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jueves, 26 de febrero de 2026

Una sabia decisión


El pasado viernes 20 de febrero, el Presidente de la República Prof. Yamandú Orsi, acompañado por el Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el Director General de Presidencia Diego Pastorín, le comunicó a Crysol que el gobierno decidió iniciar negociaciones destinadas a lograr un Acuerdo Amistoso con el patrocinio de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

Delegación de Cryol que se reunió con el Presidente de la República Prof. Yamandú Orsi, el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el Director General de Presidencia Diego Pastorín.

Acceder a iniciar un proceso de negociación no significa que el mismo vaya a resultar exitoso. Pero es el primer paso imprescindible para lograr avanzar en la solución de una problemática que ya lleva casi 20 años. Continúa pendiente de resolución luego de tres gobiernos frenteamplistas y de uno de la Coalición Republicana liderada por Luis Lacalle Pou.

El hecho de que la CIDH haya acogido favorablemente la petición presentada por Crysol y haya informado al Estado uruguayo es un elemento importante y relevante. Es un punto fuerta a favor de los peticionantes. Es un llamado de atención al Estado uruguayo.

Crysol, un colectivo de víctimas del terrorismo de Estado con un promedio de edad de 78 79 años, hará los mayores esfuerzos y sacrificios para obtener un acuerdo amistoso satisfactorio a corto plazo para los peticionantes y todo el colectivo.

A más de 40 años del retorno a la vida democrática, son centenares las y los ex presos políticos que aún no han sido reparados por el Estado uruguayo. No lo han sido por diferentes razones y motivos, básicamente, restricciones por los ingresos. Al mismo tiempo, son centenares quienes perciben la Pensión Especial Reparatoria y deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Ambas situaciones, según la CIDH, violentan las normas de DDHH ratificadas por Uruguay.

El camino judicial

Luego de tomar conocimiento de que la CIDH en agosto de 2022 había amparado a la viuda de un ex preso político que debió renunciar a su propia pensión para cobrar la pensión de sobrevivencia, Crysol inició los trabajos destinados a realizar una demanda similar a nombre del colectivo.


A tales efectos, una delegación viajó a Argentina, en marzo de 2023, para tomar contacto con Cejil y obtener asesoramiento. Ese mismo mes, se contactó a un estudio jurídico para que asumiera nuestra representación legal.

Ahí se determinó que lo más conveniente era realizar una presentación colectiva ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reclamando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de tres incisos del Artículo 11 de la Ley 18.033. Ese paso era imprescindible. Ante la imposibilidad de lograr una salida política, se debían agotar las instancias judiciales, para poder recurrir ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) o, en su caso, ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), si no se podía alcanzar un acuerdo amistoso con el gobierno.

Un gran esfuerzo institucional para todas y todos

Crysol hizo los mayores esfuerzos para incorporar a todo el colectivo a esta patriada. Se llevó a cabo una asamblea informativa en la sede del Pit Cnt, se informó a toda la masa de asociados por diferentes métodos y caminos, se convocó a todas y todos a participar, se llevaron a cabo jornadas extraordinarias en la sede social recogiendo firmas, se visitaron 18 departamentos del país recogiendo adhesión a la petición en esos lugares. En Montevideo y en el área metropolitana se concurrió a los domicilios de aquellas compañeras y compañeros que no podían desplazarse. Adhirieron 896 personas. La petición fue presentada el 12 de setiembre de 2023.

Cuando en diciembre de 2024 la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición formulada por Crysol, se comenzó a preparar la presentación ante la Comisión Interamericana de DDHH en cumplimiento de los plazos legales. Fueron 767 personas las que ratificaron por múltiples medios la decisión de continuar la batalla legal acompañando a la organización.

Hasta que no haya una decisión política de aprobar una ley modificativa de la 18 033, el acuerdo amistoso solo beneficiará a los 767 peticionantes que acompañaron a la organización ante la CIDH. En esta etapa, dadas las reglamentaciones vigentes, no es posible incorporar más ex presas y ex presos políticos a ese listado.

La decisión gubernamental comunicada en forma personal al colectivo por las autoridades gubernamentales, en este caso el propio Presidente de la República en persona, en un gesto significativo, alienta las expectativas de lograr un acuerdo amistoso.


 

Opinando 2 Año 15 Jueves 26 de febrero de 2026