El fin de la edad de la inocencia

Tres generales lo responsabilizan de ocultar información al Poder Judicial

Guido Manini Ríos, sin adoptar nunca una firme posición condenatoria del terrorismo de Estado que protagonizaron las FFAA, ha intentado desvincularse del mismo. Ha declarado que era un joven militar, que no tuvo ningún protagonismo en el mismo.

El tribunal de honor a José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira fue una instancia clave: tuvo la oportunidad de su vida para desmarcarse de los hechos del pasado reciente. No lo hizo. Optó por no cumplir con sus obligaciones funcionales y éticas. Prefirió pasar a la historia como encubridor de José Nino Gavazzo para garantizar su impunidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman y de Eduardo Pérez, conocido como el “el gordo Marcos”.

La labor periodística de Leonardo Haberkorn lo puso al descubierto. Gracias a ello, el Dr. Ricardo Perciballe estuvo en condiciones de solicitar la reapertura de ambas causas.

Los militares “del proceso” desprecian a la justicia.

Los oficiales del “proceso” no les mienten a sus superiores, como sí lo hacen a los jueces, a los ministros y a los presidentes de la República. Esta conclusión surge de los expedientes militares sobre tribunales de honor que actuaron en casos puntuales, durante la dictadura, precisamente para preservar el honor de la institución. Así lo ha puesto de manifiesto el periodista de Brecha Samuel Blixen (1). Con total sinceridad, José Nino Gavazzo brindó testimonio en el tribunal de honor que solicitó el coronel retirado José Manuel Cordero en agosto de 1978.

El entonces mayor Manuel Cordero solicitó un tribunal de honor para que juzgara su conducta, ante los rumores sobre su homosexualidad que corrían tanto en Paso de los Toros –donde estaba destinado desde 1977– como en Montevideo.

De igual forma actuó José Nino Gavazzo ante el tribunal de honor que se le formó al haber sido procesado y tener sentencia firme por 28 homicidios muy especialmente agravados junto a Jorge “Pajarito” Silveira.

Tal como lo señaló Leonardo Haberkorn (2), ante la jueza Elhorriburu, en Paso de los Toros, Gavazzo dijo que nunca en su vida había visto a Roberto Gomensoro. Sin embargo,  consta en las actas, en el Tribunal de Honor, declaró que trasladó, solo, el cuerpo del asesinado y lo arrojó a las aguas del Río Negro, en 1973, para hacerlo desaparecer.

Roberto Gomensoro: el primer desaparecido de las FFAA

Para mantenerse en el poder, las Fuerzas Armadas apelaron a toda la metodología represiva disponible en la época. La desaparición forzada de ciudadanos, junto con los asesinatos extrajudiciales, en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los países del Cono Sur, fue una práctica represiva brutal. Según las cifras que se manejan, 196 ciudadanos fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos.

De acuerdo a Leonardo Haberkorn, Roberto “Tito” Gomensoro, estudiante de Agronomía de 24 años de edad, fue secuestrado el 12 de marzo de 1973. Su cuerpo fue tirado al fondo del lago de la represa de Rincón del Bonete, atado a grandes piedras, frente a la ciudad de Paso de los Toros. Fue el primer intento por hacer “desaparecer” a un asesinado en una unidad militar uruguaya. Todavía funcionaba el Parlamento. Pero el “trabajo” no estuvo bien hecho y el cuerpo emergió a la superficie seis días después. Tuvieron que desaparecerlo otra vez.

Ante la jueza Elhorriburu, Gavazzo dijo que nunca en su vida había visto a Gomensoro. Sostuvo que recién llegó a prestar servicios al Grupo de Artillería N° 1,  cuartel de La Paloma, el 26 de marzo de 1973, dos semanas después de la muerte de Roberto Gomensoro.

Eduardo Pérez Silveira: continúa desaparecido

Conocido como “el gordo Marcos”, fue detenido por integrantes de las FFAA, el 5 de mayo de 1974 en la vía pública, en Montevideo, contaba con 24 años de edad, tenía un hijo, era salteño de origen y fue conducido al Grupo de Artillería N° 1, conocido como La Paloma, donde funcionaba la OCOA. Como era habitual por parte de los servicios represivos, fue bárbaramente torturado durante su detención. Fue visto con vida, por última vez, el 10 de mayo de 1974 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. (3)

Durante sus declaraciones ante el Tribunal de Honor, Jorge “Pajarito” Silveira responsabilizó a José Nino Gavazzo por las torturas y por el asesinato de Eduardo Pérez Silveira. Continúa desaparecido hasta el día de hoy y el Dr. Ricardo Perciballe solicitó la reapertura de la causa.

Manini Ríos no informó a la justicia

Los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército le informaron a su comandante, el general Guido Manini Ríos, que Gavazzo había confesado haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

La omisión de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor, acerca de la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973, hubiera permitido que continuara como inocente de dicho crimen. La causa judicial que lo involucraba había sido archivada. José Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ante su negativa.

Al presentar testimonio ante la justicia, indagados por su participación en el tribunal de honor que juzgó la conducta de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira, los generales Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo y José González,  denunciaron a Manini Ríos. Declararon que ellos lo alertaron  en dos oportunidades acerca del tenor de las declaraciones a las cuales accedieron.

El comandante en jefe, así consta en el expediente administrativo, desechó lo asesorado por sus generales. Consciente de las implicancias jurídicas y políticas que la presentación de la denuncia podía tener, optó por no realizarla y encubrir a los involucrados: José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.

Manini pudo colaborar con la búsqueda de los desaparecidos

Tuvo la oportunidad histórica de contribuir al esclarecimiento de dos crímenes horrendos y no lo hizo. Faltó a sus obligaciones como comandante en jefe del Ejército y demostró su escaso interés en colaborar efectivamente con la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Con todas las garantías del debido proceso como corresponde, debería ser juzgado y condenado. Las evidencias  en su contra son abrumadoras. Siguiendo la hoja de ruta de todos los criminales del terrorismo estatal, ya recurrió a la artimaña legal de pedir la inconstitucionalidad de la ley que creó la Fiscalía. La Suprema Corte de Justicia  se expidió de manera contundente rechazando su petición.

Ahora, se amparará en los fueros parlamentarios para evitar ser juzgado y condenado, hasta que la justicia solicite su desafuero para juzgarlo luego del 1° de marzo de 2020.  

La investigación, el esclarecimiento y la sanción penal y administrativa de las graves violaciones a los DDHH, de los autores intelectuales, materiales y sus encubridores, civiles y militares, es un paso imprescindible para afirmar la institucionalidad democrática e impedir que ellas vuelvan a ocurrir.

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Opinando N° 21 – Año 8 – Miércoles 30 de octubre de 2019

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1) Samuel Blixen. Asuntos Internos. Brecha 12 9 2019.

2) Leonardo Haberkorn. Gavazzo sin piedad. Editorial Sudamericana Uruguaya SA. Primera edición: diciembre de 2017

3) Ficha individual de Pérez Silveira, Eduardo, Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

General Guido Manini Ríos

Ocultó información clave 

y encubrió  un crimen horrendo

La difusión pública que sobre el funcionamiento del Tribunal de Honor realizó el periodista Leonardo Haberkorn posibilitó que el Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad solicitara y lograra la reapertura de la causa de Roberto Gomensoro Josman.

General retirado Guido Manini Ríos: encubrió a Gavazzo

Al tomar estado público la autoincriminación de José Nino Gavazzo en la desaparición forzada de Roberto Gomensoro Josman, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe pidió la reapertura de la causa. La misma había sido archivada. José Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ante su negativa de brindar testimonio en los estrados judiciales.

La omisión de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor hubiera permitido que continuara como inocente de dicho crimen.

Manini debió denunciar por escrito

El general Guido Manini Ríos, como Comandante en Jefe del Ejército, debió informar por escrito a la justicia penal que José Nino Gavazzo había declarado, voluntariamente,  ante un tribunal de honor, haber hecho desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman arrojándolo a las aguas del Río Negro.

Asimismo debió haber informado, de manera formal, como corresponde en la función pública, que en el mismo tribunal el ahora coronel en situación de reforma Jorge “Pajarito” Silveira declaró que  Gavazzo fue el responsable del asesinato de otra persona que estaba detenida en el cuartel de Artillería N° 1 y que permanece desaparecida hasta el día de hoy.

La omisión flagrante y comprobada de Guido Manini Ríos de cumplir con su obligación de informar a la justicia acerca de un hecho con clara apariencia delictiva es un delito penado por las leyes vigentes. También fue un acto solapado de ocultamiento y encubrimiento de su parte de la responsabilidad de José Nino Gavazzo para garantizar su impunidad.

Roberto Gomensoro: el primer desaparecido por las FFAA

Roberto Gomensoro es un caso emblemático del terrorismo estatal. Fue detenido por las Fuerzas Armadas en marzo de 1973, antes de la disolución de las Cámaras, conducido al Batallón de Artillería N°1, asesinado, presumiblemente durante los crueles interrogatorios a que fue sometido y su cuerpo fue desaparecido. Sus restos fueron identificados luego de varias décadas.

Tres generales lo denunciaron

Siguiendo el ritual delictivo de los terroristas estatales desde el retorno a la institucionalidad democrática, Guido Manini Ríos niega su responsabilidad en los hechos. Acusa al poder judicial de perseguirlo siguiendo directivas del poder político. Se presenta ante la opinión pública y los medios de comunicación victimizándose. Como todos los involucrados en los crímenes de Lesa Humanidad recurre a todas las artimañas legales habidas y por haber para enlentecer y evadir la justicia.

Al presentar testimonio ante la justicia, indagados por su participación en el tribunal de honor que juzgó la conducta de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira, los generales Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo y José González,  denunciaron a Manini Ríos. Declararon que ellos lo alertaron  en dos oportunidades acerca del tenor de las declaraciones a las cuales accedieron.

El comandante en jefe, así consta en el expediente administrativo, desechó lo asesorado por sus generales. Consciente de las implicancias jurídicas y políticas que la presentación de la denuncia podía tener, optó por no realizarla y encubrir a los involucrados: José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.

Lacalle Pou apoyó a Manini Ríos: preocupante

Guido Manini Ríos fue cesado por el Poder Ejecutivo, en marzo de este año, por realizar comentarios políticos sobre la actuación del Poder Judicial.  Cuestionó la labor del mismo y defendió a todos los condenados por ella durante el período del terrorismo de Estado. Semanas después, un Tribunal en Roma, los condenó  a cadena perpetua.

Luis Lacalle Pou, principal candidato presidencial opositor según las encuestas, ha hecho declaraciones públicas defendiendo la actuación de Guido Manini Ríos. Se negó a votar en el Senado la destitución de los generales que consideraron que torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos no constituye una falta gravísima que lesiona el honor de las Fuerzas Armadas.

Seguiremos reclamando justicia

Guido Manini Ríos ha despreciado públicamente a quienes reclaman justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de atropellos, abusos sexuales, torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones, tienen derecho a reclamar que quienes cometieron dichos crímenes sean juzgados y condenados.

Los familiares de los detenidos desaparecidos tienen derecho a reclamar no solamente los restos de sus seres queridos sino también a conocer la verdad, solo alcanzable, como lo demuestra la experiencia internacional, a través de la justicia.

Hasta el momento en Uruguay, solamente un pequeño grupo de criminales estatales ha sido juzgado y condenado. La justicia uruguaya no se ha caracterizado por su ejecutividad ni compromiso, salvo excepciones remarcables. La complicidad de una parte del sistema político, de los grandes medios de comunicación, de los  grupos económicos poderosos asociados a la dictadura y la actuación amedrentadora de grupos paramilitares como el “Comando Barneix”, continúan siendo un fuerte escollo para que el Poder Judicial cumpla a cabalidad con sus obligaciones.

Manini Ríos ha cuestionado reiteradamente a las víctimas. Ha definido como errores  los crímenes más horrendos. Ha ocultado información y encubrió a Gavazzo y a Jorge “Pajarito” Silveira. En democracia, somos todos iguales ante la ley: debe haber justicia.

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Opinando N° 19 – Año 8 – Martes  22 de octubre de 2019

Niños y adolescentes

Mariana Mota: hubo una invisibilización del sufrimiento de niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado

La Diaria – 15 10 2019 – Foto Alessandro Maradei

Mariana González Guyer, Rodrigo Arim, Mariana Mota y Marisa Bursak, ayer, en el Paraninfo de la Universidad.

El colectivo Memoria en Libertad presentó las recomendaciones

 de la INDDHH al Poder Ejecutivo.

El día de ayer fue intenso en el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Apenas tres horas después de terminada la ceremonia de despedida de los restos de Eduardo Bleier, en ese mismo lugar se dieron cita los integrantes del colectivo Memoria en Libertad, que reúne a hombres y mujeres que sufrieron en forma directa las acciones del terrorismo de Estado cuando eran niños, niñas o adolescentes. 

Acompañados por Mariana Mota en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mariana González Guyer en su carácter de prorrectora de Extensión Universitaria, y Rodrigo Arim como rector de la Udelar, los integrantes del colectivo –representados en la mesa por Marisa Bursak– recordaron que el proceso de encontrarse y reconocerse como perjudicados directos por la acción del terrorismo de Estado fue un trabajo demorado, interrumpido en ocasiones, muchas veces doloroso pero también, y al mismo tiempo, con algo de sanador.

La ceremonia de ayer consistió en la presentación pública de la recomendación que la INDDHH cursó al Ejecutivo para reparar a estas personas que fueron

afectadas en sus derechos por el propio Estado, precisamente en etapas de la vida en las que esas vulneraciones pudieron causar daños que afectan a la trayectoria posterior. Es el caso de los niños y niñas separados violentamente de sus padres, de los que atravesaron el ciclo educativo sin que su padre o su madre pudieran firmarles el carné de calificaciones o el permiso para un paseo, de los niños, niñas y adolescentes que soportaron la violencia durante las visitas a las cárceles, los que fueron discriminados, los que vivieron su propia historia como un secreto vergonzante durante muchos años.

Mota destacó que para el derecho internacional las víctimas no son únicamente los que padecieron en su propia persona la violencia del Estado, sino que también se reconoce a la segunda generación como afectada directamente, en sus propios cuerpos, en su psiquismo y en su vida cotidiana, por la violencia que alcanzó a sus padres o hermanos. Hubo, entonces, una injusticia del Estado cuando no se tomó en cuenta a esta población al momento de las reparaciones; hubo una invisibilización de su sufrimiento y una negación de las consecuencias, y es necesario reparar esa falla.

La INDDHH recomienda, entonces, entre otras cosas, la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal, la inclusión en el relato histórico nacional de lo acontecido con esta población, la prestación de cobertura integral de salud y acompañamiento psicosocial, y la aprobación de la normativa necesaria para efectuar dicha reparación.

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Caso Gomensoro Josman

Gavazzo "puede ser juzgado dos veces" por el caso Gomensoro

Por Leonardo Haberkorn – El Observador 13 10 19

El fiscal de delitos de lesa humanidad se explayó sobre la nueva visión del derecho que tiene en cuenta a la víctima

El Ministerio de Defensa dice que llevaban siete semanas leyendo y dividiendo los datos por causa.

Más allá de la gran repercusión de las confesiones de José Gavazzo y Jorge Silveira, las causas sobre las muertes de Roberto Gomensoro y Eduardo Pérez Silveira han avanzado poco y nada. El fiscal especializado el delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe repasa el engorroso camino para tratar de sacar adelante estos casos.

¿Qué actuaciones ha desarrollado la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad desde que se conocieron las confesiones de José Gavazzo y Jorge Silveira en los tribunales de honor del Ejército?

A partir de la nota que salió el 30 de marzo en El Observador, el 1 de abril presenté dos escritos. Uno ante el juzgado de Paso de los Toros para pedir la reapertura de la causa Gomensoro; y otro en la causa de Eduardo Pérez Silveira, en Montevideo. Eso lo hice de inmediato, en forma independiente de todo lo que vino después. La nota me permitió enseguida movilizar los mecanismos para reabrir caso Gomensoro y para impulsar nuevamente el de Pérez.

Enseguida de eso, el fiscal de Corte se comunicó conmigo y me dijo que estaban disponibles las actas de las declaraciones de Gavazzo y Silveira. Como todos sabemos no eran tan largas, yo las leí enseguida y me di cuenta que había muchos elementos que podían servir para otras causas. 

Y después de leerlas presenté unos 15 escritos, en distintos expedientes donde solicito que se remitan las actas para tenerlas como prueba. Porque en las actas no solo se hablaba de los casos de Gomensoro y Eduardo Pérez, sino que hay otras cosas muy importantes. Silveira habla mucho del 300 Carlos, habla mucho de que ahí se ejercían torturas. Los interrogadores no ahondaron en ese tema, pero allí se admite la tortura, la coparticipación de organismos represivos. Hay muchos datos que pueden servir.

El Ministerio de Defensa dice que llevaban siete semanas leyendo y dividiendo los datos por causa.

De eso no puedo hablar porque no sé nada. Solo hablo de lo que hice yo. ¿Qué pasó luego en los casos Gomensoro y Pérez Silveira?

En el caso Gomensoro, la jueza me pidió que especificara los motivos jurídicos para pedir la reapertura. Presentamos un escrito con esos fundamentos, que son muchos. Para resumirlo, diría que primero está el derecho a la verdad que tienen las víctimas y segundo la obligación que tiene el Estado de investigar estos delitos y resolverlos en tiempo y forma, en un plazo razonable. La jueza sacó una sentencia muy buena, fue un paso más allá de nuestra solicitud y revocó el sobreseimiento que Gavazzo tenía en este caso.

Justamente muchos se preguntan cómo Gavazzo puede ser juzgado dos veces por el caso Gomensoro, si en el juicio anterior ya fue sobreseído.

Sí, lo he oído, tiene que ver con posiciones jurídicas y está emparentado con el caso de Vladimir Roslik, en el cual ya hubo un juicio y gente condenada, y yo igual estoy pidiendo su reapertura. La justicia de derechos humanos, en casos de delitos de lesa humanidad, es bien distinta al derecho penal común. Si bien hay temas comunes, el derecho internacional sobre derechos humanos ha avanzado mucho más. 

La historia es larga, pero para resumirla hay que ir hasta la Revolución Francesa, cuando se instalaron los grandes principios del derecho penal. Desde el siglo XVIII, el derecho penal siempre estuvo basado en el justiciable, el que comete el delito, porque ese sujeto al ser juzgado tenía todo el peso del Estado contra él. Entonces se lo protegió para que tuviera las máximas garantías. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y todas las aberraciones que cometieron los nazis, fue evidente que los grandes violadores de los derechos humanos podían ser los Estados. 

Eran sus agentes encaramados en el poder, que valiéndose de las prerrogativas del Estado violaban los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces cambió aquella visión del pobre infractor contra el poder estatal. A partir de esta nueva visión distinta, tenemos dos cosas claras: por un lado, está el justiciable, pero por otro están las víctimas. Entonces los principios que se crearon en aquel tiempo, como la prescripción, la cosa juzgada, el no juzgar dos veces por el mismo delito, empezaron a reverse. 

Muchas veces en una dictadura se cometía un delito aberrante y se lo juzgaba. Pero se lo hacía por un tribunal no imparcial, sin garantías ni consideración por las víctimas. Eso no es admisible en una democracia. Comenzó a hablarse de cosa juzgada fraudulenta. También se entendió que estos crímenes son imprescriptibles. Y el no juzgar dos veces también fue revisado. 

En el caso de Gavazzo se puede alegar que no se lo puede juzgar dos veces, pero ¿fue condenado? No, fue sobreseído. Es un tema jurídico que tendré que discutir después. Pero como primera respuesta, digo que sí, que es posible, por la naturaleza del delito que está sujeto a un derecho bien distinto al penal común. Es una discusión muy grande que tenemos con la Suprema Corte de Justicia, que se basa solo en el derecho penal común y deja de lado toda la normativa internacional.

Luego de que la jueza anulara el sobreseimiento de Gavazzo, ¿se avanzó algo en la causa?

Nada. Porque enseguida los militares interpusieron una excepción de inconstitucionalidad por la creación de esta fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad.

¿Eso debe laudarlo la Suprema Corte de Justicia?

Sí, desde agosto está a su consideración. Hay que tomar en cuenta que, en otros casos, la Corte ya declaró por unanimidad que la ley es constitucional.

Así que hasta ahí llegamos por el momento.

Exacto, hay que esperar ese pronunciamiento. Y cuando vuelva, seguramente irá a un tribunal de apelaciones porque van a cuestionar la reapertura del caso. Porque esa es la estrategia de la defensa de los militares.

¿Qué ha pasado con el caso de Eduardo Pérez Silveira?

La situación es aún más grave. El caso está más trancado aún. A los pocos días de presentar el escrito del que hablaba al comienzo, me interesé por esta causa, que también es muy importante. Me encontré entonces con una nueva estrategia de la defensa de los militares, en este caso aceptada por un Tribunal de Apelaciones. Cuando hay varios indagados y uno de ellos presenta un pedido de excepción, por ejemplo por prescripción, logran parar todo el expediente para resolverla. Y cuando eso se resuelve después de muchos meses y baja otra vez al juzgado, viene otro recurso de excepción presentado por otro de los indagados. Y así la causa no avanza nunca y hay casos que llevan ocho años sin moverse. 

Eso se intentó solucionar por algunos jueces y desde la fiscalía haciendo que cuando venía ese pedido de excepción, se formaba una pieza por separado y la investigación seguía. El juez decretaba que la causa se suspendía para un indagado, pero la investigación continuaba. Es algo jurídicamente lógico, que se condice con las normas nacionales e internacionales, y que se relaciona con la obligación que tiene el estado de resolver los casos en plazos razonables. Pero en este caso, ese decreto del juez fue apelado y un Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la defensa y estableció que tenía que suspenderse toda la causa. 

Hoy la causa está totalmente detenida por ese motivo y se corre el riesgo de que, cuando este pedido de excepción se solucione, otro indagado haga lo mismo y la causa vuelva a pararse otra vez. El argumento jurídico es el artículo 514 del Código General del Proceso y el 258 de la Constitución, en base a una interpretación que yo considero en exceso piedeletrista. 

Mi criterio es que hay que hacer una interpretación lógica y sistemática que se relacione con todo el ordenamiento jurídico, que dice que uno tiene que actuar con celeridad en procura de resolver el caso. Han habido casos idénticos que fueron a otro tribunal de apelaciones, que resolvió continuar las investigaciones.

¿La defensa de qué militar que presentó el recurso que trancó todo el juicio?

La de Gavazzo.

Para evitar que se sucedan los pedidos, ¿no se podría bajar la cantidad de imputados, centrar la causa en Gavazzo?

Se podría. Pero eso tiene algo de perverso porque siempre terminamos focalizados en Gavazzo y no se investiga todo. No es sencillo. Lo que tenemos que hacer acá es un juego de ajedrez para que estas causas avancen. Y en esta lucha estamos.

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La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan

La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan

La diaria - 12 de octubre de 2019 | Escribe: Álvaro Rico en Política nacional | Foto: Santiago Mazzarovich /

En la noche-madrugada del 20-21 de octubre de 1975, la dictadura lanzó la Operación Morgan contra el Partido Comunista (PCU). Fue una operación de exterminio, coordinada por fuerzas militares y policiales, a gran escala y de larga duración. Por eso mismo, su reconstrucción abarca sucesivas oleadas represivas que tuvieron su epicentro entre octubre y diciembre, pero que se extienden hasta los primeros meses del año siguiente.

La Operación Morgan fue resultado de una decisión política adoptada en las más altas esferas de la cúpula militar y del gobierno, e intervinieron operativamente distintos organismos bajo la coordinación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas I (OCOA I) de la División de Ejército I (bajo el mando del coronel Luis Queirolo y el general Esteban Cristi): el Servicio de Información de Defensa (SID), el Departamento II del Comando General del Ejército, la Prefectura Nacional Naval, el Cuerpo de Fusileros Navales y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

El contexto regional

El 19 de octubre de 1975 comenzaron en Uruguay las maniobras militares hemisféricas llamadas Unitas, y al otro día se reunía en Montevideo la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos, con jefes militares de 15 países del

continente.1 En esa reunión se aprobó un documento que excluía de los organismos de seguridad hemisféricos a los países con regímenes marxistas y se reafirmaba la cooperación entre los ejércitos para combatir la subversión “generada en la acción del marxismo y el comunismo internacional”. El comandante en jefe del Ejército argentino, Jorge Rafael Videla, declaraba: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”.2 Mostrar en ese ámbito de calificadas visitas anticomunistas el potencial represivo local parecía asegurar el prestigio de la dictadura y los militares uruguayos entre sus pares continentales.

El 29 de octubre en Santiago, la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando del general Manuel Contreras, invitaba a asistir a la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia entre el 25 y el 30 de noviembre a los efectos de establecer a escala regional “algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. El acta de clausura de esta reunión, encontrada en el Archivo del Terror de Paraguay, es un verdadero documento fundacional del Plan Cóndor; el nombre habría sido sugerido por el representante uruguayo en la reunión y miembro del SID, el coronel José A Fons.3

Los objetivos militares y políticos de la dictadura

La Operación Morgan contra el PCU tenía como objetivos principales la captura de la dirección clandestina, así como la desarticulación de los aparatos partidarios especializados. El libro publicado en 1978 por el Comando General del Ejército Testimonio de una nación agredida refiere a la existencia de esas estructuras: aparato armado (sanidad, comunicaciones, transporte), prensa (“Carta”), propaganda, finanzas y recursos directos, comisión de relaciones internacionales, fracción sindical.

El golpe recibido por los comunistas fue dirigido a desarticular aquellos núcleos claves de la organización que aseguraban el funcionamiento clandestino desde el golpe de Estado y la ilegalización de los comunistas en 1973, y aun aquellos militantes que lograron escapar del cerco represivo quedaron sin estructuras y “congelados” o “desenganchados” de la organización. Anotemos, también, que el inicio del exilio masivo de los comunistas uruguayos en el correr de 1976 es una resultante de Morgan. Por otra parte, la dictadura amplificó el “peligro comunista” y la magnitud de su acción buscando justificarla y darle continuidad, así como incidir en la opinión pública a través de los medios (comunicados de las Fuerzas Conjuntas, conferencia de prensa de “arrepentidos”, exposición del material incautado en el Subte, grandes titulares de los diarios afines al régimen).

Finalmente, el importante material documental incautado en el operativo permitió a los servicios actualizar listados de miembros de las direcciones, así como obtener datos del funcionamiento partidario contenidos en los informes del Comité Central, informes escritos que, a lo largo de la dictadura, resultaron ser uno de los “talones de Aquiles” de la resistencia clandestina.

La novedad

La novedad de la Operación Morgan consiste en que fue coordinada por el mando militar y en que también los organismos represivos que intervinieron fueron mayoritariamente militares. Hasta este momento el “peligro comunista” había sido mayormente una “cuestión policial”, salvo en las operaciones represivas en el interior del país. De ahora en más, se reorientarían militarmente las labores de inteligencia e información y los operativos contra el PCU, sin dejar de lado la importante participación de la DNII como organismo policial especializado en la represión contra los comunistas y el movimiento sindical.

Otra novedad de la Operación Morgan consiste en la brutalidad aplicada a gran escala por las fuerzas de seguridad del Estado, hasta llegar a la eliminación física del “enemigo comunista”. Ello implicó, también, otra economía de la represión y escala (infraestructura, logística, comunicaciones, personal, transporte) para asegurar la masividad, el secreto, la sorpresa y la simultaneidad de los procedimientos; los lugares para depositar a decenas de personas secuestradas; el carácter clandestino de los centros de detención ubicados en predios militares o bajo jurisdicción militar; la transformación de estos centros en “sitios de enterramientos” de personas.

Finalmente, la Operación Morgan introdujo definitivamente en Uruguay el carácter grupal o colectivo del fenómeno de la desaparición forzada a través de casos conexos de personas detenidas dentro de un mismo operativo represivo que se concentra en corto tiempo y contra una sola organización política, con personas que son detenidas y desaparecen o son asesinadas en la tortura en una secuencia casi simultánea.

A partir de Morgan, la dictadura incorporará definitivamente la desaparición forzada ‒junto a la prisión masiva y prolongada, la tortura generalizada y el asesinato político‒, como parte de sus métodos de castigo, y este “giro” tendrá su confirmación definitiva en la coordinación del Plan Cóndor y la actuación de los servicios uruguayos en Argentina, en los operativos contra colectivos enteros de la izquierda uruguaya exiliados en la vecina orilla: Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Grupos de Acción Unificadora, Movimiento de Liberación Nacional (MLN), entre julio de 1976 y fines de 1979.

Los centros clandestinos de detención y enterramiento

Los centros clandestinos de detención utilizados durante la Operación Morgan fueron conocidos con el nombre de Infiernos. El 300 Carlos, Infierno Grande o La Fábrica fue el epicentro operativo del OCOA, emplazado en uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército, en los fondos del Batallón de Infantería Blindada Nº 13, en Avenida de las Instrucciones. El

nombre 300 Carlos parece referir al número total de comunistas a ser detenidos (300), llamados Carlitos (por Carlos Marx).

La Casa de Punta Gorda, 300 Carlos R o Infierno Chico fue el otro centro clandestino que se utilizó en un comienzo de la Operación Morgan y hasta mediados de 1976 como “depósito” de detenidos y torturados hasta su traslado definitivo. La propiedad había sido incautada por el Ejército al MLN y estaba ubicada en Punta Gorda, al lado del hotel Oceanía, en Rambla República de México 5515.

El carácter “clandestino” de las operaciones en estos centros de detención se extendía a los represores de OCOA que actuaban de manera encubierta y compartimentada, utilizando el alias de “Óscar” acompañado por un número, según el grado militar y nivel de responsabilidad en las estructuras clandestinas del Ejército.

La sucesión de caídas

Si bien el éxito de la represión sobre los comunistas es proporcional al largo trabajo de inteligencia acumulado y el conocimiento que tenían del “enemigo”, así como a la cantidad de hombres y medios utilizados, en el PCU también se cometieron errores en la aplicación de los criterios de seguridad y se subestimó el poderío militar y policial, incluidos los efectos de la tortura para la obtención de información. A partir de 1976, el partido y su dirección entraron en una etapa de absoluta clandestinidad y compartimentación bajo la Secretaría General ocupada por León Lev, hasta su detención, en 1979.

Sería imposible dar cuenta de los cientos de personas secuestradas; no obstante, indicaremos las caídas de algunos dirigentes de primera línea: el 21 de octubre fue detenido Alberto Altesor, miembro del Comité Central. El 28-29 de octubre caen el ingeniero José Luis Massera, entonces secretario general del PCU, en la clandestinidad desde 1974, después de Arismendi; Wladímir Turiansky, vicepresidente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y miembro del Comité Central, que desde fines de 1974 era encargado de la Secretaría Nacional de Propaganda del PCU y de la CNT; Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y en ese momento secretario departamental de Propaganda.

El 31 de octubre fue detenida Rita Ibarburu, integrante del Comité Central y secretaria de Redacción de la revista Estudios, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Para suplir a Massera, el PCU constituyó una dirección formada por un “Triunvirato” compuesto por Luis Tourón, Gerardo Cuesta y Jorge Mazzarovich quien, al caer detenido, fue sustituido por Rosario Pietrarroia. Sin embargo, poco después los tres fueron apresados con escasa diferencia de días en otra oleada de la Operación Morgan: el 12 de enero de 1976 cayó Cuesta, el 19 Pietrarroia y el 21 Tourón. El 2 de febrero fue detenido Edgar Lanza, secretario

nacional de Finanzas, y el 21 Gerardo Cuesta, secretario del Comité Central y de la CNT.

El ruso Eduardo Bleier Horovitz

Bleier tuvo cuatro hijos de dos matrimonios y era integrante de una familia judía que había emigrado a Uruguay desde Hungría. Paradójicamente, en este país se exiliaría su propia familia bajo la dictadura uruguaya.

Cuando estudiaba Odontología, a principios de la década del 50, se afilió al PCU y era integrante de su Comité Central desde 1961.4 Hasta marzo de 1972, estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas del Partido y fue uno de sus dirigentes más emblemáticos. Por eso, su prontuario policial (Nº 116) fue iniciado tempranamente, el 14 de abril de 1959. Cuando se produce el golpe de Estado, ocupaba el cargo de secretario de Organización del Comité Departamental de Montevideo y, en 1974, asumió la Secretaría Departamental de Propaganda hasta caer detenido.

Pocos detalles se saben del momento mismo de su detención acontecida el día 29 de octubre de 1975 en horas de la noche. Estuvo recluido en la Casa de Punta Gorda (Infierno Chico) y en 300 Carlos. Si bien hay numerosos testimonios de su presencia allí y de su grave estado de salud causado por las torturas (lo refieren José Wolman, Sara Youtchak, Rita Ibarburu, Vilma Antúnez, Alcides Lanza y el soldado Hugo García Rivas), sus captores nunca reconocieron la detención. Según el informe del Supremo Tribunal Militar, “se le inició un presumario en el Juzgado Militar de Instrucción de 1er Turno el 27 de agosto de 1976, estando prófugo el citado sedicioso desde el 19 de mayo de 1976 [habiéndose librado] orden de aprehensión contra el mismo el 10 de junio de 1976”.5 No obstante, su detención figura en la Ficha de Identificación Criminal confeccionada por la Policía de Montevideo donde consta textualmente: “27/11/75-Fichado a solicitud del Servicio de Material y Armamento-En esa unidad”.6

Desde 1972 la Secretaría de Finanzas del partido fue ocupada por Edgar Chumbo Lanza, quien logró escapar al cerco represivo. En sus palabras: “Bleier era un genio, fue el padre de las finanzas del Partido, el creador de todo eso”. Es decir, “una política financiera inteligente del Partido que abarcaba una concepción de masas (grandes campañas populares, festivales, cotización de afiliados, etcétera) con una línea de apoyo financiero directo a cargo de empresas y empresarios, algunos de la comunidad judía, que aportaban al Partido en calidad de comunistas”.

Uno de los objetivos centrales de la Operación Morgan consistía en desmantelar el aparato financiero del PCU y sus empresas comerciales, dado que constituían un medio fundamental para sostener materialmente las acciones partidarias en la clandestinidad y los cuadros rentados. En opinión de Edgar Lanza, la saña con la que torturaron a Bleier guarda relación directa con

una confusión: “A Eduardo lo masacraron pensando que era el Secretario de Finanzas”.

La secuela de víctimas

El costo en vidas de la Operación Morgan y de los centros clandestinos de detención llamados Infiernos resulta revelador del grado de violencia aplicado por la dictadura, un verdadero “giro” no solamente de la metodología represiva, sino de la propia naturaleza del régimen, que llevó al PCU a redefinir lo que caracterizaba como “etapa de fascistización” (desde 1973) a “etapa fascista” (desde 1975-1979).

Los muertos fueron 22: ocho personas fueron detenidas desaparecidas (dos de ellas con restos recuperados e identificados: Miranda y Bleier), seis fueron asesinadas bajo torturas en el mismo momento de su detención o en meses inmediatos, y otras ocho personas murieron tiempo después en prisión o en el exterior por secuelas de torturas y enfermedades agravadas.

Los detenidos desaparecidos fueron Bleier, detenido el 29 de octubre de 1975; Lorenzo Julio Escudero Mattos, detenido el mismo día; Juan Manuel Brieba y Fernando Miranda, detenidos al día siguiente; Carlos Pablo Arévalo, el 15 de diciembre; Julio Gerardo Correa, el 16 de diciembre; Otermín Laureano Montes de Oca, el 17 de diciembre, y Horacio Gelós Bonilla, detenido el 2 de enero de 1976 por OCOA IV en el BI 4 Maldonado.

Detenidos asesinados fueron Óscar Olveira, apresado el 21 de octubre de 1975 y asesinado el 17-18 de febrero de 1976; Nuble Yic, detenido el 22 de octubre de 1975 y asesinado el 15-16 de marzo de 1976; Norma Cedrés de Ibarburu, detenida entre el 28 y el 29 de octubre, fallecida en prisión el 16 de enero de 1978; Ruben Etchebarne, detenido, sin más datos, y asesinado en febrero de 1977.

Carlos Chassale fue detenido el 7 de noviembre de 1975, liberado en junio de 1976 por razones de salud, y falleció en Cuba en 1979 a consecuencia del agravamiento de su enfermedad por las torturas recibidas. Carlos María Argenta fue detenido el 9 de diciembre de 1975 y asesinado el 17 de diciembre del mismo año. Luis Pitterle fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 22 de agosto de 1979. Emilio Fernández fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 24 de diciembre de 1980. Hugo Pereyra fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 28 de agosto de 1977. Julián Basilicio López fue detenido el 31 de diciembre de 1975 y asesinado el 5 de enero de 1976. Silvina Saldaña fue detenida en febrero de 1976 y asesinada en prisión el 13 de junio del mismo año. Hilda Delacroix de Ormaechea fue detenida el 3 de febrero de 1976 y muerta el 1º de setiembre de 1976. Gerardo Cuesta fue detenido el 21 de febrero de 1976 y murió en prisión el 13 de setiembre de 1981. Nicanor Aldabalde fue detenido en marzo de 1976 y asesinado en prisión (en Minas) en la misma fecha.

(*)    Álvaro Rico es docente de Ciencia Política. Ex decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ex coordinador del Equipo Universitario de Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos.

Cabe agregar que en los primeros días del mes de octubre se había realizado una conferencia de Inteligencia Militar presidida por el general Amaury Prantl.

↩

Martínez, V. (2005). Tiempos de dictadura. Montevideo: EBO, p. 57. ↩

Archivo del Terror de Paraguay. Ver Presidencia de la República. “Investigación histórica

 sobre detenidos desaparecidos”. Tomo I, sección 2. Coordinación represiva regional: 

“Operación Cóndor”. Montevideo: IMPO, julio 2007. p. 286. Documento 6, p. 308-317. ↩

Fremd, A. y Kronfeld, G. (2011). (DES) APARECIDO. Vida, obra y desaparición de Eduardo Bleier. Montevideo : Editorial Estuario. ↩

Informe Supremo Tribunal Militar referido a Eduardo Bleier. ↩

Presidencia de la República. Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. Tomo III. Documento I, p. 655. ↩