En cumplimiento de sus obligaciones
jurídicas, políticas y morales, la semana pasada, la Cámara de Diputados de la
República Argentina sancionó una ley de carácter reparatorio por medio de la
cual se otorga una pensión graciable, sin discriminaciones ni restricciones de
ninguna naturaleza, a todas las personas que estuvieron detenidas durante la
dictadura militar por razones políticas, gremiales o estudiantiles.
La nueva ley de reparación contó con el apoyo exclusivo del
bloque de partidos que respaldan al gobierno y algunos parlamentarios, pocos,
de la oposición. Ha sido duramente cuestionada por la derecha en sus diferentes
vertientes y envases. Los medios de comunicación tradicionalmente vinculados al
proceso militar han llevado la voz cantante. Incluso el conocido Jorge Lanata
la descalificó groseramente en su programa televisivo semanal.
La derecha no reconoce las normas de DDHH.
Las críticas que se le han hecho a la denominada Ley Ricardo
Scalet (en homenaje al fallecido presidente de la Asociación de expresos
políticos de Argentina que fue uno de sus grandes propulsores) ponen al
descubierto, una vez más, que los sectores de la derecha en el país hermano,
siguen sin aceptar que hay límites para el accionar de los gobernantes y de sus
funcionarios. A 30 años del retorno a la democracia continúan sin reconocer que
esos límites son las normas de derechos humanos, aunque ellas siempre aparezcan
en sus floridos discursos. Se apoyan en ellas, pura y exclusivamente, cuando
les conviene, para defender lo que consideran sus sacrosantos derechos y sus
privilegios o por demagogia de carácter electoral o electoralista.
Los Estados tienen facultades legales para hacer cumplir y
respetar las leyes que regulan la convivencia social. Bajo ninguna
circunstancia los Estados pueden violar las normas de derechos humanos. Los
cuerpos represivos del Estado no pueden detener arbitraria y discrecionalmente
a los ciudadanos, someterlos a procedimientos judiciales sin las garantías del
debido proceso, torturarlos despiadada y soezmente, como lo ha reconocido el ex
Teniente del Ejército Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe de los interrogadores en el
campo de concentración de La Perla, en la Provincia de Córdoba (ver www.crysol.blogspot.com), mantenerlos
recluidos en condiciones inhumanas como se hizo en la Argentina y en todo el
Cono Sur en el marco del Plan Cóndor promovido por los Estados Unidos.
Cuando los estados cometen las atrocidades que se cometieron
en la Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, tienen la obligación de
reparar el daño ocasionado por sus agentes e institutos de una manera integral,
de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 60/147 de la Organización de las
Naciones Unidas. Los principios rectores de esa reparación integral son: restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición. La Resolución 60/147 de la ONU
incluye como principio básico e indispensable el esclarecimiento, juzgamiento y
la sanción penal y administrativa de esas violaciones a los derechos humanos.
La ley Ricardo Scalet recientemente sancionada va en dicha
dirección. No es una recompensa para los “amigos montoneros” como la presentan
quienes la descalifican. No es un premio para los militantes afines al
gobierno. Es un resarcimiento por los sufrimientos ocasionados por los
servicios represivos de la época, por los daños y perjuicios, por los proyectos
de vida destrozados. Intenta asegurar una vejez digna a miles de luchadores
políticos, sociales, gremiales, estudiantiles y, en muchísimos casos, a simples
ciudadanos, que bajo el alucinante horror del terrorismo de Estado, fueron
bárbaramente torturados y privados de su libertad, en muchísimos casos,
durante períodos prolongados.
El resarcimiento otorgado, una pensión graciable para las
víctimas directas y sus familiares sobrevivientes, tardío y escaso incluso para el daño
ocasionado a las víctimas, es un acto de justicia y de afirmación de los
principios básicos de una Estado democrático.
Cumple con las disposiciones de
la normativa internacional de los derechos humanos que los sectores de derecha,
una vez más, desconocen y no aceptan en
los hechos. Es parte de la política general que han impulsado los últimos
gobiernos y que han permitido que al día de hoy, más de 1.000 represores,
asesinos y torturadores estén encausados judicialmente y centenares en prisión.
El Parlamento y el gobierno argentino merecen, en este
sentido, el más amplio reconocimiento.
La derecha es inmoral.
Para cuestionar ante la opinión pública la acción reparadora del Estado, los
opositores al gobierno y a la norma, esgrimen los costos que ella tendrá
para el presupuesto estatal. Se escandalizan mediáticamente y cuestionan al
gobierno por cumplir con sus obligaciones estatales.
Los costos de las políticas reparatorias que los gobiernos
democráticos de la región han debido implementar son un legado maldito del
terrorismo de Estado, similar a la herencia maldita de las imponentes deudas
externas, que las democracias restauradas debieron afrontar. En las
Universidades donde se formaron y se forman los técnicos y profesionales de la
derecha, no se computan los costos económicos de las violaciones a los derechos
humanos ni son compromisos que haya que afrontar.
Los gastos reparatorios por las violaciones a los derechos
humanos cometidas por las dictaduras militares, no son responsabilidad de
quienes las padecieron y las sufrieron en carne propia. Tampoco merecen ser
cuestionados los gobiernos que en el cumplimiento de sus obligaciones han
impulsado las debidas políticas reparatorias.
Una y otra vez, son los golpistas, los perpretradores de
desapariciones forzadas, los asesinos, los torturadores, los secuestradores de
niños, los represores, sus cómplices civiles, los grandes grupos económicos, en
el caso argentino la propia Iglesia, quienes merecen ser condenados por lo que
hicieron, por el daño ocasionado y los estragos inmediatos y largo plazo que
generaron.
Los Estados tienen que reparar las violaciones a los derechos
humanos para afirmar la democracia. En el caso de los expresos políticos, sin
exclusiones, sin discriminaciones, sin obligar a renunciar a otros legítimos
derechos ciudadanos. En Argentina y también en Uruguay. El partido de gobierno
ya está avisado. Lo hizo la INDDHH y también el Relator Especial de las
Naciones Unidas, Pablo de Greiff.
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