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viernes, 21 de noviembre de 2014

Medio vacío

Proponen cambios a ley de reparación a víctimas del terrorismo de Estado para agilizar procedimientos y ampliar los beneficiarios.

La diaria - 20 11 14 - Por Amanda Muñoz

A cinco años de promulgada la Ley 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, el martes se desarrolló una rendición de cuentas de lo que se ha avanzado. Hablaron Óscar Gómez, subsecretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Especial de la Ley 18.596, y Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Mediante esa ley, el Estado reconoció por primera vez la violación a los derechos humanos durante la dictadura y su responsabilidad en la práctica sistemática de tortura, desaparición forzada de personas y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios y exilios políticos. Aceptó también el derecho de las víctimas a la reparación integral y la necesidad de acciones materiales o simbólicas para restablecer su dignidad.
Gómez enumeró a quienes se ha indemnizado económicamente (y por única vez, tal como plantea la ley) en estos cinco años: 196 familias de personas desaparecidas o asesinadas, 80 personas que sufrieron lesiones gravísimas, 84 niños nacidos en cautiverio o que permanecieron detenidos con su madre o padre por más de 180 días, y cuatro niños que permanecieron desaparecidos por más de 30 días. Además, se han hecho 269 asistencias integrales de salud y el Estado ha entregado a 516 personas el certificado en el que asume haber violentado sus derechos humanos.

No alcanza

Ferreira señaló que es necesario hacer modificaciones legislativas, y a título personal expresó que esos cambios deberían hacerse en el primer período de la próxima legislatura. Se apoyó en una declaración de la INDDHH que marcó “que hay que avanzar rápidamente”. Ferreira expresó que hay mucha gente que está envejeciendo y que hay quienes “han muerto sin obtener la reparación y sin saber que tienen derecho”.
Gómez habló en nombre de la comisión, que integra con representantes de los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas, Crysol y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Consideró que se trata de “un proceso inconcluso”. Situó una de las mayores dificultades en el tiempo transcurrido entre la violación del derecho y la aplicación de la ley: “¿Cómo demostrar que una lesión de columna fue hecha por el accionar ilegítimo del Estado?”, consultó. Dijo que muchos de los expedientes de la comisión terminan con la frase “no ha lugar” cuando deberían decir “no ha lugar en este estado normativo”. Detalló que no hay reparación para las víctimas de delitos sexuales ni para víctimas de tortura con secuelas de lesiones graves (como la pérdida de un ojo: el Código Penal establece que corresponde reparar la pérdida del sentido, no de una sola vista, explicó). “Sólo la demanda y la sensibilidad del cuerpo legislativo podrán permitir instancias más abarcativas”, sostuvo.
En diálogo con la diaria, María del Carmen Martínez, de Familiares, y Gastón Grisoni, de Crysol, dijeron que la comisión se creó sin recursos económicos y humanos para su funcionamiento, sobre todo abogados y peritos médicos. Martínez expresó que la ley no contempla una reparación moral para quienes estuvieron exiliados ni para quienes vivieron en clandestinidad, y reclamó que por más que haya sido una opción política, la ley debería contemplarlos. Sugirió que las actas testimoniales de la comisión sirvan para otros organismos y viceversa, que se pueda cruzar la información o al menos las bases de datos de los diferentes testigos. Insistió en la necesidad de ampliar la ley o crear leyes nuevas.
Grisoni también lamentó los tiempos y dijo que esto debería haberse resuelto en tres años. Expresó que “el Estado tiene que reparar a todas las víctimas” y criticó que para recibir las pensiones reparatorias especiales los presos políticos tengan que renunciar a sus propias pensiones. Ésa fue una de las observaciones del relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, que visitó Uruguay a fines del año pasado y presentó su informe hace dos meses.
El relator recomendó, además, al Estado uruguayo “revisar las disposiciones y procedimientos que exigen acreditación de lesiones ‘graves’ o ‘gravísimas’ para reconocer los derechos de las víctimas de tortura”. Pidió que “se revierta la carga de la prueba” y que no recaiga en las víctimas la provisión de evidencias y documentos “a los cuales es casi imposible acceder”. El informe del relator es mucho más amplio y recomienda acciones para los tres poderes del Estado.
De Greiff observó, entre otros aspectos, “la poca atención que el Estado uruguayo les brinda a las víctimas y a las organizaciones representativas de las víctimas”, resumió Grisoni. En ese sentido, Crysol emitió el martes una declaración que tituló “Omisión inexcusable”, en la que rechazó que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) haya denominado “Arturo Dubra” a la policlínica situada en lo que fue “la isla” del penal de Libertad durante la dictadura.

Grisoni observó que el lugar podría servir como memoria de la tortura, pero más le dolió que el organismo no haya invitado a Crysol, una organización con más de 1.000 socios activos, todos ex presos políticos. Se enteraron por la prensa, reclamó, pero ayer recibieron las disculpas de ASSE por esa omisión.
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