A más de 10 meses de promulgada la ley 18 596, de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella.
El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.
Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados. Y está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo. A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.
La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral como el país necesita para superar las heridas aún abiertas del pasado reciente pues no cumple con los estándares internacionales y con las normas de derechos humanos que Uruguay ha ratificado.
Resultado de la movilización de los organismos de DDHH, la Ley 18 596 fue un avance en la normativa vigente pero debe implementarse efectivamente en todos sus aspectos para no ser letra muerta.
Exigimos la urgente aprobación e implementación efectiva y sin restricciones de los derechos consagrados por el Artículo 10.
Por verdad, justicia y memoria !
¡ Anular la ley de Caducidad !
¡ Nunca más Terrorismo de Estado!
Domingo 1º de agosto de 2010
sábado, 31 de julio de 2010
viernes, 30 de julio de 2010
Pero la ley, ¡ay!, siguió viviendo
La Justicia habilitará juicios sobre 20 homicidios de la dictadura durante el mandato de Bordaberry
Es inminente un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa “Organizaciones de Derechos Humanos”. El Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan “dejar sin efecto” la norma antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condene a Uruguay, en el marco del caso Gelman. La ley está muerta, dicen, pero no saben cómo enterrarla.
Caras y Caretas. Viernes 30 de julio de 2010
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
Veinte casos de homicidio político ocurridos entre los años 1973 y 1976, cuando la dictadura cívico-militar uruguaya todavía mantenía como dictador a Juan María Bordaberry, podrán ser indagados en la justicia penal cuando se haga público un inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el que se volverá a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
El fallo del máximo órgano judicial uruguayo implicará una importante ampliación de las causas en las que finalmente podrán actuar jueces y fiscales en lo penal, quienes a 25 años de reinstaurada la institucionalidad en el país, sólo pudieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el exterior, que implicaran a niños desaparecidos, que se asociaran a delitos económicos o cuya responsabilidad pudo ser adjudicada a civiles o a los máximos mandos militares.
Es que, mientras se mantenga la vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, todos los casos de desaparición ocurridos en Uruguay y todos los episodios de asesinato perpetrados dentro del territorio nacional, como todos los casos de tortura (un crimen de lesa humanidad sistemáticamente utilizado por la dictadura) ocurridos durante el régimen de facto, se mantendrán impunes.
La causa caratulada “Organizaciones de Derechos Humanos” incluye los casos de Gerardo Alter, Carlos María Argenta, Walter Hugo Arteche, Gilberto Coghlan, Carlos María Curuchaga, Óscar Fernández Mendieta, Amelia Lavagna de Tizze, Nicanor Lerena, Pedro Ricardo Lerena, Julián Basilicio López, Iván Morales Generalli, Eduardo Mondello, Ivo Fernández Nieves, Óscar Bonifacio Olivera, Humberto Pascaretta, Hugo Pereyra Cunha, Aldo Perrini, Silvina del Carmen Saldaña y Nuble Donato Yic, asesinados antes del 12 de junio de 1976, cuando Bordaberry fue destituido por los militares.
LA INCONSTITUCIONALIDAD
El pedido de inconstitucionalidad, realizado por la fiscal Ana María Telechea el 14 de diciembre de 2009, fue admitido por la Suprema Corte a mediados del pasado abril y tuvo en junio un pronunciamiento favorable del fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, quien ya había establecido su opinión sobre la inconstitucionalidad de la Ley 15.848 cuando un año atrás se le consultó por el caso de homicidio bajo torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
En representación del ministerio público, la Dra. Telechea extrajo la veintena de casos de homicidio del expediente judicial en el que se condenó al dictador Bordaberry por los delitos de atentado a la Constitución, nueve desapariciones forzadas y dos homicidios políticos. La fiscal planteó en su requerimiento que bajo la Ley de Caducidad no podía continuar la indagatoria para identificar y responsabilizar a los autores materiales de los asesinatos. Otro tanto hizo con el caso conocido como el de los fusilados de Soca.
El pronunciamiento favorable de la Suprema Corte de Justicia en el caso Sabalsagaray, difundido el 19 de octubre de 2009, sólo días antes de las elecciones presidenciales y del referéndum del frustrado voto rosado contra la propia Ley de Caducidad, implicó un cambio histórico en el sistema judicial uruguayo que, hasta entonces, había defendido la supuesta constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento, bajo presión militar, el 22 de diciembre de 1986.
Dos años después, el 2 de mayo de 1988, los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello declararon la constitucionalidad de la polémica Ley 15.848, con los votos en contra de Jacinta Balbela de Delgue y Nelson García Otero. Historiadores e investigadores han denunciado recientemente que aquella sentencia favorable también fue tomada bajo presión política y militar.
LA CONDENA QUE VIENE
El procurador general de la Nación y los ministros de la Suprema Corte han sustentado sus fallos de inconstitucionalidad con argumentos similares a los que, como pronunciamiento “político” y no vinculante, ya habían realizado la Presidencia de la República y el Parlamento uruguayo sobre el final de la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Todos los poderes del Estado en Uruguay coinciden en que la Ley de Caducidad violenta la propia separación de poderes del Estado y contradice normas de derecho internacional aprobadas por Uruguay como la Convención de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de Estados Americanos.
La contradicción de la Ley de Caducidad con las normas internacionales y la carta de la OEA ya provocó dos decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una recomendación de 1992 había declarado que el Estado uruguayo estaba incumpliendo sus compromisos y que un año atrás impulsó un juicio contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, una joven desaparecida recuperada en Montevideo.
En realidad, el inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en el que reiterará que la Ley 15.848 es inconstitucional, sólo estaría adelantando a los tribunales penales la posibilidad de indagar sobre los veinte homicidios ocurridos durante el mandato de Bordaberry, porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en pocas semanas sobre el caso Gelman y condenará al Estado uruguayo a “dejar sin efecto” la polémica ley y a hacer justicia en la causa de María Claudia.
EL ENTIERRO DE UNA LEY
Tan segura es la condena a Uruguay por parte del máximo órgano de justicia continental, que en todos los poderes del Estado se está buscando hoy una fórmula que permita “dejar sin efecto” la ley y habilitar todos los juicios antes de que la Corte Interamericana se pronuncie (probablemente en el mes de setiembre). El Parlamento estudia tres proyectos de ley al respecto y la propia cancillería uruguaya anunció esta semana la elaboración de una propuesta legislativa sobre el tema. Incluso en la Suprema Corte de Justicia se observa la situación y más de un analista no descarta que el órgano judicial sea el que deba actuar si se concreta el fallo de la OEA.
Sea cual sea la fórmula que se encuentre, lo que parece claro es que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado debe dejar de existir antes de fin de año. Y eso implicará que luego de la feria judicial mayor de enero de 2011 la justicia penal tendrá que reabrir todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos, ya que “dejar sin efecto” la Ley 15.848, como exigirá la Corte Interamericana, implicará retomar todos los casos, incluso aquellos sobre los que se pretenda imponer la prescripción del delito o argüir que, aplicada la ley, el caso constituye “cosa juzgada”.
En un seminario realizado un mes atrás en la Facultad de Ciencias Social durante la denominada Semana contra la Impunidad, varios panelistas coincidieron en afirmar que “La Ley de Caducidad está muerta y ahora hay que enterrarla”. El problema que se le presenta al sistema político, legislativo y judicial uruguayo –coincidían– es cómo se procesará semejante sepelio y cuánto puede afectar un orden institucional uruguayo cuyo sistema judicial, dentro de un año, quizá deba crear juzgados especiales para actuar ante tantos casos pendientes de violaciones a los derechos humanos.
Al revés que en el poema de César Vallejo, todos dicen querer matar a la Ley de Caducidad, pero la impunidad, ¡ay!, sigue viviendo…
Es inminente un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa “Organizaciones de Derechos Humanos”. El Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan “dejar sin efecto” la norma antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condene a Uruguay, en el marco del caso Gelman. La ley está muerta, dicen, pero no saben cómo enterrarla.
Caras y Caretas. Viernes 30 de julio de 2010
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
Veinte casos de homicidio político ocurridos entre los años 1973 y 1976, cuando la dictadura cívico-militar uruguaya todavía mantenía como dictador a Juan María Bordaberry, podrán ser indagados en la justicia penal cuando se haga público un inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el que se volverá a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
El fallo del máximo órgano judicial uruguayo implicará una importante ampliación de las causas en las que finalmente podrán actuar jueces y fiscales en lo penal, quienes a 25 años de reinstaurada la institucionalidad en el país, sólo pudieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el exterior, que implicaran a niños desaparecidos, que se asociaran a delitos económicos o cuya responsabilidad pudo ser adjudicada a civiles o a los máximos mandos militares.
Es que, mientras se mantenga la vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, todos los casos de desaparición ocurridos en Uruguay y todos los episodios de asesinato perpetrados dentro del territorio nacional, como todos los casos de tortura (un crimen de lesa humanidad sistemáticamente utilizado por la dictadura) ocurridos durante el régimen de facto, se mantendrán impunes.
La causa caratulada “Organizaciones de Derechos Humanos” incluye los casos de Gerardo Alter, Carlos María Argenta, Walter Hugo Arteche, Gilberto Coghlan, Carlos María Curuchaga, Óscar Fernández Mendieta, Amelia Lavagna de Tizze, Nicanor Lerena, Pedro Ricardo Lerena, Julián Basilicio López, Iván Morales Generalli, Eduardo Mondello, Ivo Fernández Nieves, Óscar Bonifacio Olivera, Humberto Pascaretta, Hugo Pereyra Cunha, Aldo Perrini, Silvina del Carmen Saldaña y Nuble Donato Yic, asesinados antes del 12 de junio de 1976, cuando Bordaberry fue destituido por los militares.
LA INCONSTITUCIONALIDAD
El pedido de inconstitucionalidad, realizado por la fiscal Ana María Telechea el 14 de diciembre de 2009, fue admitido por la Suprema Corte a mediados del pasado abril y tuvo en junio un pronunciamiento favorable del fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, quien ya había establecido su opinión sobre la inconstitucionalidad de la Ley 15.848 cuando un año atrás se le consultó por el caso de homicidio bajo torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
En representación del ministerio público, la Dra. Telechea extrajo la veintena de casos de homicidio del expediente judicial en el que se condenó al dictador Bordaberry por los delitos de atentado a la Constitución, nueve desapariciones forzadas y dos homicidios políticos. La fiscal planteó en su requerimiento que bajo la Ley de Caducidad no podía continuar la indagatoria para identificar y responsabilizar a los autores materiales de los asesinatos. Otro tanto hizo con el caso conocido como el de los fusilados de Soca.
El pronunciamiento favorable de la Suprema Corte de Justicia en el caso Sabalsagaray, difundido el 19 de octubre de 2009, sólo días antes de las elecciones presidenciales y del referéndum del frustrado voto rosado contra la propia Ley de Caducidad, implicó un cambio histórico en el sistema judicial uruguayo que, hasta entonces, había defendido la supuesta constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento, bajo presión militar, el 22 de diciembre de 1986.
Dos años después, el 2 de mayo de 1988, los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello declararon la constitucionalidad de la polémica Ley 15.848, con los votos en contra de Jacinta Balbela de Delgue y Nelson García Otero. Historiadores e investigadores han denunciado recientemente que aquella sentencia favorable también fue tomada bajo presión política y militar.
LA CONDENA QUE VIENE
El procurador general de la Nación y los ministros de la Suprema Corte han sustentado sus fallos de inconstitucionalidad con argumentos similares a los que, como pronunciamiento “político” y no vinculante, ya habían realizado la Presidencia de la República y el Parlamento uruguayo sobre el final de la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Todos los poderes del Estado en Uruguay coinciden en que la Ley de Caducidad violenta la propia separación de poderes del Estado y contradice normas de derecho internacional aprobadas por Uruguay como la Convención de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de Estados Americanos.
La contradicción de la Ley de Caducidad con las normas internacionales y la carta de la OEA ya provocó dos decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una recomendación de 1992 había declarado que el Estado uruguayo estaba incumpliendo sus compromisos y que un año atrás impulsó un juicio contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, una joven desaparecida recuperada en Montevideo.
En realidad, el inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en el que reiterará que la Ley 15.848 es inconstitucional, sólo estaría adelantando a los tribunales penales la posibilidad de indagar sobre los veinte homicidios ocurridos durante el mandato de Bordaberry, porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en pocas semanas sobre el caso Gelman y condenará al Estado uruguayo a “dejar sin efecto” la polémica ley y a hacer justicia en la causa de María Claudia.
EL ENTIERRO DE UNA LEY
Tan segura es la condena a Uruguay por parte del máximo órgano de justicia continental, que en todos los poderes del Estado se está buscando hoy una fórmula que permita “dejar sin efecto” la ley y habilitar todos los juicios antes de que la Corte Interamericana se pronuncie (probablemente en el mes de setiembre). El Parlamento estudia tres proyectos de ley al respecto y la propia cancillería uruguaya anunció esta semana la elaboración de una propuesta legislativa sobre el tema. Incluso en la Suprema Corte de Justicia se observa la situación y más de un analista no descarta que el órgano judicial sea el que deba actuar si se concreta el fallo de la OEA.
Sea cual sea la fórmula que se encuentre, lo que parece claro es que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado debe dejar de existir antes de fin de año. Y eso implicará que luego de la feria judicial mayor de enero de 2011 la justicia penal tendrá que reabrir todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos, ya que “dejar sin efecto” la Ley 15.848, como exigirá la Corte Interamericana, implicará retomar todos los casos, incluso aquellos sobre los que se pretenda imponer la prescripción del delito o argüir que, aplicada la ley, el caso constituye “cosa juzgada”.
En un seminario realizado un mes atrás en la Facultad de Ciencias Social durante la denominada Semana contra la Impunidad, varios panelistas coincidieron en afirmar que “La Ley de Caducidad está muerta y ahora hay que enterrarla”. El problema que se le presenta al sistema político, legislativo y judicial uruguayo –coincidían– es cómo se procesará semejante sepelio y cuánto puede afectar un orden institucional uruguayo cuyo sistema judicial, dentro de un año, quizá deba crear juzgados especiales para actuar ante tantos casos pendientes de violaciones a los derechos humanos.
Al revés que en el poema de César Vallejo, todos dicen querer matar a la Ley de Caducidad, pero la impunidad, ¡ay!, sigue viviendo…
Un asunto importante
Informamos a todo el colectivo que nuestra institución se encuentra muy preocupada.
A casi de 10 meses de haberse promulgado la ley de reparación 18 596, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma.
Por lo mismo los beneficiarios de la norma, que nos contempla, no podemos ejercer los derechos consagrados por dicha ley.
El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.
Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados.
Está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo.
A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.
El jueves 22 de julio, Crysol presentó una nota al Ministro de Economía y Finanzas solicitando la aprobación de dicho decreto. Hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta oficial a nuestra solicitud por parte ni del Sr. Ministro ni de ninguna autoridad del ministerio.
Dada la falta de una respuesta oficial a nuestra solicitud, a la circulación de rumores inquietantes con respecto a las objeciones que el MEF tiene ante el proyecto de decreto, el Plenario de Crysol realizado el pasado 28 de julio, resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el Miércoles 4 de agosto a las 19 horas y encomendó a la Comisión Directiva:
emitir un comunicado público al respecto,
presentar notas ante al Poder Ejecutivo,
convocar al colectivo para realizar una concentración ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el lunes 9 de agosto de 2010 a las 14.30 horas demandando la aprobación del decreto de acuerdo a lo establecido por la Ley 18 596.
Exhortamos a todo el colectivo a tomar conciencia de la importancia de este asunto y a respaldar las gestiones que se están emprendiendo por parte de Crysol para implementar efectivamente y sin restricciones los derechos consagrados por la normativa.
Aspiran a "dejar sin efecto" Ley de Caducidad
Gobierno y FA preparan proyectos por separado
El País. Viernes 30 de julio de 2010.
Aunque por vías separadas, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio (FA) trabajan en dos iniciativas que persiguen un mismo fin: dejar sin efecto la Ley de Caducidad ante la seria posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emita una condena al Estado uruguayo por mantener vigente esa norma, tras una demanda presentada por Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman desaparecida en 1976.
La semana próxima, un grupo de trabajo conformado en el FA en abril, hará los retoques finales a una iniciativa que propone dejar sin efecto la Ley de Caducidad aprobada en 1986 y que estableció que militares y policías no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El dirigente del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño, miembro de la comisión del FA, dijo a El País que "hay acuerdo suficiente" para terminar de analizar la próxima semana la iniciativa, que será enviada a la Mesa Política y a la bancada de la coalición de izquierda.
En tanto, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien también integra el grupo de trabajo, dijo a El País que la idea es que el Parlamento pueda establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad a través de la "interpretación auténtica" de la norma, mecanismo legal previsto en el Código Civil.
En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Ese fallo fue emitido exclusivamente en relación al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, aunque fija la posición de la Corporación en torno al tema.
Orrico dijo que la alternativa proyectada no implica la nulidad de la norma ya que ello no hace falta, porque "si algo es inconstitucional lo es desde el primer día en que se sancionó". El legislador reconoció que la propuesta tiene "una gran sutileza jurídica".
Según Orrico, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que no se pudieron tramitar en gobiernos anteriores porque los casos fueron amparados en la Ley de Caducidad, se podrían volver a plantear.
"LASTRE".
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará en breve una iniciativa al Parlamento para "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad, según dijo el canciller Luis Almagro en declaraciones publicadas ayer por el semanario Búsqueda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende "dejar sin efecto" los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley de Caducidad, que establecen que los delitos cometidos por militares y policías caducaron y que, en caso de presentarse una denuncia, el juez debe consultar al Poder Ejecutivo respecto a si es posible iniciar la indagatoria.
El canciller Luis Almagro dijo que la intención es "prevenir" una condena al Estado por el caso de María Claudia García de Gelman y además "terminar con un lastre que tenía Uruguay ante la opinión pública internacional".
El País. Viernes 30 de julio de 2010.
Aunque por vías separadas, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio (FA) trabajan en dos iniciativas que persiguen un mismo fin: dejar sin efecto la Ley de Caducidad ante la seria posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emita una condena al Estado uruguayo por mantener vigente esa norma, tras una demanda presentada por Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman desaparecida en 1976.
La semana próxima, un grupo de trabajo conformado en el FA en abril, hará los retoques finales a una iniciativa que propone dejar sin efecto la Ley de Caducidad aprobada en 1986 y que estableció que militares y policías no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El dirigente del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño, miembro de la comisión del FA, dijo a El País que "hay acuerdo suficiente" para terminar de analizar la próxima semana la iniciativa, que será enviada a la Mesa Política y a la bancada de la coalición de izquierda.
En tanto, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien también integra el grupo de trabajo, dijo a El País que la idea es que el Parlamento pueda establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad a través de la "interpretación auténtica" de la norma, mecanismo legal previsto en el Código Civil.
En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Ese fallo fue emitido exclusivamente en relación al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, aunque fija la posición de la Corporación en torno al tema.
Orrico dijo que la alternativa proyectada no implica la nulidad de la norma ya que ello no hace falta, porque "si algo es inconstitucional lo es desde el primer día en que se sancionó". El legislador reconoció que la propuesta tiene "una gran sutileza jurídica".
Según Orrico, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que no se pudieron tramitar en gobiernos anteriores porque los casos fueron amparados en la Ley de Caducidad, se podrían volver a plantear.
"LASTRE".
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará en breve una iniciativa al Parlamento para "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad, según dijo el canciller Luis Almagro en declaraciones publicadas ayer por el semanario Búsqueda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende "dejar sin efecto" los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley de Caducidad, que establecen que los delitos cometidos por militares y policías caducaron y que, en caso de presentarse una denuncia, el juez debe consultar al Poder Ejecutivo respecto a si es posible iniciar la indagatoria.
El canciller Luis Almagro dijo que la intención es "prevenir" una condena al Estado por el caso de María Claudia García de Gelman y además "terminar con un lastre que tenía Uruguay ante la opinión pública internacional".
jueves, 29 de julio de 2010
33 años del secuestro del maestro Julio Castro
La República. Jueves 29 de julio de 2010. Por Víctor Brindisi. Maestro
Con este pensamiento encabeza el Movimiento de Educadores por la Paz, el Acto que el 30 de julio realiza en homenaje al Maestro Julio Castro, a las 18 horas, en el Museo Pedagógico. El 1ro. de agosto de 1977 Julio es secuestrado en plena vía pública, saliendo de su domicilio, conducido a un Centro de detención y tortura en la Av. Millán, donde fallece el 3 de agosto víctima de las torturas aplicadas.
Queremos, en este breve artículo expresar tres consideraciones fundamentales:
1-La profunda preocupación que tenemos para que se logre esclarecer la Verdad sobre la circunstancias del secuestro, desaparición y asesinato de Julio.
Deseamos también que se logren las mismas en relación a todos y cada uno de los casos ocurridos durante la dictadura militar. Podemos tomar un camino de convivencia sobre la base de Verdad y Justicia.
Es necesario que la justicia investigue, y para ello es necesario impedir que la ley de Caducidad ponga trabas legales. De allí del interés de que por alguna de la vías posibles se logre.
Actualmente la denuncia penal de familiares de Julio Castro va a ser elevada al Poder Ejecutivo para una nueva consideración del caso. Deseamos, creemos que si se cumple la instancia se logrará abrir el camino.
2- Exhaltar la importante contribución de Julio Castro al pensamiento pedagógico nacional y latinoamericano.
Desde joven, unió su veta de educador al periodismo. Y ya en el año 1933, resaltaba " El valor pedagógico de la prensa", en un artículo publicado el 18 de marzo en Acción.
A partir de la década del 40 comienza una etapa de publicaciones como "El Analfabetismo", "El banco fijo y la mesa colectiva: vieja y nueva Educación", "La Escuela Rural en el Uruguay" y otras, junto a una permanente actividad periodística en Marcha, publicación que honra al Periodismo Nacional, donde tuvo una actuación importante junto a su Director Carlos Quijano.
Además de su obra escrita, Julio participa en forma destacada en importantes instancia de la tarea educativa en el país, de las cuales mencionamos:
-Congresos de Maestros Rurales en 1944 y 1945,
- acompaña a jóvenes estudiantes en la 1ra. Misión Socio Pedagógica en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, que abrió el rumbo de una riquísima experiencia en el campo educativo.
- Contribuyó en forma destacada en la elaboración del Programa de Educación Rural, surgido en el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas que se realizó en Piriápolis en enero de 1949, donde se consideraron los fundamentos y fines de la educación en las zonas rurales.
Ya en 1952 comienza a cumplir importantes tareas en el plano internacional, trabajando en la Subdirección del Crefal, en México, destinado a la formación de especialistas de todos los países latinoamericanos en la Educación Fundamental.
Recorre América Latina, conociendo la vida de los pobres, de los indígenas, que trasmite en forma admirable en un breve libro que tituló "Cómo viven los de abajo en América Latina".
Trabaja durante ese período, hasta 1971 en múltiples actividades encomendadas por la Unesco, elaborando él, o contribuyendo en Comisiones especiales, valiosos documentos sobre Educación, en México, Ecuador, Perú, Chile y muchos otros países.
3- Destacar la figura de Julio como un luchador, social, político, como un hombre comprometido con su país, con sus hermanos, con la libertad, la democracia.
Nunca escapó a los compromisos de hablar y actuar con franqueza, con sencillez. Su importante labor periodística está destinada a calar en lo más hondo, a combatir sin prejuicios los males que azotaban el país y la región, el imperialismo del norte, la explotación de los pobres, la miseria en que vivían millones de campesinos en el continente.
Julio Castro era conciente de que la dictadura, en su tarea represiva reprimía, torturaba, asesinaba. Prefirió quedarse, como dice en algunas de sus cartas, a ayudar a los compañeros: "Seguimos aquí porque todavía somos útiles para algunas pequeñas cosas"--"No podemos siquiera organizar un grupo de ayuda, ni reunirnos algunos para ver qué se puede hacer. Hay colegas que no tienen qué comer. Hay otros que se quedan sin casa".." Aquí las cosas siguen igual, con signos de descomposición y el correspondiente tufo"
La deuda de la sociedad Uruguay con el Maestro Julio Castro es grande.
Como dijo Carlos Quijano "Un día nosotros haremos justicia a Julio. Y si el tiempo se nos va, otros lo harán por nosotros".
Con este pensamiento encabeza el Movimiento de Educadores por la Paz, el Acto que el 30 de julio realiza en homenaje al Maestro Julio Castro, a las 18 horas, en el Museo Pedagógico. El 1ro. de agosto de 1977 Julio es secuestrado en plena vía pública, saliendo de su domicilio, conducido a un Centro de detención y tortura en la Av. Millán, donde fallece el 3 de agosto víctima de las torturas aplicadas.
Queremos, en este breve artículo expresar tres consideraciones fundamentales:
1-La profunda preocupación que tenemos para que se logre esclarecer la Verdad sobre la circunstancias del secuestro, desaparición y asesinato de Julio.
Deseamos también que se logren las mismas en relación a todos y cada uno de los casos ocurridos durante la dictadura militar. Podemos tomar un camino de convivencia sobre la base de Verdad y Justicia.
Es necesario que la justicia investigue, y para ello es necesario impedir que la ley de Caducidad ponga trabas legales. De allí del interés de que por alguna de la vías posibles se logre.
Actualmente la denuncia penal de familiares de Julio Castro va a ser elevada al Poder Ejecutivo para una nueva consideración del caso. Deseamos, creemos que si se cumple la instancia se logrará abrir el camino.
2- Exhaltar la importante contribución de Julio Castro al pensamiento pedagógico nacional y latinoamericano.
Desde joven, unió su veta de educador al periodismo. Y ya en el año 1933, resaltaba " El valor pedagógico de la prensa", en un artículo publicado el 18 de marzo en Acción.
A partir de la década del 40 comienza una etapa de publicaciones como "El Analfabetismo", "El banco fijo y la mesa colectiva: vieja y nueva Educación", "La Escuela Rural en el Uruguay" y otras, junto a una permanente actividad periodística en Marcha, publicación que honra al Periodismo Nacional, donde tuvo una actuación importante junto a su Director Carlos Quijano.
Además de su obra escrita, Julio participa en forma destacada en importantes instancia de la tarea educativa en el país, de las cuales mencionamos:
-Congresos de Maestros Rurales en 1944 y 1945,
- acompaña a jóvenes estudiantes en la 1ra. Misión Socio Pedagógica en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, que abrió el rumbo de una riquísima experiencia en el campo educativo.
- Contribuyó en forma destacada en la elaboración del Programa de Educación Rural, surgido en el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas que se realizó en Piriápolis en enero de 1949, donde se consideraron los fundamentos y fines de la educación en las zonas rurales.
Ya en 1952 comienza a cumplir importantes tareas en el plano internacional, trabajando en la Subdirección del Crefal, en México, destinado a la formación de especialistas de todos los países latinoamericanos en la Educación Fundamental.
Recorre América Latina, conociendo la vida de los pobres, de los indígenas, que trasmite en forma admirable en un breve libro que tituló "Cómo viven los de abajo en América Latina".
Trabaja durante ese período, hasta 1971 en múltiples actividades encomendadas por la Unesco, elaborando él, o contribuyendo en Comisiones especiales, valiosos documentos sobre Educación, en México, Ecuador, Perú, Chile y muchos otros países.
3- Destacar la figura de Julio como un luchador, social, político, como un hombre comprometido con su país, con sus hermanos, con la libertad, la democracia.
Nunca escapó a los compromisos de hablar y actuar con franqueza, con sencillez. Su importante labor periodística está destinada a calar en lo más hondo, a combatir sin prejuicios los males que azotaban el país y la región, el imperialismo del norte, la explotación de los pobres, la miseria en que vivían millones de campesinos en el continente.
Julio Castro era conciente de que la dictadura, en su tarea represiva reprimía, torturaba, asesinaba. Prefirió quedarse, como dice en algunas de sus cartas, a ayudar a los compañeros: "Seguimos aquí porque todavía somos útiles para algunas pequeñas cosas"--"No podemos siquiera organizar un grupo de ayuda, ni reunirnos algunos para ver qué se puede hacer. Hay colegas que no tienen qué comer. Hay otros que se quedan sin casa".." Aquí las cosas siguen igual, con signos de descomposición y el correspondiente tufo"
La deuda de la sociedad Uruguay con el Maestro Julio Castro es grande.
Como dijo Carlos Quijano "Un día nosotros haremos justicia a Julio. Y si el tiempo se nos va, otros lo harán por nosotros".
miércoles, 28 de julio de 2010
Identifican a desaparecidos en la dictadura argentina
DDHH. Los restos aparecieron en un cementerio a 340 km de la capital
Militaban hace 34 años en el guevarista PRT.
Buenos Aires | AFP
Los restos de la mexicana Cristina Cialceta y del francés Yves Domergue, desaparecidos en la dictadura argentina, fueron identificados tras pasar 34 años enterrados sin nombre en el cementerio de un poblado a 340 km de Buenos Aires, anunció ayer martes el hermano de una de las víctimas.
"Encontramos a mi hermano y a su novia. Fueron identificados. Después de 34 años de desgracia, sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos", dijo a la AFP Eric Domergue, de 54 años, el único de la familia que vive en Argentina.
La presidenta Cristina Fernández encabezará el miércoles un homenaje a las víctimas en la Casa Rosada.
"Todo homenaje es merecido, por lo que fue, por lo que luchó. Qué esto sirva, que por un instante Yves represente a los 30.000 desaparecidos" de la dictadura (1976/83), según cifras de organismos humanitarios, dijo emocionado el hermano.
Los cuerpos de Yves, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, y Cristina, una de las dos mexicanas desaparecidas, estaban en el cementerio público de Melincué (340 km al noroeste), un pueblo rural de 2.400 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro-este).
Habían sido enterrados allí sin identificar, el 29 de setiembre de 1976, tres días después de que Agustín Buitrón, el dueño de un campo cercano, ya fallecido, los encontró acribillados a la vera de una ruta rural.
Tras décadas de búsqueda, el círculo se cerró gracias a pobladores de Melincué, entre ellos un ex empleado judicial, Jorge Basuino (61), que protegió el expediente a través del tiempo, y a la profesora Juliana Cagrandi (48) que en 2003 instó a sus alumnos de último año de la escuela media a investigar este caso.
Tras realizar el trabajo, estudiantes y docente no cesaron en su empeño hasta ser escuchados en la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que finalmente investigó la existencia de los dos y encontró coincidencias con el caso de Yves.
El 5 de mayo pasado Eric Domergue tuvo la confirmación de que uno de los cuerpos era el de su hermano y hace dos semanas el juez de Melincué, Leandro Martín, 34 años, le anunció oficialmente la identificación de la pareja.
Yves Domergue, nacido en 1954 en Francia, era el mayor de nueve hijos de un matrimonio francés, muy católico, que se instaló entre 1959 y 1974 en Argentina.
Estudiante de ingeniería, Yves Domergue militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, guevarista), brazo político de una de las organizaciones guerrilleras de los 70.
LA IDENTIFICACION DE DOS JOVENES DESAPARECIDOS SERA ANUNCIADA HOY POR LA PRESIDENTA
“Después de 34 años sentimos alivio”
Página 12. Miércoles 28 de julio de 2010.
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Yves Marie Alaini Domergue (francés), de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull (mexicana), de 20, enterrados en una fosa común en Melincué, Santa Fe. Los familiares participarán del acto.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará hoy en la Casa Rosada la identificación de un joven francés y de su pareja mexicana, militantes políticos desaparecidos durante la última dictadura militar y exhumados el año pasado de una tumba NN en la localidad santafesina de Melincué por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La identificación de Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull, de 20, secuestrados el 26 de septiembre de 1976 en Rosario, se concretó en el marco del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos.
La ceremonia, de la que participará Eric Domergue, hermano de Yves, comenzará a las 19 en el Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario.
Yves Domergue, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, nació en París en 1954. Cinco años después llegó con sus padres y dos hermanos a la Argentina, donde tuvo otros seis hermanos.
En 1974, cuando la mayor parte de su familia volvió a Francia, Yves decidió quedarse. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina Cialceta nació en México en 1956, pero es hija de argentinos. Su padre, el coronel retirado Ignacio Cialceta, ya fallecido, era sobrino político de Juan Domingo Perón y fue su edecán durante la segunda presidencia.
Los cuerpos aparecieron acribillados poco después del secuestro al costado de un camino vecinal cerca de la localidad de Carreras. Tres días después fueron enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de Melincué, un pueblo del interior de Santa Fe donde la noticia causó conmoción. Durante treinta y cuatro años integraron la lista de desaparecidos. “Era como si a Yves se lo hubiera tragado la tierra”, recordó su hermano Eric, el único familiar que siguió viviendo en la Argentina.
El 5 de mayo el EAAF le confirmó la identificación. El martes pasado, el juez de Melincué, Leandro Martín, anunció la identificación de la pareja. “Después de 34 años de desgracia sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos”, confesó Domergue, de 54 años.
Jean Domergue se fue de la Argentina con una visión idílica y volvió dos años después para buscar a su hijo secuestrado por el terrorismo de Estado. Todos los hábeas corpus que presentó ante la Justicia tuvieron resultado negativo.
Pese a los reclamos de la Embajada de Francia y las gestiones ante organismos internacionales, iglesias, legisladores norteamericanos, y una intensa campaña en la prensa, la dictadura nunca le dio una respuesta. “El ambiente era terrible. En la Embajada de Francia me advirtieron que tuviera cuidado al marchar por la calle, sobre todo que no hablara con desconocidos”, recordó en una entrevista con el periodista Carlos Gabetta, publicada en el libro Todos somos subversivos.
Cuando volvió a Francia recibió una carta firmada con seudónimo en la que le informaban que su hijo Yves estaba en manos del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, en Rosario. “Esta persona nos decía que había sido torturado, pero estaba con vida, y nos recomendaba la mayor publicidad posible, ya que su condición de ciudadano francés podía contribuir a salvarle la vida”, recordó durante la entrevista. De regreso en su país fundó la Comisión de Familiares de Ciudadanos Franceses Prisioneros y Desaparecidos en Argentina y Uruguay.
“Me preocupa que la palabra ‘desaparecido’ se esté transformando en una palabra común”, confesó durante una entrevista en el diario La Razón en 1984. “Yo quisiera llevar un cartel luminoso que dijera ‘no se olviden de los desaparecidos’, pero como no lo puedo hacer sigo luchando y afortunadamente puedo gritar más fuerte que cualquiera porque no hago política, lucho para saber dónde están nuestros desaparecidos”, recordó entonces Jean Domergue, que hoy tiene ochenta años y la semana próxima podrá reencontrarse con los restos de su hijo.
Militaban hace 34 años en el guevarista PRT.
Buenos Aires | AFP
Los restos de la mexicana Cristina Cialceta y del francés Yves Domergue, desaparecidos en la dictadura argentina, fueron identificados tras pasar 34 años enterrados sin nombre en el cementerio de un poblado a 340 km de Buenos Aires, anunció ayer martes el hermano de una de las víctimas.
"Encontramos a mi hermano y a su novia. Fueron identificados. Después de 34 años de desgracia, sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos", dijo a la AFP Eric Domergue, de 54 años, el único de la familia que vive en Argentina.
La presidenta Cristina Fernández encabezará el miércoles un homenaje a las víctimas en la Casa Rosada.
"Todo homenaje es merecido, por lo que fue, por lo que luchó. Qué esto sirva, que por un instante Yves represente a los 30.000 desaparecidos" de la dictadura (1976/83), según cifras de organismos humanitarios, dijo emocionado el hermano.
Los cuerpos de Yves, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, y Cristina, una de las dos mexicanas desaparecidas, estaban en el cementerio público de Melincué (340 km al noroeste), un pueblo rural de 2.400 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro-este).
Habían sido enterrados allí sin identificar, el 29 de setiembre de 1976, tres días después de que Agustín Buitrón, el dueño de un campo cercano, ya fallecido, los encontró acribillados a la vera de una ruta rural.
Tras décadas de búsqueda, el círculo se cerró gracias a pobladores de Melincué, entre ellos un ex empleado judicial, Jorge Basuino (61), que protegió el expediente a través del tiempo, y a la profesora Juliana Cagrandi (48) que en 2003 instó a sus alumnos de último año de la escuela media a investigar este caso.
Tras realizar el trabajo, estudiantes y docente no cesaron en su empeño hasta ser escuchados en la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que finalmente investigó la existencia de los dos y encontró coincidencias con el caso de Yves.
El 5 de mayo pasado Eric Domergue tuvo la confirmación de que uno de los cuerpos era el de su hermano y hace dos semanas el juez de Melincué, Leandro Martín, 34 años, le anunció oficialmente la identificación de la pareja.
Yves Domergue, nacido en 1954 en Francia, era el mayor de nueve hijos de un matrimonio francés, muy católico, que se instaló entre 1959 y 1974 en Argentina.
Estudiante de ingeniería, Yves Domergue militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, guevarista), brazo político de una de las organizaciones guerrilleras de los 70.
LA IDENTIFICACION DE DOS JOVENES DESAPARECIDOS SERA ANUNCIADA HOY POR LA PRESIDENTA
“Después de 34 años sentimos alivio”
Página 12. Miércoles 28 de julio de 2010.
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Yves Marie Alaini Domergue (francés), de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull (mexicana), de 20, enterrados en una fosa común en Melincué, Santa Fe. Los familiares participarán del acto.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará hoy en la Casa Rosada la identificación de un joven francés y de su pareja mexicana, militantes políticos desaparecidos durante la última dictadura militar y exhumados el año pasado de una tumba NN en la localidad santafesina de Melincué por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La identificación de Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull, de 20, secuestrados el 26 de septiembre de 1976 en Rosario, se concretó en el marco del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos.
La ceremonia, de la que participará Eric Domergue, hermano de Yves, comenzará a las 19 en el Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario.
Yves Domergue, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, nació en París en 1954. Cinco años después llegó con sus padres y dos hermanos a la Argentina, donde tuvo otros seis hermanos.
En 1974, cuando la mayor parte de su familia volvió a Francia, Yves decidió quedarse. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina Cialceta nació en México en 1956, pero es hija de argentinos. Su padre, el coronel retirado Ignacio Cialceta, ya fallecido, era sobrino político de Juan Domingo Perón y fue su edecán durante la segunda presidencia.
Los cuerpos aparecieron acribillados poco después del secuestro al costado de un camino vecinal cerca de la localidad de Carreras. Tres días después fueron enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de Melincué, un pueblo del interior de Santa Fe donde la noticia causó conmoción. Durante treinta y cuatro años integraron la lista de desaparecidos. “Era como si a Yves se lo hubiera tragado la tierra”, recordó su hermano Eric, el único familiar que siguió viviendo en la Argentina.
El 5 de mayo el EAAF le confirmó la identificación. El martes pasado, el juez de Melincué, Leandro Martín, anunció la identificación de la pareja. “Después de 34 años de desgracia sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos”, confesó Domergue, de 54 años.
Jean Domergue se fue de la Argentina con una visión idílica y volvió dos años después para buscar a su hijo secuestrado por el terrorismo de Estado. Todos los hábeas corpus que presentó ante la Justicia tuvieron resultado negativo.
Pese a los reclamos de la Embajada de Francia y las gestiones ante organismos internacionales, iglesias, legisladores norteamericanos, y una intensa campaña en la prensa, la dictadura nunca le dio una respuesta. “El ambiente era terrible. En la Embajada de Francia me advirtieron que tuviera cuidado al marchar por la calle, sobre todo que no hablara con desconocidos”, recordó en una entrevista con el periodista Carlos Gabetta, publicada en el libro Todos somos subversivos.
Cuando volvió a Francia recibió una carta firmada con seudónimo en la que le informaban que su hijo Yves estaba en manos del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, en Rosario. “Esta persona nos decía que había sido torturado, pero estaba con vida, y nos recomendaba la mayor publicidad posible, ya que su condición de ciudadano francés podía contribuir a salvarle la vida”, recordó durante la entrevista. De regreso en su país fundó la Comisión de Familiares de Ciudadanos Franceses Prisioneros y Desaparecidos en Argentina y Uruguay.
“Me preocupa que la palabra ‘desaparecido’ se esté transformando en una palabra común”, confesó durante una entrevista en el diario La Razón en 1984. “Yo quisiera llevar un cartel luminoso que dijera ‘no se olviden de los desaparecidos’, pero como no lo puedo hacer sigo luchando y afortunadamente puedo gritar más fuerte que cualquiera porque no hago política, lucho para saber dónde están nuestros desaparecidos”, recordó entonces Jean Domergue, que hoy tiene ochenta años y la semana próxima podrá reencontrarse con los restos de su hijo.
lunes, 26 de julio de 2010
Del cambio en paz y otras restauraciones
La República. Lunes 26 de julio de 2010.Por Constanza Moreira |*|
El lunes pasado el Partido Colorado realizó un acto conmemorativo de los veinticinco años del retorno a la democracia. En el clima de "unidad nacional" instalado recientemente, a propósito de la apertura del actual gobierno a la participación de blancos y colorados en entes y organismos del Estado, no faltaron las referencias a la característica dialogal, negociadora, partidocrática y acuerdista de la vieja democracia uruguaya. Una característica que bien puede ser elogiada o criticada, alabada como amortiguadora o denunciada como freno del cambio. Pero en esa circunstancia, y a la vista de los convocantes, esta fue largamente festejada.
La consigna del "cambio en paz", empero, tiene un sabor amargo, especialmente para la izquierda, y no deberíamos celebrarla sin más. La idea del cambio en paz no es inocente. Lleva escrito, como en el reverso de una medalla, un mensaje inequívoco acerca de la "superación" de la guerra de hermanos contra hermanos. Indica la probable existencia, a la salida de la dictadura, de un cambio que no fuera "en paz" sino en hipótesis de conflicto. Un cambio conducido por "los otros": ¿la izquierda revanchista? Pues la idea del cambio en paz interpela inevitablemente a la izquierda.
Así, el Partido Colorado parece recordarnos, una y otra vez, que fue la izquierda la que instaló la lógica de la guerra para impulsar los cambios. La guerra, el conflicto, se opone a la paz, la democracia. No podría haber una historia peor contada. Si existe ideología (una suerte de "falsa conciencia" sobre la realidad, que es tanto más poderosa cuanto más la falsea, pues vuelve a los ciudadanos ciegos, torpes, inoperantes, y últimamente incapaces de cambiarla), esta se vuelve transparente, inequívoca, en la idea del "cambio en paz".
Para empezar, y vale la pena repetirlo una y otra vez, la dictadura uruguaya no tiene su origen en ninguna guerra, a menos que llamemos por tal a, por ejemplo, la lucha de los trabajadores para defender y proteger sus salarios y derechos frente a la represión que con inusitada dureza se había instalado en el país como resultado de la larga crisis de estancamiento de fines de los cincuenta y de las desastrosas soluciones que se buscaron para superarla (la liberalización comercial y financiera, entre otras "curas", salida que también se intentó, con iguales pésimos resultados, en los noventa). La militarización de las fábricas, o del propio conflicto bancario, la matanza de estudiantes en las manifestaciones, dan cuenta de esa violencia. No era una violencia "fratricida" sino una violencia dirigida políticamente contra los intereses organizados de las clases populares que entonces, como ahora, pagaban siempre los costos del ajuste.
El golpe de Estado sólo fue dado al final, como la crónica de una muerte anunciada. Antes, se había ilegalizado partidos y organizaciones, se había intervenido la Universidad, se había extendido la práctica de la prisión sin debido proceso y la tortura en las cárceles era moneda corriente en nuestro esquema de represión policial. El golpe de Estado terminó por barrer el resto de la institucionalidad que quedaba. Y aunque hubo ensayos autoritarios más profundos, como el de Juan María Bordaberry (que pretendía suprimir a los partidos políticos, como recuerda María Elena Laurnaga en su artículo último de "Caras y Caretas"), o intentos de ordenar la transición con manu militari (como el plebiscito de 1980) que no cuajaron, lo cierto es que poco podemos festejar de la forma en que transitamos a la democracia, salvo el hecho de que, finalmente, la democracia fue restaurada. Y menos aún, para la izquierda, el formato que asumieron las elecciones de 1984.
El slogan del cambio en paz traía otras ideas de contrabando. La primera, era la de que sólo el Partido Colorado sería capaz de conducir los destinos de esta nueva aventura democrática uruguaya, como lo había hecho en las dos eras democráticas anteriores (1904-32; 1942-73), aun cuando los dos golpes de Estado eran, claro está, obra del Partido Colorado, o de fracciones del mismo. La segunda era que la vuelta a la democracia entrañaba ciertas renuncias. Sobre ello abundaron los discursos de Sanguinetti y de Lacalle el lunes pasado. Por ejemplo, la renuncia a instaurar un estado de derecho "pleno"; ni siquiera una democracia plena.
La equiparación en los discursos de estos ex presidentes del reintegro de los funcionarios públicos, con la liberación de los presos y la aprobación de la Ley de Caducidad, es sólo (y nada menos que): ideología, "falsa conciencia". Porque...los funcionarios públicos, ¿qué habían hecho de malo para ser despedidos además de militar en sus gremios, o en sus organizaciones políticas? Y los presos, ¿no habían ya pagado lo suficiente? (especialmente aquellos que fueron liberados recién en democracia). Es más, ¿no habían sido ellos mismos violados en sus derechos, en su integridad, en su moral, en la esencia misma de lo que hace humano a un ser humano? Y la amnistía a los militares, ¿podía equipararse a eso? No, de ningún modo. Ellos habían sido los responsables del terror, y eran amnistiados, porque a diferencia de los presos y de los funcionarios públicos, aún tenían el poder. Tanto poder como para imponer las condiciones de la restauración democrática.
Los presos, en cambio, o los funcionarios públicos, no tenían ningún poder. Sólo fueron liberados o restaurados en sus derechos, porque el propio estado de derecho lo exigía. Igualar estas tres leyes, o igualar a los presos en la dictadura, las Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos es un desmán político y ético. Un equívoco jurídico y normativo que ningún análisis serio toleraría. Pero su función no es ser veraz sino ser eso: pura y sola ideología.
La amnistía a los militares no fue sólo practicada en Uruguay, sino en varios países del continente que sufrieron dictadura. Las dificultades que experimentaron nuestros países para restaurar la democracia dejaron a los ciudadanos merced a la hechura de una transición en la que los militares salientes, y sus aliados civiles, pisaron fuerte, o muy fuerte. Chile es un buen ejemplo de ello. Y Brasil. Y Argentina. La renuncia a juzgar a los militares habida cuenta del frágil equilibrio de la transición, fue un pacto no dicho en la mayor parte de los casos. En el nuestro tuvo nombre: se le llamó "pacto del Club Naval". Y allí se negociaron los términos de la transición.
De ese pacto emana, entre otras cosas, la exposición de motivos de la Ley de Caducidad. Pero ello no es un pacto. Los pactos, como señala toda la teoría contractualista desde Hobbes en adelante, sólo se hacen entre iguales. No pueden hacerse entre partes notoriamente desiguales. Porque un pacto de un débil con alguien notoriamente más poderoso, puede interpretarse como hecho bajo amenaza o coerción. Y la esencia del pacto es ser hecho libremente.
No hay pacto sin consentimiento voluntario, y sin libre voluntad. Toda la teoría contractualista se basa en la idea de que los pactos que dan origen a la democracia son pactos hechos entre los ciudadanos, para confiar el gobierno a quien ellos elijan libremente.
La democracia uruguaya no tuvo origen en un pacto entre iguales. No eran iguales los que pactaban: un Frente Amplio con su principal líder preso, los blancos con su principal líder proscrito (Wilson Ferreira Aldunate), los colorados que se posicionaban como los favoritos para alzarse con el siguiente gobierno y los militares que ponían condiciones. Eso no fue un pacto en condiciones de igualdad. Fue un pacto entre desiguales. Y del que además, faltaba el elemento fundante de los pactos: el pueblo, el soberano.
¿Podemos celebrar esa salida democrática? No, nunca, de ninguna manera. La democracia siempre puede celebrarse. Pero nunca la forma limitada, precaria y con restricciones en que se dio. Por supuesto que puede argumentarse que no había manera, que las condiciones no estaban dadas para otra cosa, que la "lógica de los hechos" obligaba a buscar salidas "responsables" y no principistas. ¿No fue eso lo que se argumentó para el voto amarillo, que nos dejó el lastre de una deuda con los derechos humanos que hoy, veinticinco años después, seguimos pagando? Puede argumentarse, pero no celebrarse. Y menos compartirse.
La idea del cambio en paz como opuesta a la idea de un cambio con conflictos es una vieja idea conservadora, tan vieja como los tiempos. No hay cambio sin conflicto, sin adrenalina, sin desafíos, sin rupturas. No precisábamos paz a la salida de la dictadura, sino, justamente cambio.
|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA
El lunes pasado el Partido Colorado realizó un acto conmemorativo de los veinticinco años del retorno a la democracia. En el clima de "unidad nacional" instalado recientemente, a propósito de la apertura del actual gobierno a la participación de blancos y colorados en entes y organismos del Estado, no faltaron las referencias a la característica dialogal, negociadora, partidocrática y acuerdista de la vieja democracia uruguaya. Una característica que bien puede ser elogiada o criticada, alabada como amortiguadora o denunciada como freno del cambio. Pero en esa circunstancia, y a la vista de los convocantes, esta fue largamente festejada.
La consigna del "cambio en paz", empero, tiene un sabor amargo, especialmente para la izquierda, y no deberíamos celebrarla sin más. La idea del cambio en paz no es inocente. Lleva escrito, como en el reverso de una medalla, un mensaje inequívoco acerca de la "superación" de la guerra de hermanos contra hermanos. Indica la probable existencia, a la salida de la dictadura, de un cambio que no fuera "en paz" sino en hipótesis de conflicto. Un cambio conducido por "los otros": ¿la izquierda revanchista? Pues la idea del cambio en paz interpela inevitablemente a la izquierda.
Así, el Partido Colorado parece recordarnos, una y otra vez, que fue la izquierda la que instaló la lógica de la guerra para impulsar los cambios. La guerra, el conflicto, se opone a la paz, la democracia. No podría haber una historia peor contada. Si existe ideología (una suerte de "falsa conciencia" sobre la realidad, que es tanto más poderosa cuanto más la falsea, pues vuelve a los ciudadanos ciegos, torpes, inoperantes, y últimamente incapaces de cambiarla), esta se vuelve transparente, inequívoca, en la idea del "cambio en paz".
Para empezar, y vale la pena repetirlo una y otra vez, la dictadura uruguaya no tiene su origen en ninguna guerra, a menos que llamemos por tal a, por ejemplo, la lucha de los trabajadores para defender y proteger sus salarios y derechos frente a la represión que con inusitada dureza se había instalado en el país como resultado de la larga crisis de estancamiento de fines de los cincuenta y de las desastrosas soluciones que se buscaron para superarla (la liberalización comercial y financiera, entre otras "curas", salida que también se intentó, con iguales pésimos resultados, en los noventa). La militarización de las fábricas, o del propio conflicto bancario, la matanza de estudiantes en las manifestaciones, dan cuenta de esa violencia. No era una violencia "fratricida" sino una violencia dirigida políticamente contra los intereses organizados de las clases populares que entonces, como ahora, pagaban siempre los costos del ajuste.
El golpe de Estado sólo fue dado al final, como la crónica de una muerte anunciada. Antes, se había ilegalizado partidos y organizaciones, se había intervenido la Universidad, se había extendido la práctica de la prisión sin debido proceso y la tortura en las cárceles era moneda corriente en nuestro esquema de represión policial. El golpe de Estado terminó por barrer el resto de la institucionalidad que quedaba. Y aunque hubo ensayos autoritarios más profundos, como el de Juan María Bordaberry (que pretendía suprimir a los partidos políticos, como recuerda María Elena Laurnaga en su artículo último de "Caras y Caretas"), o intentos de ordenar la transición con manu militari (como el plebiscito de 1980) que no cuajaron, lo cierto es que poco podemos festejar de la forma en que transitamos a la democracia, salvo el hecho de que, finalmente, la democracia fue restaurada. Y menos aún, para la izquierda, el formato que asumieron las elecciones de 1984.
El slogan del cambio en paz traía otras ideas de contrabando. La primera, era la de que sólo el Partido Colorado sería capaz de conducir los destinos de esta nueva aventura democrática uruguaya, como lo había hecho en las dos eras democráticas anteriores (1904-32; 1942-73), aun cuando los dos golpes de Estado eran, claro está, obra del Partido Colorado, o de fracciones del mismo. La segunda era que la vuelta a la democracia entrañaba ciertas renuncias. Sobre ello abundaron los discursos de Sanguinetti y de Lacalle el lunes pasado. Por ejemplo, la renuncia a instaurar un estado de derecho "pleno"; ni siquiera una democracia plena.
La equiparación en los discursos de estos ex presidentes del reintegro de los funcionarios públicos, con la liberación de los presos y la aprobación de la Ley de Caducidad, es sólo (y nada menos que): ideología, "falsa conciencia". Porque...los funcionarios públicos, ¿qué habían hecho de malo para ser despedidos además de militar en sus gremios, o en sus organizaciones políticas? Y los presos, ¿no habían ya pagado lo suficiente? (especialmente aquellos que fueron liberados recién en democracia). Es más, ¿no habían sido ellos mismos violados en sus derechos, en su integridad, en su moral, en la esencia misma de lo que hace humano a un ser humano? Y la amnistía a los militares, ¿podía equipararse a eso? No, de ningún modo. Ellos habían sido los responsables del terror, y eran amnistiados, porque a diferencia de los presos y de los funcionarios públicos, aún tenían el poder. Tanto poder como para imponer las condiciones de la restauración democrática.
Los presos, en cambio, o los funcionarios públicos, no tenían ningún poder. Sólo fueron liberados o restaurados en sus derechos, porque el propio estado de derecho lo exigía. Igualar estas tres leyes, o igualar a los presos en la dictadura, las Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos es un desmán político y ético. Un equívoco jurídico y normativo que ningún análisis serio toleraría. Pero su función no es ser veraz sino ser eso: pura y sola ideología.
La amnistía a los militares no fue sólo practicada en Uruguay, sino en varios países del continente que sufrieron dictadura. Las dificultades que experimentaron nuestros países para restaurar la democracia dejaron a los ciudadanos merced a la hechura de una transición en la que los militares salientes, y sus aliados civiles, pisaron fuerte, o muy fuerte. Chile es un buen ejemplo de ello. Y Brasil. Y Argentina. La renuncia a juzgar a los militares habida cuenta del frágil equilibrio de la transición, fue un pacto no dicho en la mayor parte de los casos. En el nuestro tuvo nombre: se le llamó "pacto del Club Naval". Y allí se negociaron los términos de la transición.
De ese pacto emana, entre otras cosas, la exposición de motivos de la Ley de Caducidad. Pero ello no es un pacto. Los pactos, como señala toda la teoría contractualista desde Hobbes en adelante, sólo se hacen entre iguales. No pueden hacerse entre partes notoriamente desiguales. Porque un pacto de un débil con alguien notoriamente más poderoso, puede interpretarse como hecho bajo amenaza o coerción. Y la esencia del pacto es ser hecho libremente.
No hay pacto sin consentimiento voluntario, y sin libre voluntad. Toda la teoría contractualista se basa en la idea de que los pactos que dan origen a la democracia son pactos hechos entre los ciudadanos, para confiar el gobierno a quien ellos elijan libremente.
La democracia uruguaya no tuvo origen en un pacto entre iguales. No eran iguales los que pactaban: un Frente Amplio con su principal líder preso, los blancos con su principal líder proscrito (Wilson Ferreira Aldunate), los colorados que se posicionaban como los favoritos para alzarse con el siguiente gobierno y los militares que ponían condiciones. Eso no fue un pacto en condiciones de igualdad. Fue un pacto entre desiguales. Y del que además, faltaba el elemento fundante de los pactos: el pueblo, el soberano.
¿Podemos celebrar esa salida democrática? No, nunca, de ninguna manera. La democracia siempre puede celebrarse. Pero nunca la forma limitada, precaria y con restricciones en que se dio. Por supuesto que puede argumentarse que no había manera, que las condiciones no estaban dadas para otra cosa, que la "lógica de los hechos" obligaba a buscar salidas "responsables" y no principistas. ¿No fue eso lo que se argumentó para el voto amarillo, que nos dejó el lastre de una deuda con los derechos humanos que hoy, veinticinco años después, seguimos pagando? Puede argumentarse, pero no celebrarse. Y menos compartirse.
La idea del cambio en paz como opuesta a la idea de un cambio con conflictos es una vieja idea conservadora, tan vieja como los tiempos. No hay cambio sin conflicto, sin adrenalina, sin desafíos, sin rupturas. No precisábamos paz a la salida de la dictadura, sino, justamente cambio.
|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA
domingo, 25 de julio de 2010
La Cancillería impulsa proyecto para anular la Ley de Caducidad
Caso Gelman. El Estado quiere evitar sanción de la OEA por incumplir normativa internacional.
El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.
La República. Domingo 25 de Julio de 2010. Por Marcelo Bustamante.
De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.
En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña.
Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.
El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.
El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.
Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.
Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.
Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución.
Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.
Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.
El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.
La República. Domingo 25 de Julio de 2010. Por Marcelo Bustamante.
De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.
En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña.
Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.
El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.
El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.
Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.
Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.
Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución.
Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.
Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.
sábado, 24 de julio de 2010
Rechazan indulto a condenados en Chile por violar DDHH
Ni dios permita
Montevideo Portal. 24.07.2010
Amnistía Internacional rechazó la posibilidad de un indulto a los condenados en Chile por cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien la Iglesia Católica había hecho un pedido en ese sentido quedó sin efecto por considerarlo que es contrario al derecho.
La Iglesia pidió al gobierno chileno la absolución a los condenados por violaciones a los derechos humanos, con motivo del Bicentenario de Independencia del país, pero Amnistía Internacional dejó sin efecto este reclamo.
"Cualquier propuesta que anule o declare sin efecto una condena tras una investigación y un proceso judicial justo es contrario al derecho internacional", señaló la agrupación internacional en un comunicado.
AI considera, además, que la propuesta de indulto presentada por la Iglesia al gobierno "no refleja las obligaciones internacionales en derechos humanos contraídas por Chile", dijo a Efe el director de la organización internacional en Chile, Sergio Laurenti.
Laurenti señala que la propuesta de la Conferencia Episcopal de Chile propone dar pasos de clemencia, y se pregunta de qué manera se puede avanzar en ese sentido sin afectar la protección internacional de los derechos humanos.
En este sentido, AI recuerda al gobierno su responsabilidad de sancionar los crímenes establecidos en el derecho internacional con penas acordes a la gravedad del hecho, de acuerdo con los estándares establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile como la Convención Contra la Tortura.
Durante los años del gobierno militar (1973-1990) miles de personas fueron asesinadas, torturadas y sometidas a desapariciones forzadas por integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas y los servicios de seguridad.
Desde 1998, más de 400 personas han sido procesadas por estos crímenes y sólo 63 se encuentran actualmente en prisión. "El Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que cumplen sentencias por estos crímenes proporcionan la verdad sobre lo que les ocurrió a las víctimas", añade el comunicado.
Además, AI considera que otorgar indultos como respuesta a las condiciones "inaceptables" de reclusión es una "solución inadecuada" a un problema que requiere de políticas públicas que garanticen que las condiciones carcelarias cumplan con los estándares requeridos.
"Chile debería celebrar su Bicentenario demostrando su compromiso para proporcionar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y recordando la deuda pendiente con todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar", dijo la organización.
Fuente: EFE
Montevideo Portal. 24.07.2010
Amnistía Internacional rechazó la posibilidad de un indulto a los condenados en Chile por cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien la Iglesia Católica había hecho un pedido en ese sentido quedó sin efecto por considerarlo que es contrario al derecho.
La Iglesia pidió al gobierno chileno la absolución a los condenados por violaciones a los derechos humanos, con motivo del Bicentenario de Independencia del país, pero Amnistía Internacional dejó sin efecto este reclamo.
"Cualquier propuesta que anule o declare sin efecto una condena tras una investigación y un proceso judicial justo es contrario al derecho internacional", señaló la agrupación internacional en un comunicado.
AI considera, además, que la propuesta de indulto presentada por la Iglesia al gobierno "no refleja las obligaciones internacionales en derechos humanos contraídas por Chile", dijo a Efe el director de la organización internacional en Chile, Sergio Laurenti.
Laurenti señala que la propuesta de la Conferencia Episcopal de Chile propone dar pasos de clemencia, y se pregunta de qué manera se puede avanzar en ese sentido sin afectar la protección internacional de los derechos humanos.
En este sentido, AI recuerda al gobierno su responsabilidad de sancionar los crímenes establecidos en el derecho internacional con penas acordes a la gravedad del hecho, de acuerdo con los estándares establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile como la Convención Contra la Tortura.
Durante los años del gobierno militar (1973-1990) miles de personas fueron asesinadas, torturadas y sometidas a desapariciones forzadas por integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas y los servicios de seguridad.
Desde 1998, más de 400 personas han sido procesadas por estos crímenes y sólo 63 se encuentran actualmente en prisión. "El Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que cumplen sentencias por estos crímenes proporcionan la verdad sobre lo que les ocurrió a las víctimas", añade el comunicado.
Además, AI considera que otorgar indultos como respuesta a las condiciones "inaceptables" de reclusión es una "solución inadecuada" a un problema que requiere de políticas públicas que garanticen que las condiciones carcelarias cumplan con los estándares requeridos.
"Chile debería celebrar su Bicentenario demostrando su compromiso para proporcionar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y recordando la deuda pendiente con todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar", dijo la organización.
Fuente: EFE
Gobierno teme sanción internacional si no modifica la normativa
Cancillería enviará proyecto para eliminar la ley de Caducidad
Últimas Noticias: Sábado 24 de julio de 2010.
La Cancillería enviará al Parlamento un proyecto de ley para anular la ley de Caducidad. El canciller Luis Almagro advirtió ayer a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio que Uruguay corre el riesgo de recibir una condena internacional.
“Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió ayer el canciller Luis Almagro durante una reunión sostenida en la Torre de los Profesionales con legisladores del FA.
El ministro, junto al subsecretario Roberto Conde, se reunió con los integrantes de la izquierda en las Comisiones de Relaciones Internacionales de ambas Cámaras y del FA para abordar temas de integración y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país mantener la vigencia de la norma.
Almagro recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de María Claudia García de Gelman. En ese sentido, instó a los legisladores a avanzar en la búsqueda de caminos de entendimiento para conseguir la eliminación de la ley de Caducidad.
Por otra parte, fuentes del gobierno aseguraron a Ultimas Noticias que desde el Ministerio se trabaja en la elaboración de un proyecto de anulación para enviar al Parlamento. Si bien la figura de la anulación no existe desde el punto de vista jurídico, tanto la Cancillería como el FA pretenden avanzar sobre un proyecto que anule la norma y la declare inexistente.
La izquierda aspira a generar una figura diferente a la derogación, que no tiene carácter retroactivo. Si se deroga la norma, los militares que no fueron procesados porque se ampararon en la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedarían impunes.
Pese a tener diferencias internas respecto a la lectura que debe hacerse del fracaso en los plebiscitos de derogación, el FA está encaminado en generar un proyecto que aborde el tema a nivel parlamentario. El mes pasado la Mesa Política conformó una comisión integrada por legisladores de todos los sectores con representació n parlamentaria y las bases, que comenzaron a trabajar sobre tres propuestas básicas elaboradas en forma respectiva por los diputados Felipe Michelini (NE) y Carlos Cotiño (PVP) y por el abogado Oscar López Goldaracena (1001). La intención de los representantes de la izquierda es avanzar sobre un texto para enviar al Parlamento y la Cancillería comparte la idea.
Almagro destacó ayer en el encuentro que la ley de Caducidad es uno de los pocos temas en materia de Derechos Humanos que generan críticas desde el exterior y dijo estar “preocupado” por el tema de la “impunidad en general y del caso Gelman en particular”. El tema está en la agenda política del gobierno desde comienzos de este mes, cuando el canciller informó al Consejo de Ministros sobre la necesidad de derogar la ley de Caducidad para responder a las demandas internacionales.
La Cidh sostuvo en su reclamo que mientras la Ley de Caducidad siga vigente, Uruguay estará en falta con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que reclamó que se la deje sin efecto con el argumento de su incompatibilidad con la normativa ratificada por el país, que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
El 5 de este mes, Almagro adelantó al presidente José Mujica la necesidad de respaldar las acciones parlamentarias para eliminar la norma y hubo coincidencia en la búsqueda de medidas complementarias, como la conformación de una reparación integral para los familiares de los desaparecidos y la instalación de un “Museo de la Memoria” en el edificio donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército.
Últimas Noticias: Sábado 24 de julio de 2010.
La Cancillería enviará al Parlamento un proyecto de ley para anular la ley de Caducidad. El canciller Luis Almagro advirtió ayer a un grupo de legisladores y dirigentes del Frente Amplio que Uruguay corre el riesgo de recibir una condena internacional.
“Nuestro país debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió ayer el canciller Luis Almagro durante una reunión sostenida en la Torre de los Profesionales con legisladores del FA.
El ministro, junto al subsecretario Roberto Conde, se reunió con los integrantes de la izquierda en las Comisiones de Relaciones Internacionales de ambas Cámaras y del FA para abordar temas de integración y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país mantener la vigencia de la norma.
Almagro recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de María Claudia García de Gelman. En ese sentido, instó a los legisladores a avanzar en la búsqueda de caminos de entendimiento para conseguir la eliminación de la ley de Caducidad.
Por otra parte, fuentes del gobierno aseguraron a Ultimas Noticias que desde el Ministerio se trabaja en la elaboración de un proyecto de anulación para enviar al Parlamento. Si bien la figura de la anulación no existe desde el punto de vista jurídico, tanto la Cancillería como el FA pretenden avanzar sobre un proyecto que anule la norma y la declare inexistente.
La izquierda aspira a generar una figura diferente a la derogación, que no tiene carácter retroactivo. Si se deroga la norma, los militares que no fueron procesados porque se ampararon en la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedarían impunes.
Pese a tener diferencias internas respecto a la lectura que debe hacerse del fracaso en los plebiscitos de derogación, el FA está encaminado en generar un proyecto que aborde el tema a nivel parlamentario. El mes pasado la Mesa Política conformó una comisión integrada por legisladores de todos los sectores con representació n parlamentaria y las bases, que comenzaron a trabajar sobre tres propuestas básicas elaboradas en forma respectiva por los diputados Felipe Michelini (NE) y Carlos Cotiño (PVP) y por el abogado Oscar López Goldaracena (1001). La intención de los representantes de la izquierda es avanzar sobre un texto para enviar al Parlamento y la Cancillería comparte la idea.
Almagro destacó ayer en el encuentro que la ley de Caducidad es uno de los pocos temas en materia de Derechos Humanos que generan críticas desde el exterior y dijo estar “preocupado” por el tema de la “impunidad en general y del caso Gelman en particular”. El tema está en la agenda política del gobierno desde comienzos de este mes, cuando el canciller informó al Consejo de Ministros sobre la necesidad de derogar la ley de Caducidad para responder a las demandas internacionales.
La Cidh sostuvo en su reclamo que mientras la Ley de Caducidad siga vigente, Uruguay estará en falta con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que reclamó que se la deje sin efecto con el argumento de su incompatibilidad con la normativa ratificada por el país, que impide aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.
El 5 de este mes, Almagro adelantó al presidente José Mujica la necesidad de respaldar las acciones parlamentarias para eliminar la norma y hubo coincidencia en la búsqueda de medidas complementarias, como la conformación de una reparación integral para los familiares de los desaparecidos y la instalación de un “Museo de la Memoria” en el edificio donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército.
viernes, 23 de julio de 2010
Detalles sobre los fusilamientos a presos políticos en la UP1 de Córdoba
“No me mires que te voy a matar”
El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía “de la Penitenciaría”.
Página 12. Viernes 23 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan
“Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear.”
Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo “por los medios”, pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel “Gato” Gómez “de la Penitenciaría”.
Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. “Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía.” Eran las siete de la tarde. “Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas.”
La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante “no sé cuántos días” mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.
La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. “Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí”, dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.
Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. “La relación con el servicio penitenciario era muy buena”, dijo. “Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más.”
El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. “Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar.” El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.
“Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más.” Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. “Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos.” Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.
El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. “Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez.”
Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. “Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento.”
Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.
Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.
El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía “de la Penitenciaría”.
Página 12. Viernes 23 de julio de 2010. Por Alejandra Dandan
“Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear.”
Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo “por los medios”, pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel “Gato” Gómez “de la Penitenciaría”.
Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. “Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía.” Eran las siete de la tarde. “Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas.”
La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante “no sé cuántos días” mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.
La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. “Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí”, dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.
Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. “La relación con el servicio penitenciario era muy buena”, dijo. “Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más.”
El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. “Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar.” El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.
“Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más.” Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. “Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos.” Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.
El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. “Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez.”
Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. “Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento.”
Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.
Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.
jueves, 22 de julio de 2010
Los deberes
La Diaria. Jueves 22 de julio de 2010. Por Lourdes Rodríguez.
Ejecutivo decidirá por segunda vez si el caso de Julio Castro está incluido en la Caducidad.
El homenaje por los 33 años de la desaparición forzada del maestro y periodista Julio Castro, que se realizará la semana próxima, llega con la decisión del juez Juan Carlos Fernández Lecchini de consultar al Ejecutivo sobre si el caso sigue amparado por la Ley de Caducidad. Así lo entendió el 5 de setiembre de 1989 el entonces presidente Julio María Sanguinetti, cuando ya se sabía que la historia basada en que Castro se fue del país en un avión había sido un invento de la dictadura.
Se abre camino
El grupo de trabajo designado por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para definir qué hacer con la Ley de Caducidad sesionó nuevamente el martes. A la decisión unánime de acabar con los efectos de la norma tomada en la primera reunión hace más de un mes, se suma la de concentrar los esfuerzos en enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de que se concrete la primera y única audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García de Gelman.
Esa instancia todavía no está fijada pero se sabe que el próximo período de sesiones es entre el 4 y el 9 de octubre en Ecuador y que podría tratarse el caso. Hace tres semanas, el canciller Luis Almagro expuso sobre el tema en el consejo de ministros, que definió que “es el momento de que trabaje el Parlamento”, recordaron en diálogo con La diaria fuentes de la comisión. “Vamos por buen camino a alcanzar rápidamente a un consenso”, indicaron. La comisión vuelve a reunirse en 15 días.
La abogada de la familia de Julio Castro, Rosario Fernández, pidió a fines de octubre de 2009 que se desarchivara el expediente en virtud de los nuevos elementos surgidos del trabajo realizado en la Comisión para la Paz en 2000 y de la información publicada en la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, editada por la Presidencia de la República (2007). La solicitud a la Justicia estuvo motivada por la derrota del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad.
La fiscalía actuante, a cargo de Mirtha Guianze, envió un oficio a Fernández Lecchini para el diligenciamiento de las nuevas pruebas, que permitieran elevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar adelante con la investigación porque la causa está amparada por la norma en cuestión.
La denuncia por la desaparición forzada de Castro fue presentada el 28 de junio de 1985 ante el Juzgado Letrado de 1ª instancia, pero el juez penal a cargo en aquel entonces, Jorge Ruibal, no pudo continuar con las actuaciones tras la sanción de la ley, en diciembre de 1986.
El caso quedó amparado en forma implícita hasta el 5 de setiembre de 1989, cuando Presidencia informó a la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se encontraba contemplado. Sanguinetti encomendó a la Jefatura de Policía de Montevideo una “investigación urgente” para el “esclarecimiento de estos hechos”. Las conclusiones llegaron el 13 de noviembre de ese año, e insistían en que Castro había dejado el territorio uruguayo voluntariamente en el vuelo 159 de Pluna, con destino a Buenos Aires.
Esa versión ya había sido publicada por el diario El País el 4 de octubre de 1977, dos meses después del secuestro del maestro, en base al Comunicado Nº 36 de las fuerzas conjuntas. La información fue desmentida desde el otro lado del río por un oficio de Interpol fechado en noviembre de ese año. A su vez, la versión del periodista Ruben Cotelo (fallecido), quien viajó en ese vuelo, terminó de echar por tierra esa posibilidad. Según su testimonio, Castro no estaba en aquel avión.
En 2000 la Comisión para la Paz consideró “confirmada” la denuncia sobre la desaparición “porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes”. Además del de Cotelo resultan centrales los testimonios ya documentados del ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, quien confesó ser uno de los secuestradores, y del periodista brasileño Flavio Tabárez (fallecido), quien permaneció detenido en La Casona de Millán junto con Castro.
Para mañana el Movimiento de Educadores por la Paz convocó una conferencia de prensa en la Casa del Maestro para dar cuenta del avance de la investigación. Víctor Brindisi, integrante de la organización, adelantó a la diaria que tramitaron una entrevista con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, para pedirle la exclusión del caso a la luz de los nuevos elementos. “Por ahora, los comentarios son favorables”, señaló Brindisi. Si así lo entiende el Ejecutivo, se trataría del tercer caso apartado de la Ley de Caducidad en este gobierno después del de Roberto Gomensoro Josman y el de Mary Elena Gil Rodríguez.
El 30 de julio se realizará un homenaje en el Museo Pedagógico a 33 años de su desaparición, instancia en la cual se darán a conocer fragmentos de textos inéditos del maestro.
Ejecutivo decidirá por segunda vez si el caso de Julio Castro está incluido en la Caducidad.
El homenaje por los 33 años de la desaparición forzada del maestro y periodista Julio Castro, que se realizará la semana próxima, llega con la decisión del juez Juan Carlos Fernández Lecchini de consultar al Ejecutivo sobre si el caso sigue amparado por la Ley de Caducidad. Así lo entendió el 5 de setiembre de 1989 el entonces presidente Julio María Sanguinetti, cuando ya se sabía que la historia basada en que Castro se fue del país en un avión había sido un invento de la dictadura.
Se abre camino
El grupo de trabajo designado por la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para definir qué hacer con la Ley de Caducidad sesionó nuevamente el martes. A la decisión unánime de acabar con los efectos de la norma tomada en la primera reunión hace más de un mes, se suma la de concentrar los esfuerzos en enviar un proyecto de ley al Parlamento antes de que se concrete la primera y única audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García de Gelman.
Esa instancia todavía no está fijada pero se sabe que el próximo período de sesiones es entre el 4 y el 9 de octubre en Ecuador y que podría tratarse el caso. Hace tres semanas, el canciller Luis Almagro expuso sobre el tema en el consejo de ministros, que definió que “es el momento de que trabaje el Parlamento”, recordaron en diálogo con La diaria fuentes de la comisión. “Vamos por buen camino a alcanzar rápidamente a un consenso”, indicaron. La comisión vuelve a reunirse en 15 días.
La abogada de la familia de Julio Castro, Rosario Fernández, pidió a fines de octubre de 2009 que se desarchivara el expediente en virtud de los nuevos elementos surgidos del trabajo realizado en la Comisión para la Paz en 2000 y de la información publicada en la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, editada por la Presidencia de la República (2007). La solicitud a la Justicia estuvo motivada por la derrota del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad.
La fiscalía actuante, a cargo de Mirtha Guianze, envió un oficio a Fernández Lecchini para el diligenciamiento de las nuevas pruebas, que permitieran elevar a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar adelante con la investigación porque la causa está amparada por la norma en cuestión.
La denuncia por la desaparición forzada de Castro fue presentada el 28 de junio de 1985 ante el Juzgado Letrado de 1ª instancia, pero el juez penal a cargo en aquel entonces, Jorge Ruibal, no pudo continuar con las actuaciones tras la sanción de la ley, en diciembre de 1986.
El caso quedó amparado en forma implícita hasta el 5 de setiembre de 1989, cuando Presidencia informó a la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se encontraba contemplado. Sanguinetti encomendó a la Jefatura de Policía de Montevideo una “investigación urgente” para el “esclarecimiento de estos hechos”. Las conclusiones llegaron el 13 de noviembre de ese año, e insistían en que Castro había dejado el territorio uruguayo voluntariamente en el vuelo 159 de Pluna, con destino a Buenos Aires.
Esa versión ya había sido publicada por el diario El País el 4 de octubre de 1977, dos meses después del secuestro del maestro, en base al Comunicado Nº 36 de las fuerzas conjuntas. La información fue desmentida desde el otro lado del río por un oficio de Interpol fechado en noviembre de ese año. A su vez, la versión del periodista Ruben Cotelo (fallecido), quien viajó en ese vuelo, terminó de echar por tierra esa posibilidad. Según su testimonio, Castro no estaba en aquel avión.
En 2000 la Comisión para la Paz consideró “confirmada” la denuncia sobre la desaparición “porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes”. Además del de Cotelo resultan centrales los testimonios ya documentados del ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, quien confesó ser uno de los secuestradores, y del periodista brasileño Flavio Tabárez (fallecido), quien permaneció detenido en La Casona de Millán junto con Castro.
Para mañana el Movimiento de Educadores por la Paz convocó una conferencia de prensa en la Casa del Maestro para dar cuenta del avance de la investigación. Víctor Brindisi, integrante de la organización, adelantó a la diaria que tramitaron una entrevista con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, para pedirle la exclusión del caso a la luz de los nuevos elementos. “Por ahora, los comentarios son favorables”, señaló Brindisi. Si así lo entiende el Ejecutivo, se trataría del tercer caso apartado de la Ley de Caducidad en este gobierno después del de Roberto Gomensoro Josman y el de Mary Elena Gil Rodríguez.
El 30 de julio se realizará un homenaje en el Museo Pedagógico a 33 años de su desaparición, instancia en la cual se darán a conocer fragmentos de textos inéditos del maestro.
Santitos
La Diaria. Jueves 22 de julio de 2010. Por Cecilia Pérez.
La jerarquía católica de Chile propone indulto a criminales de la dictadura pinochetista para festejar el bicentenario del país.
El gobierno de Chile llamó a esperar “con calma la reflexión y la decisión del presidente” Sebastián Piñera respecto de la propuesta de la Iglesia Católica chilena de indultar a presos, entre ellos violadores a los derechos humanos activos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Bajo el título “Chile, una mesa para todos en el bicentenario”, la Iglesia Católica chilena presentó ayer a Sebastián Piñera su anunciada propuesta de indulto presidencial para presos ancianos y con buena conducta.
El proyecto generó expectativa y recelo porque con esas premisas el perdón alcanzaría a responsables de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ayer se confirmó que los condenados por violaciones a los derechos humanos están comprendidos expresamente en la propuesta.
El texto presentado a Piñera dice que “no sería realmente completa la ‘mesa para todos’ si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar”, citaron los diarios chilenos La Nación y La Tercera. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, sino que “la reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”, agrega.
Ante las reacciones de rechazo a esta propuesta de parte de sectores políticos y organizaciones sociales, la vocera presidencial Ena von Baer llamó a “esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente y a no adelantar juicios respecto a ella”. Dijo que Piñera “va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias”.
Además, calificó la reunión entre el presidente, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, como “muy profunda, muy sincera y también muy fecunda”. Antes, Goic manifestó que la Iglesia optó por hacer la propuesta “en la antesala del Bicentenario de la Patria, en el marco de una tradición religiosa [...] de invocar gestos de clemencia con ocasión de grandes conmemoraciones” y añadió que un indulto “no anula ni contradice el imperio de la ley y la justicia, sino que lo supone y lo exige”.
Fuentes del Ejecutivo dijeron a La Nación que no se indultará a responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero esa información no fue oficializada todavía por el gobierno chileno. De acuerdo al periódico, Piñera comenzó a trabajar en el abordaje de este tema desde antes de recibir la propuesta, y lo hizo en encuentros como los que mantuvo el martes con sus ministros de Justicia y de Interior, pero también con las tres hijas de Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército que fue asesinado junto a su esposa por agentes de la dictadura, un caso que la Justicia recién cerró este mes. Tras la reunión, en la que las mujeres manifestaron a Piñera su rechazo a un perdón presidencial a ex represores, Cecilia Prats manifestó a la prensa: “Indudablemente el país no soportaría, tal vez, un indulto a esas personas”.
La jerarquía católica de Chile propone indulto a criminales de la dictadura pinochetista para festejar el bicentenario del país.
El gobierno de Chile llamó a esperar “con calma la reflexión y la decisión del presidente” Sebastián Piñera respecto de la propuesta de la Iglesia Católica chilena de indultar a presos, entre ellos violadores a los derechos humanos activos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Bajo el título “Chile, una mesa para todos en el bicentenario”, la Iglesia Católica chilena presentó ayer a Sebastián Piñera su anunciada propuesta de indulto presidencial para presos ancianos y con buena conducta.
El proyecto generó expectativa y recelo porque con esas premisas el perdón alcanzaría a responsables de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ayer se confirmó que los condenados por violaciones a los derechos humanos están comprendidos expresamente en la propuesta.
El texto presentado a Piñera dice que “no sería realmente completa la ‘mesa para todos’ si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar”, citaron los diarios chilenos La Nación y La Tercera. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, sino que “la reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”, agrega.
Ante las reacciones de rechazo a esta propuesta de parte de sectores políticos y organizaciones sociales, la vocera presidencial Ena von Baer llamó a “esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente y a no adelantar juicios respecto a ella”. Dijo que Piñera “va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias”.
Además, calificó la reunión entre el presidente, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, como “muy profunda, muy sincera y también muy fecunda”. Antes, Goic manifestó que la Iglesia optó por hacer la propuesta “en la antesala del Bicentenario de la Patria, en el marco de una tradición religiosa [...] de invocar gestos de clemencia con ocasión de grandes conmemoraciones” y añadió que un indulto “no anula ni contradice el imperio de la ley y la justicia, sino que lo supone y lo exige”.
Fuentes del Ejecutivo dijeron a La Nación que no se indultará a responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero esa información no fue oficializada todavía por el gobierno chileno. De acuerdo al periódico, Piñera comenzó a trabajar en el abordaje de este tema desde antes de recibir la propuesta, y lo hizo en encuentros como los que mantuvo el martes con sus ministros de Justicia y de Interior, pero también con las tres hijas de Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército que fue asesinado junto a su esposa por agentes de la dictadura, un caso que la Justicia recién cerró este mes. Tras la reunión, en la que las mujeres manifestaron a Piñera su rechazo a un perdón presidencial a ex represores, Cecilia Prats manifestó a la prensa: “Indudablemente el país no soportaría, tal vez, un indulto a esas personas”.
Javier Miranda: Es hora de DDHH
La República. Jueves 22 de julio de 2010.
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, informó al Parlamento en el día de ayer sobre el propósito de darle institucionalización definitiva en Uruguay a los derechos humanos.
Miranda expuso sus lineamientos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: "Me parece que es fundamental" desarrollar "políticas públicas con un enfoque de derechos humanos"; dar "conocimiento y educación en materia de derechos humanos y dar "normatividad e institucionalidad en materia de derechos humanos" afirmó.
El director de DDHH del MEC dijo que se dará "un fuerte énfasis en dos grandes proyectos: "Plan Nacional de Derechos Humanos", que es "una construcción que esperamos en breve estar lanzando" y que lleva a "convocar a distintos actores sociales a elaborar una hoja de ruta para una política nacional de derechos humanos"; y la "Institución Nacional de Derechos Humanos", que "es la puesta en funcionamiento efectivo de la Ley 18.446" que creó un ombudsman colectivo "aprobado en 2008 y que aún no hemos instalado", pero que "es deseable instalar rápidamente".
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, informó al Parlamento en el día de ayer sobre el propósito de darle institucionalización definitiva en Uruguay a los derechos humanos.
Miranda expuso sus lineamientos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: "Me parece que es fundamental" desarrollar "políticas públicas con un enfoque de derechos humanos"; dar "conocimiento y educación en materia de derechos humanos y dar "normatividad e institucionalidad en materia de derechos humanos" afirmó.
El director de DDHH del MEC dijo que se dará "un fuerte énfasis en dos grandes proyectos: "Plan Nacional de Derechos Humanos", que es "una construcción que esperamos en breve estar lanzando" y que lleva a "convocar a distintos actores sociales a elaborar una hoja de ruta para una política nacional de derechos humanos"; y la "Institución Nacional de Derechos Humanos", que "es la puesta en funcionamiento efectivo de la Ley 18.446" que creó un ombudsman colectivo "aprobado en 2008 y que aún no hemos instalado", pero que "es deseable instalar rápidamente".
Empezó en Rosario el juicio oral contra el ex jefe del Segundo Cuerpo
EMPEZO EN ROSARIO EL JUICIO ORAL CONTRA EL EX JEFE DEL SEGUNDO CUERPO RAMON GENARO DIAZ BESSONE.
Llanto, emoción y llamadas amenazantes
El ex director del Círculo Militar será juzgado con otros cinco acusados. Varios querellantes recibieron llamadas de un supuesto cementerio de Funes, donde funcionó un centro clandestino.
Página 12. Jueves 22 de julio de 2010. Por Sonia Tessa. Desde Rosario.
Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marccote, José Antonio Scorte-cchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria.
El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona.
Únicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas (la agrupación HIJOS no lo acusó) hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos.
Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina “La Tana” González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de cinco meses y su hermana de 3 años.
Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto con su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los nueve impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fue una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó La Tana, secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada.
Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. La Tana estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que La Tana llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. “Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado”, dijo al salir de la sala de audiencias, todavía conmovida.
Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri.
El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri, a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como el interventor de la policía provincial, Agustín Feced y varios acusados por los delitos que desde ayer comenzaron a juzgarse.
El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras claves de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, Lo Fiego y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.
Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente –de manera simbólica, claro– Roberto, hijo de una y padre de otro, cuyos restos fueron identificados recientemente. “Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha”, se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.
Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, así como también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced.
Una investigación suya demostró que dos años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos y milita en organismos de derechos humanos.
La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Núnez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. El Tortuga, le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer.
El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, cerca de las 14, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla halconera y servidas por varios integrantes de Juicio y Castigo, entre ellas, la sobreviviente Olga Moyano.
Llanto, emoción y llamadas amenazantes
El ex director del Círculo Militar será juzgado con otros cinco acusados. Varios querellantes recibieron llamadas de un supuesto cementerio de Funes, donde funcionó un centro clandestino.
Página 12. Jueves 22 de julio de 2010. Por Sonia Tessa. Desde Rosario.
Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marccote, José Antonio Scorte-cchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria.
El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona.
Únicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas (la agrupación HIJOS no lo acusó) hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos.
Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina “La Tana” González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de cinco meses y su hermana de 3 años.
Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto con su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los nueve impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fue una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó La Tana, secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada.
Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. La Tana estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que La Tana llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. “Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado”, dijo al salir de la sala de audiencias, todavía conmovida.
Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri.
El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri, a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como el interventor de la policía provincial, Agustín Feced y varios acusados por los delitos que desde ayer comenzaron a juzgarse.
El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras claves de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, Lo Fiego y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.
Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente –de manera simbólica, claro– Roberto, hijo de una y padre de otro, cuyos restos fueron identificados recientemente. “Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha”, se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.
Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, así como también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced.
Una investigación suya demostró que dos años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos y milita en organismos de derechos humanos.
La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Núnez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. El Tortuga, le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer.
El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, cerca de las 14, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla halconera y servidas por varios integrantes de Juicio y Castigo, entre ellas, la sobreviviente Olga Moyano.
miércoles, 21 de julio de 2010
Alguien de quien aprender
Por Marcelo Pereira. La Diaria. Miércoles 21 de julio de 2010.
El doctor Julio María Sanguinetti Coirolo nunca se ha caracterizado por su modestia. A falta de biógrafos que lo ensalcen, asume personalmente la tarea y deja, cada tanto, registro por escrito de la importancia que él mismo se asigna, desafiando criterios elementales de prudencia. Fue así que en 1991, apenas un año después de concluir su primera presidencia, consideró pertinente publicar un librito titulado El temor y la impaciencia. Ensayo sobre las transiciones democráticas en América Latina, que, pese a su título, era, básicamente, un ferviente elogio de su propio gobierno, con breves y superficiales referencias a lo que había ocurrido en otros países de la región.
En aquella obra relató, con notables distorsiones y omisiones, hechos que acababan de ocurrir y que cientos de miles de compatriotas tenían frescos en la memoria. Con ese precedente, fue menor la tarea, emprendida hace un par de años, de reconstruir los años previos al golpe de Estado de 1973, también desde un punto de vista muy conveniente a sus intereses, y hasta un premio Bartolomé Hidalgo le dieron por el libro La agonía de una democracia. Lo recibió en la categoría “Ensayo político”, y el jurado no consideró que fuera un demérito la memoria singularmente selectiva del autor, que hizo cuanto pudo para convencer a sus lectores de que, entre las muchas causas de la dictadura, casi no tuvieron importancia los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, en los que Sanguinetti fue ministro.
Ahora el ex presidente, como prólogo del ciclo de actividades conmemorativas de “25 años de democracia” que organiza el Partido Colorado, escribió un editorial publicado el domingo 18 por el diario El País con el título “Humildad, orgullo, soberbia”, en el cual atribuye el retorno de la democracia a “la sacrificada acción de los partidos tradicionales en la clandestinidad”.
El ex presidente sólo cree necesario destacar el papel desempeñado en la resistencia contra la dictadura por los partidos Colorado y Nacional, o sea que considera menor el aporte de las demás fuerzas políticas, el de las organizaciones sociales, el de quienes actuaron desde el terreno de la cultura, en el marco de instituciones religiosas o en diversas instituciones defensoras de los derechos humanos y el de las muy diversas formas de militancia en el exterior contra el régimen.
El doctor desarrolló en los años 80 una inteligente actividad política que le permitió acceder a la presidencia de la República, presentándose como el único garante posible del “cambio en paz” (consigna electoral de la fórmula Sanguinetti-Tarigo en 1984, que ahora es identificada, en la conmemoración colorada, como lo que ocurrió hace 25 años). Su actuación en aquel período fue exitosa en la medida en que logró convencer a cientos de miles de personas de que él encarnaba mejor que nadie una perspectiva de salida barata, que demandara el mínimo posible de confrontaciones y aceptara como precio el acotamiento de las esperanzas (sobre todo las esperanzas democratizadoras en lo social y lo económico), tan apoyada en el anhelo de democracia como en el temor a los conflictos, y centrada en la restauración de las instituciones como escenario excluyente para las dirigencias partidarias.
Parece que él mismo se convenció de que su ascenso personal y las necesidades del país eran equivalentes, y hoy insiste en que fueron la misma cosa la salida de la dictadura y su triunfo en aquellos comicios con miles de proscriptos, entre ellos los principales líderes de los otros dos grandes partidos, Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, que, por cierto, habían tenido una conducta mucho más sacrificada que la del ex ministro de Pacheco y Bordaberry.
Pero la recuperación de la democracia fue mucho más que la capacidad de maniobra de Sanguinetti, y pudo haber sido muchísimo más que la salida recortada y desilusionante que él nos trajo, con el peaje infame de la Ley de Caducidad y una gestión de gobierno que, por algunos motivos de los que don Julio María no quiere acordarse, desembocó en el traspaso de la banda presidencial a Luis Alberto Lacalle, en el triunfo montevideano del Frente Amplio y en el comienzo de un largo proceso de autodestrucción del Partido Colorado, dentro del cual, en los territorios controlados por Sanguinetti, no pudo crecer durante décadas un solo dirigente capaz de revertir la debacle que lo llevó a su menor expresión electoral en toda la historia del país.
Hay de todos modos cosas muy importantes que aprender del doctor Sanguinetti Coirolo: que su forma de acumular poder no es fecunda; que ningún político es la medida de todas las cosas; que falsificar la historia para ganar unos palmos de estatura es una empresa vana. Si él no aprovechó esas enseñanzas de la vida, conviene que las aprovechen quienes deseen pasar por el gobierno en forma más provechosa para el país.
El doctor Julio María Sanguinetti Coirolo nunca se ha caracterizado por su modestia. A falta de biógrafos que lo ensalcen, asume personalmente la tarea y deja, cada tanto, registro por escrito de la importancia que él mismo se asigna, desafiando criterios elementales de prudencia. Fue así que en 1991, apenas un año después de concluir su primera presidencia, consideró pertinente publicar un librito titulado El temor y la impaciencia. Ensayo sobre las transiciones democráticas en América Latina, que, pese a su título, era, básicamente, un ferviente elogio de su propio gobierno, con breves y superficiales referencias a lo que había ocurrido en otros países de la región.
En aquella obra relató, con notables distorsiones y omisiones, hechos que acababan de ocurrir y que cientos de miles de compatriotas tenían frescos en la memoria. Con ese precedente, fue menor la tarea, emprendida hace un par de años, de reconstruir los años previos al golpe de Estado de 1973, también desde un punto de vista muy conveniente a sus intereses, y hasta un premio Bartolomé Hidalgo le dieron por el libro La agonía de una democracia. Lo recibió en la categoría “Ensayo político”, y el jurado no consideró que fuera un demérito la memoria singularmente selectiva del autor, que hizo cuanto pudo para convencer a sus lectores de que, entre las muchas causas de la dictadura, casi no tuvieron importancia los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, en los que Sanguinetti fue ministro.
Ahora el ex presidente, como prólogo del ciclo de actividades conmemorativas de “25 años de democracia” que organiza el Partido Colorado, escribió un editorial publicado el domingo 18 por el diario El País con el título “Humildad, orgullo, soberbia”, en el cual atribuye el retorno de la democracia a “la sacrificada acción de los partidos tradicionales en la clandestinidad”.
El ex presidente sólo cree necesario destacar el papel desempeñado en la resistencia contra la dictadura por los partidos Colorado y Nacional, o sea que considera menor el aporte de las demás fuerzas políticas, el de las organizaciones sociales, el de quienes actuaron desde el terreno de la cultura, en el marco de instituciones religiosas o en diversas instituciones defensoras de los derechos humanos y el de las muy diversas formas de militancia en el exterior contra el régimen.
El doctor desarrolló en los años 80 una inteligente actividad política que le permitió acceder a la presidencia de la República, presentándose como el único garante posible del “cambio en paz” (consigna electoral de la fórmula Sanguinetti-Tarigo en 1984, que ahora es identificada, en la conmemoración colorada, como lo que ocurrió hace 25 años). Su actuación en aquel período fue exitosa en la medida en que logró convencer a cientos de miles de personas de que él encarnaba mejor que nadie una perspectiva de salida barata, que demandara el mínimo posible de confrontaciones y aceptara como precio el acotamiento de las esperanzas (sobre todo las esperanzas democratizadoras en lo social y lo económico), tan apoyada en el anhelo de democracia como en el temor a los conflictos, y centrada en la restauración de las instituciones como escenario excluyente para las dirigencias partidarias.
Parece que él mismo se convenció de que su ascenso personal y las necesidades del país eran equivalentes, y hoy insiste en que fueron la misma cosa la salida de la dictadura y su triunfo en aquellos comicios con miles de proscriptos, entre ellos los principales líderes de los otros dos grandes partidos, Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, que, por cierto, habían tenido una conducta mucho más sacrificada que la del ex ministro de Pacheco y Bordaberry.
Pero la recuperación de la democracia fue mucho más que la capacidad de maniobra de Sanguinetti, y pudo haber sido muchísimo más que la salida recortada y desilusionante que él nos trajo, con el peaje infame de la Ley de Caducidad y una gestión de gobierno que, por algunos motivos de los que don Julio María no quiere acordarse, desembocó en el traspaso de la banda presidencial a Luis Alberto Lacalle, en el triunfo montevideano del Frente Amplio y en el comienzo de un largo proceso de autodestrucción del Partido Colorado, dentro del cual, en los territorios controlados por Sanguinetti, no pudo crecer durante décadas un solo dirigente capaz de revertir la debacle que lo llevó a su menor expresión electoral en toda la historia del país.
Hay de todos modos cosas muy importantes que aprender del doctor Sanguinetti Coirolo: que su forma de acumular poder no es fecunda; que ningún político es la medida de todas las cosas; que falsificar la historia para ganar unos palmos de estatura es una empresa vana. Si él no aprovechó esas enseñanzas de la vida, conviene que las aprovechen quienes deseen pasar por el gobierno en forma más provechosa para el país.
El Salvador: La CIDH denuncia al Estado por impunidad
UN FALLO DE LA CIDH DENUNCIA AL ESTADO CENTROAMERICANO POR SEIS CASOS EMBLEMATICOS DE LA GUERRA CIVIL
Buscan a niños desaparecidos en El Salvador
Página 12. Miércoles 21 de julio de 2010.
Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. La encontraron en el 2006 y, desde ese momento, está intentando reconstruir los lazos con su familia biológica. El caso llegó a Costa Rica. Una comisión de reparación de víctimas está demorada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó.
En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.
Informe: Luciana Bertoia.
Buscan a niños desaparecidos en El Salvador
Página 12. Miércoles 21 de julio de 2010.
Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. La encontraron en el 2006 y, desde ese momento, está intentando reconstruir los lazos con su familia biológica. El caso llegó a Costa Rica. Una comisión de reparación de víctimas está demorada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó.
En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.
Informe: Luciana Bertoia.
martes, 20 de julio de 2010
Diario de campaña de Mariella y la real historia
Por Gonzalo Perera |*| La República. Martes 20 de julio de 2010.
"Algo se olía en 1982 que yo no lograba entender, pero como toda gurisa de 12 años la dejé pasar. Cumplí años el 9 de enero y mucho no se podía festejar, pero igual celebramos.
La historia comenzó tres días después, la madrugada del 12 de enero, con mi viejo ya levantado para ir a la fábrica. Golpes espantosamente fuertes en la puerta, como queriéndola tirar abajo.
Nos despertamos las tres hermanas, que dormíamos juntas; la menor tenía 3 años y la mayor 16. El jefe del operativo y varios milicos más subieron a nuestro cuarto y nos encañonaron. Mientras, otros rompían todo lo que podían en la casa, se llevaban las cosas, máquina de escribir, libros, discos de pasta etc. Entre los llantos del susto, me levanto y veo a mi madre vistiéndose y diciéndome que me quedara tranquila. No se por qué razón yo le dije: ¿Mamá, esta vez te llevan, verdad? ¿Adónde? ¿Qué va a pasar? ¿Es por un tiempo largo, no? Y ella contestó: Creo que sí Mariella, tú te diste cuenta, pero todo va a salir bien. Mamá le dio rápidamente directivas a mi hermana mayor de qué hacer. Traté de contener a mi hermana más chica que no entendía nada. Viví una sensación irrepetible: incertidumbre, no saber el destino, no saber nada, qué hacer con la hermana más chica, qué explicarle. Se llevaron encapuchados a los dos, a empujones.
No sabíamos si volverían o no. Tratamos de bajar y ver cómo se los llevaban, llorando, y ya todos nos miraban con ojos acusadores. Las tres quedamos solas, solas. Yo acompañando a mi hermana chica y la mayor que se subió a la bicicleta y se llevó todo lo que pudo a lo de mis abuelos, que más tarde vinieron, cocinaron, nos acompañaron. No supimos de nuestros padres por días.
Aquella niña que había cumplido 12 tiró las muñecas y comenzó una historia nueva. Mi vieja nunca me iba a ver con el uniforme del liceo que mi abuela me había hecho, ni tocar la flauta que me habían regalado el 9.
Al amanecer teníamos que hacer mandados y en la cooperativa ya todo el mundo lo sabía, eran corrillos, chusmeríos, los compañeros no nos saludaban, nuestros amigos no jugaban con nosotros, pocos fueron los que se acercaron...".
El relato le pertenece a Mariella. Ella lo escribió y es un pedazo mismo de su vida, memorias, dolores, crecimientos, amores. Así describe la detención de sus padres, por la fuerzas represivas de la dictadura militar.
Pero el relato le pertenece también al Uruguay, y nos interpela a todos los uruguayos. Porque hay una historia dorada en torno a la dictadura y, en construcción, una historia real.
La historia dorada, nos habla de una dictadura asesina instaurada a pesar de un pueblo, resistente, tenaz y luchador. La huelga del 73, el plebiscito del 80, las elecciones internas del 82, son buenos argumentos para abonar esta tesis. Pero es una visión parcial.
La historia real por cierto habla de dictadores asesinos y de heroicos militantes, mártires, resistentes. Pero también habla de muchos, muchísimos uruguayos, que ante el terror, optaron por mirar para el costado, ignorar, susurrar "algo habrá hecho" ante una detención y adoptar algún grado de complicidad con la dictadura. Estos uruguayos, ni monstruos ni héroes, no fueron "ellos" o "los otros". Fuimos nosotros, o nuestros padres, tíos, vecinos, amigos, etc.
La verdad no es agradable ni complaciente. A menudo nos remite a nuestras oscuridades y temores. A las zonas sombrías e incómodas de nuestras memorias. A nuestras pequeñeces y vergüenzas. Pero recuperarla es clave para la construcción del futuro.
Las dictaduras militares en el cono sur fueron diseñadas, preparadas y conducidas por el gran capital y en contra de los más dignos intereses populares. Pero encontraron diversos apoyos en las masas, en la gente de a pie, en el ciudadano común. Que acompañó a veces con su complicidad explícita y servil, pero que en muchos casos simplemente sumó su silencio, y su fe ciega a la verdad más cómoda que, naturalmente y como siempre, era la oficial, la que sale en la TV.
La historia del Uruguay se revisa cada 18 de julio con diversas lecturas, pero aún huele a tinta fresca, que salpica y mancha. La historia fundacional, la del país tapón inglés, garante de navegabilidad abierta de las codiciadas aguas de los ríos mayores del sur, celoso vigía frente a la expansión rosista en Argentina. La historia reciente, la de la democracia que se creía ejemplar que cayó once años frente a la atrocidad de la doctrina de la Seguridad Nacional. Pero que luego, y por dos veces, no quiso enfrentar a cara descubierta los horrores de su pasado. Que no otra cosa fue la derrota primero del voto verde y luego de la papeleta rosada. Mejor no mirar en el espejo del pasado, pues a lo mejor, podemos vernos a nosotros mismos de cuerpo entero.
La vida se hace desde el presente y hacia el futuro. Pero reconociendo el pasado con humildad, lo mucho o poco, grueso o fino, espantoso o inevitable de nuestros errores. Las sociedades son entidades humanas y los humanos somos tierra y agua, barro con aliento divino según el mito bíblico, pero barro al fin. Y con barro es posible edificar, pero reconociéndolo en su textura real, no soñándolo hormigón o acero.
El relato de Mariella, el de los hijos de los detenidos, de los que recibieron en primera persona del singular el descrédito, las ganas de creer lo inverosímil o no ver lo evidente, la capacidad de olvidar y aislar al que vive al lado, nos arroja al rostro un relato muy profundo y matizado. Con heroísmos, ciertamente. En muchos casos, indeseados, como el de Mariella y su familia. Que ciertamente habrían preferido ver el uniforme liceal preparado por la abuela, qué duda cabe. Y con miserias. Como las de quienes les rehuían y las criticaban en voz baja. Y de humanidad con claros y oscuros, como los de buena parte de la población que aún no ha asumido su actitud ante la dictadura.
Aún hoy, el plebiscito del 80 huele a milagro. Pero más del 40% de los votantes apoyaron el "SI" al proyecto de perpetuación dictatorial. En ese momento, varios cientos de miles de uruguayos apoyaban el proyecto pergeñado por el gran capital y los militares. Apoyos que luego se quebraron como la marciana tablita. Bien cabe sospechar que no fue por los desaparecidos ni los detenidos. Ni por los hijos de los detenidos, que en varios casos vieron su vida literalmente destrozada, material y espiritualmente. En muchos uruguayos, la oposición final a la insanía fascista parece fruto del deterioro del bolsillo propio, agujereado y descocido por los Chicago Boys.
Fueron tiempos duros. No condeno genéricamente. Pero necesitamos hacer luz y verdad sobre ese pasado. Es posible romper el velo que tejimos y nos priva de un futuro sano. El obstáculo es en parte una ley vergonzante, pero su doble aval en las urnas indica que el verdadero velo es ante todo una actitud, una cultura de maquillaje de nuestras vergüenzas.
El ser humano crece aún desde sus miserias, si las asume y de ellas aprende. Podemos, como colectivo hacerlo. Con el reconocimiento de relatos simples, inapelables e ineludibles como el de Mariella. Que ninguna ley podrá decretar su caducidad. Relatos que nos devuelven, desde los ojos de la niña que debió tirar las muñecas para declararse grande sin desearlo, las más verdaderas, a veces oscuras, pero imprescindibles facetas de nuestra real historia.
|*| Analista y matemático.
"Algo se olía en 1982 que yo no lograba entender, pero como toda gurisa de 12 años la dejé pasar. Cumplí años el 9 de enero y mucho no se podía festejar, pero igual celebramos.
La historia comenzó tres días después, la madrugada del 12 de enero, con mi viejo ya levantado para ir a la fábrica. Golpes espantosamente fuertes en la puerta, como queriéndola tirar abajo.
Nos despertamos las tres hermanas, que dormíamos juntas; la menor tenía 3 años y la mayor 16. El jefe del operativo y varios milicos más subieron a nuestro cuarto y nos encañonaron. Mientras, otros rompían todo lo que podían en la casa, se llevaban las cosas, máquina de escribir, libros, discos de pasta etc. Entre los llantos del susto, me levanto y veo a mi madre vistiéndose y diciéndome que me quedara tranquila. No se por qué razón yo le dije: ¿Mamá, esta vez te llevan, verdad? ¿Adónde? ¿Qué va a pasar? ¿Es por un tiempo largo, no? Y ella contestó: Creo que sí Mariella, tú te diste cuenta, pero todo va a salir bien. Mamá le dio rápidamente directivas a mi hermana mayor de qué hacer. Traté de contener a mi hermana más chica que no entendía nada. Viví una sensación irrepetible: incertidumbre, no saber el destino, no saber nada, qué hacer con la hermana más chica, qué explicarle. Se llevaron encapuchados a los dos, a empujones.
No sabíamos si volverían o no. Tratamos de bajar y ver cómo se los llevaban, llorando, y ya todos nos miraban con ojos acusadores. Las tres quedamos solas, solas. Yo acompañando a mi hermana chica y la mayor que se subió a la bicicleta y se llevó todo lo que pudo a lo de mis abuelos, que más tarde vinieron, cocinaron, nos acompañaron. No supimos de nuestros padres por días.
Aquella niña que había cumplido 12 tiró las muñecas y comenzó una historia nueva. Mi vieja nunca me iba a ver con el uniforme del liceo que mi abuela me había hecho, ni tocar la flauta que me habían regalado el 9.
Al amanecer teníamos que hacer mandados y en la cooperativa ya todo el mundo lo sabía, eran corrillos, chusmeríos, los compañeros no nos saludaban, nuestros amigos no jugaban con nosotros, pocos fueron los que se acercaron...".
El relato le pertenece a Mariella. Ella lo escribió y es un pedazo mismo de su vida, memorias, dolores, crecimientos, amores. Así describe la detención de sus padres, por la fuerzas represivas de la dictadura militar.
Pero el relato le pertenece también al Uruguay, y nos interpela a todos los uruguayos. Porque hay una historia dorada en torno a la dictadura y, en construcción, una historia real.
La historia dorada, nos habla de una dictadura asesina instaurada a pesar de un pueblo, resistente, tenaz y luchador. La huelga del 73, el plebiscito del 80, las elecciones internas del 82, son buenos argumentos para abonar esta tesis. Pero es una visión parcial.
La historia real por cierto habla de dictadores asesinos y de heroicos militantes, mártires, resistentes. Pero también habla de muchos, muchísimos uruguayos, que ante el terror, optaron por mirar para el costado, ignorar, susurrar "algo habrá hecho" ante una detención y adoptar algún grado de complicidad con la dictadura. Estos uruguayos, ni monstruos ni héroes, no fueron "ellos" o "los otros". Fuimos nosotros, o nuestros padres, tíos, vecinos, amigos, etc.
La verdad no es agradable ni complaciente. A menudo nos remite a nuestras oscuridades y temores. A las zonas sombrías e incómodas de nuestras memorias. A nuestras pequeñeces y vergüenzas. Pero recuperarla es clave para la construcción del futuro.
Las dictaduras militares en el cono sur fueron diseñadas, preparadas y conducidas por el gran capital y en contra de los más dignos intereses populares. Pero encontraron diversos apoyos en las masas, en la gente de a pie, en el ciudadano común. Que acompañó a veces con su complicidad explícita y servil, pero que en muchos casos simplemente sumó su silencio, y su fe ciega a la verdad más cómoda que, naturalmente y como siempre, era la oficial, la que sale en la TV.
La historia del Uruguay se revisa cada 18 de julio con diversas lecturas, pero aún huele a tinta fresca, que salpica y mancha. La historia fundacional, la del país tapón inglés, garante de navegabilidad abierta de las codiciadas aguas de los ríos mayores del sur, celoso vigía frente a la expansión rosista en Argentina. La historia reciente, la de la democracia que se creía ejemplar que cayó once años frente a la atrocidad de la doctrina de la Seguridad Nacional. Pero que luego, y por dos veces, no quiso enfrentar a cara descubierta los horrores de su pasado. Que no otra cosa fue la derrota primero del voto verde y luego de la papeleta rosada. Mejor no mirar en el espejo del pasado, pues a lo mejor, podemos vernos a nosotros mismos de cuerpo entero.
La vida se hace desde el presente y hacia el futuro. Pero reconociendo el pasado con humildad, lo mucho o poco, grueso o fino, espantoso o inevitable de nuestros errores. Las sociedades son entidades humanas y los humanos somos tierra y agua, barro con aliento divino según el mito bíblico, pero barro al fin. Y con barro es posible edificar, pero reconociéndolo en su textura real, no soñándolo hormigón o acero.
El relato de Mariella, el de los hijos de los detenidos, de los que recibieron en primera persona del singular el descrédito, las ganas de creer lo inverosímil o no ver lo evidente, la capacidad de olvidar y aislar al que vive al lado, nos arroja al rostro un relato muy profundo y matizado. Con heroísmos, ciertamente. En muchos casos, indeseados, como el de Mariella y su familia. Que ciertamente habrían preferido ver el uniforme liceal preparado por la abuela, qué duda cabe. Y con miserias. Como las de quienes les rehuían y las criticaban en voz baja. Y de humanidad con claros y oscuros, como los de buena parte de la población que aún no ha asumido su actitud ante la dictadura.
Aún hoy, el plebiscito del 80 huele a milagro. Pero más del 40% de los votantes apoyaron el "SI" al proyecto de perpetuación dictatorial. En ese momento, varios cientos de miles de uruguayos apoyaban el proyecto pergeñado por el gran capital y los militares. Apoyos que luego se quebraron como la marciana tablita. Bien cabe sospechar que no fue por los desaparecidos ni los detenidos. Ni por los hijos de los detenidos, que en varios casos vieron su vida literalmente destrozada, material y espiritualmente. En muchos uruguayos, la oposición final a la insanía fascista parece fruto del deterioro del bolsillo propio, agujereado y descocido por los Chicago Boys.
Fueron tiempos duros. No condeno genéricamente. Pero necesitamos hacer luz y verdad sobre ese pasado. Es posible romper el velo que tejimos y nos priva de un futuro sano. El obstáculo es en parte una ley vergonzante, pero su doble aval en las urnas indica que el verdadero velo es ante todo una actitud, una cultura de maquillaje de nuestras vergüenzas.
El ser humano crece aún desde sus miserias, si las asume y de ellas aprende. Podemos, como colectivo hacerlo. Con el reconocimiento de relatos simples, inapelables e ineludibles como el de Mariella. Que ninguna ley podrá decretar su caducidad. Relatos que nos devuelven, desde los ojos de la niña que debió tirar las muñecas para declararse grande sin desearlo, las más verdaderas, a veces oscuras, pero imprescindibles facetas de nuestra real historia.
|*| Analista y matemático.
La memoria nos saca de la humillación
Página 12. Martes 20 de julio de 2010.
Por Daniel Goldman (*)
Hay palabras –decía Cortázar– que como los caballos, a fuerza de ser usados, terminan cansándose, y fallecen en el agotamiento de la misma palabra.
Una de las funciones del intelectual es la de clarificar de manera crítica la palabra en su contexto político social, denunciando de modo responsable cualquier hipocresía que legitime la injusticia y la represión.
Walter Benjamin, el ejemplo del intelectual, hizo honor a esa misión tan poco sumisa y tan altamente provocativa de querer, como decía él, pasarle el contrapelo a la historia para desafiar al pensamiento, a la actitud y a la acción que se acomoda y se adapta, lamentablemente, mucho más rápido de lo que imaginamos.
Entre su materia de escritura se encuentra una sección dedicada al concepto de la moda. Benjamin la denomina “Madame Moda”, dama mítica que acompaña a su camarada “Madame Morte”, ambas hermanadas en un diálogo que concluye con la aceptación de buena manera de estar juntas y arrastrarse al mismo destino. Dicho de otro modo, la moda es colega de la muerte y parodia del mismo cadáver.
La moda cambia rápido, tan rápido que provoca la muerte. ¿Cómo se le encuentra una vuelta a la palabra, para que la palabra no sea moda y muerte, sino un objeto que enriquezca la vida y el entorno, de modo tal que retorne a ser significativa, y no agotada y no extinguida, y no perecida y no fenecida?
El 18 de julio de 1994 hizo que la palabra ciudadanía cambiara de rumbo para los que estamos aquí, para los que habitamos nuestra ciudad, esta ciudad, sus casas, sus calles y sus plazas.
Hasta esa fecha la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía dominante, insistía en la idea de que “ser un ciudadano es algo que se otorga, ya que implica el explícito reconocimiento de un cuerpo de derechos civiles, políticos y sociales”. En este sentido, la concepción de ciudadanía era como una “simple moda” al decir de Benjamin, ya que si es algo que se otorga es pasiva. Y cuando la ciudadanía es pasiva se asocia a lo excluyente, a lo restrictivo, a lo sesgante, a lo discriminatorio.
Ahora, visto de otra manera, desde ese lugar de moda, muerte e incompletud, recuerdo a Max Kadushin, un profesor de Talmud, uno de los textos fundantes de la tradición judía, quien desarrolló una idea para analizar los procesos culturales al que él llamó de “concepto valor”. Kadushin, militante opositor a cualquier definición, dice algo así como que la idea de “concepto valor” se desarrolla a partir de que una enunciación puede tener cabida únicamente si se comprende su contrario, es decir su disvalor. Pero encontrar el disvalor no es una función simple, ya que debemos conceptuarla con una precisión tal que el disvalor funciona de manera disruptiva, que corta el ritmo, que no se da a partir de una lógica simple, de la lógica directa.
Ejemplo: lo opuesto a la paz no es la guerra. Lo opuesto a la paz es el exilio.
¿Y que significa exilio? Exilio significa estar en el lugar donde uno no debe estar para lo que fue creado.
Un padre que no puede mantener a su familia está en el exilio.
Un chico que vive en la calle y no tiene lo básico y lo mínimo está en el exilio.
Una mujer golpeada está en el exilio.
Y una víctima y un familiar de la víctima que no están amparados por el sistema de justicia están en el exilio.
La ciudadanía que simplemente se otorga, se arroja, es la ciudadanía pasiva que se despoja.
A partir del 18 de julio de 1994 una ciudadanía pasiva es una ciudadanía en el exilio.
En este mismo sentido, y adentrándonos un poco más, para pensar en ciudadanía deberíamos ver su disvalor. Si Ser ciudadano significa habitar la ciudad, es decir tenerla como hábito, poseerla como morada, como espacio concreto que me compromete en mi identidad, y que me permite tener una visión de ser y estar en esta ciudad, en esta sociedad, en este país, con acción y palabra, ese “ser ciudadano” se construye y se reconstruye en el territorio de la “memoria”. Por lo tanto, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido, o sea la ausencia de memoria.
Desde el 18 de julio de 1994 lo opuesto a la ciudadanía es el olvido.
La célebre Rita Hayworth solía decir: “Qué afortunada que soy de poseer los dos atributos que marcan la felicidad: Una buena salud y una mala memoria”. Si esa es la fórmula de la felicidad, entonces no hay razón para que una parte de la ciudadanía, la que asume la ciudadanía de manera pasiva, no sea feliz. Obvio que la frivolidad no tiene pensamiento. Usa frases prefabricadas y silogismos falsos de ciudadanía barata. La falsedad es una enfermedad social. Y la enfermedad social siempre está vinculada con la amnesia, mientras que la ciudadanía es una actividad trazada por la línea de la memoria activa.
La literatura judía destaca que cuando en términos teológicos uno dice “yo creo”, en realidad está diciendo “yo recuerdo”.
Alegóricamente desde el 18 de julio de 1994 “Creer es recordar”.
Una interpretación exegética del texto bíblico del libro de Exodo, el libro que relata acerca de la esclavitud vivida por los antepasados en Egipto, se pregunta de manera profunda: qué es lo que produce el trabajo forzado, o sea ¿qué hace que el esclavo sea esclavo?
Primero. El esclavo no tiene nombre: nosotros recordamos en el texto bíblico los nombres de los abuelos de los esclavos, Abraham, Isaac y Jacob, pero ignoramos el nombre del esclavo; es decir, el esclavo no tiene identidad. Desde el lugar de la no identidad, cualquiera es reemplazable en la cadena de producción, porque la persona es un medio y no un fin en sí mismo. La ausencia de nombre es anonimato. Recordemos que los nazis en los campos de concentración borraban el nombre y colocaban un número tatuado en el brazo. La identidad se transformaba en cantidad, en objeto apilable.
El día 18 de julio nos recuerda que no son 85 víctimas, sino que cada víctima tiene un nombre.
Dice la poeta Zilda, “lejol ish iesh shem”, “cada persona tiene un nombre”. El nombre de una vida truncada, una saga que penetra en nuestra conciencia.
Segundo. El esclavo no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. La categoría ahistórica es antiintelectual, oscurantista y reaccionaria. Porque el hombre libre, el que habita la ciudad, como el primer hombre que ha probado del árbol del conocimiento ha sido arrojado a la historia, a su océano, al agua que es eco de sus propias preguntas.
El 18 de julio de 1994 nos enseñó que perder la historia es perder la mejor arma contra cualquier abuso autoritario.
Tercero. El esclavo, sumido en la ignorancia, considera que la categoría de la esclavitud es la libertad y, por lo tanto, carece de capacidad de resistencia. El esclavo no resiste ni se rebela. El esclavo es pasivo y está quebrado, está partido, está cortado al medio. Es a partir de ahí que ser ciudadano es esencialmente ser un individuo con identidad resistente y patrocinante de una memoria activa.
A partir del 18 de julio de 1994, ser ciudadano es ser verbo puesto en la memoria.
La dinámica ciudadana es una dinámica de la memoria creativa y es por lo tanto un valor organizado. Ser ciudadano es un acto saludable, es ser partícipe de la salud de la sociedad, y la memoria es la topografía de la ciudadanía. El silencio no es salud, como nos hacían creer. La memoria cuando se la activa es palabra que da fortaleza, vigor y creatividad.
Y vale la pena ahondar un poco más en este ejercicio de la memoria. ¿Por qué debo recordar?
Toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda, es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago “ahora” con mi vida y con qué valores me comprometo, qué es lo que me resulta trascendente, qué es lo importante y qué debo dejar de lado.
La memoria frena la muerte y afirma la vida, y me compromete con la humanidad.
La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica.
Lo más importante: la memoria me saca de la humillación.
El 18 de julio de 1994 nos indica que lo opuesto a ciudadanía es la humillación.
Flaubert solía decir que veía humillaciones que se tornarían hábitos, veía defectos que se tornarían vicios, veía prejuicios que se tornarían crímenes. En 16 años hemos creado una generación de niños que se tornarían hombres sin saber lo que significa justicia ante los crímenes.
El cambio exige de una ciudadanía activa basada en la memoria activa.
El filósofo Avishai Margalit, en su libro Las sociedades decentes, dice que el objetivo del sometedor es eliminar todo rasgo de humanidad al sometido, porque el ser en el ser humano es ser consciente de uno mismo y del mundo en el que vivimos. La inclusión de la situación de la persona, de su condición social y del medio ambiente es de suma importancia para la dignidad del hombre.
Los seres humanos son valiosos porque otros los valoran, y no en virtud de cualquier característica anterior que justifique tal valoración. Una sociedad puede ser humillante en el trato que dispensa a las personas que se encuentran en ellas y, al mismo tiempo, tener un claro concepto del respeto que debería otorgar a todas las personas como seres humanos. Cuando una sociedad no ve a una persona como un ser humano poseedor de una memoria, ésa es una sociedad que humilla. Esto significa tener actitudes como las de los explotadores, los que tratan a las personas como máquinas, las de los individuos que estigmatizan por tener ciertas enfermedades, por el color de la piel, por la raza, por las preferencias sexuales.
Una sociedad que humilla es una sociedad que no es decente. Existe la sociedad democrática y existe algo superador, que es la sociedad decente. Sociedad democrática es aquella en la que la gente puede llegar a tratarse entre ellos con dignidad. Sociedades decentes son aquellas en las que no solamente los individuos se tratan con dignidad, sino aquellas en las que las instituciones, como la Justicia, tratan con dignidad a la gente. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad de las personas porque simple y sencillamente las humilla.
Para que las palabras no mueran en el abuso sepamos que desde el 18 de julio de 1994, una sociedad decente demuestra su salud ciudadana cuando posee una memoria activa; que por la memoria de esa lucha se debe arribar a la justicia, y que a través de esa memoria esta ciudadanía no debe disponer a cambiar su historia por ninguna forma de histeria.
* Discurso pronunciado por el rabino en el acto de Memoria Activa el 18 de julio de 2010.
Por Daniel Goldman (*)
Hay palabras –decía Cortázar– que como los caballos, a fuerza de ser usados, terminan cansándose, y fallecen en el agotamiento de la misma palabra.
Una de las funciones del intelectual es la de clarificar de manera crítica la palabra en su contexto político social, denunciando de modo responsable cualquier hipocresía que legitime la injusticia y la represión.
Walter Benjamin, el ejemplo del intelectual, hizo honor a esa misión tan poco sumisa y tan altamente provocativa de querer, como decía él, pasarle el contrapelo a la historia para desafiar al pensamiento, a la actitud y a la acción que se acomoda y se adapta, lamentablemente, mucho más rápido de lo que imaginamos.
Entre su materia de escritura se encuentra una sección dedicada al concepto de la moda. Benjamin la denomina “Madame Moda”, dama mítica que acompaña a su camarada “Madame Morte”, ambas hermanadas en un diálogo que concluye con la aceptación de buena manera de estar juntas y arrastrarse al mismo destino. Dicho de otro modo, la moda es colega de la muerte y parodia del mismo cadáver.
La moda cambia rápido, tan rápido que provoca la muerte. ¿Cómo se le encuentra una vuelta a la palabra, para que la palabra no sea moda y muerte, sino un objeto que enriquezca la vida y el entorno, de modo tal que retorne a ser significativa, y no agotada y no extinguida, y no perecida y no fenecida?
El 18 de julio de 1994 hizo que la palabra ciudadanía cambiara de rumbo para los que estamos aquí, para los que habitamos nuestra ciudad, esta ciudad, sus casas, sus calles y sus plazas.
Hasta esa fecha la palabra ciudadanía, el concepto de ciudadanía dominante, insistía en la idea de que “ser un ciudadano es algo que se otorga, ya que implica el explícito reconocimiento de un cuerpo de derechos civiles, políticos y sociales”. En este sentido, la concepción de ciudadanía era como una “simple moda” al decir de Benjamin, ya que si es algo que se otorga es pasiva. Y cuando la ciudadanía es pasiva se asocia a lo excluyente, a lo restrictivo, a lo sesgante, a lo discriminatorio.
Ahora, visto de otra manera, desde ese lugar de moda, muerte e incompletud, recuerdo a Max Kadushin, un profesor de Talmud, uno de los textos fundantes de la tradición judía, quien desarrolló una idea para analizar los procesos culturales al que él llamó de “concepto valor”. Kadushin, militante opositor a cualquier definición, dice algo así como que la idea de “concepto valor” se desarrolla a partir de que una enunciación puede tener cabida únicamente si se comprende su contrario, es decir su disvalor. Pero encontrar el disvalor no es una función simple, ya que debemos conceptuarla con una precisión tal que el disvalor funciona de manera disruptiva, que corta el ritmo, que no se da a partir de una lógica simple, de la lógica directa.
Ejemplo: lo opuesto a la paz no es la guerra. Lo opuesto a la paz es el exilio.
¿Y que significa exilio? Exilio significa estar en el lugar donde uno no debe estar para lo que fue creado.
Un padre que no puede mantener a su familia está en el exilio.
Un chico que vive en la calle y no tiene lo básico y lo mínimo está en el exilio.
Una mujer golpeada está en el exilio.
Y una víctima y un familiar de la víctima que no están amparados por el sistema de justicia están en el exilio.
La ciudadanía que simplemente se otorga, se arroja, es la ciudadanía pasiva que se despoja.
A partir del 18 de julio de 1994 una ciudadanía pasiva es una ciudadanía en el exilio.
En este mismo sentido, y adentrándonos un poco más, para pensar en ciudadanía deberíamos ver su disvalor. Si Ser ciudadano significa habitar la ciudad, es decir tenerla como hábito, poseerla como morada, como espacio concreto que me compromete en mi identidad, y que me permite tener una visión de ser y estar en esta ciudad, en esta sociedad, en este país, con acción y palabra, ese “ser ciudadano” se construye y se reconstruye en el territorio de la “memoria”. Por lo tanto, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido, o sea la ausencia de memoria.
Desde el 18 de julio de 1994 lo opuesto a la ciudadanía es el olvido.
La célebre Rita Hayworth solía decir: “Qué afortunada que soy de poseer los dos atributos que marcan la felicidad: Una buena salud y una mala memoria”. Si esa es la fórmula de la felicidad, entonces no hay razón para que una parte de la ciudadanía, la que asume la ciudadanía de manera pasiva, no sea feliz. Obvio que la frivolidad no tiene pensamiento. Usa frases prefabricadas y silogismos falsos de ciudadanía barata. La falsedad es una enfermedad social. Y la enfermedad social siempre está vinculada con la amnesia, mientras que la ciudadanía es una actividad trazada por la línea de la memoria activa.
La literatura judía destaca que cuando en términos teológicos uno dice “yo creo”, en realidad está diciendo “yo recuerdo”.
Alegóricamente desde el 18 de julio de 1994 “Creer es recordar”.
Una interpretación exegética del texto bíblico del libro de Exodo, el libro que relata acerca de la esclavitud vivida por los antepasados en Egipto, se pregunta de manera profunda: qué es lo que produce el trabajo forzado, o sea ¿qué hace que el esclavo sea esclavo?
Primero. El esclavo no tiene nombre: nosotros recordamos en el texto bíblico los nombres de los abuelos de los esclavos, Abraham, Isaac y Jacob, pero ignoramos el nombre del esclavo; es decir, el esclavo no tiene identidad. Desde el lugar de la no identidad, cualquiera es reemplazable en la cadena de producción, porque la persona es un medio y no un fin en sí mismo. La ausencia de nombre es anonimato. Recordemos que los nazis en los campos de concentración borraban el nombre y colocaban un número tatuado en el brazo. La identidad se transformaba en cantidad, en objeto apilable.
El día 18 de julio nos recuerda que no son 85 víctimas, sino que cada víctima tiene un nombre.
Dice la poeta Zilda, “lejol ish iesh shem”, “cada persona tiene un nombre”. El nombre de una vida truncada, una saga que penetra en nuestra conciencia.
Segundo. El esclavo no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. La categoría ahistórica es antiintelectual, oscurantista y reaccionaria. Porque el hombre libre, el que habita la ciudad, como el primer hombre que ha probado del árbol del conocimiento ha sido arrojado a la historia, a su océano, al agua que es eco de sus propias preguntas.
El 18 de julio de 1994 nos enseñó que perder la historia es perder la mejor arma contra cualquier abuso autoritario.
Tercero. El esclavo, sumido en la ignorancia, considera que la categoría de la esclavitud es la libertad y, por lo tanto, carece de capacidad de resistencia. El esclavo no resiste ni se rebela. El esclavo es pasivo y está quebrado, está partido, está cortado al medio. Es a partir de ahí que ser ciudadano es esencialmente ser un individuo con identidad resistente y patrocinante de una memoria activa.
A partir del 18 de julio de 1994, ser ciudadano es ser verbo puesto en la memoria.
La dinámica ciudadana es una dinámica de la memoria creativa y es por lo tanto un valor organizado. Ser ciudadano es un acto saludable, es ser partícipe de la salud de la sociedad, y la memoria es la topografía de la ciudadanía. El silencio no es salud, como nos hacían creer. La memoria cuando se la activa es palabra que da fortaleza, vigor y creatividad.
Y vale la pena ahondar un poco más en este ejercicio de la memoria. ¿Por qué debo recordar?
Toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda, es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago “ahora” con mi vida y con qué valores me comprometo, qué es lo que me resulta trascendente, qué es lo importante y qué debo dejar de lado.
La memoria frena la muerte y afirma la vida, y me compromete con la humanidad.
La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica.
Lo más importante: la memoria me saca de la humillación.
El 18 de julio de 1994 nos indica que lo opuesto a ciudadanía es la humillación.
Flaubert solía decir que veía humillaciones que se tornarían hábitos, veía defectos que se tornarían vicios, veía prejuicios que se tornarían crímenes. En 16 años hemos creado una generación de niños que se tornarían hombres sin saber lo que significa justicia ante los crímenes.
El cambio exige de una ciudadanía activa basada en la memoria activa.
El filósofo Avishai Margalit, en su libro Las sociedades decentes, dice que el objetivo del sometedor es eliminar todo rasgo de humanidad al sometido, porque el ser en el ser humano es ser consciente de uno mismo y del mundo en el que vivimos. La inclusión de la situación de la persona, de su condición social y del medio ambiente es de suma importancia para la dignidad del hombre.
Los seres humanos son valiosos porque otros los valoran, y no en virtud de cualquier característica anterior que justifique tal valoración. Una sociedad puede ser humillante en el trato que dispensa a las personas que se encuentran en ellas y, al mismo tiempo, tener un claro concepto del respeto que debería otorgar a todas las personas como seres humanos. Cuando una sociedad no ve a una persona como un ser humano poseedor de una memoria, ésa es una sociedad que humilla. Esto significa tener actitudes como las de los explotadores, los que tratan a las personas como máquinas, las de los individuos que estigmatizan por tener ciertas enfermedades, por el color de la piel, por la raza, por las preferencias sexuales.
Una sociedad que humilla es una sociedad que no es decente. Existe la sociedad democrática y existe algo superador, que es la sociedad decente. Sociedad democrática es aquella en la que la gente puede llegar a tratarse entre ellos con dignidad. Sociedades decentes son aquellas en las que no solamente los individuos se tratan con dignidad, sino aquellas en las que las instituciones, como la Justicia, tratan con dignidad a la gente. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad de las personas porque simple y sencillamente las humilla.
Para que las palabras no mueran en el abuso sepamos que desde el 18 de julio de 1994, una sociedad decente demuestra su salud ciudadana cuando posee una memoria activa; que por la memoria de esa lucha se debe arribar a la justicia, y que a través de esa memoria esta ciudadanía no debe disponer a cambiar su historia por ninguna forma de histeria.
* Discurso pronunciado por el rabino en el acto de Memoria Activa el 18 de julio de 2010.