y que ahora deberían
ser incluidas en la reforma.
Cecilia
Bottino, que integra la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja,
sostuvo que se trata de una iniciativa “muy importante” porque es un acto de
democratización. “Se da la oportunidad de expresarse a las organizaciones que
quieran”, señaló. Sobre la comisión de legisladores del Frente Amplio que está
estudiando la reforma del Código desde junio, aseguró que hay “grandes avances”
respecto de delitos relacionados al género y la informática, pero que aún no
tienen una redacción final.
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