Piden reabrir el "caso Roslik"

Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad pidió reabrir el “caso Roslik”

 Escribe Sergio Israel

Búsqueda Nº2001 - 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019

Entre 1962 y 1969 Vladimir Roslik estudió Medicina en Moscú. Foto: Familia Roslik

Valoia, como muchos de sus vecinos y pacientes, tenía apellidos y rasgos eslavos, pero, igual que la mayoría del pueblo de San Javier, no era comunista sino apenas de origen ruso.

Cuando en 1962 dejó la colonia ubicada al norte del departamento de Río Negro para estudiar la carrera de Medicina en la Unión Soviética, Vladimir Roslik se prometió no perder tiempo y regresó pronto para ejercer en su pueblo.

En 1980 seguía con una vida apacible, trabajando en la profesión, y era el presidente del Centro Cultural Máximo Gorki cuando una pesadilla le cayó encima. Fue detenido, torturado y enviado al penal de Libertad por integrar una supuesta célula terrorista, aunque él solo sabía de curar algunas enfermedades. Del centro cultural apenas se pudieron llevar unas botas de bailes rusos y ucranianos y de la chacra de unos vecinos una vieja escopeta de un solo tiro.

La historia volvió a repetirse el domingo 15 de abril de 1984, cuando menos se esperaba, pero esta vez su esposa Mary Zavalkin en lugar de un paquete de ropa sucia o una visita recibió un cadáver y un certificado.

La prensa, los partidos políticos, entre ellos el Partido Colorado, el Colegio de Abogados y los organismos de derechos humanos presionaron como nunca antes y el entonces mayor Sergio Caubarrére fue procesado, ese mismo año, por la Justicia Militar por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas por abuso de autoridad y homicidio culpable. Estuvo preso cuatro meses y 18 días.

En la Justicia ordinaria la muerte de Roslik no tuvo consecuencias. Aunque se abrió una investigación, en 2014 un tribunal de apelaciones ordenó su archivo por considerar que existió “cosa juzgada”, ya que Caubarrére había sido condenado por la Justicia Militar, y porque el crimen había prescripto después de años sin avances en la causa.

Sin embargo, esta semana, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Perciballe se pronunció a favor del pedido de los familiares de Roslik de desarchivar la causa. Según el fiscal, se trata de un caso de “cosa juzgada aparente o fraudulenta”.

En un escrito de 33 páginas, al que accedió Búsqueda, Perciballe repasó las circunstancias de lo que se conoció como la última víctima mortal de la dictadura y el trámite judicial que tuvo el caso.

Luego de analizar los “distintos problemas jurídicos” vinculados a la causa, Perciballe se pronunció en un sentido diferente al tribunal que dispuso el archivo —integrado entonces por los magistrados William Corujo, José Balcaldi y Daniel Tapié. En el fallo de 2014 los ministros afirmaron que “no se puede atribuir al indagado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración, lo cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley”. (Búsqueda Nº 1.766).

Perciballe, en cambio, buscó otro camino argumental y se afilió a lo que la doctrina de los organismos protectores de los derechos humanos denominan “cosa juzgada aparente o fraudulenta”. Considera que en este caso no se estaría violando el principio de non bis in idem (no se puede juzgar dos veces el mismo hecho), ya que la doble persecución no se produce cuando actúa un tribunal parcial o dependiente, como es el caso de la Justicia Militar, que tuvo “por objeto favorecer la situación del perseguido o lisa y llanamente su impunidad”.

Perciballe recordó que la primera vez que se estableció este requisito fue en el Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en 1993 y luego en Ruanda al año siguiente.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad concluyó que “solo se puede hablar de cosa juzgada sustancial, si la sentencia fue el fruto del apego a las exigencias legales que proceden a la misma” y menciona antecedentes más recientes de Chile y República Dominicana.

Según Perciballe, el fallo del tribunal, redactado por el ministro Corujo, no tiene en cuenta que lo que se considera cosa juzgada fue realizado por un instructor y decisor militar y que “por ende no guarda las mínimas exigencias requeridas por los acuerdos internacionales en materia de juez natural”.

Y señala como ejemplo que “los únicos que declararon fueron los propios militares que se encontraban en el momento del interrogatorio y muerte del Dr. Vladimir Roslik”, “todos sujetos a jerarquía y/o eventualmente sospechosos del hecho”. En cambio, “no se tomó declaración a la cónyuge de Roslik o a su entorno familiar”, ni a otros detenidos que habrían sido enfrentados al médico para que aceptara los hechos que se le imputaran.

Acerca de la prescripción, el fiscal sostuvo que tanto en primera como en segunda instancia no se explica con claridad sobre qué delitos se dispuso. A juicio de Perciballe, es posible que la prescripción refiera al delito de omisión de denuncia, encubrimiento y falsificación material de documento público presentada por el Ministerio de Salud Pública contra el doctor Eduardo Saiz Pedrini, que firmó la primera autopsia de Roslik.

A contrapelo de la historia

“Vladimir Andrés Roslik Bichkov nació el 14 de mayo de 1941, por lo que al momento de la detención tenía 43 años y se desconocía que tuviera alguna enfermedad que pudiera prever su muerte a tan temprana edad”, sostiene el dictamen sobre el médico de la colonia rusa de San Javier.

La muerte del médico del pueblo de origen ruso, según el fiscal, se produjo en un operativo montado a “contra pelo de la historia”, porque a pesar de que aún existía la dictadura, los partidos políticos se reorganizaban para el retorno a la democracia.

La versión oficial, avalada entonces por el comandante del Ejército Pedro Aranco y el jefe de la división de Ejército III, general Hugo Medina, sostenía que el detenido había fallecido debido a “un paro cardiorrespitatorio sin muestras de violencia en el curso de los careos”, pero una segunda autopsia hecha por médicos militares y policiales en Paysandú a instancias de la viuda, apuntó a una anemia producida por la tortura.

En efecto, los médicos Gonzalo Zuasti, Adolfo Montauban y Aníbal Mojoli constataron lesiones de índole traumática, superficiales, parietales y viscerales y síntomas de asfixia.

Para Perciballe “no cabe lugar a dudas que el accionar de los responsables de dicha muerte queda alcanzado por la figura penal del homicidio muy especialmente agravado por la grave sevicia y por cometerse en el marco de otros delitos”.

Fuentes del ámbito judicial explicaron a Búsqueda que el paso siguiente es que la jueza a cargo del expediente resuelva si admite o no el desarchivo y en caso afirmativo puede pasarlo de nuevo a la Fiscalía para que aporte las pruebas del caso. En caso de que los indagados apelen deberá resolver nuevamente un tribunal de apelaciones. También es posible que la jueza no admita la reapertura y en ese caso es muy probable que sea la Fiscalía la que recurra el fallo.

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Reunión con la Ministra Lilyam Kechichian

En la mañana de hoy, miércoles 26 de diciembre, una delegación de Crysol se reunió con la Ministra de Turismo Sra. Lilyam Kechichian para abordar diversos temas relacionados con el pasado reciente.

(De izquierda a derecha) Carlos López, Gastón Grisoni, Dardo Ramírez y Enrique Chalar con la Ministra Lilyam Kechichian

Específicamente se le pidió que realice gestiones a favor de las demandas del colectivo con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. El gobierno ya se comprometió ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a cumplir con las normas y los estándares internacionales en materia de graves violaciones a los Derechos Humanos como las ocurridas durante el terrorismo de Estado.

Además de comentar las dificultades y la lentitud de la justicia para procesar las causas y del trabajo que viene realizando la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la temática de la ley de reparación pendiente y la modificación a la mayor brevedad posible de los Decretos 106/2007 (pensiones para los  cónyuges de los ex presos políticios) y 297/2010 (asegurar la libre opción del prestador de salud como lo dispone el Artículo 10 de la Ley 18 596). 

Un elemento señalado por la delegación de Crysol para promover la modificación a la mayor brevedad de ambos decretos, es que la misma no requiere trámite parlamentario y tampoco origina gastos adicionales. 

La reunión fue muy buena y  en muy buenos términos. La Ministra es una atenta y cordial interlocutora de nuestro colectivo.

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Memorias del sótano

Memorias del sótano: un libro rescata historias de reclusos que estuvieron entre 1976 y 1978 en un centro clandestino que operó en los subsuelos de la Prefectura Nacional Naval

La Diaria - 22 de diciembre de 2018 | Escribe: Francisco Abella en Política

El libro escrito por Alberto Guarnieri, recientemente publicado por Banda Oriental y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, revela la existencia de un centro de detención clandestino en el subsuelo de la Prefectura Nacional Naval que hasta el momento no había sido incluido en la nómina de lugares de detención elaborada por los historiadores.

El sótano no lo escribió un historiador profesional, pero es un libro de memorias que aporta información relevante para la historia uruguaya. Su autor, Alberto Guarnieri, transformó los recuerdos que le trasmitió su hermano Orestes El Canilla Guarnieri (1934-2013) en 70 breves relatos sobre el período que pasó detenido junto a otras 40 personas –mujeres y hombres– en el centro de reclusión clandestino “El sótano” o “La catacumbas”, que funcionó en los subsuelos de la Prefectura Nacional Naval, en la rambla portuaria de Montevideo.

Guarnieri ubica en el tiempo y en el espacio a “El sótano”, aborda desgarradoras situaciones de ese inframundo, las sesiones de tortura y sus ejecutores; también ofrece espacio a los encuentros y tensiones entre los compañeros de reclusión y sus vínculos con los carceleros. Así, quien emprenda la lectura podrá trasladarse con agilidad entre el dolor inconmensurable de la tortura o el temor a la locura y a la muerte y escenas en las que la piedad, la tolerancia y el amor resultan capaces de emocionar o despertar una sonrisa.

En diálogo con la diaria, el autor advierte que este libro “no tiene el rigor de una investigación de la historia reciente”. “Está estructurado a partir del relato oral de mi hermano Orestes, de su experiencia vital, de su visión de la realidad circundante, del padecimiento propio y el de sus compañeros. Y también desde el amor por su familia, por sus ideales de justicia social y por la lucha obrera, el trabajo sindical”.

Varios integrantes de la familia Guarnieri padecieron persecuciones. “En 1968 la familia sufrió atentados de bandas fascistas que atentaron contra mis hermanas Sonia y Gisel, que las raptaron, las golpearon y les marcaron las cruces esvásticas en los muslos y en las caras con una gillette. Eso ocurrió después del atentado a Soledad Barret”, aclara Alberto, quien también fue militante comunista y que se exilió en la Unión Soviética durante la dictadura.

Orestes fue detenido en 1976, en la furiosa persecución contra militantes comunistas y sindicales. La mayoría de los presos ubicados en el sótano habían desarrollado esa doble pertenencia.

“Fueron 42 en total. No todos son mencionados en el libro. Imposible retener tantos nombres. Orestes poseía una memoria envidiable. Increíblemente, a más de 30 años de aquellos hechos él seguía recordando nombres, apodos, fechas, detalles mínimos que enriquecieron el relato”.

El proceso de escritura y publicación de este libro demandó diez años. “Empezamos en el verano de 2008 en Pinares de Solymar, en casa de mi hermano. Una mañana, a la sombra de los paraísos, inició uno de sus relatos referidos a los años de cautiverio en los sótanos de la Prefectura. Lo hacía sin rencores, sin odio ni espíritu vengativo. Yo tomaba apuntes y luego me encerraba en el cuarto a trabajar el relato y pasarlo en limpio. Hacíamos un trabajo muy disciplinado. Yo le presentaba el texto; él leía, corregía, añadía algún dato nuevo y daba el visto bueno”.

Trabajo relevante

El historiador Álvaro Rico, compilador de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos impulsada por Presidencia de la República (2007), fue uno de los impulsores de la publicación de El sótano, en el rol de decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, cargo que ejerció hasta hace pocos meses. Para Rico, las memorias de Guarnieri aportan “a la reconstrucción de ese período de la dictadura, ya que ese centro de reclusión no había sido considerado por los historiadores”. Rico tiene otra relación con los relatos que narran en esta obra: además de haber compartido militancia con varios de los detenidos a mediados de los 70, su madre, Isabel Fernández, estuvo recluida en ese lugar. “Mi madre estuvo allí. Su historia coincide con la inmensa mayoría de los detenidos. Era una ama de casa, y en mi casa nadie sabía que ella militaba en el PCU [Partido Comunista del Uruguay], que formaba parte del aparato que sostenía a Arismendi [Rodney, secretario general del PCU] en la clandestinidad. Mi madre era una militante anónima, comunista por entrañas, y, producto de la situación carcelaria, tuvo procesos agudo de artritis y padece Alzheimer desde hace 13 años. Ella, al igual que los restantes compañeros, sufrió el castigo que apuntó al cuerpo, a la mente y a la dignidad”.

Si bien el historiador había tenido referencias sobre ese lugar a partir del testimonio de su madre, las memorias narradas por los hermanos Guarnieri “documentan” su existencia. “El sótano no fue considerado en el relevamiento de los lugares de detención hecho por los historiadores, que llegaron a 50 en todo el país y que albergaron cerca de 10.000 presos políticos que hubo en la dictadura”.

Para el historiador Carlos Demasi, El sótano “relata una historia personal” y se encuentra en “la frontera difusa entre la historia y la memoria”. “Dice mucho sobre lo que hizo la dictadura en la represión y en el caso personal se ven las generalidades”. Apuntó que en ese sitio se alojaron “desaparecidos temporarios”, como ocurrió con personas que fueron secuestradas y privadas de libertad por parte de las fuerzas represivas y cuyos destinos no eran notificados a los familiares.

La dictadura utilizó “lugares preparados y lugares improvisados para la detención, como un sótano, que ofrecía condiciones similares a aquellas que padecieron los rehenes”, aunque estos las sufrieron en modo solitario.

Demasi considera que El sótano relata la “cotidianidad” en ese lugar, “el nivel escatológico del dolor de esos cuerpos; el intento permanente de humillación, de deshumanización por parte de los torturadores”, lo que lleva al lector “a tomar partido”, porque el libro, “más allá de esa experiencia personal y valiosa, aporta sobre la presión que ejercía el represor sobre el detenido para deshumanizarlo y la lucha de este por sobreponerse y humanizarse en todas sus dimensiones, todo el tiempo posible”. 

Finalmente, advierte Demasi, por debajo del nivel del mar y de la rambla montevideana, surge “un final feliz, porque no lograron quebrar al detenido y a buena parte de quienes estaban allí”.

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Ricardo Ramírez: un sobreviviente

Ricardo Ramírez, sobreviviente de “El sótano”

La Diaria - 22 de diciembre de 2018 | Escribe: Francisco Abella en Política | Foto: Alessandro Maradei

Ricardo Ramírez nació el 2 de diciembre de 1949 en Montevideo. Hijo de un obrero metalúrgico y de una trabajadora textil que se separaron cuando él tenía un año, Ricardo creció acompañado de su madre en La Teja. “Tempranamente”, a los 12 años de edad, se afilió a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). “Hice miltancia barrial, yo no tuve una militancia estudiantil, no me sentía cómodo. Hice el liceo, preparatorio, hasta sexto, cuando viajé a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas [URSS], donde estuve casi un año. Me fui a los 18 años, en 1967, con el permiso de mi madre, con el compromiso de volver a estudiar. Volví en octubre de 1968 y me integré a la militancia, con responsabilidad en la juventud comunista”.

Ramírez fue funcionario rentado de la UJC y trabajó en la editorial Pueblos Unidos. Después, en 1973, ingresó a trabajar en el Poder Judicial. En noviembre de 1975 fue detenido. Estaba casado y tenía un hijo pequeño.

Al momento de la detención, Ramírez vivía en la casa de Fernando Olivari y María Condenanza, quienes también fueron encarcelados. Alem Castro, alias La Momia, integrante del S2, estuvo a cargo de su detención y de posteriores sesiones de torturas. “En marzo de 1976 fui procesado y en junio fue llevado al “Infierno” [centro de detención y tortura]. Me entregaron al Ejército, donde estuve 15 o 20 días, previo interrogatorio en Prefectura. Yo ya sabía lo que podía pasar, porque a Ricardo Calzada –a quien le digo mi hermano– lo llevaron al Fusna [Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay] porque estaban buscando información sobre el aparato armado. Por eso me llevaron a mí al ‘Infierno’”.

Posteriormente, Ramírez fue conducido al subsuelo de la Prefectura Nacional Naval. “Nosotros le llamábamos ‘la catacumbas’. Era más que un sótano, era un lugar muy amplio por debajo del nivel del mar. Fue un centro de tortura”. “Ahí estábamos de plantón y con todo lo que los milicos hacían. Para interrogarnos nos llevaban a un segundo o tercer piso, no lo sé, y ahí se daban las situaciones más de máquina. Estábamos vendados, esposados, no veíamos, pero sabíamos que había otra gente. A los días que salíamos de los interrogatorios, estábamos tirados en unas colchonetas y ya mirábamos más, porque nos levantábamos un poco las vendas, que no eran capuchas”.

A meses de haber sido detenidos, el sótano se transformó en un carcelaje. “Construyeron celdas con rejas, [a través de las] que nos veíamos y había guardias que nos cuidaban, una guardia adentro y otra afuera”.

Las familias finalmente fueron notificadas de la permanencia de los detenidos en los subsuelos del edificio de Prefectura. “Pero el conocimiento del lugar quedó entre nuestras familias; encontramos marineros afiliados a las juventudes comunistas, a quienes conocíamos, y uno de ellos informó a la familia. Yo caí en noviembre de 1975 y mi familia se enteró donde estaba recluido en marzo de 1976”. Las condiciones de reclusión mejoraron con el transcurrir de los meses y los detenidos pudieron confeccionar zapatos y sandalias que sus familiares comercializaban. También tuvieron algunas salidas al aire libre.

“La primera vez que salimos fue en junio de 1976. Nos llevaron al plantel de perros, que estaba en la rambla portuaria. Me acuerdo que era un día gris, feo. Nosotros estábamos encerrados desde noviembre del año anterior, estábamos pálidos, absolutamente blancos. Después empezaron a llevarnos a un predio que Prefectura tiene entre Pajas Blancas y Punta Yeguas; nos llevaron dos o tres veces y nos hicieron hacer ejercicios de instrucción militar”.

A pesar del encierro, los militantes del PCU decidieron conformar “una comisión del Partido. Hicimos cosas infantiles. A mí me denunció uno que estaba preso con nosotros y nuevamente empezaron a interrogarnos, determinaron que yo era el responsable de esa organización y me metieron en ‘La perrera’, que era un espacio de un metro por un metro, donde estuve cerca de dos meses, sin visitas y sin nada”. Ramírez recuerda que “a esa persona que me denunció, en un accidente muy insólito, un milico que estaba jugando con un revólver le pegó un balazo en el estómago. A ese mismo marinero lo pusieron preso a rigor, con nosotros en una pieza con puerta de metal, y después volvió a ser marinero. Algunas cosas parecían sacadas de los cuentos de la comisaría de Fray Mocho”, comenta, sonriente, Ramírez. 

Agrega que integrantes de las guardias carcelarias mantenían un trato respetuoso con los detenidos. “Nosotros estábamos con la guardia blanca, que estaba 24 horas y que vieron que éramos estudiantes, trabajadores, gente normal. Pasaban muchas horas con nosotros, nos mangueaban cigarros, tabaco, se metían para nuestras celdas y jugaban al truco con nosotros, y los metieron presos a rigor por eso. Hubo guardias que sacaban cosas para afuera, para nuestras familias. Ellos no participaron en la tortura. La tortura estaba a cargo de Víctor Alem Castro, de Walter Vidiella, el famoso Cuatro Dedos, el Cabito, y habría otros más, porque después empezaron a participar otros miembros de Prefectura que supuestamente trabajaban en la prevención del contrabando”.

En el sótano, valora Ramírez, “triunfó la actitud de que al compañero que se había quebrado ante la tortura y había delatado no debíamos entregarlo al enemigo, sino que debíamos rescatarlo, porque otra corriente se lo quería dar a los militares. Salvo dos que trabajaron con ellos, a los demás se los rescató. Se valoró la condición humana. Yo vi compañeros que fueron héroes durante la tortura, que no se quebraron, pero cuando había que elegir entre dos manzanas se quedaban con la más grande, y también vi al que se había quebrado que elegía la manzana más chica... Yo me quedé con esos valores”.

En noviembre de 1978 los hombres detenidos en ese lugar fueron trasladados hasta el Penal de Libertad. “Antes habían llevado a las mujeres a Punta Rieles”, recuerda.

“Nosotros ya habíamos resuelto –porque, a pesar de que nos golpearan manteníamos conformada una agrupación del Partido– que queríamos ser trasladados al Penal de Libertad. Teníamos una visita regular cada 15 días que nos traía información, libros; sabíamos que teníamos una libertad que no íbamos a tener en el Penal, pero no queríamos estar más allí, queríamos estar con los compañeros. Entonces habíamos empezado un movimiento pero no llegamos a desplegar ningún acto de resistencia, porque la dictadura decidió llevarnos hasta allí... Esa decisión que habíamos tomado no fue unánime, había compañeros presos que no querían ser trasladados, porque además algunas anécdotas que nos llegaban sobre lo que ocurría en el Penal eran terroríficas”.

Ramírez llegó “contento” al Penal de Libertad, “aunque te parezca mentira”. “Yo fui 2514 en Libertad, me metieron con 2515 que era el Araña Daniel Albacete. En esa ala del Penal eran todos tupas, anarcos; los únicos comunistas éramos nosotros dos. Era otra experiencia y nos recibieron de gran forma. Yo quería estar con los compañeros. Y así fue. Yo salí de la cárcel el 14 de agosto de 1984 llorando, porque no quería dejar a mis compañeros”, recuerda, emocionado, el sobreviviente de “El sótano” y del Penal de Libertad.

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De nunca acabar

Militares presentan recurso de inconstitucionalidad contra la ley

 que creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad

Escribe: Mariana Cianelli en Política - La Diaria - 22 12 18

Argumentan que la ley parece una “represalia de claro signo ideológico”

Fiscal Especializado Dr. Ricardo Perciballe.

La defensa de militares acusados por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura ha presentado diversos recursos para intentar entorpecer el avance de las investigaciones. Esta semana, la defensa del coronel retirado Mario Simón y el médico militar Nelson Fornos, procesados por violación a los derechos humanos, en el Grupo de Artillería No 2, del departamento de Flores, transitó un nuevo camino: solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

En la respuesta del fiscal Ricardo Perciballe, a la que accedió la diaria, se alude a los distintos argumentos que presentó la defensa para intentar demostrar la inconstitucionalidad de la ley. Se sostiene que la creación de la fiscalía va en contra del Artículo 19 de la Constitución, que establece que no se pueden crear tribunales específicamente para un caso concreto que sucedió con anterioridad. También se plantea que se viola el principio de igualdad establecido por los artículos 8 y 9 y se pone en tela de juicio la “autonomía técnica” del fiscal.

Ante estos planteos, el fiscal hace un repaso de las distintas “chicanas de la defensa” y pone en evidencia que el recurso presentado tiene un “ánimo meramente dilatorio”. Perciballe responde que es “claro” que quienes denuncian tienen un “interés personal” y se argumenta que la fiscalía especializada en el caso que los involucra tan sólo se limitó a ratificar el pedido de procesamiento realizado por otro fiscal, por lo que no habría ningún “perjuicio” contra ambos. 

Se sostiene que lo que no está permitido es que, con la “manipulación de órganos decisores” ‒como lo es un tribunal‒ se pueda “beneficiar o perjudicar al imputado” y también se marca que la creación de la fiscalía no es para un caso concreto, sino para una “universalidad importante de causas”.

Sobre la eventual violación del principio de igualdad, Perciballe argumenta que el “tratamiento diferente no es a las personas [...] sino al fenómeno criminal en sí”. “Se intenta dar una respuesta diversa frente a una realidad compleja y muy diferente a la criminalidad común”. Luego se argumenta que la ley que crea la fiscalía tiene como obligación dar una “respuesta adecuadas a las víctimas” y es sólo mediante una fiscalía especializada que se podrán “alcanzar mejores respuestas”.

Los militares argumentan que la ley se “comporta como un mensaje político-partidario, revestido de ley” y se sostiene que es una ley “arbitraria, con aversión y odio, elige y toma en consideración sólo determinadas hipótesis y, al mismo tiempo”, se descartan “otras por conveniencia política y afinidad ideológica”. También se plantea que es una ley “vindicativa” y “de cancha flechada” y se afirma: “Es una ley de guerra o de posguerra, que contiene en forma manifiesta un desquite, una revancha o una represalia de claro signo ideológico”. En tanto, Perciballe argumenta que tiene 27 años de trabajo como fiscal y destaca que la norma contó con el respaldo de todos los partidos políticos, además de sostener que no ha hecho más que “cumplir con su obligación” como fiscal.

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Chile: jefe de Carabineros procesado

Jefe de Carabineros con Bachelet acusado de torturas y 

asesinato durante dictadura de Pinochet

SANTIAGO (Uypress) – 21.12.18

La Justicia chilena ordenó la detención y procesamiento de Bruno Villalobos, exdirector del Cuerpo de Carabineros durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Bruno Villalobos está acusado de haber cometido torturas seguidas de muerte a un estudiante en febrero de 1985, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Villalobos fue director de Carabineros (la Policía de Chile) entre 2015 y 2018, durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

En tiempos de dictadura el por ese entonces teniente de la policía chilena Villalobos fue parte de un contingente policial que detuvo a 173 estudiantes de la Universidad de Chile, entre ellos a un joven de 21 años llamado Patricio Manzano.

Según da cuenta Página/12, los detenidos  fueron golpeados y obligados a realizar ejercicios físicos durante horas bajo un intenso sol en una comisaría de la comuna de Los Andes (unos 80 km al norte de Santiago). 

Tras ello fueron llevados por los policías hasta Santiago, donde Manzano sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de las torturas recibidas, de acuerdo a lo relatado por la investigación judicial. Según testimonios de otros estudiantes, cuando Manzano se sintió mal pidieron a los carabineros ayuda o su traslado a un centro médico, pero nadie les hizo caso. Los estudiantes habían viajado desde Santiago a la ciudad de San Felipe para realizar trabajos de reconstrucción luego de un potente terremoto que afectó la zona central chilena en marzo de 1985.

El procesamiento de Villalobos fue solicitado hace un par de semanas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de. Villalobos ya había declarado anteriormente dos veces en el caso y en ambas sostuvo que no fue testigo de la paliza contra los estudiantes ni que tampoco recuerda al joven, pues estuvo en las afueras del cuartel hasta que recibió la orden de trasladar a los detenidos. Sin embargo, las indagaciones realizadas por el juez Carroza en el lugar donde se produjeron las detenciones concluyeron que las torturas habían existido y que ante la cantidad de detenidos era imposible que Villalobos hubiese ignorado los hechos. Por este caso, el juez ordenó la detención del ex comisario de la policía, Ruperto Soto, también en calidad de cómplice. Durante la dictadura Pinochet (1973-1990) unas 3200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

La gestión de Villalobos al frente de Carabineros fue duramente golpeada por el desfalco de unos 50 millones de dólares de dineros públicos que envolvió a decenas de oficiales, y también por el falsificación de pruebas realizada por uniformados para involucrar a líderes mapuches en ataques incendiarios en el sur de Chile. Por estos hechos, tras asumir la presidencia en marzo pasado, el primer anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera fue la destitución de Villalobos.

Este miércoles, el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, otorgó la libertad al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos.

La decisión del juez Carroza, que conoce sobre las causas de violaciones a los derechos humanos, se produce luego del recurso de amparo presentado durante esta misma jornada por parte de su abogado, Ángel Valencia.

En su decisión, el magistrado impuso el pago de una fianza de $500.000 (unos 725 dólares) para que Villalobos recupere su libertad.

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Video sobre el 20° asado anual de Crysol

https://www.youtube.com/watch?v=vuszHXafz8k

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Detenidos desaparecidos: sin justicia no habrá verdad!

Una deuda pendiente de la democracia uruguaya

Una parte muy importante del electorado no había nacido cuando el hijo de Luisa Cuesta fue secuestrado en Buenos Aires, en febrero de 1976, por agentes de la dictadura actuando en el marco del Plan Cóndor. Ese electorado el próximo año va a poder votar y elegir a quienes lo habrán de gobernar porque en esas épocas dolorosas, hubo miles de uruguayos que arriesgaron sus vidas y sus destinos para enfrentar a los militares y su proyecto de país. La resistencia incansable de muchas y muchos, de diferentes orientaciones políticas, alumbró la actual democracia uruguaya.

Un delito horrendo y permanente

La desaparición forzada de personas es un crimen atroz, de carácter permanente. Se sigue cometiendo y perpetuando hasta que la misma sea esclarecida y se dilucide. Consiste en secuestrar a una persona, torturarla, asesinarla desaparecer su cuerpo sin dar noticias de nada ni a nadie. En Uruguay fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas como institución jerarquizada y en base a órdenes de quienes detentaban el poder. Hasta el momento en Uruguay solamente se han identificado 5 casos de todos los ocurridos. La gran mayoría permanecen sin que se sepa el destino. Ni las Fuerzas Armadas ni los involucrados han brindado la información que permita llegar a sus restos ni aclarar debidamente lo ocurrido.

Comenzaron durante el gobierno de Pacheco Areco

La desaparición forzada de personas fue una de las metodologías represivas desarrolladas desde el gobierno  de Jorge Pacheco Areco. Héctor Castagneto y Abel Ayala fueron desaparecidos por el Escuadrón de la Muerte durante su gobierno autoritario y represivo. Luego de asumir Juan María Bordaberry, aún antes de la disolución del Parlamento, en marzo de 1973 desapareció a manos de las Fuerzas Conjuntas Roberto Gomensoro. Luego del 27 de junio de ese año hasta el fin del proceso cívico militar, casi doscientos uruguayos fueron desaparecidos. Una parte de ellos fueron secuestrados fuera del Uruguay en operativos represivos. Otra parte fueron asesinados en las salas de tortura y, algunos, como el maestro Julio Castro, fueron ejecutados con un tiro en la nuca al pie de su tumba, antes de ser enterrados en forma clandestina y secreta en predios militares.

El Estado de Guerra Interno

La Declaración por parte de la Asamblea General del Parlamento del Estado de Guerra Interno fue un nuevo y enorme golpe a la ya frágil institucionalidad democrática. Aunque hasta el momento tanto la Academia, los periodistas especializados, los investigadores y politólogos han minimizado la importancia de esta declaración en la transformación regresiva del país, mediante la misma se le quitaron potestades y facultades básicas y esenciales al Poder Judicial y se le transfirieron a las Fuerzas Armadas.

El Poder Judicial, sin protestas ni reclamos de su parte, pasó a ser una oficina casi administrativa, perdiendo su condición de poder autónomo e independiente del Estado. La Declaración del Estado de Guerra Interno potenció el poder factual de las Fuerzas Armadas. En 1971, mediante decreto, ya habían recibido el encargo de actuar en la represión interna y se había supeditado a la Policía a sus directivas. Ahora se le transfirió el poder de juzgar la conducta de los ciudadanos con sus propias reglas, métodos  y parámetros.

La Declaración del Estado de Guerra Interno, no solo suspendió las garantías individuales, sino que otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad de detener ciudadanos en condiciones extraordinarias y les permitió juzgarlos al margen de las disposiciones y garantías constitucionales. Miles de uruguayos fueron secuestrados en operativos de las Fuerzas Conjuntas, privados de su libertad, ignorándose su paradero durante días, semanas y meses, sometidos a inenarrables torturas y, obviamente, sin asistencia legal de ningún tipo.

Al amparo del Estado de Guerra Interno, votado por el Parlamento el 15 de abril de 1972, Uruguay fue el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. Hubo más de doscientos asesinados, en “supuestos” enfrentamientos, en salas de tortura y prisión e igual cantidad de Detenidos Desaparecidos. Miles de uruguayos debieron exiliarse para preservar su libertad y su propia vida.

Poder Judicial: investigar y castigar

La única manera de impedir, a nivel de la sociedad, que los delitos vuelvan a repetirse es la represión, el castigo de los mismos. Investigar, esclarecer y sancionar son pilares básicos de una convivencia pacífica, justa y gratificante. Lo mismo ocurre con las graves violaciones a los DDHH.

Es curioso que desde los centros militares que nuclean a los nostálgicos y participantes del proceso dictatorial y desde los círculos políticos que hacen fuerte ostentación de la temática de la seguridad ciudadana se acuse a quienes bregamos por la actuación de las instituciones democráticas, la justicia, de “tener los ojos en la nuca”, versión Julio María Sanguinetti o de “mirar al pasado”, versión renovada, según Juan Sartori, aunque repite lo mismo que anteriormente dijera Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, defendiendo la vigencia de la Ley de Caducidad.

La Ley de Caducidad: impunidad para los victimarios

En diciembre de 1986, fue aprobada la Ley 15 848, Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado o ley de Impunidad. La misma, supeditó al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo e impidió que el mismo pudiera realizar investigaciones con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Como la misma no amparaba a civiles, fue posible lograr los procesamientos del dictador Juan María Bordaberry y de su ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco. De todos modos, la ley 15 848 fue una verdadera lápida para la actuación judicial.

En octubre de 2009, mediante la Resolución 365, la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Chediak, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 15 848 para el caso Nibia Sabalzagaray, lo cual permitió la condena del Gral. Julio Dalmao por su asesinato.

Luego de que en febrero de 2011 la Corte Interamericana de DDHH emitiera la sentencia Gelman vs Uruguay, el Parlamento, en octubre del mismo año, mediante la Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Desde ese momento no existen más obstáculos legales que impidan la actuación de los jueces.

Poder Judicial: un elemento clave y decisivo para investigar

Ningún delito puede esclarecerse sin tomar testimonio a los involucrados: víctimas, testigos y presuntos sospechosos. Con el concurso y el auxilio de las técnicas criminalísticas y con el máximo rigor legal: castigando penalmente, si es necesario, a quienes obstaculicen y obstruyan el accionar de la justicia.

Todos los delincuentes se confabulan para guardar silencio, para no delatarse, para no brindar testimonios que puedan perjudicarlos. Aún así, los pactos de silencio se destruyen con el accionar conjunto de la Policía y de la Justicia y las cárceles uruguayas están llenas de delincuentes. El accionar conjunto de la Policía y de los operadores judiciales mediante las técnicas y las metodologías apropiadas da resultados.

La Suprema Corte: el Supremo obstáculo

La actual Presidenta de la SCJ ha declarado que ninguna decisión de dicho cuerpo ha clausurado ninguna causa judicial del pasado reciente. Revela una notable incomprensión del rol que debe jugar el órgano que preside. La SCJ debe promover, incentivar, estimular la actuación de los juzgados letrados, debe generar condiciones propicias a los magistrados para que puedan actuar con diligencia, muy especialmente en todas las causas referidas a los Detenidos Desaparecidos, debe dejar de tolerar las argucias y triquiñuelas de los presuntos involucrados en las causas que utilizan para desalentar y enlentecer el desarrollo de las mismas.

Criminales y torturadores emblemáticos del terrorismo estatal, a 33 años del retorno a la democracia, disfrutan, Dr. Gesto mediante, de cómodas y placenteras prisiones domiciliarias o se pasean alegremente por los shoppings como el torturador Jorge Guldenzoph y “Ulises” Uyterhoeven, torturador y asesino en La Tablada, con la vista gorda no encubierta de la SCJ que preside la Dra. María Elena Martínez Rosso, elegida con los votos del partido de gobierno.

Verdad, Justicia y Reparación

Quienes afirman que hay que mirar al futuro, que no importa que bando tenía razón, repiten, con variantes, la nada novedosa “teoría de los dos demonios” del Dr. Julio María Sanguinetti. La realidad es inexorable. En Uruguay hubo un solo demonio: el terrorismo de Estado.

Restablecida plenamente la pretensión punitiva del Estado, generar las condiciones que impidan el retorno a épocas lamentables implica cumplir a cabalidad con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Es el estándar de calidad. Es obligación de todo el Estado, de sus tres poderes la plena implementación de ella. Se basa en tres pilares esenciales: verdad, justicia y reparación adecuada a las víctimas. Ellas continúan siendo, hasta el día de hoy, revictimizadas por el Estado, tal como señalaron los Relatores Especiales de la ONU.

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Opinando N° 14 – Año 7 – Jueves 20 diciembre de 2018

Nuevo memorial a los Fusilados de Soca

Se inauguró nuevo memorial en homenaje a los cinco fusilados de Soca

La Diaria - 17 de diciembre de 2018 | Política | Foto: Sandro Pereyra

Crysol exigió que SCJ genere condiciones para que jueces “actúen, se enfoquen y resuelvan” en causas de terrorismo de Estado.

Uruguay García  en la Reinauguración del Memorial a los fusiliados de Soca,
el sábado, en el Camino de los Fusilados, ex ruta 70, Canelones. 

Se inauguró el sábado el nuevo memorial en homenaje a los fusilados de Soca, que está emplazado en Camino de los Fusilados (ruta 70), a 300 metros del kilómetro 75 de la ruta 9, en Canelones. Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanel fueron secuestrados el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, torturados en centros clandestinos de detención en Argentina, trasladados a Uruguay en secreto (lo que fue conocido como el “vuelo 0”), torturados de nuevo en la casa de la rambla de Punta Gorda, y después fueron ejecutados, eventualmente, por los proyectiles hallados en el lugar, en donde ahora está emplazado el nuevo memorial.

Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, nacido el 25 de octubre de 1971, fue secuestrado junto a sus padres y entregado a una pareja de policías argentinos. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Amaral, que después del fallecimiento de la pareja de policías había estado al cuidado de quienes figuraban como sus abuelos maternos, y posteriormente, cuando estos también fallecieron, fue llevado a Formosa por un falso medio hermano, integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado. 

En diciembre de 1984 Abuelas de Plaza de Mayo inició la causa en la Justicia Federal y en julio de 1985 se iniciaron los trámites judiciales para la restitución ordenando los análisis inmunogenéticos. En setiembre de 1985 la Justicia argentina le restituyó la verdadera identidad a Amaral, después de que se confirmaran los resultados. 

Según testimonios de Víctor Semproni, que estuvo detenido por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el torturador Jorge Pajarito Silveira le dijo que el operativo que derivó en la ejecución de los fusilados de Soca fue una represalia con el MLN-T por el asesinato del coronel Ramón Trabal, ocurrido en París. Sin embargo, el MLN-T nunca se hizo responsable de la muerte de Trabal.

Una pieza clave para develar lo sucedido con los fusilados de Soca fue el testimonio de Julio Abreu, que también fue secuestrado en Argentina por encontrarse en el cumpleaños en el que detuvieron a Floreal García. Abreu, que no era militante político, estuvo bajo amenaza durante la dictadura, pero en 2005 decidió dar testimonio ante la Justicia.

Nuevo memorial

Por iniciativa de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, la asociación de ex presos políticos Crysol erigió el memorial en 2008. En ese momento consistía en un gran mural acompañado por una placa. Con la remodelación se le agregó una plataforma de cemento que culmina en cinco estructuras verticales que llevan grabados los nombres de las víctimas. También se agregaron luces que iluminan cada una de las estructuras desde el piso y bancos donde se puede tomar asiento para contemplar el mural.

En nombre de Crysol habló Enrique Chalar, quien calificó los asesinatos de “un crimen brutal y estremecedor”, “tan estremecedor como el hecho de que a 44 años debamos seguir reclamando justicia”. “Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar: el Poder Judicial”, criticó Chalar. 

Para el referente de Crysol, aunque “desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales para actuar, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto”. 

Chalar también se refirió a la vandalización de distintos sitios de la memoria que, “lamentablemente”, parece haberse “puesto de moda”, entre “nostálgicos y cómplices del proceso”, que además niegan “públicamente los hechos”, y reclamó al Poder Judicial que “tiene que cumplir con su cometido institucional”. 

“Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia [SCJ], debe dejar de tolerar las mil y una triquiñuelas que en forma permanente emplean los sospechados como delincuentes para enlentecer las causas. Debe generar las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de Uruguay”, remató.

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Justicia para los Fusilados de Soca (*)

Un crimen atroz

El asesinato de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanel,  fue un crimen brutal y estremecedor. Tan estremecedor como el hecho de que a 44 años del mismo debamos  seguir reclamando justicia.

Enrique Chalar, Secretario de Crysol haciendo uso de la palabra en la ceremonia, junto a
familiares y el Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi.

Estos cinco ciudadanos, luchadores sociales y políticos, junto con Julio Abreu, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían al exiliarse. Fue en los primeros días del mes de noviembre de 1974. Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay, nuevamente torturados en la Casa de Punta Gorda, y finalmente ametrallados en este lugar.

La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable, al igual que la discusión del tema en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral ® Gregorio Alvarez. Como supuesto acto de represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal en París.

Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar: el Poder Judicial.

El Poder Judicial tiene potestades para  investigar

Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto.

La investigación criminalística, con todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Eso es precisamente lo que reclamamos como colectivo cuando erigimos el Memorial en su homenaje en el año 2008, lo que seguimos demandando a 11 años,  en esta ceremonia de reinauguración que tanto le agradece la lucha por la Memoria a la Intendencia de Canelones, a su Junta Departamental y a su Intendente y amigo, el Profesor Yamandú Orsi.

Nostálgicos vandalizan placas 

Se ha puesto de moda, lamentablemente, que los nostálgicos y cómplices del proceso, nieguen públicamente los hechos y hasta que atenten y vandalicen las placas que se han venido colocando en los últimos tiempos como resultado de la lucha por afirmar la memoria histórica, para las nuevas generaciones y para afirmar el futuro democrático.

Vandalizan placas colocadas frente a los centros militares emblemáticos por sus crímenes, atropellos y torturas. Las vandalizan frente a las guardias que protegen los mismos cuarteles. Se ha descubierto y se ha condenado a un coronel retirado en uno de dichos episodios. Habrá que reclamar a los mandos que pongan mayor fervor en el cumplimiento de vigilar las placas que homenajean a los luchadores sociales y políticos que construyeron la democracia.

El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. 

La SCJ debe actuar

El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe dejar de tolerar las mil y una triquiñuelas que en forma permanente emplean los sospechados como delincuentes para enlentecer las causas. 

Debe generar las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de nuestro país.

La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por la institucionalidad del Estado de derecho, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos, como pilares de la convivencia ciudadana, por dignificar la vida humana.

Y con el mismo fervor, en este acto de homenaje a nuestros  Fusilados de Soca, reclamamos al Poder Ejecutivo  que implemente de una vez por todas las recomendaciones formuladas por los órganos de DDHH, por los Relatores Especiales, por la INDDHH y hasta por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

La dictadura: una calamidad

No fueron las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, ni las acciones armadas de quienes se oponían a las políticas represivas de Jorge Pacheco Areco las que abrieron las puertas a los militares,  las causantes del terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de las clases dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. Fue un proyecto global e integral  de país.

Se comenzó a gestar desde el mismo momento  en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Fue una verdadera calamidad para los sectores populares.

Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.

Verdad, justicia y también reparación

Superar los traumas, las secuelas y las heridas del pasado reciente es una obligación del Estado en su conjunto, de sus tres poderes y en algún caso, hasta del propio Presidente de la República cuando es el que tiene la prerrogativa exclusiva. Afirmar las normas de DDHH y con la mirada muy atenta a las víctimas, es una obligación del sistema político en su conjunto. Y lo demandamos.

Es el único camino para avanzar hacia otros horizontes, superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.

Reclamamos Justicia para los Fusilados de Soca, reclamamos implementar a fondo las recomendaciones de los Relatores Especiales, reclamamos más energía en la afirmación democrática.

Vivan los Fusilados de Soca!

Muchas gracias.

(*) Discurso pronunciado por Enrique Chalar, Secretario de Crysol, el sábado 15 de diciembre, en la inauguración de la remodelación del Memorial realizada por la Intendencia de Canelones.

Charo Estefanel hablando por los familiares.

Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, haciendo uso de la palabra en la ceremoni junto al equipo que trabajó para concretar la obra.

Chela Fontora, a nombre de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
recordando las gestiones realizadas por la misma.

Baudilio Bello, ex preso político, recordando a los iniciadores de la iniciativa,
con un mensaje del "paisano" De León y un reconocimiento a las autoridades departamentales.

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