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viernes, 30 de septiembre de 2022

A 50 años del asesinato de Ibero Gutiérrez

La realidad sigue siendo conservadora

Por María José Olivera Mazzini - Brecha ´- 30 de setiembre 2022

Poeta, artista plástico, estudiante, luchador social, figura del 68 uruguayo, "paridor de monstruos infernales y de causas justas", Ibero Gutiérrez, con 22 años, fue asesinado durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. A 50 años de su muerte, un conjunto de exposiciones, homenajes y publicaciones pone de manifiesto todo lo que aún queda por descubrir.



Homenaje a Ibero Gutiérrez en la Universidad de la República. ADHOC, MAURICIO ZINA

Mario Benedetti y Hugo Alfaro, con perspicaz agudeza, lo advirtieron tempranamente: Ibero Gutiérrez era un creador inusual y desbordante. Las circunstancias de su asesinato, el contexto histórico y las dificultades y los peligros que suponía dar cuenta de su obra hicieron que esta no fuera pública sino hasta mucho tiempo después, de forma fragmentaria y paulatina. Gracias a la indeclinable preservación material y testimonial de, sobre todo, Sara Gutiérrez y Olga Martínez (hermana y viuda, respectivamente), hoy se encuentra disponible gran parte de su trabajo.

Desde el 23 de setiembre, aniversario del nacimiento de Ibero Gutiérrez, está disponible la exposición virtual «Ibero: diario, testimonio y memorias de un artista adolescente». El eje transversal está compuesto por los diarios de adolescencia que el propio Ibero Gutiérrez denominó Libro I (que abarca desde el 22 de julio de 1964 hasta el 15 de junio de 1965) y Libro II (desde el 16 de junio hasta el 9 de noviembre de 1965). A través del diseño multimedial, la exposición se organiza en ejes temáticos y se compone de manuscritos, collages, óleos y fotografías. Además, se incorporan hipervínculos que permiten descubrir la banda sonora del adolescente artista. Alejandra Dopico y Vanesa Artasánchez, desde la Biblioteca Nacional, han logrado hacer que la experiencia virtual no atente contra el material, ya que también incorporan un apartado que permite leer los diarios completos, la bibliografía y un texto crítico de Luis Bravo que es, al mismo tiempo, invitación y desafío.

El 24 de setiembre se inauguró, en el Museo de la Memoria, la exposición «Ibero Gutiérrez. Vuelvo otra vez». El museo cuenta con una colección compuesta por pinturas, poemas, fotografías, recortes de prensa y efectos personales, reunidos y conservados por Sara Gutiérrez. En esta exposición, que podrá visitarse durante todo octubre, podrán verse los collages y las pinturas del autor. Las obras montan entre sí sutiles movimientos en capas, en rojos y negros, en ruedas y asteriscos que tensionan productivamente la relación entre imaginación y pensamiento. La obra, como señala la curaduría de la muestra, «integra todo lo que está a su alcance, desde la pintura clásica hasta la nueva figuración. La música de los Beatles y el jazz, el cine y el teatro independiente. El surrealismo, el Pop Art, el Plac Art».

A su vez, en el paraninfo de la Universidad de la República se llevó a cabo un homenaje impulsado por Crysol que contó con la presencia de varios expositores. La apertura estuvo a cargo del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, quien comenzó subrayando el compromiso de la casa de estudios con la defensa de los derechos humanos. Señaló que en la figura de Ibero Gutiérrez también se reconoce a «una generación que apostó a la construcción colectiva, a intentar generar un futuro común a partir de visiones de transformación social que estaban sostenidas en la solidaridad y no en la búsqueda del prestigio social».

El profesor Carlos Demasi brindó un fundamentado y conciso panorama del contexto en el cual se produjo el asesinato de Ibero. Desarrolló, para ello, una extensa mirada sobre las condiciones de «Uruguay hacia el golpe: las elecciones de 1971 y sus efectos». Señaló los aspectos que definen la época como una de deterioro social generalizado, en la que la convicción de que había que promover un cambio social «dominaba todos los sectores. Es decir, no es una locura de un grupo de jóvenes alucinados». Entonces, la brutalidad y la represión, la tortura y la prisión fueron parte «del temor a la inminencia de ese cambio social». Demasi expuso el problema de la transformación de Uruguay en un Estado criminal en el contexto de una estrategia continental y finalizó con una reflexión en torno a las consecuencias simbólicas del asesinato de Ibero Gutiérrez, ya que el poeta «todavía nos iba a dar muchas lecciones».

El vicepresidente de Crysol, Baldemar Taroco, hizo una intervención sumamente clara y certera sobre los actores y las condiciones que intervinieron en los años previos al golpe militar. La cultura de la impunidad en Uruguay, sentenció, no solo es jurídica, también es política e ideológica. Al referirse al asesinato de Ibero Gutiérrez, caracterizó pormenorizadamente el funcionamiento del llamado «Escuadrón de la Muerte», que incluyó el desglose de apoyos y connivencias tanto institucionales e internacionales como personales. Analizó la cobertura mediática del asesinato en la prensa escrita y el uso de términos como sedicioso para dar cuenta de que el énfasis estuvo puesto en construir un «supuesto delito de Ibero, y no de sus asesinos. No se habla del estudiante, del poeta ni del artista. Y tenía 13 impactos de bala procedentes de distintas armas». Taroco finalizó con un retrato de Gutiérrez para marcar la relevancia de la confianza que inspiraba entre quienes lo conocían. Contó que era «un gran lector y estaba por encima de la media, hablaba de filosofía como de arte o de los conflictos internacionales. Por momentos era jodón, pero también muy serio, de una gran humildad y brillantez en sus opiniones. Lo recuerdo tan sereno ese último día, aun sabiendo o intuyendo que lo sería».

El profesor e investigador Luis Bravo, que trabaja en el archivo de Ibero Gutiérrez junto con Laura Oreggioni desde 1985, analizó las poéticas de la liberación en el autor. Comenzó advirtiendo que «es mucho lo que queda por comprender cuando, después de tiempos históricos revulsivos, se da a conocer la obra de un autor que escribió desde la confrontación. 

El caso de Ibero Gutiérrez parte de esta premisa, siendo aún más singular. Primero, porque se trata de una obra escrita de manera silenciosa, sin haber publicado un solo texto en vida […]. La suya es una escritura que ha venido siendo rescatada, entonces, no del olvido, sino de su condición de inédita. Segundo, porque esta escritura es de una cualidad desafiante que abre líneas de pensamiento, estéticas y temáticas que, inmersas en su tiempo, fueron adelantadas a su contexto intelectual e interpelan a sus lectores hasta el presente». 

A partir de esta doble cualidad, Bravo analizó, de forma transversal, las intertextualidades, los repertorios, los temas y las referencias presentes en la escritura de Gutiérrez. Afirmó que su poética, disruptiva en el entramado histórico poético uruguayo, «concibe la revolución como una vía de liberación de los sujetos en la que intelecto y sensibilidad, pensamiento e irracionalidad, conciencia e inconsciente, imaginación y praxis se retroalimentan». 

Bravo recorrió numerosos textos, trazó conexiones filosóficas y literarias, explicitó la importancia de situar el análisis en el contexto territorial e histórico, reflexionó sobre rasgos específicos y generales de la obra disponible, y ofreció preguntas para futuros estudios que tengan por objeto todo lo que aún resta por conocer. Es en este sentido que expresó: «Entre las limitaciones de nuestra historia reciente, publicar las escrituras de Ibero es una apuesta a la memoria multidireccional y es, además, un acto de justicia poética».

El doctor Ricardo Viscardi comenzó su exposición, titulada «Treinta meses de amistad y 48 años de escritura. El hacerse presente de Ibero Gutiérrez», contando cómo fue su encuentro con Hugo Alfaro poco tiempo después de ocurrido el asesinato. «Alfaro seguramente debe haberme preguntado qué esperaba yo en adelante. Recuerdo de forma nítida la sorpresa inocultable que cundió en su rostro cuando le manifesté que esperaba que se mantuviera vivo el recuerdo de Ibero de forma que no cayera en el olvido. La sorpresa que embargó a Alfaro no puede sino entenderse a través de la experiencia humana, incluso la de cada uno de nosotros.» 

A partir de este hecho, Viscardi desplegó las implicancias de la construcción de la memoria a través de la producción de Ibero Gutiérrez, esbozó cuáles son los rasgos del presente que demandan revisitar la obra del filósofo y poeta, y afirmó que la falta de ética actual «condiciona muchas otras falencias en distintos planos de la comunidad, incluso algunas que ignoran ese condicionamiento, pero que vienen a ser igualmente inducidas en cuanto se mantiene la impunidad como ejercicio del poder. Esa falencia de la comunidad comprende el caso no esclarecido del asesinato de mi amigo Ibero Gutiérrez. Tal claudicación no ha impedido que la figura de Ibero crezca por encima y en contra de la desviación que sufre el trasfondo ético de la comunidad en cuanto su gesto creativo conlleva, como sello propio, cierto preguntarse por sí mismo».

Por último, el prorrector de Extensión de la Universidad de la República, Javier Alonso, expresó su agradecimiento por haber sido convocado al evento y puso énfasis en cómo las luchas juveniles y estudiantiles han sido siempre parte clave de la historia del país. A través de las referencias internacionales y del contexto actual, Alonso invitó a seguir construyendo memoria.

 Inter-rogación. Ibero Gutiérrez desde el presente,
de Ricardo Viscardi. Colección Krisoscopio.
Editorial Maderamen, 2022. 145 págs.

Sobre el libro Inter-rogación. Ibero Gutiérrez desde el presente

Rebelar sentidos

El libro reúne distintos trabajos que Ricardo Viscardi escribió desde 1974 sobre el pensamiento y la obra de Ibero Gutiérrez, que se encuentran organizados en tres períodos. El primero, de 1974 a 1991, cuenta con dos textos que tienen la particularidad de haber sido producidos durante el exilio del autor. El tercer artículo, cierre del período, hace foco, desde la figura de Ibero Gutiérrez, en la situación de Uruguay durante ese tiempo. Así, se propone romper con los esquemas más difundidos acerca de lo que era la generación del 68.

El de Viscardi es un libro singular. En la introducción, puede leerse: «Mantenía con Ibero la identificación de una amistad incondicionada. Quizás sea la índole de amistad que se forja cuando, sin saberlo, uno se busca a sí mismo y encuentra con quien compartir un horizonte. Esa confluencia conllevó, en el derrotero de la memoria, un eco abierto desde el pasado a la resonancia del presente». 

Así, el autor asume la primera persona y relata cómo se desarrolló la amistad entre ambos, primero en el Penal de Punta Carretas y luego en una libertad muy precaria. Compartieron no solo la prisión y la Facultad de Humanidades, había entre ellos una afinidad muy grande de perspectivas y convicciones. El testimonio adquiere una enorme potencia filosófica, ya que el sujeto que lo aborda, atravesado por la memoria testimonial de la amistad, insiste en alterar las cronologías para interpelar constantemente al presente.

Resulta riesgoso sintetizar la complejidad que permea cada uno de los trabajos que componen el libro. Vale señalar que Viscardi aborda las relaciones entre saber y poder; el Mayo del 68 y el orden discursivo que impidió reconocer su significado universal y local; la relación entre los movimientos sociales, la política partidaria y el posestructuralismo. 

Además, fundamenta las razones por las cuales sostiene que es necesario poner en perspectiva los signos del presente en la comprensión del pasado. En varios artículos pone en evidencia que en la obra de Ibero Gutiérrez hay una profunda crítica a la racionalidad moderna, que puede verse, por ejemplo, en la relación no excluyente entre arte y política. A su vez, a lo largo de la lectura, se va haciendo cada vez más ostensible por qué la figura de Ibero permite inscribir los procesos históricos locales en un contexto más general.

Inter-rogación. Ibero Gutiérrez desde el presente tiene el carácter de una obra filosófica cuya singularidad emerge no solamente del tratamiento sobre la persona, la obra y el pensamiento político de un amigo asesinado, sino también de la voz subversiva y rebelde del propio Viscardi. El libro fue publicado por la editorial Maderamen, proyecto de la Casa de Filosofía. El propósito de Maderamen es publicar aquellos textos que amplíen y complementen las líneas de trabajo que se llevan adelante en el espacio. Si toda editorial es un modo de ser y un cristal que permite ver los acontecimientos desde una perspectiva particular y única, entonces Maderamen es uno especialmente singular.

La editorial tiene dos colecciones. En la primera de ellas, llamada Poiesis, han sido publicados Ahkbar (2013, 2018), de Bruno Cabrera y Damián Baccino, Poiesis (2017), de Bruno Cabrera y Damián Baccino, y El poseído (2020), de Bruno Cabrera. La otra colección es Krisoscopio, en la que se han publicado: Contragobernar (2013), de Ricardo Viscardi, Lecturas del progreso (2016), de Fernando García y Damián Baccino, Criminalización mediática de la crítica (2018), de Ricardo Viscardi y Rodrigo Carballal, Ciencia, tecnología y exclusión. Hacia el estallido social (2021), de Ricardo Viscardi, y, ahora, Inter- rogación. Ibero Gutiérrez desde el presente, también de Viscardi.


Próximamente saldrá a la luz La invención de Grecia, de Fernando García y Damián Baccino.

Una ausencia incomprensible

En el cierre del evento que tuvo lugar en el Paraninfo fueron invitadas, y también reconocidas, Sara Gutiérrez y Olga Martínez. La primera agradeció el homenaje y subrayó la importancia de la preservación del material como primer paso para la puesta en valor. Olga Martínez, que vive en Ginebra y vino a Montevideo para participar en los diferentes eventos planificados en el marco de los 50 años del asesinato de Gutiérrez, destacó dos cosas: que Ibero tenía un gran sentido del humor y que le resultaba llamativo que en el panel del evento no hubiera ninguna mujer. 

Consultada sobre esa intervención, subrayó a Brecha que «Ibero tenía una visión muy aguda del ser humano y lo demuestra su sentido del humor poético, pictórico y también privado. Le gustaban los juegos de palabras. Con Ricardo [Viscardi] y con Carlos Jubilarte tenían todo un lenguaje codificado, digamos, pero que eran chistes sobre las situaciones que recordaban de algunas personas, las circunstancias o lo que estaba pasando en ese momento. Si bien era una persona de grandes ironías, también tenía una gran humildad. Nunca se vanagloriaba de nada, nunca se pensó como artista o poeta. Era un compañero para los compañeros de facultad, para los amigos, para los otros y conmigo».

Además, en relación a su constatación pública sobre la ausencia de mujeres en el panel, puntualizó las razones por las que lo mencionó: «Hay muchas mujeres con conocimiento académico, militante y artístico que podrían haber sido invitadas. No puedo comprender que un grupo de compañeros de izquierda, comprometidos con la realidad inmediata e histórica, no hayan pensado en eso».

Fuente: https://brecha.com.uy/la-realidad-sigue-siendo-conservadora/

martes, 27 de septiembre de 2022

35 presos políticos perdieron su vida ahí

 50 años del Penal de Libertad

El sábado 1º de octubre se cumplen 50 años de la inauguración del Penal de Libertad en las cercanías de la ciudad de dicho nombre. Fue un centro de reclusión emblemático. Se inauguró mientras gobernaba Juan María Bordaberry. Se clausuró el 10 de marzo de 1985, al retornar a la democracia.


Cartel en la Planta Baja del celdario

El proyecto represivo iniciado por Jorge Pacheco Areco en 1968 culminó en el golpe de Estado en junio de 1973, muchos meses después de que las Fuerzas Conjuntas (FFCC) anunciaran la desarticulación total del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). A impulsos de orientaciones provenientes de EEUU para la región desembocó  en el terrorismo de Estado, posteriormente. El Penal de Libertad albergó a casi 3.000 luchadores sociales, gremiales y políticos que integraron las filas de la resistencia y de la oposición.

Los tiraban desde helicópteros

Al inaugurarse el Penal en octubre de 1972, los primeros prisioneros políticos que llegaron, eran transportados desde los cuarteles y centros de represión, en helicópteros bajo estrictas medidas de seguridad. El helicóptero sobrevolaba la cancha de fútbol que se encontraba frente al edificio central y, sin posar en tierra, los prisioneros esposados, eran arrojados. En tierra eran abordados por un par de efectivos militares que a golpes de cachiporra, para que escarmentaran, los conducían hasta la celda que habrían de ocupar.

En total llegaron a pasar por sus recintos 2872 ciudadanos aunque la numeración alcanzó un número más. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el número 151 no fue otorgado a ningún recluso. (1) Llegó a albergar 1.350 prisioneros, 950 en los cinco pisos del Edificio Central y 400 alojados en cinco barracas con dos sectores de 40.

Estremecedor: condenados por tribunales militares

Todos los ciudadanos que estuvieron recluidos en lo que se denominó Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, (EMR Nº1), fueron condenados por tribunales militares al amparo del Estado de Guerra Interno que votó el Parlamento el 15 de abril de 1972, sin garantías de ningún tipo. Fueron condenados luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación, sin asistencia legal, en base a confesiones auto incriminatorias. La inmensa mayoría de las personas sometidas a tribunales militares sufrieron en forma masiva, generalizada y estandarizada, como está documentado, tratos crueles, inhumanos y degradantes,  torturas de todo tipo que incluyeron los abusos y las violaciones sexuales, principalmente, con las mujeres.

Penales: centros de destrucción

El terrorismo de Estado concibió a los establecimientos carcelarios de reclusión como centros de destrucción síquica y moral  de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población. Según cifras oficiales, desde el 13 de junio de 1968, al comenzar el Estado represor, hasta mediados del año 1976, más de 20.000 personas habían sido privadas de su libertad.

Más de 7.000 uruguayas y uruguayos, incluso menores y adolescentes fueron formalmente condenados por los tribunales militares de la época, sin garantías de ninguna naturaleza y luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas.

El Dr. Martín Gutiérrez, ex socio del Dr. Daniel Salinas, psiquiatra de profesión, trabajó en la Cárcel de Paso de los Toros y en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, Penal de Libertad. En su momento declaró al abogado estadounidense Maxwell Gregg Blade en diciembre de 1985: “La guerra continuaba dentro de la prisión. Día a día, norma a norma, todo fue parte de un gran diseño para hacerlos sufrir psicológicamente”. (2)

El mayor Arquímedes Maciel quien fue Jefe del Sector Celdario en el Penal de Libertad supo declarar públicamente: “No los matamos cuando pudimos, ahora debemos aprovechar este tiempo para enloquecerlos”. Esa fue la política oficial que generó, además, un número importante de muertos en los centros carcelarios, en muchos casos por falta de atención o por omisión de asistencia.

Justicia, justicia y más justicia

La constante movilización desplegada por los sectores populares desde hace décadas logró restablecer la pretensión punitiva del Estado desde octubre de 2011. El Poder Judicial comenzó a cumplir con las obligaciones constitucionales  de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Es un paso básico para que los crímenes no vuelvan a ocurrir.

En este sentido aún hay muchos procedimientos judiciales pendientes de resolución, algunos con más 10 años de tramitación, que deben finalizarse a la mayor brevedad.

El próximo sábado 1 de Octubre, nuestro colectivo concurrirá al Espacio Memorial Penal de Libertad a rendir homenaje a los 35 compañeros que nunca llegaron a recuperar la libertad pero que permanecen  en nuestra memoria y en nuestros corazones. También rendiremos homenaje a quienes ya no nos acompañan debido al paso inexorable del tiempo.

Como todas las actividades de Crysol, será un acto militante, reclamando por nuestros 197 Detenidos Desaparecidos, por el cumplimiento irrestricto de la Sentencia Maidanik y otros y en apoyo al  accionar de la justicia.

Recuperar los derechos, la libertad y la democracia demandó un gran sacrificio al pueblo uruguayo. El Penal de Libertad es un claro ejemplo. Para afirmar el estado de Derecho, los crímenes más graves del terrorismo de Estado no pueden y no deben quedar sin castigo. Son crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por funcionarios del Estado que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el órgano del Estado que tiene competencias plenas para ello y otorgando, como ha ocurrido hasta el momento, las máximas garantías a los presuntos responsables de ellos.

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(*) Vivir en Libertad. Walter Phillips – Treby y Jorge Tiscornia. Banda Oriental.

(2) Los médicos militares de Uruguay: engranajes del terrorismo de Estado – Maxwell Gregg Blade.

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Opinando N° 19 – Año 11 – Martes 27 de setiembre de 2022

martes, 20 de septiembre de 2022

Una inscripción inadmisible

La mayoría de la nueva Comisión Directiva de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) resolvió aceptar la inscripción del Centro de Estudios de DDHH (Ceddhh). Esta organización dirigida por Sergio Molaguero, Graciela Rompani, viuda de Jorge Pacheco Areco, y Daniel García Pintos, denomina prisioneros políticos a los procesados por las desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas de la dictadura.

De izquierda a derecha: García Pintos, Rompani, Molaguero y otros miembros del Ceddhhu. Foto: Estefanía Leal. El País.

La decisión adoptada es improcedente y está fuera de lugar. El Centro de Estudios de DDHH (CEDDHH) tiene como objetivo declarado lograr la liberación de los procesados y condenados por los peores crímenes que se han cometido en el país. Es evidente, a todas luces,  que no reúne las condiciones elementales para ser aceptada como  integrante de la INDDHH.

Su negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar, su encendida de defensa de los responsables de los más graves crímenes que fueron procesados, son una clara demostración de no reunir las condiciones esenciales para ser inscripta en la institución que tiene como cometido, precisamente,  proteger, promover y defender los DDHH.

“El País” del terrorismo de Estado

Desde hace muchos meses, el matutino que fuera vocero oficial del terrorismo de Estado, viene intensificando sus presiones mediáticas destinadas a desnaturalizar a la INDDHH. El pasado sábado 10 de setiembre, incluso, publicó una agresiva editorial cuestionando  las declaraciones públicas formuladas por Marcos Israel. El nuevo presidente se había limitado a  señalar algo obvio y elemental: solo los funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH. Esta afirmación básica  no es funcional a los sectores del golpismo uruguayo y generó la ira del escondido editorialista.

En la historia uruguaya, los sectores del poder con los cuales se identifica El País han mostrado muy escasa adhesión a las normas constitucionales, mucho menos  a las referidas a los Derechos Humanos. Defendieron el gobierno de Jorge Pacheco Areco, apoyaron el golpe de Estado, respaldaron frenéticamente a la dictadura, apoyaron el Sí  a los militares en el plebiscito de 1980 y respaldaron la Ley de Caducidad para evitar la actuación de la justicia. Un largo prontuario.

Desde Nuremberg

Desde fines de  la década de los cuarenta, Uruguay fue uno de los pocos países del mundo que adhirieron al Estatuto de Nuremberg. En ese momento se constituyó  el tribunal de dicho nombre al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Dicho tribunal hizo historia. Juzgó a los principales jerarcas nazis, a  los responsables del Holocausto del pueblo judío y de otros genocidios, Desde dicha instancia hasta en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son los funcionarios del Estado o quienes actúan en su nombre, con su autorización o aquiescencia quienes violan los Derechos Humanos. Sus acciones jamás pueden ser equiparadas o igualadas a las que llevan a cabo los particulares ya sea en forma individual o colectiva.

Justicia para afirmar el Estado de derecho

En aras de afirmar la justicia y la democracia para asegurar la paz,  los crímenes más graves de la historia del país no pueden quedar sin castigo. Fueron cometidos por funcionarios del Estado, civiles, militares y policiales, que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el poder del Estado que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo. Debe brindar las máximas garantías a todos los involucrados como ha venido ocurriendo hasta el presente. Desde la aprobación de la ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, no existen obstáculos legales que impidan la actuación del Poder Judicial. Debe continuar haciéndolo.

Defenderemos la INDDHH

La creación de la INDDHH fue un gran logro de la sociedad uruguaya. Como colectivo organizado, más allá de lo erróneo y equivocado de las orientaciones, de las decisiones no compartidas, ratificamos nuestro compromiso de apoyar y respaldar a la INDDHH como una gran conquista de los trabajadores y del pueblo uruguayo. Seguiremos trabajando para afirmar las normas de DDHH que son una gran conquista de la humanidad.

La INDDHH es el escudo de los sectores más vulnerables de la sociedad, él ámbito no jurisdiccional al cual recurrir ante los abusos de los funcionarios del Estado. Debe fortalecerse y potenciarse.

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Opinando N° 18 – Año 11 – Miércoles  21 de setiembre de 2022


martes, 6 de septiembre de 2022

Lo que faltaba

 Cabildo Abierto: cualquiera es un Señor


La semana pasada el general retirado Guido Manini Ríos se entrevistó con el Ministro del Interior Luis Heber. Concurrió acompañado por su asesor en seguridad el coronel retirado Antonio Romanelli. Hace dos años fue denunciado públicamente por decenas de expresos políticos que estuvieron recluidos en el Penal de Libertad en 1979: sufrieron su hostigamiento directo y sus malos tratos.

Antonio Romanelli y Guido Manini Ríos ingresando al Ministerio del Interior. Foto Ernesto Ryan La diaria

El actual coronel retirado Antonio Romanelli, durante el terrorismo de Estado fue un joven oficial que siendo teniente segundo actuó como Capitán Ayudante del Sector Barracas en el Penal de Libertad durante los años 1978 y 1979.

Según una nota difundida y firmada por casi un centenar de sobrevivientes en el año 2019, mientras estuvo en el Penal, Antonio Romanelli “Hostigó brutalmente a centenares de prisioneros en las 5 Barracas, 10 sectores, 40 reclusos por sector, durante su permanencia. Fue un auténtico verdugo especialmente con aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas, con los más viejos, con los más débiles y muy especialmente, fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria, durante el año 1972, con quienes eran judíos.

Todos recordamos los “plantones”, “los malones”, “los islazos”, las requisas, los insultos, las amenazas, la destrucción sistemática de las manualidades, las sanciones injustificadas, las privaciones de todo tipo, el clima de angustia y terror”.

 Penales: centros de destrucción

El terrorismo de Estado concibió a los establecimientos carcelarios de reclusión como centros de destrucción de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población. Más de 7.000 uruguayas y uruguayos, incluso menores y adolescentes fueron formalmente condenados por los tribunales militares de la época, sin garantías de ninguna naturaleza y luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas.

El Dr. Martín Gutiérrez, ex socio del Dr. Daniel Salinas, psiquiatra de profesión, trabajó en la Cárcel de Paso de los Toros y en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, Penal de Libertad. En su momento declaró al abogado estadounidense Maxwell Gregg Blade en diciembre de 1985: “La guerra continuaba dentro de la prisión. Día a día, norma a norma, todo fue parte de un gran diseño para hacerlos sufrir psicológicamente”. (1)

El mayor Arquímedes Maciel quien fue Jefe del Sector Celdario en el Penal de Libertad supo declarar públicamente: “No los matamos cuando pudimos, ahora debemos aprovechar este tiempo para enloquecerlos”. Esa fue la política oficial que generó, además, un número importante de muertos en los centros carcelarios.

Una afrenta a la institucionalidad democrática

Que personajes a todas luces repudiables como Antonio Romanelli sean asesores de Senadores de la República y transiten por los pasillos de los ministerios es una clara afrenta a la institucionalidad democrática. 

Al general retirado Guido Manini Ríos, encubridor de José Nino Gavazzo, no se le mueve un pelo. Cabildo Abierto ha hecho una defensa encendida de los terroristas de Estado algunos de los cuales se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Todos han sido condenados por un poder del Estado con todas las garantías del debido proceso que ellos nunca otorgaron a sus víctimas.

La constante movilización desplegada por los sectores populares desde hace décadas ha logrado restablecer la pretensión punitiva del Estado desde octubre de 2011. El Poder Judicial comenzó a cumplir con las obligaciones constitucionales de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay desde el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985. Es un paso básico para que los crímenes no vuelvan a ocurrir.

En este sentido aún hay muchos procedimientos judiciales pendientes de resolución, algunos con más 10 años de tramitación. Programas radiales y televisivos nunca les faltan a los terroristas estatales y sus defensores para expresar su malestar e intentar victimizarse ante la opinión pública.

(1) Los médicos militares de Uruguay: engranajes del terrorismo de Estado. 

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Opinando N° 17 – Año 11 – Martes 6 de setiembre de 2022 

lunes, 5 de septiembre de 2022

La gavilla

 ESCUADRÓN DE LA MUERTE: FISCALÍA PIDIÓ LA CONDENA DE MIGUEL SOFÍA

Por Mauricio Pérez Brecha - 2 septiembre, 2022

La fiscalía consideró que los escuadrones de la muerte fueron una gavilla criminal que actuó bajo el amparo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de las altas esferas del Ministerio del Interior. Además, existió un apoyo directo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.


Miguel Sofía en el Juzgado en julio 2020. MAURICIO ZINA

La causa por los crímenes del Escuadrón de la Muerte comienza a cerrarse. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la condena a 25 años de penitenciaría del empresario Miguel Sofía, uno de los principales referentes del grupo parapolicial, por la desaparición forzada del joven militante tupamaro Héctor Castagnetto, en 1971. También por un delito de asociación para delinquir.

En su extenso dictamen, al que accedió Brecha, el fiscal detalla los pormenores de los crímenes perpetrados por esa organización parapolicial y paramilitar, que operó a sus expensas en el Uruguay de los años setenta. Según Perciballe, los escuadrones surgieron como una respuesta a las significativas movilizaciones sindicales y estudiantiles y al crecimiento vertiginoso de los grupos guerrilleros, en especial, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Conformados como «un racimo de pequeñas agrupaciones compartimentadas de ultraderecha», estos grupos –creados en derredor de la bisoña Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)– fueron responsables de decenas de atentados contra abogados y familiares de presos políticos y de opositores al gobierno de la época.

También fueron responsables de muertes y desapariciones. Sus integrantes1

«se asociaron con un palmario fin delictuoso (detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer a miembros periféricos de la organización guerrillera así como hostigar mediante atentados al entorno de aquella) contando con la participación directa y/o la aquiescencia de las jerarquías del Ministerio del Interior [MI]», argumentó el fiscal.

Funcionaban como una «gavilla que, pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaba flagrantemente al margen del control jurisdiccional, […] contando a su vez con el asesoramiento y el respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes». Para el fiscal, quedó probada la responsabilidad del escuadrón en los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y en la desaparición de Castagnetto, el único de estos crímenes que fue imputado.

En este sentido, la acusación señala que Sofía participó directamente en el operativo que culminó con la desaparición de Castagnetto. Además, detalla sus vínculos con la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), con el exsubsecretario del MI Armando Acosta y Lara (asesinado por el MLN-Tupamaros en abril de 1972) y con el paraguayo Ángel Crosas Cuevas, uno de los jefes operativos del escuadrón. Asimismo, con el coronel Walter Machado, ayudante militar en el MI y conspicuo integrante del grupo paramilitar, quien solicitó su ingreso a filas del Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 1977.

En 2009, el propio fiscal Perciballe solicitó el procesamiento de Sofía y de tres policías por su participación en el grupo parapolicial. Sin embargo, el empresario nunca se presentó ante el juzgado. Estuvo casi diez años prófugo de la Justicia, hasta su detención en enero de 2019, mientras caminaba por Pocitos. Había vuelto al país para pasar las fiestas con su familia: para eso utilizó una cédula falsa. Fue procesado en julio de 2020.

Los crímenes del escuadrón quedaron al descubierto con las «Actas de Bardesio», escritas por el exagente policial Nelson Bardesio, mientras estuvo secuestrado por el MLN-Tupamaros. Tras ser liberado, Bardesio ratificó su autenticidad ante dirigentes políticos y los servicios de inteligencia del Ejército. Después viajó al exterior, donde permaneció con paradero desconocido hasta ser encontrado en Argentina, en una investigación de Brecha. Fue procesado en 2009, tras ser extraditado. Bardesio murió esta semana con una condena de 15 años de penitenciaría a cuestas.

1. El fiscal identifica como integrantes a Ernesto Motto, Washington Grignoli, Óscar Delega, Pedro Freitas, Jorge Nader, Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni, Armando Acosta y Lara, Walter Machado, Jorge Grau Saint Laurent, Ángel Crosas Cuevas, José Pedro Macchi, Nelson Bardecio y Miguel Sofía Abeleira.

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sábado, 3 de septiembre de 2022

Cabildo pretende derogar decretos que beneficiaron a familiares de presos políticos

 Por Leonardo Haberkorn El Observador 3 09 22

El monto de las pensiones de supervivencia a familiares de expresos políticosva del 66% al 75% de las jubilaciones que las originan; dos decretos lo elevaron al 100%

Foto: Diego Battiste

 
Varias voces en la coalición de gobierno se proponen modificar las normas que regulan las pensiones que cobran los expresos políticos de la dictadura, y quienes debieron exiliarse en ese período.

 
Uno de los temas centrales en cuestión es que la pensión puede ser heredada en el 100%.

 
Cabildo Abierto viene abogando por el tema desde 2020. “Hasta el momento fracasamos con todo éxito”, ironizó el senador Raúl Lozano. Pero en el marco de la discusión del anteproyecto de reforma de la seguridad social, se entiende que hay una nueva oportunidad de plantear el tema y Cabildo así lo hará, agregó el legislador.

 
También el diputado colorado Gustavo Zubía se ha referido al tema y ha propuesto cambios. El tema, además, es recurrente en las redes sociales. La
organización de expresos políticos Crysol ha emitido dos comunicados en los
últimos tiempos en defensa del régimen vigente.


El anteproyecto a consideración de los partidos políticos no innova en esta
materia, ya que no se la analizó especialmente, dijo su principal redactor,
Rodolfo Saldain.


La Pensión Especial Reparatoria (PER) fue instituida por la ley 18.033, de 2006.


Alcanza a quienes estuvieron detenidos o “en la clandestinidad” por motivos políticos, ideológicos o gremiales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, y a los que por idénticos motivos se vieron obligados a dejar el país entre esas fechas o fueron despedidos de sus trabajos privados.


También tienen derecho a recibirla “aquellas personas que sufrieron al menos un año de privación de libertad sin ser procesadas o que estuvieron en centros clandestinos de detención fuera del país en operativos en que participaron fuerzas represivas uruguayas”.


También pueden cobrarla los herederos de los fallecidos o desaparecidos por causa de la acción represiva de la dictadura.


La ley fijó su monto en 8,5 bases de prestaciones y contribuciones (BPC).

Se excluyó de la posibilidad de recibir esta prestación, en cambio, a quienes ya se hubieran acogido a leyes reparatorias anteriores, como la que restituyó la carrera de los empleados públicos. Varias normas en ese sentido fueron sancionadas desde 1985.


En 2020, 1.908 personas cobraban la PER y otras 275 cobraban una pensión originada en la PER, por haberla heredado de un beneficiario fallecido.


En total, eran 2.183 los favorecidos, una cifra que se mantiene relativamente estable en el último lustro. El monto actual de esta pensión es de $ 43.894.


El total de beneficiarios de la PER no es menor si se lo compara con otras
pensiones no contributivas: en 2020 recibían pensiones por violencia doméstica 149 personas y 174 por haber sido víctimas de un delito violento.


Decretos de Vázquez
 

A pesar de que en Uruguay las pensiones no generan pensiones de supervivencia para los herederos, un artículo de la ley 18.033 establece que “en caso de fallecimiento del beneficiario” de la PER “su cónyuge o concubino/a ‘more uxorio’ y sus hijos menores podrán ejercer derechos de causahabiente”.


Se entiende que el monto de esa pensión respeta la norma general para las pensiones de supervivencia: su monto va del 66% al 75% del monto de la jubilación original.
 

Pero dos decretos sancionados por Tabaré Vázquez, uno en cada una de sus presidencias, llevaron esos porcentajes al 100%.


El decreto 106/007, del 20 de marzo de 2007, estipula que “el fallecimiento del beneficiario de la Pensión Especial Reparatoria será causal de pensión de sobrevivencia a favor de su cónyuge o concubino/a more uxorio y sus hijos
menores, a cuyos efectos la referida pensión especial reparatoria constituirá el sueldo básico de pensión. La asignación de la pensión de sobrevivencia será el 100% (cien por ciento) del sueldo básico de pensión”.


El decreto 61/020, del 17 de febrero de 2020, estableció que “los cónyuges, concubino/as e hijos menores de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, comenzarán a cobrar el 100% (cien por ciento) del sueldo básico de pensión a partir de la entrada en vigencia de este decreto, sin necesidad de realizar trámite previo alguno”.


Cabildo Abierto aduce que los decretos violan el principio de igualdad y pretende que sean derogados. “Entendemos que hay que derogarlos, ya que debe regir la igualdad en las pensiones. De lo contrario no se puede hablar de universalidad en el sistema. Y el nuevo proyecto refiere a seguir los criterios de universalidad e igualdad”, afirmó el senador Lozano.


“Debilidades importantes”


El diputado Zubía, mientras tanto, pone sus baterías en la ley 18.596, de 2009, que establece una serie de normas para la reparación a las víctimas de la dictadura. Pero no fija el inicio de su vigencia a partir del golpe de Estado de 1973, sino desde 1968. Para el diputado, además de la incongruencia de las fechas, hay “una discriminación entre las víctimas del Estado y las de la guerrilla, porque un grupo de víctimas es reparado y el otro no”.


En un comunicado emitido en respuesta a dichos de Zubía, la organización de expresos políticos Crysol defendió que la PER pueda ser transmitida a cónyuges e hijos.


“La Ley 18 033 –sostuvo Crysol está reglamentada por el Decreto 106/2007, muy especialmente el Artículo 11. El decreto señala que la PER es equivalente a una jubilación y por lo mismo genera Pensión de Sobrevivencia. Se trasmite a los cónyuges, esposas o concubinas e hijos menores como si fuera una jubilación. La Ley 18.596 de setiembre de 2009 incorporó a los hijos discapacitados, como ocurre en el sistema previsional”.


Para Saldain, el tema es discutible: “El monto de la pensión no se compadece con los criterios habituales de las pensiones de sobrevivencia”.


Para recibir la PER, una persona debe postularse y recibir el visto bueno de una comisión especial asesora, que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.


Existen algunos condicionamientos para acceder a la PER. Quedan descartados quienes tengan ingresos mensuales superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones ($ 77.460), calculadas como promedio de los ingresos anuales.

 

Además, la PER es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.


No pueden heredar la PER quienes tengan ingresos superiores a 77.460 pesos.

La PER paga el IASS, impuesto a jubilaciones y pensiones, y sus beneficiarios no pueden acogerse al Fonasa.
 

Crysol, en su polémica con Zubía, señaló que “de acuerdo a cifras oficiales, la implementación de la Ley 18.033 desde el año 2006 ha costado hasta el momento, aproximadamente US$ 450 millones. Esa suma, precisamente, es la que cuesta por año el déficit de la Caja Militar, desde hace aproximadamente 20 años”.


Viejas revoluciones
 

No es la primera pensión de este tipo que paga el Estado uruguayo. Hay ejemplos de pensiones otorgadas a quienes combatieron en las revoluciones blancas del siglo xix y principios del siglo xx, ya sea en las huestes revolucionarias como en la tropa oficial que las combatió. En 1961 se sancionó la ley 12.865, que otorgó una pensión mensual de $ 120 a “los militares y los civiles que intervinieron en la Campaña del año 1897 o en la de 1904, como Jefes, Oficiales o Personal de Tropa, de las Fuerzas Armadas Nacionales o de las Fuerzas Revolucionarias”.


La pensión se elevaba a $ 500 cuando el beneficiario hubiera combatido en la “más alta jerarquía” de cualquiera de los dos bandos.


A diferencia de la PER, aquella pensión se podía cobrar sumada a cualquier otra pensión, jubilación o prestación por retiro que recibiera el excombatiente. Pero no era heredable. Con la muerte de quienes habían participado de aquellas revoluciones, la pensión se extinguió.