Caso Gelman. El Estado quiere evitar sanción de la OEA por incumplir normativa internacional.
El canciller Luis Almagro señaló el viernes ante legisladores del Frente Amplio (FA), que existe intención por parte de la Cancillería de presentar un proyecto de ley por el cual se promueva la anulación de la Ley de Caducidad. El FA, en tanto, también estudia una fórmula alternativa.
La República. Domingo 25 de Julio de 2010. Por Marcelo Bustamante.
De esa forma, el Estado uruguayo evitaría una condena internacional por mantener en su derecho positivo vigente una norma contraria al derecho internacional y a la defensa de los derechos humanos.
En una reunión que fue calificada por muchos de sus participantes de novedosa, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro interactuó con legisladores y dirigentes del FA, relacionados con la política internacional, y señaló que desde su cartera se está analizando la presentación de un proyecto que según, señalaron fuentes de la Cancillería, elimine rápidamente la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Según se supo, hay intención por parte del gobierno, de evitar lo que será la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la denuncia presentada por Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, y por la sustracción de su identidad siendo una niña.
Este caso a nivel internacional sería tratado en octubre de este año durante el período de sesiones extraordinario de la Corte Interamericana a desarrollarse en Quito, Ecuador.
El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones de la Torre de los Profesionales la jornada "Política Internacional del Uruguay, Intercambio entre gobierno y la fuerza política", que organizara la fundación Fielsur, la Fundación Líber Seregni y el FA.
El propósito fue intercambiar opiniones sobre política internacional, donde estuvieron invitados los legisladores que integran el Parlasur, los miembros de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento y miembros de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) del FA. Disertaron el ministro Luis Almagro y el subsecretario Roberto Conde. En la extensa exposición, el canciller abordó diversos temas, como ser el relacionamiento del Mercosur y la Unión Europea, la Unasur, el proyecto presupuestal del Ministerio que dirige, el Parlasur, el voto de los uruguayos en el exterior y la Ley de Caducidad, entre otros.
Respecto a este último tema, Almagro señaló que desde la cancillería se está trabajando para dar una solución a la incidencia negativa en el plano internacional que está teniendo la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, Almagro recordó que Macarena Gelman demandó al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente elevó el caso ante la Corte Interamericana, máximo órgano jurisdiccional de la OEA, cuyas resoluciones son de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros. En tal sentido, el canciller expresó que existe la intención de elaborar un proyecto que lleve a la desaparición de esta norma.
Legisladores que participaron del encuentro señalaron que Almagro expresó que la Cancillería está trabajando en buscar una solución sobre la Ley de Caducidad, cuya vigencia podría conllevar en el corto plazo a una sanción moral y ética contra el Estado uruguayo, más allá de la posibilidad de un resarcimiento económico.
Desde el gobierno se tiene la certeza que esta norma se contradice con la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que en el correr de este año se buscará encontrar una solución.
Si bien en la reunión, Almagro no dijo públicamente cuál sería el mecanismo para evitar la condena internacional, fuentes de la Cancillería aseguraron que este Ministerio estará presentando un proyecto de ley ante el Parlamento para anular la Ley de Caducidad. Desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario evitar la sanción por parte de la OEA, más por la sanción moral que implicaría, que por lo económico. En el encuentro de ayer, Almagro ratificó la voluntad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Las fuentes de Cancillería indicaron que la fórmula de más rápida aplicabilidad es proponer la anulación de la norma y no buscar una derogación o interpretación de la misma.
Aclararon que los partidos de la oposición no podrían negarse a votar la anulación en el entendido, que "nadie debería de estar en contra de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de la OEA". Acotaron que es intención de esta cartera no ir más allá de setiembre en la presentación de este proyecto.