Una sabia decisión

El pasado viernes 20 de febrero, el Presidente de la República Prof. Yamandú Orsi, acompañado por el Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el Director General de Presidencia Diego Pastorín, le comunicó a Crysol que el gobierno decidió iniciar negociaciones destinadas a lograr un Acuerdo Amistoso con el patrocinio de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

Delegación de Cryol que se reunió con el Presidente de la República Prof. Yamandú Orsi, el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el Director General de Presidencia Diego Pastorín.

Acceder a iniciar un proceso de negociación no significa que el mismo vaya a resultar exitoso. Pero es el primer paso imprescindible para lograr avanzar en la solución de una problemática que ya lleva casi 20 años. Continúa pendiente de resolución luego de tres gobiernos frenteamplistas y de uno de la Coalición Republicana liderada por Luis Lacalle Pou.

El hecho de que la CIDH haya acogido favorablemente la petición presentada por Crysol y haya informado al Estado uruguayo es un elemento importante y relevante. Es un punto fuerta a favor de los peticionantes. Es un llamado de atención al Estado uruguayo.

Crysol, un colectivo de víctimas del terrorismo de Estado con un promedio de edad de 78 – 79 años, hará los mayores esfuerzos y sacrificios para obtener un acuerdo amistoso satisfactorio a corto plazo para los peticionantes y todo el colectivo.

A más de 40 años del retorno a la vida democrática, son centenares las y los ex presos políticos que aún no han sido reparados por el Estado uruguayo. No lo han sido por diferentes razones y motivos, básicamente, restricciones por los ingresos. Al mismo tiempo, son centenares quienes perciben la Pensión Especial Reparatoria y deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Ambas situaciones, según la CIDH, violentan las normas de DDHH ratificadas por Uruguay.

El camino judicial

Luego de tomar conocimiento de que la CIDH en agosto de 2022 había amparado a la viuda de un ex preso político que debió renunciar a su propia pensión para cobrar la pensión de sobrevivencia, Crysol inició los trabajos destinados a realizar una demanda similar a nombre del colectivo.

A tales efectos, una delegación viajó a Argentina, en marzo de 2023, para tomar contacto con Cejil y obtener asesoramiento. Ese mismo mes, se contactó a un estudio jurídico para que asumiera nuestra representación legal.

Ahí se determinó que lo más conveniente era realizar una presentación colectiva ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reclamando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de tres incisos del Artículo 11 de la Ley 18.033. Ese paso era imprescindible. Ante la imposibilidad de lograr una salida política, se debían agotar las instancias judiciales, para poder recurrir ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) o, en su caso, ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), si no se podía alcanzar un acuerdo amistoso con el gobierno.

Un gran esfuerzo institucional para todas y todos

Crysol hizo los mayores esfuerzos para incorporar a todo el colectivo a esta patriada. Se llevó a cabo una asamblea informativa en la sede del Pit Cnt, se informó a toda la masa de asociados por diferentes métodos y caminos, se convocó a todas y todos a participar, se llevaron a cabo jornadas extraordinarias en la sede social recogiendo firmas, se visitaron 18 departamentos del país recogiendo adhesión a la petición en esos lugares. En Montevideo y en el área metropolitana se concurrió a los domicilios de aquellas compañeras y compañeros que no podían desplazarse. Adhirieron 896 personas. La petición fue presentada el 12 de setiembre de 2023.

Cuando en diciembre de 2024 la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición formulada por Crysol, se comenzó a preparar la presentación ante la Comisión Interamericana de DDHH en cumplimiento de los plazos legales. Fueron 767 personas las que ratificaron por múltiples medios la decisión de continuar la batalla legal acompañando a la organización.

Hasta que no haya una decisión política de aprobar una ley modificativa de la 18 033, el acuerdo amistoso solo beneficiará a los 767 peticionantes que acompañaron a la organización ante la CIDH. En esta etapa, dadas las reglamentaciones vigentes, no es posible incorporar más ex presas y ex presos políticos a ese listado.

La decisión gubernamental comunicada en forma personal al colectivo por las autoridades gubernamentales, en este caso el propio Presidente de la República en persona, en un gesto significativo, alienta las expectativas de lograr un acuerdo amistoso.

 

Opinando N° 2 – Año 15 – Jueves 26 de febrero de 2026

 

 

Un tribunal de apelaciones que favorece a terroristas de Estado

 

El tribunal de apelaciones en lo Penal, con una nueva integración, maniobra jurídicamente para eximir de la prisión preventiva a un imputado por torturas durante la dictadura civil – militar. Podría llegar a ser condenado y nunca ser castigado con prisión.

Dr. Ricardo Perciballe

La gran mayoría de las causas por las violaciones a los Derechos Humanos se tramitan por el viejo  Código del Proceso Penal (CPP). Esto es así desde que la Suprema Corte de Justicia estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el año 2009 y el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado mediante la Ley 18 831. 

El viejo Código del Proceso Penal (CPP) establece que cuando un imputado es procesado por una delito cuya pena mínima  supera los 24 meses de penitenciaría (dos años) la prisión preventiva es de carácter preceptivo, es decir, obligatorio. Así lo estableció el Parlamento en su momento. Si median razones de salud que lo justifiquen, el juez puede otorgar la prisión domiciliaria. En caso contrario, la prisión preventiva es de rigor.

El caso  Juan Farías

El pasado 29 de agosto el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno confirmó el procesamiento del exoficial del Ejército Juan Farías. Le imputó reiterados delitos de privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad llevados a cabo durante la dictadura.

Estas tipificaciones penales se aplican judicialmente cuando los imputados secuestraron personas, las mantuvieron ilegítimamente privadas de su libertad y las sometieron a crueles torturas. A pesar de que la causa se tramita por el antiguo CPP, el tribunal  le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo hizo, además, pese a que el imputado no tenía problemas de salud.

Con el evidente ánimo de favorecer al torturador, de manera ilegal, el órgano judicial aplicó disposiciones propias del nuevo Código del Proceso Penal vigente. Este  establece que la prisión preventiva es preceptiva siempre y cuando exista un riesgo procesal. El tribunal se basó en el argumento de que, de acuerdo al nuevo CPP aprobado en 2017, debe acreditarse un “riesgo procesal” para imponer prisión preventiva. Sin embargo, las causas por violaciones a los derechos humanos son previas a la nueva normativa y, salvo excepciones, se tramitan bajo el “viejo” Código.

Además, en la normativa anterior que corresponde aplicar,  continúa vigente el instituto de la libertad condicional, según el cual, si cuando recae una condena de cárcel el imputado está en libertad, no ingresa a prisión. Aplicar ambos códigos a la vez, como ha hecho el Tribunal de Apelaciones,  puede dar como resultado que el imputado nunca cumpla pena alguna. Una impunidad estremecedora.

Un tribunal que se las trae

En la actualidad el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno está conformado por las Dras. Graciela Eustachio, Dolores Sánchez y el Dr. Marcelo Malvar. Gracias a sus buenos oficios, Juan Farías, un terrorista estatal hecho y derecho,  ha eludido la prisión preventiva que le corresponde. Por si fuera poco, el fallo en favor de Farías es uno de varios pronunciamientos de estos magistrados en favor de terroristas estatales en los últimos meses.

La Suprema Corte de Justicia deberá poner los puntos sobre las íes.

Como colectivo organizado estamos atentos al devenir de los acontecimientos. La investigación, el esclarecimiento y la sanción, penal y administrativa, de las graves violaciones a los derechos humanos, son requisitos básicos e imprescindibles para afirmar la democracia y evitar que las mismas vuelvan a repetirse. No nos autopercibimos como víctimas del terrorismo de Estado: lo fuimos. Como tales tenemos derecho a que haya justicia, que los responsables sean debidamente sancionados y a reclamar todos nuestros derechos, de acuerdo a la normativa internacional.

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Opinando N° 1 – Año 15 – Jueves 19 de febrero de 2026