Gobierno y FA preparan proyectos por separado
El País. Viernes 30 de julio de 2010.
Aunque por vías separadas, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio (FA) trabajan en dos iniciativas que persiguen un mismo fin: dejar sin efecto la Ley de Caducidad ante la seria posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emita una condena al Estado uruguayo por mantener vigente esa norma, tras una demanda presentada por Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman desaparecida en 1976.
La semana próxima, un grupo de trabajo conformado en el FA en abril, hará los retoques finales a una iniciativa que propone dejar sin efecto la Ley de Caducidad aprobada en 1986 y que estableció que militares y policías no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El dirigente del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño, miembro de la comisión del FA, dijo a El País que "hay acuerdo suficiente" para terminar de analizar la próxima semana la iniciativa, que será enviada a la Mesa Política y a la bancada de la coalición de izquierda.
En tanto, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien también integra el grupo de trabajo, dijo a El País que la idea es que el Parlamento pueda establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad a través de la "interpretación auténtica" de la norma, mecanismo legal previsto en el Código Civil.
En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Ese fallo fue emitido exclusivamente en relación al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, aunque fija la posición de la Corporación en torno al tema.
Orrico dijo que la alternativa proyectada no implica la nulidad de la norma ya que ello no hace falta, porque "si algo es inconstitucional lo es desde el primer día en que se sancionó". El legislador reconoció que la propuesta tiene "una gran sutileza jurídica".
Según Orrico, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que no se pudieron tramitar en gobiernos anteriores porque los casos fueron amparados en la Ley de Caducidad, se podrían volver a plantear.
"LASTRE".
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará en breve una iniciativa al Parlamento para "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad, según dijo el canciller Luis Almagro en declaraciones publicadas ayer por el semanario Búsqueda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende "dejar sin efecto" los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley de Caducidad, que establecen que los delitos cometidos por militares y policías caducaron y que, en caso de presentarse una denuncia, el juez debe consultar al Poder Ejecutivo respecto a si es posible iniciar la indagatoria.
El canciller Luis Almagro dijo que la intención es "prevenir" una condena al Estado por el caso de María Claudia García de Gelman y además "terminar con un lastre que tenía Uruguay ante la opinión pública internacional".